Un abogado de Nueva Jersey acusó la semana pasada a los funcionarios de la universidad de Rutgers de enviar comunicaciones “falsas y engañosas” a los estudiantes sobre la normativa de la universidad respecto a las vacunas COVID-19 .
En una carta dirigida a Jay Hoffman, vicepresidente senior y consejero general de Rutgers, el abogado Julio C. Gómez pidió a Hoffman que investigara las comunicaciones engañosas y ordenara a los funcionarios de la universidad que se retractaran.
Gómez, graduado en Rutgers y en la Facultad de Derecho de Rutgers, dijo a Hoffman que escribía la carta en nombre de sus dos sobrinas y de “una docena” de otros estudiantes actualmente matriculados en la universidad.
En su carta, Gómez alegó que la universidad está engañando a los estudiantes sobre el plazo para cumplir con el mandato de vacunación. Se refiere a la Normativa de la Universidad de Rutgers 10.3.14, Requisito provisional de registro de vacunas COVID-19 para estudiantes, que establece que los estudiantes deben presentar evidencia de vacunación COVID-19 “al menos 2 semanas antes de ingresar al campus por cualquier motivo, incluidos, aunque no limitado a, mudarse a una residencia universitaria, asistir a clases en el campus y / o entrar en cualquier edificio del campus “.
La carta decía:
“Sin embargo, a los estudiantes se les está diciendo, en comunicaciones electrónicas y verbales, que deben presentar dichas pruebas antes de la fecha límite arbitraria del 1 de agosto de 2021 … Dado que no está programado que los estudiantes se muden a las residencias hasta el 25 de agosto y las clases no se reanudan hasta el 1 de septiembre, de acuerdo con su Normativa, los estudiantes tienen entre el 11 y el 18 de agosto para presentar sus pruebas de vacunación (o solicitudes de exención) a Rutgers, a menos que deban presentarse en el campus antes. Por lo tanto, cualquier comunicación a los estudiantes que exprese una fecha límite del 1 de agosto para toda la universidad es inconsistente con la Normativa, es engañosa, y tiene la intención de hostigar y acosar a los estudiantes al reducir el tiempo para acatar la norma.”
Gómez denunció a la universidad a causa de un correo electrónico masivo del 20 de julio en el que se amenazaba a los estudiantes con sanciones que se salían de los límites de la normativa oficial. Las sanciones indicadas en el correo electrónico incluían el corte del acceso a las cuentas de correo electrónico universitario de los estudiantes y la suspensión del trabajo académico si no subían los “documentos de vacunación completos” antes del 1 de agosto.
Gómez escribió:
“Este mensaje es engañoso porque la Normativa no autoriza las sanciones con las que se amenaza, y este mensaje omite deliberadamente cualquier referencia al derecho de un estudiante a presentar solicitudes de exención médica y religiosa, dando así la falsa impresión de que tales solicitudes ya no son válidas o que no pueden ser consideradas. Este mensaje también falsea el plazo de cumplimiento. Por último, este mensaje tergiversa el derecho de un estudiante a una exención en virtud de la Normativa si su “curso completo de estudio es … totalmente remoto””.
Gómez dijo que un correo electrónico masivo del 21 de julio a los estudiantes “agravó la confusión” al decirles que ya no cumplían con la política de vacunas “a pesar de que la fecha límite para el cumplimiento sigue abierta, al menos, más de una semana.”
La carta decía:
“Los estudiantes (algunos de los cuales están estudiando cursos de verano y necesitan acceso a las aplicaciones informáticas de Rutgers ahora) se vieron aún más confundidos y alarmados por esta comunicación que parece haber tenido la intención deliberada de coaccionar, acosar e intimidar”.
Gómez dijo que las comunicaciones son “evidencia de que Rutgers está comprometida en una campaña insensible para desviarse arbitraria y caprichosamente de su propia Normativa en sus comunicaciones con el cuerpo estudiantil con el fin de coaccionar e intimidar a los estudiantes para que se vacunen contra su voluntad sin tener en cuenta sus derechos bajo la Normativa o bajo la ley.”
Explicó Gómez:
“Mis clientes ciertamente, y probablemente la mayoría de los estudiantes, están luchando con una decisión que puede alterar sus vidas, la de ponerse una vacuna que solamente tiene uso autorizado de emergencia (“Emergency Use Authorization”, EUA por sus siglas en inglés) y tiene el potencial de provocar anafilaxia, trastornos de coágulos de sangre, miocarditis y pericarditis (inflamación del corazón), parálisis de Bell, síndrome de Guillain-Barré y “una serie de otras reacciones adversas”.
En marzo, el presidente de “Children’s Health Defense”, Robert F. Kennedy Jr., escribió al presidente de Rutgers, Jonathan Holloway, para recordar a los funcionarios de la universidad que la ley federal prohíbe imponer productos con EUA, después de que la universidad anunciara su normativa de vacunas COVID.
En su carta a Holloway, Kennedy escribió:
” La Ley federal 21 U.S.C. § 360bbb-3(e)(1)(A)(ii)(III) exige que se informe a la persona a la que se administra una vacuna EUA, “de la opción de aceptar o rechazar la administración del producto, de las consecuencias, si las hay, de rechazar la administración del producto, y de las alternativas al producto que están disponibles, así como de sus beneficios y riesgos”.
La razón del derecho al rechazo se debe a que los productos con EUA son, por definición, experimentales.
“Según el Código de Nuremberg, no se puede coaccionar a nadie para que participe en un experimento médico. El consentimiento del individuo es ‘absolutamente esencial'”, escribió Kennedy.