Documentos gubernamentales filtrados revelan que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos tienen acceso a un portal especial a través del cual pueden marcar directamente las publicaciones de Facebook e Instagram y solicitar que las publicaciones sean “estranguladas o suprimidas”, el lunes informó “The Intercept”.

Memorandos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), correos electrónicos y documentos públicos describen “un esfuerzo expansivo” por parte del DHS para influir en las plataformas tecnológicas, a pesar de que el gobierno de Biden no puso en marcha a principios de este año una Junta de Gobernanza de la Desinformación.

El 31 de octubre, el “sistema de solicitud de contenidos” en facebook.com/xtakedowns/login seguía activo a pesar del revuelo que se armó a principios de este año, cuando los fiscales generales de 20 estados amenazaron con emprender acciones legales a menos que el gobierno de Biden disolviera inmediatamente la “orwelliana” Junta de Gobernanza de la Desinformación.

El doctor Mark Crispin Miller, profesor de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York, dijo a “The Defender” que la connivencia entre el gobierno de Estados Unidos y las empresas de medios de comunicación para censurar a los ciudadanos estadounidenses no es nada nuevo, pero se ha convertido en una “tendencia catastrófica”.

El doctor Michael Rectenwald, autor de “Archipiélago Google: El gulag digital y la simulación de la libertad”, dijo a “The Defender”:

“El reportaje de “The Intercept” valida lo que muchos sabían que estaba llevando a cabo el Departamento de Seguridad Nacional, a pesar del desguace de su Junta de Gobernanza de la Desinformación”.

Rectenwald dijo que la coordinación entre el gobierno y las empresas de medios de comunicación valida su afirmación de que las empresas de medios sociales no son simplemente “empresas privadas”, sino que son “aparatos estatales y unipartidistas” -lo que él ha llamado “gubernamentalidades”- que “aumentan el estado añadiendo precisión, alcance y penetración al poder estatal”.

De hecho, muchas de las personas encargadas de moderar los contenidos en Facebook han sido reclutadas de agencias del gobierno, como la CIA, el FBI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“La impía alianza entre el Estado y estas corporaciones se ha llamado históricamente fascismo”, añadió Rectenwald.

Biden “pausa” una junta ampliamente ridiculizada – al menos públicamente

El 18 de mayo, el gobierno de Biden “puso en pausa” la junta, provocando la dimisión de Nina Jankowicz, que había sido designada para dirigir la iniciativa. Sin embargo, el portal aún activo permite a los funcionarios con una dirección de correo electrónico .gov o de las fuerzas del orden solicitar la censura en nombre de la lucha contra la “desinformación”.

Ni el DHS ni Meta, la empresa matriz de Facebook, han respondido a la solicitud de “The Intercept” para comentar su informe.

Según “The Intercept”, la Junta de Gobernanaza de la Desinformación del DHS fue diseñada inicialmente para vigilar tres formas de discurso que supuestamente amenazan los intereses de Estados Unidos:

  • “”Misinformation”: información falsa difundida involuntariamente.
  • “Disinformation”: información falsa difundida intencionadamente.
  • “Malinformation”: información objetiva compartida, normalmente fuera de contexto, con intención dañina”.

Aunque la junta se redujo y luego se cerró después de ser recibida con un amplio ridículo, otros esfuerzos del DHS están en marcha para monitorear los medios sociales a puerta cerrada, según “The Intercept”.

Un informe de agosto de 2022 de la Oficina del Inspector General del DHS rastreó los esfuerzos del DHS desde 2018 para “contrarrestar la desinformación” – y concluyó que los esfuerzos del DHS no fueron lo suficientemente lejos.

“Aunque los componentes del DHS han trabajado en varias plataformas de medios sociales para contrarrestar la desinformación, el DHS todavía no tiene una estrategia unificada en todo el departamento para contrarrestar eficazmente la desinformación que se origina tanto en fuentes extranjeras como nacionales”, dice el informe.

“Sin una estrategia unificada, el DHS y sus componentes no pueden coordinarse eficazmente, ni interna ni externamente, para contrarrestar las campañas de desinformación que aparecen en los medios sociales”, añadió.

Según una copia del borrador de la Revisión Cuatrienal de Seguridad Nacional del DHS, obtenida por “The Intercept”, el departamento planea centrarse en la “información inexacta” sobre una serie de temas, incluyendo “los orígenes de la pandemia COVID-19 y la eficacia de las vacunas COVID-19, la justicia racial, la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la naturaleza del apoyo estadounidense a Ucrania”.

El proyecto de revisión también pedía que el DHS “aprovechara la tecnología avanzada de análisis de datos y contratara y formara a especialistas cualificados para comprender mejor cómo los actores de las amenazas utilizan las plataformas en línea para introducir y difundir narrativas tóxicas destinadas a inspirar o incitar a la violencia, así como para trabajar con las ONG [non-governmental organizations] y otras partes de la sociedad civil para crear resistencia a los impactos de la información falsa”.

El borrador no incluía una definición concisa de “agentes de la amenaza”, una omisión que Adam Goldstein, vicepresidente de investigación de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, consideró preocupante.

“No importa su filiación política, todos nosotros tenemos buenas razones para estar preocupados por los esfuerzos del gobierno para presionar a las plataformas privadas de medios sociales para que alcancen las decisiones preferidas por el gobierno sobre el contenido que podemos ver en línea”, dijo Goldstein a “The Intercept”.

“Cualquier petición gubernamental a las plataformas de medios sociales para que revisen o eliminen determinados contenidos debe hacerse con extrema transparencia”, añadió.

En junio de 2022, un comité asesor de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) del DHS -que incluía a Vijaya Gadde, jefa de asuntos legales, política pública y confianza de Twitter, y líder de seguridad, y la doctora Kate Starbird, profesora asociada del Departamento de Diseño e Ingeniería Centrados en el Ser Humano de la Universidad de Washington, redactó un informe para el director de la CISA en el que el comité pedía un papel más amplio de la agencia en la configuración del “ecosistema de la información“.

El informe de la comisión pide a la CISA que vigile de cerca “las plataformas de medios sociales de todos los tamaños, los principales medios de comunicación, las noticias por cable, los medios hiperpartidistas, las charlas radiofónicas y otros recursos en línea”.

Pruebas de la censura política del “Estado profundo”, según un experto

Según Rectenwald, el DHS ha estado infringiendo los derechos de la Primera Enmienda de los ciudadanos estadounidenses – “con la cooperación explícita de los medios de comunicación social”- al tiempo que ha aplicado las narrativas y los dictados oficiales del Estado.

“Junto con las empresas de medios sociales, constituyen una Pravda americana”, dijo Rectenwald. El periódico ruso Pravda fue el órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1918 hasta 1991.

“El portal de la puerta trasera del DHS a Facebook e Instagram es una prueba de la censura política del “estado profundo”,” dijo Rectenwald, refiriéndose a una “burocracia permanente que los votantes no eligieron ni pueden cambiar, pero que opera independientemente de la voluntad de los votantes.”

Según las actas de la reunión del CISA y otros documentos anexos a una demanda presentada por el Fiscal General de Missouri Eric Schmitt , en la que se alega que el gobierno estadounidense censuró las opiniones de los científicos que redactaron la“Declaración de Great Barrington”los debates entre los funcionarios de la CISA revelaron la escala y el alcance de la intervención gubernamental en el discurso en línea, y llegaron a cubrir los mecanismos de agilización de las solicitudes de retirada de información falsa o intencionadamente engañosa.

Por ejemplo, un mensaje de texto intercambiado en febrero entre el director de CISA, Jen Easterly, y otro empleado de CISA que ahora trabaja en Microsoft, decía: “Las plataformas tienen que sentirse más cómodas con el gobierno. Es realmente interesante la indecisión que mantienen”.

Y en una reunión de la CISA en marzo, Laura Dehmlow, funcionaria del FBI, dijo que la amenaza de información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno de Estados Unidos.

Las notas de esa reunión -a la que asistieron altos ejecutivos de Twitter y JPMorgan Chase- muestran que Dehmlow subrayó que “necesitamos una infraestructura de medios de comunicación que rinda cuentas”.

Sin embargo, Twitter dijo a “The Intercept” en un comunicado que “no se coordina con otras entidades cuando se toman decisiones de moderación de contenido, y evaluamos independientemente el contenido en línea con las Reglas de Twitter.”

Sin embargo, otros documentos -además de las notas de la reunión de la CISA de marzo- sugieren una coordinación entre el gobierno federal y Twitter en relación con el contenido que permite en su plataforma.

En julio de 2021, Twitter bloqueó la cuenta de Alex Berenson, antiguo reportero de “The New York Times” y autor de 13 novelas, unas horas después de que Biden dijera que las empresas de redes sociales estaban “matando a la gente” al permitir hablar a los escépticos de las vacunas.

Alrededor de un mes después, Twitter baneó permanentemente a Berenson, que también tiene una página de Substack llamada “Unreported Truths“.

En diciembre de 2021, Berenson demandó a Twitter ante un tribunal federal, alegando que la empresa había incumplido su contrato con Berenson porque previamente le había asegurado que no estaba haciendo nada malo según sus normas y que todo lo que había dicho en su plataforma había sido correcto.

Las comunicaciones internas de Twitter obtenidas a través del descubrimiento revelaron que la Casa Blanca se había dirigido específicamente a él en su reunión privada con Twitter.

Las comunicaciones mostraron que miembros de alto rango de la administración de Biden -incluido el asesor principal de la Casa Blanca, Andy Slavitt- presionaron a Twitter para que cancelara permanentemente a Berenson de la plataforma.

“Ahora puedo presentar una demanda directamente contra la Casa Blanca”, dijo Berenson a Robert F. Kennedy, Jr. en un reciente episodio de ““RFK Jr. The Defender Podcast”, “contra la gente que estaba en la Casa Blanca en ese momento, por tratar de restringir mis derechos de libertad de expresión”.

Es posible que se revelen más pruebas de la posible connivencia del gobierno federal con las grandes empresas tecnológicas para censurar a los usuarios, como resultado de una sentencia del tribunal federal del 21 de octubre que ordenó al Dr. Anthony Fauci y a otros altos funcionarios a declarar bajo juramento en las deposiciones de la demanda del Fiscal General Schmitt.

Jenin Younes, una abogada de la Nueva Alianza de Libertades Civiles que participa en la demanda, dijo que tiene ganas de saber hasta dónde llegaron los funcionarios acusados para imponer su “perspectiva” de la COVID-19.

“Por primera vez, el Dr. Fauci y otros siete funcionarios federales responsables de dirigir una empresa de censura ilegal tendrán que responder a preguntas bajo juramento sobre la naturaleza y el alcance de sus comunicaciones con las empresas tecnológicas“, dijo Younes en una declaración a “The Epoch Times”.

“Children’s Health Defense” (CHD) también demandó a Meta, a sus “verificadores de datos independientes” y a Mark Zuckerberg, alegando que trabajaron conjuntamente con el gobierno de Biden para censurar el contenido de las redes sociales de CHD.

‘Es una especie de salvaje oeste ahí fuera’

Como señaló “The Intercept”, la Ley de Privacidad de 1974, creada tras el escándalo Watergate, restringe la capacidad del gobierno para recopilar datos de los estadounidenses cuando ejercen sus derechos de la Primera Enmienda.

Los grupos de defensa de la libertad civil han afirmado que la ley limita la capacidad del DHS y del FBI para vigilar el discurso político de los estadounidenses en las redes sociales, pero la ley tiene exenciones para la información recopilada a efectos de una investigación penal o policial.

Faiza Patel, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, dijo a “The Intercept”: “No hay restricciones legales específicas en el uso de las redes sociales por parte del FBI. Las directrices del fiscal general permiten a los agentes mirar las redes sociales antes de que haya ninguna investigación”.

“Así que es una especie de salvaje oeste ahí fuera”, añadió.

Un funcionario del FBI entrevistado por “The Intercept” lamentó el avance del país hacia la vigilancia sin orden judicial de sus ciudadanos y dijo: “Hombre, ya no sé ni lo que es legal.”

El CISA se jactó de una misión evolucionada para vigilar los debates en las redes sociales

Tras los incidentes de hackeo de alto perfil de las empresas estadounidenses, el Congreso aprobó en 2018 -y el entonces presidente Donald Trump firmó- la Ley de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, que formó una nueva ala del DHS encargada de proteger las infraestructuras nacionales críticas.

“Desde su creación, la CISA se jactó de una ‘misión evolucionada’ para supervisar los debates en las redes sociales mientras ‘dirigía las preocupaciones de desinformación’ a las plataformas del sector privado”, dice el informe de “The Intercept”.

Además, el DHS creó en 2018 -bajo el liderazgo de la entonces secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen- el Grupo de Trabajo de Contrarrestar la Influencia Extranjera para responder a la desinformación electoral.

El grupo de trabajo incluía a miembros de la CISA y de la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS que, juntos, generaron “inteligencia de amenazas” sobre las elecciones y luego notificaron a las plataformas de medios sociales y a las agencias policiales, según “The Intercept”.

En 2019, el DHS creó otra rama más -la rama de influencia e interferencia extranjera- para generar una inteligencia más detallada sobre la desinformación. Ese mismo año, su plantilla aumentó a 15 empleados a tiempo completo y parcial dedicados al análisis de la desinformación.

En 2020, los esfuerzos de desinformación del DHS se ampliaron para incluir a COVID-19, según una evaluación de la amenaza nacional de octubre de 2020.

En enero de 2021, bajo la administración de Biden, la CISA sustituyó el Grupo de Trabajo para Contrarrestar la Influencia Extranjera por el equipo de “Desinformación, información errónea y malinformación” con el fin de “promover una mayor flexibilidad para centrarse en el MDM general”.

La narrativa siempre presente: La censura no sólo está justificada sino que es moralmente necesaria

Crispin Miller rastreó la connivencia gubernamental con las empresas de medios de comunicación que limitan la libertad de expresión desde la década de 1960.

“En los últimos sesenta años, se ha vuelto cada vez más difícil -y últimamente peligroso- contradecir los relatos difundidos por el gobierno y los medios de comunicación, dijo Crispin Miller. “A partir de finales de la década de 1960, aquellos que cuestionaban la historia oficial del asesinato de JFK y otros acontecimientos fundamentales eran en gran medida despreciados como ‘teóricos de la conspiración'”.

“En los últimos 10 años, más o menos, ese ridículo ha dado paso a la condena acalorada, tratando la mera disidencia de esta o aquella historia oficial como (de alguna manera) un peligro existencial para todos nosotros”, dijo Crispin Miller.

Crispin Miller continuó:

“Así, desde hace tres años, se ha tratado como un crimen contra la humanidad el cuestionar cualquiera de las ‘medidas COVID’ impuestas a toda la humanidad por los gobiernos de todo el mundo – especialmente la ‘vacunación’ COVID, que es en sí misma [énfasis en el original] un crimen contra la humanidad, y sin embargo es peligroso decirlo. [original emphasis]

Del mismo modo, ahora se trata como (de alguna manera) un crimen contra la democracia, y una grave amenaza a la “seguridad nacional”, para cuestionar los resultados de una elección, con los llamados “negadores de las elecciones”, como si la incredulidad en el resultado oficial de una carrera presidencial o del Congreso es de alguna manera equivalente a la [original emphasis] negación del Holocausto”.

Glenn Greenwald, periodista, autor y abogado, también señaló que está circulando una narrativa problemática que considera la censura como justificable y moralmente necesaria.

Greenwald, uno de los tres editores que en 2014 cofundaron “The Intercept”, escribió en un post del 28 de octubre en Substack:

“Busque cualquier gobierno o sociedad en la que haya prevalecido la censura, ya sea hoy o a lo largo de la historia. Esta narrativa sobre por qué la censura no sólo está justificada sino que es moralmente necesaria está siempre presente.

“Nadie quiere pensar que es partidario de la censura. Necesitan que se les suministre una historia sobre por qué son algo diferente, o al menos por qué la censura que se les hace apoyar está singularmente justificada.

“Y funciona porque, en el sentido más retorcido posible, apela a la razón. Si uno realmente cree, como lo hacen millones de liberales estadounidenses, que Estados Unidos se enfrenta a dos y sólo dos opciones – (1) elegir a los demócratas y asegurarse de que gobiernan o (2) vivir bajo una dictadura fascista nacionalista blanca – entonces, por supuesto, esas personas creerán que las campañas de desinformación de los medios de comunicación, la censura y otras formas de autoritarismo son necesarias para asegurar que los demócratas ganen y sus oponentes sean vencidos.

“Una vez que se adopta ese razonamiento autoglorioso -nuestros adversarios no se limitan a estar en desacuerdo con nosotros, sino que causan daño con la expresión de sus opiniones [énfasis en el original]-, entonces cuanta más restricción, mejor”. [original emphasis]

“Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora”, añadió Greenwald.