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Un juez federal denegó una moción del Departamento de Defensa (“Department of Defense”, DOD por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para suspender el descubrimiento de pruebas en un caso judicial en curso sobre los mandatos de la vacuna COVID-19 para los miembros del servicio militar.
En una orden emitida el 6 de enero en el caso Coker y otros contra Austin y otros, el juez federal Allen Winsor del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida escribió:
“Los demandados no han demostrado suficientemente que la suspensión completa del descubrimiento sea apropiada – y porque una suspensión completa puede retrasar la resolución final de las reclamaciones de los demandantes”.
La decisión del juez de permitir que continúe la fase de presentación de pruebas es significativa, ya que, durante este proceso, pueden descubrirse pruebas que indiquen posibles irregularidades del gobierno federal y del ejército.
Esto puede incluir registros que indiquen que las distintas ramas del ejército han violado la política oficial del Departamento de Defensa al exigir la administración de una vacuna con autorización de uso de emergencia (“Emergency Use Authorization”, EUA por sus siglas en inglés), en lugar de una vacuna totalmente aprobada.
Tal como informó previamente “The Defender”, Coker y otros contra Austin y otros, un caso inicialmente conocido como Doe y otros contra Austin, se refiere a una demanda presentada por 18 miembros del servicio militar contra el Departamento de Defensa, en la que se impugna el mandato de vacunación del ejército y el rechazo de las exenciones médicas o religiosas presentadas por varios de los demandantes.
En su orden del 6 de enero, el juez Winsor dijo que el Departamento de Defensa no demostró que el caso girara en torno al expediente administrativo, refiriéndose al registro de pruebas en el que se basan las agencias administrativas para tomar decisiones y desarrollar medidas políticas.
En apoyo de esta afirmación, el juez Winsor se refirió a la solicitud inicial de los miembros del servicio de un requerimiento preliminar, que había rechazado en parte sobre la base de que los miembros del servicio militar no habían demostrado que se les había negado una vacuna “conforme a la BLA” (aprobada por la FDA).
Sin embargo, en su fallo anterior contra la orden judicial preliminar, el juez Winsor rechazó la afirmación del Departamento de Defensa de que la vacuna de Pfizer-BioNTech, que se sacó al mercado bajo la EUA es “intercambiable” con la vacuna de Pfizer Comirnaty que recibió la aprobación completa de la FDA.
Los demandantes presentaron posteriormente una demanda enmendada en la que algunos de ellos alegaban que, de hecho, se les había negado la vacuna Comirnaty de Pfizer, aprobada por la FDA.
Como resultado, en su sentencia del 6 de enero, el juez Winsor escribió: “el descubrimiento de pruebas de ese tema no necesita esperar”.
El juez Winsor también rechazó la petición del Departamento de Defensa de no presentar el expediente administrativo hasta que se resuelva su moción de desestimación. Dijo que la respuesta de los demandantes en la que solicitan que el gobierno federal presente el expediente administrativo con prontitud indica que “las partes están conferenciando sobre el alcance del expediente.”
El juez ha dado a las dos partes un plazo hasta el 13 de enero para “presentar una notificación conjunta en relación con el expediente administrativo y los desacuerdos restantes sobre cómo debe gestionarse.”
El juicio de Coker y otros contra Austin y otros está previsto para el 14 de septiembre.
Este último acontecimiento se produce en un momento en el que hay varios casos en curso que se tramitan en el sistema judicial en relación con los mandatos de las vacunas para varias ramas de las fuerzas armadas.
El 3 de enero, un juez federal emitió una orden judicial preliminar que prohíbe al Departamento de Defensa penalizar a los Navy SEAL y a otros miembros del servicio militar que se oponen a la vacunación con COVID-19 por motivos religiosos.
El 4 de enero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que su administración demandará al Pentágono en un intento de bloquear su mandato de vacunación para la Guardia Nacional de Texas.
En diciembre de 2021, un juez federal falló en contra del intento de Oklahoma de bloquear el mandato para la Guardia Nacional de ese estado.
Y como ya informó “The Defender”, varias ramas del ejército han comenzado a dar de baja a los miembros del servicio que no se han vacunado, incluidos los que se han negado a recibir la vacuna COVID-19 por motivos religiosos o médicos.