Corría el año 2019 cuando en el condado de Rockland, Nueva York, se prohibió el acceso a la escuela y a lugares públicos a los niños no vacunados contra el sarampión y cuyas familias solicitaron una exención religiosa para ellos, tras un brote de sarampión en la región que llevó a los funcionarios del condado a emitir una orden de emergencia.

La exclusión de los alumnos de la escuela y la orden del condado se convirtieron en objeto de una demanda presentada por 16 familias.

El caso fue enviado a juicio con jurado en noviembre de 2022, después de que el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos decidiera por unanimidad anular la decisión de un tribunal inferior de que las autoridades del condado de Rockland estaban justificadas para emitir la orden de emergencia.

El 1 de febrero, pocos días antes de que comenzara el juicio con jurado, las familias llegaron a un acuerdo con el condado de Rockland por valor de 750.000 dólares, con lo que el caso quedaba cerrado.

En la edición de esta semana del podcast “The Defender In-Depth”, Michael Sussman, el abogado de las familias, se unió a Paul Jaffe y Maureen Satriano, dos de los demandantes, para analizar el resultado y sus implicaciones, y compartir sus pensamientos sobre cómo las acciones del condado afectaron negativamente a los niños y sus familias.

“Esto no se trataba realmente de salud pública”

Sussman declaró a “The Defender In-Depth” que en este caso estaban en juego cuestiones fundamentales en torno a la libertad religiosa, que habrían ocupado un lugar central en un juicio con jurado.

“Creo firmemente que aquí se violaron derechos religiosos y que los implicados tenían el tipo de animadversión que habría llevado a un jurado a esa conclusión”, afirmó.

“También siento con la misma fuerza que el estado de Nueva York violó los derechos de muchas personas cuando derogó la exención religiosa”, agregó, refiriéndose a la derogación en 2019 de Nueva York de las exenciones religiosas para la vacunación, que los funcionarios del condado de Rockland presionaron para conseguir.

Satriano, que era enfermera en la “Green Meadow Waldorf School” a la que asistían sus hijos y los de otros demandantes, dijo que “se dio cuenta muy pronto de que no se trataba realmente de salud pública ni de detener un brote de sarampión.”

“Al final, acabamos con 16 familias, yo diría que decididas y valientes, que realmente merecen un gran reconocimiento por haber resistido a tanta tensión”, dijo Jaffe.

Derechos de padres e hijos “restringidos y violados de forma inadmisible”

Sussman dijo que, en septiembre de 2018, el brote comenzó en el condado de Rockland después de que siete personas que habían regresado de Israel fueran diagnosticadas con sarampión.

En diciembre de ese año, se comunicó a los alumnos no vacunados de la escuela “Waldorf Green Meadow” que se les prohibiría asistir, “a pesar de que no había ningún brote en la escuela”, dijo Sussman. La orden de emergencia del condado de marzo de 2019 también prohibió el acceso a lugares públicos a los niños no vacunados con exenciones religiosas.

“Impugnamos ambas medidas y, finalmente, un juez de un tribunal estatal prohibió su aplicación, lo que permitió a los niños volver a la escuela”, explicó Sussman. “Procedimos a un litigio federal, solicitando daños y perjuicios monetarios por la exclusión de estos niños, en violación de sus derechos constitucionales”.

Sussman dijo que, ante el tribunal, él y los demandantes presentaron una demanda basada en la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda, porque “los derechos de los niños y sus padres al libre ejercicio de su religión fueron restringidos y violados de forma inadmisible”.

Sussman pidió al tribunal “que evaluara si se habían violado los derechos de libertad religiosa, la Cláusula de Igual Protección, el derecho de libre reunión y las garantías procesales, todos los cuales considerábamos que estaban implicados en este caso”, y en noviembre de 2022, el 2º Circuito le dio la razón.

Según Sussman, el condado de Rockland -a causa del acuerdo- “sigue negando su responsabilidad por violar los derechos de nadie”.

“Pero el pago habla por sí solo, en mi opinión”, dijo.

Satriano dijo que ella y otros demandantes se sienten “agradecidos” por el acuerdo, aunque “no hay cantidad de dinero que pueda deshacer los daños que se hicieron durante ese tiempo”.

“Nos intimidan para cumplir sus objetivos”

Según Satriano, aunque “ningún profesor, [nadie relacionado con] la escuela, nadie que viviera cerca de la escuela tuvo nunca el sarampión”, los alumnos no vacunados de su escuela fueron sin embargo blanco de los funcionarios del condado de Rockland. [no one related]

“Lo que hicieron fue … poner en cuarentena a los alumnos sanos”, dijo Sussman. La “atención” se centró “sólo en los niños que tenían exenciones religiosas”, y no en los que tenían exenciones médicas.

Jaffe y Satriano señalaron que las orientaciones de las autoridades de salud pública del condado cambiaban continuamente, y que en un principio se dijo a las familias que había que alcanzar una tasa de vacunación contra el sarampión del 70% en la escuela, cifra que posteriormente aumentó hasta el 97%.

“Había una sensación muy clara de que, a falta de una palabra mejor, nos estaban intimidando para cumplir sus objetivos y, obviamente, pasaban por encima de la ley y de nuestros derechos legales”, dijo Jaffe.

Satriano dijo que los funcionarios del condado “no fueron muy claros y comunicativos en … decirnos dónde estaban los casos y cuánto tiempo [hacía] y cuándo fueron identificados.”

Según Sussman, esto infringía la ley del estado de Nueva York de la época, que “exigía la cuarentena de las personas que tenían sarampión”, pero no de las personas sanas.

“Creemos que los funcionarios del condado contravinieron esencialmente la ley. Y esto afecta de manera fundamental al argumento de la libertad religiosa”, dijo Sussman.

“La cuestión es si eso se hizo por motivos de salud pública o si se hizo porque… no se tuvieron en cuenta las exenciones religiosas que tenían estas familias, y si eso evidenciaba hostilidad hacia la religión”, añadió. “Si hizo esto último, fue inconstitucional”.

“Su objetivo, según admiten ellos mismos, era intentar (…) aumentar las tasas de vacunación, lo que menoscababa los derechos de quienes gozaban de exenciones religiosas”, afirmó Sussman.

Estudiantes y familias “estigmatizados”

Según Satriano, los estudiantes se vieron especialmente afectados por las medidas del condado.

“Diría que algunos de ellos estaban un poco desconcertados por el hecho de que, al menos al principio, sus compañeros de clase no estuvieran allí”, dijo. “Definitivamente había un ambiente sombrío en la escuela”.

Explicó:

“Fue muy, muy difícil transmitir información precisa a los padres sobre lo que estaba ocurriendo y cuál podría ser el punto final de esta situación. Fue una lucha continua para conseguir la información y hacerla llegar con precisión a los padres, a los administradores y a los profesores.”

Jaffe dijo que, para su hijo, “la escuela era un lugar de estabilidad extremadamente importante”, ya que tras el divorcio de sus padres, dividía el tiempo entre los dos hogares.

“Cuando fue excluido, fue muy difícil”, dijo Jaffe. La situación fue “realmente estigmatizante” para todos los implicados, y en particular para los estudiantes en cuestión. “Creo que realmente puso a estos chicos en un lugar en el que no querían hablar de cuál era su situación”, dijo.

La situación también era difícil para los padres de niños no vacunados, según Satriano.

“Tuve padres que vinieron a mí, llorando o a veces gritándome, diciendo que tenían que ir en contra de sus creencias religiosas y vacunar a sus hijos para salvar la salud mental de sus hijos, que estaban tan aislados y angustiados por no estar en la escuela con sus amigos”, dijo.

El resultado del caso es importante para la libertad religiosa

Sussman elogió a las familias implicadas en el caso por demostrar “mucho valor” y habló de la importancia de la victoria en el 2º Circuito y el posterior acuerdo.

“No ha habido mucha simpatía judicial… hacia la gente en este asunto”, dijo. “Se ha considerado que el argumento de la salud pública vicia la libertad religiosa. Y lo que este caso dice es que eso no es cierto”.

“No se puede argumentar a priori [que] tenemos que hacer esto por la salud pública, y se acabó”, dijo. “Hubo cuestiones de hecho legítimas que planteamos y … el 2º Circuito lo reconoció”.

Vea el programa “The Defender In-Depth” de esta semana:

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