Los políticos y los gobiernos están silenciando la ciencia. Lo hacen en interés público, dicen, para acelerar la disponibilidad de diagnósticos y tratamientos. Lo hacen para apoyar la innovación, para llevar los productos al mercado a una velocidad sin precedentes. Ambas razones son en parte plausibles; los mayores engaños se fundan en un grano de verdad. Pero el comportamiento subyacente es preocupante.

La ciencia está siendo silenciada para obtener beneficios políticos y financieros. COVID-19 ha desatado la corrupción estatal a gran escala, y es perjudicial para la salud pública. Los políticos y la industria son responsables de esta malversación oportunista. También lo son los científicos y los expertos en salud. La pandemia ha revelado cómo el complejo médico-político puede ser manipulado en una emergencia, que es un momento en el que es aún más importante salvaguardar la ciencia.

La respuesta pandémica del Reino Unido proporciona al menos cuatro ejemplos de casos en que se ha silenciado la investigación científica o a los científicos. En primer lugar, los miembros, la investigación y las deliberaciones del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en inglés) fueron inicialmente secretos hasta que una filtración de la prensa obligó a la transparencia. La filtración reveló una participación inapropiada de asesores gubernamentales en SAGE, al tiempo que expuso que había muy baja representación de expertos en salud pública y en atención clínica, de mujeres y de minorías étnicas. De hecho, recientemente se ordenó al gobierno que publicara un informe de 2016 sobre las deficiencias en la preparación para la pandemia, Operación Cygnus, tras un veredicto de la Oficina del Comisionado de Información.

A continuación, un informe de Salud Pública de Inglaterra sobre el COVID-19 y las desigualdades. La publicación del informe fue retrasada por el Departamento de Salud de Inglaterra; una sección sobre las minorías étnicas inicialmente fue retenida y luego, después de una gran protesta pública, se publicó como parte de un informe de seguimiento. A los autores de Salud Pública de Inglaterra se les instruyó para que no hablaran con los medios de comunicación. Tercero, el 15 de octubre, el editor de The Lancet se quejó de que un autor de un artículo de investigación, un científico del gobierno del Reino Unido, fue bloqueado por el gobierno, impidiéndole hablar con los medios de comunicación, debido al “difícil paisaje político”.

Ahora, un nuevo ejemplo de precoupaciones se refiere a la polémica sobre las pruebas de anticuerpos en los puntos de atención para COVID-19. La Operación Moonshot del primer ministro depende de la disponibilidad inmediata y amplia de pruebas de diagnóstico.. También depende de la lógicacuestionable de la detección masiva; la cual está siendo probada actualmente en Liverpool con una pruebade PCR subóptima.

El incidente se refiere a una investigación publicada el 2 de noviembre por The BMJ, que encuentra que el gobierno adquirió una prueba de anticuerpos que en las pruebas del mundo real se queda muy por debajo de las afirmaciones de rendimiento hechas por sus fabricantes. Investigadores de Public Health England y de instituciones colaboradoras presionaron sensatamente para que publicara los resultados de su estudio antes de que el gobierno se comprometiera a comprar un millón de estas pruebas, pero fueron bloqueados por el departamento de salud y la oficina del primer ministro. ¿Por qué era importante adquirir este producto sin el debido escrutinio? Antes de publicar la investigación en un servidor de preimpresión o un sitio web gubernamental es compatible con la política de publicación de The BMJ. Como para demostrar algo, Public Health England intentó sin éxito bloquear el comunicado de prensa de The BMJ sobre el trabajo de investigación.

Los políticos a menudo dicen seguir la ciencia, pero eso es una simplificación excesiva engañosa. La ciencia rara vez es absoluta. Rara vez se aplica a todos los entornos o a todas las poblaciones. No tiene sentido seguir servilmente la ciencia o la evidencia. Un mejor enfoque es que los políticos, los responsabes de tomar decisiones nombrados públicamente, sean informados y guiados por la ciencia cuando decidan sobre medidas políticas para la sociedad de la que se encargan. Pero incluso ese enfoque sólo conserva la confianza pública y profesional si la ciencia está disponible para el escrutinio y libre de interferencias políticas, y si el sistema es transparente y no está comprometido por conflictos de intereses.

La supresión de la ciencia y los científicos no es nueva ni un fenómeno peculiarmente británico. En los Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump manipuló a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para a toda prisa aprobar medicamentos que no habían sido aprobados como la hidroxicloroquina y remdesivir. A nivel mundial, las personas, las decisiones políticas y las adquisiciones están siendo corrompidas por las agendas políticas y comerciales..

La respuesta pandémica del Reino Unido depende en demasiada medida de científicos y otras personas seleccionadas que son designados por el gobierno y tienen preocupantes competencias entre distintosintereses, incluidas acciones en empresas que fabrican pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas COVID-19. Los designados por el gobierno son capaces de ignorar o de seleccionar a la carta la investigación científica —otra forma de uso indebido— y permitirse prácticas anticompetitivas que favorecen sus propios productos y los de amigos y asociados.

¿Cómo se podría salvaguardar la investigación científica en estos tiempos excepcionales? El primer paso es la divulgación completa de los intereses en competencia que tiene el gobierno, los políticos, los asesores científicos y el presonal designado, como los jefes de pruebas y seguimiento, los encargados de la adquisición de pruebas diagnósticas y de la distribución de las vacunas. El siguiente paso es la transparencia total sobre los sistemas de toma de decisiones, los procesos y saber quién es responsable de cada cosa.

Una vez que la transparencia y la responsabilidad se establecen como normas, las personas empleadas por el gobierno, idealmente, sólo deberían trabajar en áreas no relacionadas con sus intereses en competencia. Se pueden encontrar expertos que no tengan intereses en competencia. Si una regla tan estricta se vuelve poco práctica, una buena práctica mínima es que las personas con intereses en competencia no deben participar en las decisiones sobre productos y políticas en los que tienen un interés financiero.

Los gobiernos y la industria también deben dejar de anunciar medidas políticas científicas que son críticas mediante un comunicado de prensa. Tales movimientos mal juzgados permiten que la ciencia, los medios de comunicación y los mercados bursátiles sean vulnerables a la manipulación. Es un requisito fundamental la publicación clara, abierta y avanzada de la base científica empleada para tomar decisiones políticas, realizar adquisiciones y utilizar fármacos maravillosos.

Hay cosas muy importantes en juego para los políticos, los asesores científicos y las personas designadas por el gobierno. Sus carreras y saldos bancarios pueden depender de las decisiones que tomen. Pero tienen una mayor responsabilidad y un deber para con los ciudadanos. La ciencia es un bien público. No es necesario que se siga a ciegas, pero sí debe ser considerada de manera justa.

Es importante destacar que la supresión de la ciencia, ya sea retrasando la publicación de estudios, seleccionando a la carta investigaciones favorables o amordazando a los científicos, es un peligro para la salud pública, lo cual causa muertes al exponer a las personas a intervenciones inseguras o ineficaces y al evitar que se beneficien de opciones mejores. Cuando además la decisión se enmaraña con decisiones comerciales, también se incurre en una mala administración del dinero de los contribuyentes.

La politización de la ciencia fue implementada con entusiasmo por algunos de los peores autócratas y dictadores de la historia, y ahora es una práctica lamentablemente común en las democracias.. El complejo médico-político tiende a la silenciamiento de la investigación científica para engrandecer y enriquecer a los que están en el poder. Y, a medida que los poderosos tienen más éxito, se vuelven más ricos y están más intoxicados por el poder, las verdades incómodas de la ciencia se silencian.

Cuando se silencia la buena ciencia, la gente muere.

Publicado con permiso de The BMJ, BMJ 2020;371:m4425