Cinco grupos sin ánimo de lucro de defensa de la ciencia y la salud pública presentaron el miércoles una petición ciudadana a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en la que alegan que la agencia está “violando flagrantemente”una ley federal relacionada con las radiaciones no ionizantes de los dispositivos inalámbricos.
Los grupos, dirigidos por Estadounidenses por una Tecnología Responsable (“Americans for Responsible Technology”, ART), fundada “para proporcionar una presencia en el Distrito de Columbia para el creciente número de organizaciones de base que abogan por soluciones tecnológicas seguras en sus comunidades” – exigió a la FDA el cumplimiento de una ley federal que obliga a la agencia a tomar ciertas medidas para proteger al público de la exposición innecesaria a radiaciones de productos electrónicos..
Según ART, el Congreso aprobó en 1968 la Ley Pública 90-602, que declaraba que “la salud y la seguridad públicas deben protegerse de los peligros de la radiación de los productos electrónicos” y prescribía en el 21 USC 360ii Programa de Control determinadas actividades que la FDA debe llevar a cabo para mitigarlos y hacerles frente.
Otros peticionarios son “Grassroots Environmental Education”, “Consumers for Safe Cell Phones”, “California Brain Tumor Association”, “Manhattan Neighbors for Safer Telecommunications” y cuatro personas que afirmaron haber sufrido daños económicos, sanitarios y emocionales debido a la radiación inalámbrica.
Los peticionarios afirman que la agencia no ha cumplido la ley y, en consecuencia, ha expuesto a los ciudadanos estadounidenses a un mayor riesgo de sufrir daños por la radiación inalámbrica.
“Esto no es complicado”, afirma Doug Wood, fundador y director de ART, en un comunicado de prensa. “La FDA tiene la obligación legal clara e inequívoca de llevar a cabo determinadas actividades destinadas a reducir la exposición del público a la radiación procedente de todo tipo de productos electrónicos, incluidos teléfonos móviles, routers, ordenadores portátiles, tabletas y contadores inalámbricos de servicios públicos.”
“La FDA ignora la ley como si no existiera”, añadió Wood.
Julian Gresser, abogado, antiguo profesor visitante de la Facultad de Derecho de Harvard y presidente de “Big Heart Technologies”, se mostró de acuerdo. Gresser afirmó en el comunicado de prensa: “Esto no es una opinión ni un desacuerdo sobre ciencia. Se trata de una ley taxativa”.
Gresser añadió:
“El Congreso reconoce desde 1968 los graves riesgos para la salud pública de las radiaciones no ionizantes.
“La FDA tiene un mandato claro e inequívoco del Congreso, y durante más de cincuenta años la agencia se ha limitado a fingir que la ley no existe.
“Esto viola el propósito fundamental de la principal agencia de salud pública del país. Es una cuestión profunda de derechos civiles y humanos”.
Los peticionarios pidieron al comisionado de la FDA que colaborara con el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. para “ejecutar, aplicar, cumplir y llevar a cabo plenamente” sus obligaciones administrativas establecidas por la legislación federal en relación con la exposición del público a las radiaciones no ionizantes.
Por ejemplo, los peticionarios afirmaron que la ley obliga a la FDA a evaluar cómo se expone el público -incluidos los niños en las escuelas- a la radiación.
“No hay informes públicos de ninguna inspección de la FDA en las escuelas para medir los niveles de exposición acumulados o agregados en las aulas ocupadas, o los efectos de la exposición en los estudiantes, los profesores y el personal”, señalaron los peticionarios.
La FDA “transmite una falsa e inexacta sensación de seguridad a unos padres preocupados”
La ley también obliga a la FDA a realizar y apoyar investigaciones y actividades destinadas a minimizar las emisiones de radiaciones inalámbricas y la exposición de las personas a las mismas.
Sin embargo, en lugar de proporcionar información sobre el “amplio y sólido corpus científico en desarrollo” acerca de los posibles daños biológicos de la exposición, los peticionarios dijeron que el sitio web de la FDA “transmite una falsa e inexacta sensación de seguridad a los padres ansiosos que pueden tener preocupaciones acerca de la salud y seguridad de sus hijos“.
La página web “Children and Teens and Cell Phones” de la FDA afirma que las pruebas científicas actuales no demuestran que la energía de radiofrecuencia sea peligrosa para ningún usuario de teléfonos móviles, incluidos niños y adolescentes.
Los peticionarios calificaron la declaración de la FDA de “descaradamente” falsa.
“Existen pruebas científicas actuales que demuestran un peligro para los usuarios de teléfonos móviles”, afirmaron.
En 1999, la FDA pidió al Programa Nacional deToxicología de EE.UU. (“National Toxicology Program”, NTP por sus siglas en inglés) que estudiara la radiación de los teléfonos móviles. Cuando el NTP en 2018 completó el estudio de 30 millones de dólares, sus resultados mostraron una clara evidencia de que la radiación electromagnética está asociada con el cáncer y daños al ADN.
“Puede que a la FDA no le gusten los resultados… pero la agencia no está sirviendo a los intereses de la salud pública si ignora o descarta estudios científicos importantes, incluido su propio estudio, que muestra un elevado riesgo de daños“, escribieron los peticionarios.
Además, la FDA está obligada a desarrollar y promulgar técnicas para reducir estas exposiciones, pero la agencia no ha desarrollado ni promovido ninguna de estas técnicas, según los peticionarios.
Odette Wilkens, presidenta y consejera general de”Wired Broadband, Inc”, una organización sin ánimo de lucro que aboga por la Internet de alta velocidad cableada -por ejemplo la fibra óptica- como “ tecnología superior a las comunicaciones inalámbricas”, elogió a los peticionarios por iniciar “este proceso tan necesario”.
Wilkens, abogada especializada en tecnología desde hace más de 20 años, dijo a “The Defender” que su organización sin ánimo de lucro tiene previsto presentar comentarios adicionales a la petición. “La FDA debe hacerse responsable de sus obligaciones legales de proteger la salud pública”, afirmó.