Dicen que las leyes son como las salchichas: es mejor no ver cómo las hacen.

Para bien o para mal, todos pudimos ver cómo se elaboraba la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (“Inflation Reduction Act of 2022”) una versión reducida de la Ley de Reconstrucción Mejorada (“Build Back Better Act”) que el domingo se aprobó por poco en el Senado de Estados Unidos, al tiempo que salpicaba a los medios de comunicación.

Ahora, para bien Y para mal, tenemos que saber qué contiene.

Ante todo, felicitamos a los demócratas del Senado por haber hecho algo en relación con el cambio climático.

Este proyecto de ley de 740.000 millones de dólares tiene ciertamente mucho dinero y disposiciones que crean puestos de trabajo en el sector de la energía limpia, aumentan la eficiencia energética en los hogares y las empresas, ayudan a limpiar el aire de nuestras ciudades llenas de smog y reducen potencialmente las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Sólo han pasado 30 años desde que el cambio climático fue reconocido públicamente como un problema y sólo 13 años desde el colapso en 2009 de leyes similares en el Senado de Estados Unidos.

Por fin se logró algo en Washington, D.C.

Pero ahí se acaban los elogios, porque este proyecto de ley está plagado de disposiciones antiambientales, dinero y maniobras legales que socavan gran parte, si no todo, de lo bueno que puede crear la legislación.

Aquí hay seis cosas malas con la Ley de Reducción de la Inflación de 2022:

1.Agilizael proceso de concesión de permisos para la construcción de oleoductos de combustibles fósiles, minas de carbón y plantas químicas (entre otros proyectos) en todo Estados Unidos.

Este debilitamiento de las leyes federales sobre el medio ambiente, aparentemente en una ley que se propone para proteger el medio ambiente, es un regalo para los contaminadores y las empresas estadounidenses, que continúan con su franja de destrucción en nuestros paisajes.

2. Ofrece una nueva superficie de 700 millones de acres (2.830.000 Km2) de tierras y aguas públicas para la perforación de petróleo y gas durante la próxima década.

Si el presidente Biden firma este proyecto de ley, se opondrá diabólicamente a su promesa de campaña de detener las perforaciones en tierras públicas.

Además, la legislación simplemente ignora cómo se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mientras subvenciona más perforaciones y “fracking”.

3. Da miles de millones de dólares de nuevas exenciones fiscales a la industria de los combustibles fósiles.

La ley es tan enrevesada a favor de las grandes petroleras que el director general de Exxon dijo estar “satisfecho” con el “conjunto de soluciones” que contiene.

Estas subvenciones se producen en el momento exacto de la historia en el que las grandes petroleras obtienen beneficios récord gracias a los precios récord de la gasolina en todo Estados Unidos.

4. A la industria hidroeléctrica también le encanta la ley porque otorga subvenciones y exenciones fiscales para apoyar y mejorar los proyectos de presas que destruyen los ríos en todo Estados Unidos.

En el momento exacto en que las presas y los embalses de California y de toda la cuenca del río Colorado en el suroeste se están vaciando e inutilizando debido al cambio climático, la Ley de Reducción de la Inflación (“Inflation Reduction Act”) invierte más dinero en una tecnología fallida que diezma aún más los sistemas fluviales de Estados Unidos.

5. Extrañamente, incluye 1.400 millones de dólares para aumentar la tala de árboles grandes y antiguos en nuestros bosques nacionales y otros terrenos públicos.

Bajo el pretexto de la “supresión de incendios”, utilizando ideas espurias que carecen de consenso científico, la legislación acelerará la tala y la quema de árboles como fuente de combustible.

De hecho, la tala de bosques en Estados Unidos es actualmente responsable de tantas emisiones anuales de gases de efecto invernadero como la quema de carbón en Estados Unidos.

6. Esta administración y gran parte del movimiento ecologista estadounidense aún no se han hecho a la idea de la cantidad de extracción de materiales de tierras raras–como el litio, el cobalto y otros- que se necesita para crear baterías para coches eléctricos y otros sistemas de almacenamiento de energía.

Esta explotación minera se realiza a menudo en el marco de las peores violaciones de los derechos humanos en los países en vías de desarrollo y crea imperios oligárquicos de “Señores del Litio” en medio de una tiranía de avaricia y beneficios empresariales.

Además, esta “deslocalización” de las emisiones de gases de efecto invernadero a otros países causada por la minería y la producción de coches, baterías y otras tecnologías denominadas de energía limpia plantea serias dudas sobre si el proyecto de ley reducirá realmente las emisiones globales.

El 29 de julio, 369 grupos ecologistas y de justicia social enviaron una carta al Presidente Biden en la que se quejaban de las disposiciones y el dinero antiambiental de la ley, diciendo que estaba plagada de “píldoras venenosas” y que era un “pacto de suicidio climático”.

La Red Ambiental Indígena (“Indigenous Environmental Network”) se opone rotundamente a la ley, afirmando que “continúa el statu quo” y “no proporciona seguridad climática ni energética y no reducirá las emisiones al nivel necesario para hacer frente a esta emergencia climática”.

Si tiene ganas de comer salchichas, busque la cena en otra parte, porque la Ley de Reducción de la Inflación es una carne que huele a rancio, por lo que es mejor dársela al perro que servirla a los humanos en una barbacoa dominical.