El gobierno estadounidense aprobó sus tres primeros pagos a personas dañadas por las vacunas COVID-19, por un importe total de 4.634,89 dólares.
El informe de reclamaciones por daños causadosas por vacunas de la Health and Resources Service Administration (“Health and Resources Service Administration”, HRSA por sus siglas en inglés), que se actualiza mensualmente, muestra un pago de 2.019,55 dólares por anafilaxia y dos pagos – 1.582,65 y 1.032,69 dólares – por miocarditis.
Los pagos se efectuaron a través del Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (“Countermeasures Injury Compensation Program”, CICP por sus siglas en inglés) de la HRSA.
El CICP se creó en virtud de la Ley de Preparación para Emergencias y Preparación Pública (“Public Readiness and Emergency Preparedness”, PREP), que protege a las empresas farmacéuticas de la responsabilidad por daños sufridos a causa de “contramedidas”, como vacunas y medicamentos, administradas durante una emergencia de salud pública.
Desde 2010, cuando aprobó su primera reclamación, el programa ha indemnizado un total de 33 reclamaciones por daños causados por vacunas, pero estas son las primeras indemnizaciones por vacunas COVID-19.
Kim Mack Rosenberg, consejera general en funciones de “Children’s Health Defense” (CHD), ha declarado: “Estos pagos que llevamos mucho tiempo esperando llegan con retraso, eran muy esperados y se había especulado mucho sobre ellos. Lo llamativo es que se pagaron menos de 5.000 dólares en total. Es una tragedia que pone de relieve las graves limitaciones del programa.”
La presidenta en funciones de CHD, Laura Bono, calificó de “insultantes” los pagos por miocarditis, dado que las tasas de mortalidad aumentan hasta el 50% a los cinco años del diagnóstico.
Bono dijo:
“El CICP, un programa dirigido por el gobierno, es patético, proporciona completa protección de responsabilidad a las mismas industrias que se benefician de la vacuna o producto COVID. Mientras, las víctimas siguen sufriendo sus enfermedades, pagando de su bolsillo los gastos, o en el peor de los casos mueren, las empresas corren al banco”.
Desde el inicio de la pandemia, las personas que reclamaban por daños relacionados con las vacunas COVID-19 y otras contramedidas presentaron 11.425 solicitudes de indemnización.
De ellos, sólo 19 han sido declarados con derecho a indemnización y están siendo sometidos a una “revisión de prestaciones médicas” para determinar el pago.
El caso de anafilaxia llevaba pendiente de revisión de prestaciones médicas desde otoño de 2021, y los dos casos de miocarditis llevaban pendientes de revisión desde enero.
Durante la revisión de las prestaciones médicas, la HRSA determina los costes restantes después de los reembolsos o pagos de seguros, indemnizaciones laborales, incapacidad u otros.
Wayne Rohde, experto en indemnizaciones por daños causados por vacunas, escribió en su Substack que, teniendo en cuenta los “más de 18 meses para revisar las prestaciones médicas anteriores que podrían haberse concedido al perjudicado [en el caso de anafilaxia], este proceso me indica que se trataba de una lesión importante que dio lugar a facturas médicas muy elevadas”. [the anaphylaxis case]
La miocarditis es una afección grave que también requiere mucha atención médica, según Rohde.
Hasta la fecha, se han recibido 1.541.275 notificaciones de acontecimientos adversos tras la vacunación contra la COVID-19 en el Sistema de Notificación de Acontecimientos Adversos a las Vacunas(VAERS).
¿Cómo funciona la indemnización por daños causados por vacunas? el VICP y el CICP
La HRSA, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU., administra dos programas de indemnización por daños causados por vacunas: el Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP) y el Programa de Indemnización por Lesiones Causadas por Contramedidas (CICP).
El VICP es un tribunal especial, sin culpa, alojado en el Tribunal de Reclamaciones Federales de EE.UU. que tramita las reclamaciones por lesiones relacionadas con 16 vacunas comunes del calendario de vacunación infantil. Hasta la fecha, ha concedido más de 4.000 millones de dólares por facturas médicas, salarios perdidos, honorarios de abogados y dolor y sufrimiento a miles de personas para compensar por daños causados por vacunas.
El programa no cubre actualmente los daños causados por la vacuna COVID-19. En caso de que las vacunas COVID-19 se trasladaran al programa, las posibles lesiones serían gestionadas por el VICP, ya desbordado.
El CICP, el único programa que cubre las lesiones causadas por la vacuna COVID-19 en este momento, está aún menos equipado para tratarlas, declaró Rohde a “The Defender”.
“Para los dañados por la vacuna COVID-19, el CICP es el peor lugar, es la peor opción”, dijo Rohde, “porque no es realmente un programa de compensación, es un programa de reembolso de los gastos médicos.”
El CICP sólo permite reclamar indemnizaciones por gastos médicos no reembolsados -es decir, no reembolsados íntegramente por seguros o programas gubernamentales, como Medicaid-, por fallecimiento y por pérdida de salarios hasta 50.000 dólares.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el marco del CICP:
“Las personas que reúnan los requisitos pueden ser indemnizadas por determinados gastos médicos razonables y necesarios y por la pérdida de ingresos laborales en el momento del daño. Se pueden pagar prestaciones por defunción a determinados supervivientes de beneficiarios de contramedidas cubiertas que hayan fallecido como consecuencia directa del daño causado por la contramedida cubierta.
“El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. es el pagador de último recurso. Por lo tanto, los pagos se ven reducidos por los de otros terceros pagadores”.
“Aquí no hay compensación por dolor ni sufrimiento, no hay nada”, dijo Rohde.
Dado que el CICP revisa y resuelve las reclamaciones mediante un proceso administrativo y no judicial, no es necesario comunicar al público más detalles que el importe de los pagos.
“Está diseñado para ser muy enrevesado, muy poco transparente”, dijo Rohde.
El CICP era conocido por su engorroso proceso de reclamación y las escasas probabilidades de éxito para los solicitantes, incluso antes de la pandemia. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento insostenible.
Según las cifras de HRSA, de las 11.941 reclamaciones presentadas ante el CICP desde 2010, casi 11.000 de ellas siguen en proceso de revisión.
El presupuesto de la HRSA para indemnizaciones por daños causados por la vacuna COVID-19 aumentará en el año fiscal 2023 -de aproximadamente 1 millón de dólares a 5 millones de dólares– y su presupuesto para personal y contratistas se disparará de 5 millones de dólares a 9,5 millones de dólares.
¿Cómo cambiaría la indemnización por daños causados por vacunas COVID con el VICP?
Para que las reclamaciones por daños causados por vacunas queden cubiertas por el VICP en lugar de por el CICP, deben cumplirse tres requisitos:
- Es necesario recomendar la administración sistemática de la vacuna a niños y/o mujeres embarazadas.
- Es necesario que el poder legislativo le imponga un impuesto especial.
- Debe publicarse una notificación de cobertura en el registro federal.
La vacuna COVID-19 se añadió al calendario de vacunación infantil a principios de este año, pero los dos pasos siguientes del proceso aún no se han completado y las autoridades de salud pública no han indicado cuándo podría ocurrir esto.
Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina se reunieron durante tres días el mes pasado -a puerta cerrada, salvo un periodo de dos horas para comentarios públicos- para revisar las pruebas epidemiológicas, clínicas y biológicas sobre los efectos adversos asociados a las vacunas COVID-19.
El comité elaborará un informe que se utilizará para añadir lesiones a la tabla federal de daños por las vacunas (“Vaccine Injury Table”), que enumera los efectos adversos conocidos asociados a las vacunas existentes.
Esta lista ayuda al VICP y al CICP a decidir si compensan las demandas por daños causados por vacunas.
En la reunión de las Academias Nacionales, la profesora Renee Gentry, directora de la Clínica de Litigios por Daños Causados por Vacunas (“Vaccine Injury Litigation Clinic”) de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, dijo al comité que las partes interesadas que crearon el VICP -fabricantes de vacunas, abogados y padres- lo configuraron para que fuera favorable a los solicitantes, informal, generoso y no contencioso.
Pero en lugar de eso, dijo, el HHS ha sido “implacable” en su oposición a reconocer los daños causados por las vacunas.
“Creo que el VICP, tal como existe hoy, sería irreconocible para las partes interesadas originales”, dijo.