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En 2019, aproximadamente 72.000 médicos trabajaban activamente en pediatría o subespecialidades pediátricas en Estados Unidos, muchos de ellos miembros de la Academia Americana de Pediatría (“American Academy of Pediatrics”, AAP por sus siglas en inglés).
Nominalmente, la AAP es una asociación médica profesional (“professional medical association”, PMA por sus siglas en inglés), pero la mayoría de las veces funciona como un portavoz corporativo y gubernamental, incluyendo la emisión de directrices políticas a sus miembros que afirman que es una “opción aceptable que los clínicos de atención pediátrica echen a las familias que rechazan las vacunas.”
Con un total de “ingresos, ganancias y otras ayudas” que ascenderá en 2022 a casi 127 millones de dólares – apoyando a un personal de 475 personas y que se auto describe como “editorial de títulos pediátricos número 1 del mundo”, la capacidad de la AAP de difundir las medidas políticas deseadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y promocionar los productos de los fabricantes de medicamentos, vacunas y preparados para lactantes es significativa.
Que el megáfono de la AAP es unilateral ha atraído durante mucho tiempo la atención de los críticosque señalan la“preferencia de la organización por las posiciones políticas de moda frente a la medicina basada en la evidencia” y su patrón de“jugar a dos bandas”, [ing]“con su “asesoramiento médico de confianza”, emitido en el contexto de la generosa financiación de fundaciones que marcan la agenda, empresas y organismos públicos..
Incluso en un estudio publicado por la propia AAP, en el que se examinaba la transparencia de la PMA pediátrica y el cumplimiento de las directrices sobre mejores prácticas, la AAP obtuvo calificaciones mediocres en ambos casos, a pesar de beneficiarse de “un presupuesto medio significativamente superior” en comparación con organizaciones hermanas que obtuvieron mejores puntuaciones.
Actualmente, la AAP está utilizando su púlpito de matón para machacar con mensajes sobre la vacunación -especialmente las vacunas COVID-19- y sobre una crisis de salud mental infantil al estilo de la AAP.
Es evidente que ambas cuestiones pueden resultar muy rentables para las empresas farmacéuticas que engrosan la lista de donantes más importantes de la AAP. Pero la organización también parece estar de acuerdo con un objetivo más subterráneo: convertir en armas la vacunación y la salud mental para lograr un mayor control tipo “mundo feliz” sobre los cuerpos y las mentes de los niños.
Grandilocuencia presidencial
A lo largo de 2022, la presidenta saliente de la AAP, la Dra. Moira Szilagyi, profesora de la UCLA, fue una obediente soldado de infantería tanto en el frente de la vacunación como en el de la salud mental.
Szilagyi fue elegida presidenta electa de la AAP para 2022 en junio de 2020 y, durante la pandemia, esgrimió descaradamente su condición de abuela para vender vacunas pediátricas contra el COVID-19.
En octubre de 2021 -no mucho antes de acceder a la presidencia de la AAP- Szilagyi opinó en un artículo de la CNN titulado “Pediatra: Lo que quiero que esta vacuna Covid haga por mis nietos” (“Pediatrician: What I want this Covid vaccine to do for my grandchildren”) que los datos de los ensayos clínicos de la vacuna en niños más pequeños eran “muy tranquilizadores.”
Pero, confesó, sentía un “trasfondo de ansiedad” por el hecho de que sus nietos de 5 y 8 años, que iban con mascarilla, aún no tuvieran acceso a “la mejor protección de todas: la vacunación.”
Apenas un mes después, los asesores de los CDC hicieron caso omiso de las dudas sobre los datos clínicos de Pfizer y aprobaron por unanimidad la vacuna para los nietos de Szilagyi y otras personas de su edad.
En junio de 2022, bajo la dirección de Szilagyi, la AAP emitió un entusiasta comunicado de prensa en el que aplaudía la recomendación de los CDC de “vacunas COVID-19 seguras y eficaces” para bebés de tan solo 6 meses.
En octubre, Szilagyi incluso escribió al coordinador de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, Ashish Jha, para suplicar que se redujera “la carga que supone administrar las vacunas contra el COVID-19” a los niños, afirmando: “Los pediatras del país necesitan apoyo en nuestro intento de vacunar a los ciudadanos más jóvenes de nuestra nación contra el COVID-19”.
En esa carta, Szilagyi, aparentemente ajena a las miles de lesiones y docenas de muertes ya registradas en niños y adolescentes que recibieron inyecciones de COVID-19, expresaba su gratitud por el “acceso” de los bebés y niños pequeños a las vacunas y celebraba la inminente autorización de las vacunas de refuerzo bivalentes para los niños.
En noviembre, Szilagyi volvió a acudir a la CNN, esta vez para sacar a relucir sus sentimientos “desconsolados” por el hacinamiento en las salas de los hospitales pediátricos y ofrecer a los padres “tranquilidad” y el “consejo” de vacunar a toda la familia contra la gripe y el COVID-19, “incluidas las dosis de refuerzo”.
Sus acciones durante el año pasado también ilustraron de otras maneras la relación servil y codependiente de la AAP con los CDC.
En 2017, el editor de BMJ, Peter Doshi, informó que los CDC es uno de los “financiadores constantes” de la AAP; de 2009 a 2016, los CDC desembolsó 20 millones de dólares en la dirección de la AAP.
Para devolver el favor, Szilagyi testificó en mayo de 2022 ante el Subcomité de Asignaciones para Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación y Agencias Relacionadas de la Cámara de Representantes, abogando por más de 746 millones de dólares en nuevos fondos de los CDC y la Administración de Recursos y Servicios de Salud para las causas preferidas de la AAP, no todas las cuales conciernen siquiera a los niños estadounidenses.
Por ejemplo, lamentando las “interrupciones relacionadas con la pandemia” en la vacunación infantil rutinaria en el extranjero, Szilagyi pidió que casi la mitad (48%) de la financiación propuesta (356 millones de dólares) se destinara a la división de Inmunización Global de los CDC.
Szilagyi presionó para conseguir otros 205 millones de dólares (28%) para el Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo (NCBDDD) de los CDC, el centro que se supone que “está buscando las causas del autismo“, pero que sistemáticamente niega cualquier conexión entre las vacunas y el autismo. [ing]
La actual directora del NCBDDD de los CDC, Karen Remley, había sido recientemente directora general de la AAP (2015-2018). Su predecesora al frente del NCBDDD (hasta su jubilación en enero de 2020) fue Coleen Boyle, conocida porque al principio de su carrera encubrió la toxicidad del Agente Naraja y la dioxina y, más tarde, por ayudar a cimentar la ficción de que las vacunas no tienen nada que ver con las discapacidades del desarrollo.
En la lista de prioridades de financiación de Szilagyi también figuraba una solicitud menor (12 millones de dólares) para estudiar las muertes “súbitas e inesperadas” de lactantes y niños, otro resultado con una probable relación con la vacunación, aunque la AAP y los CDC lo nieguen.
La red de arrastre de salud mental
Szilagyi tiene un largo historial de compromiso con los “niños vulnerables” del corrupto y disfuncional sistema de acogida de Estados Unidos y le gusta hacer referencia a esas credenciales.
En junio, después de que la AAP pidiera exámenes de salud mental para todos los niños desde el nacimiento hasta los 21 años, la periodista médica Martha Rosenberg señaló en “The Defender” que los niños en acogida (y otros niños marginados) son precisamente los jóvenes con mayor riesgo de sobremedicación con “lucrativos y peligrosos fármacos psiquiátricos -algunos de los cuales pueden causar suicidio, especialmente en niños”.
Otros riesgos del cribado generalizado de la depresión, señalados por expertos en psiquiatría citados por Rosenberg, son el sobrediagnóstico, la medicalización de lo “normal” y las “etiquetas aplicadas sin cuidado” que, una vez introducidas en las bases de datos, resultan imposibles de eliminar.
Otros críticos, escépticos ante la “supuesta” crisis de salud mental de los jóvenes, coinciden en la necesidad de “tener cuidado al ampliar la red de vigilancia psiquiátrica” y abogan por fomentar la resiliencia en lugar de celebrar la vulnerabilidad.
También señalan cómo el “lenguaje del daño y el trauma” puede aprovecharse para “motivos políticos”, incluido su uso para censurar “ideas indeseables”.
El psiquiatra Peter Breggin ha señalado la larga historia de la psiquiatría como “instrumento de control psicológico, social y político”:
“El diagnóstico generalizado contemporáneo de los niños es una forma más sutil de control social que reprime a los niños en lugar de proporcionarles lo que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas en el hogar, la escuela y la familia. En lugar de reformar nuestro sistema educativo y mejorar la vida familiar, drogamos a nuestros hijos para que sean más dóciles.”
Sin embargo, la salud mental es lucrativa. Por ejemplo, en septiembre, la AAP obtuvo la friolera de 2 millones de dólares de la rama de salud mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. para desarrollar recursos centrados en “medios sociales y bienestar mental”.
Y en octubre, la AAP se unió a más de 100 organizaciones para escribir a la administración Biden para instar a una “Declaración de Emergencia Nacional en la salud mental de los niños“, sin duda con la esperanza de que se envíen más millones para hacer frente a la “emergencia”.
En julio, Szilagyi y sus coautores sentaron algunas de las bases conceptuales de una redada de salud mental en un artículo publicado en la influyente revista “Health Affairs”, titulado “Combatir una crisis integrando los servicios de salud mental y la atención primaria” (“Combating A Crisis By Integrating Mental Health Services And Primary Care“).
Envolviendo sus argumentos en el barniz de la “atención integral a la persona”, los autores abogaron por una mayor integración de la “salud conductual” en la atención primaria, alegando que hasta la mitad de los “trastornos de salud conductual comienzan a los 14 años”.
Al describir los obstáculos a este planteamiento, señalaron la dificultad actual de compartir la información de los pacientes “entre los miembros de un equipo asistencial integrado”, y criticaron las “interpretaciones excesivamente restrictivas de las leyes y normativas federales”.
Quizá por eso, el presidente electo de la AAP para 2023 es un experto en informática sanitaria.
El Dr. Sandy Chung, al igual que Szilagyi, es partidario de la salud mental y la considera un problema “largamente latente” que la pandemia sólo ha contribuido a poner de relieve.
Los currículum vítae y las biografías profesionales de Chung enumeran su trabajo en los ámbitos de la salud mental, los historiales médicos electrónicos, la “integración de datos” y la creación de “un registro nacional de datos sobre salud infantil” como algunos de sus principales logros, lo que sugiere que está a favor del tipo de seguimiento y vigilancia generalizados de la salud mental que pone los pelos de punta a otros expertos en salud infantil.
Puestos vacantes y pediatras insatisfechos
Un artículo publicado en junio de 2021 en la revista Pediatrics de la propia AAP esbozaba un panorama un tanto desolador para la profesión pediátrica, señalando, irónicamente, grandes vacantes en “pediatría del desarrollo y del comportamiento y psiquiatría infantil y del adolescente”, así como en neurología infantil.
El autor también observó un menor número de solicitantes y un mayor número de puestos de residencia pediátrica sin cubrir, lo que sugiere que “las estrategias para fortalecer el grupo de solicitantes pediátricos deben incluir … la comprensión de los factores que influyen en las decisiones de carrera de los aprendices”.
Aunque una gran proporción de los pediatras que ejercen en la actualidad parecen estar de acuerdo con las posturas de la AAP -la mitad de las consultas de pediatría afirman tener “una medida política de rechazo a las familias que no vacunan a sus hijos”-, aún quedan otros cuya opinión difiere.
De hecho, en un artículo publicado en diciembre de 2020 en Pediatrics, aparentemente publicado para desahogarse un poco, un trío de autores universitarios regañó a la AAP y a sus adherentes por su postura en este tema, señalando: “es un error que los clínicos no aceptan a los que se niegan a vacunarse porque sólo quieren familias conformes” y calificando este enfoque de “excesivamente paternalista e incoherente con la atención centrada en el paciente y la familia”.
Hace una década -citado por el periodista Richard Gale en CounterPunch- el pediatra Ken Stoller describió la “propagandización” demasiado eficaz de los CDC y la AAP sobre el tema del timerosal en las vacunas:
“Ahora tenemos una generación de pediatras (…) que realmente necesitan ser desprogramados para comprender cuál es la verdadera naturaleza de todos los problemas neuroconductuales a los que se enfrentan sin comprender la etiología ni las posibles intervenciones.”
Desgraciadamente, tendencias ominosas como la reciente legislación de California para retirar la licencia a los médicos que no sigan la línea del partido, y cazas de brujas similares contra médicos de pensamiento independiente en otros estados, no auguran nada bueno para la futura independencia médica.
Ni los niños ni sus padres pueden esperar ayuda alguna de la AAP, en deuda no sólo con Big Pharma y las empresas biofarmacéuticas y de “terapia génica” de nueva generación, sino también a Fundaciones orientadas al control de la población como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación David y Lucile Packard, empresas de preparados para lactantes como la deshonrada Abbott Nutrition y el socio de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional AT&T.
La conclusión de Gale de 2012 sigue siendo válida: La AAP “no ha logrado proteger a los niños de su mayor enemigo: el complejo industrial farmacéutico y químico. … [C]uando aborda la prevención de enfermedades que afectan directamente a la industria médica, el historial de la AAP es pésimo”.