“Free to Fly Canada”, una organización que aboga contra la imposición de vacunas a los pilotos de líneas aéreas y profesionales de la aviación, presentó la semana pasada una demanda colectiva ante un tribunal federal contra el gobierno canadiense y el ministro de Transporte de Canadá.

Los tres demandantes iniciales en la demanda -un piloto, un auxiliar de vuelo y un auxiliar de estación de aeropuerto- fueron suspendidos o despedidos de sus puestos de trabajo después de que se negaran a cumplir con los mandatos de la vacuna COVID-19 del gobierno canadiense para los trabajadores de las aerolíneas y los pasajeros en octubre de 2021.

La demanda formula varias alegaciones, entre ellas infracción de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (“Canadian Charter of Rights and Freedoms”), vulneración del derecho a la intimidad, daños agravados y punitivos e incumplimiento de contrato.

Según “Free to Fly Canada”, la demanda colectiva está abierta a los empleados no vacunados del sector de la aviación que se hayan visto perjudicados por los mandatos.

En un comunicado de prensa, “Free to Fly” afirmó que el gobierno canadiense “indujo a los empresarios a incumplir los acuerdos contractuales de miles de empleados canadienses, violó los derechos garantizados por la Carta e interfirió en una negociación colectiva libre y justa”.

Tras señalar que es el primer caso de este tipo que se presenta en Canadá, “Free to Fly” dijo que los interesados en unirse a la demanda colectiva pueden demostrar su legitimación “mediante el despido, la jubilación anticipada coaccionada o la suspensión”.

“Estas suspensiones eran a menudo denominadas excedencias por los empresarios, pero dado su carácter involuntario no lo eran, por definición”, señaló “Free to Fly”.

Greg Hill, capitán de “Air Canada” suspendido en 2021, es el director de “Free to Fly”. Le dijo a “The Defender”:

“Durante los dos últimos años, “Free to Fly” ha estudiado detenidamente el difícil panorama jurídico canadiense. Esta acción es el producto de ese análisis, y estratégicamente no tiene precedentes.

“La orden provisional de “Transport Canada” indujo la ruptura de acuerdos contractuales y provocó graves perjuicios a muchos trabajadores de la aviación. En nombre de los suspendidos, despedidos y perjudicados de otro modo, esperamos tener la oportunidad de restaurar lo que se ha perdido.”

Los mandatos violan el “derecho a la vida, la libertad y la seguridad”

Según la demanda, el mandato del gobierno canadiense viola los “derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona” de los demandantes y miembros del grupo, así como los derechos a “la igualdad, la libertad de conciencia y la libertad de asociación, contraviniendo los principios de justicia fundamental” previstos en la Carta de Derechos y Libertades.

La demanda proporciona una cronología de los acontecimientos que condujeron al mandato de la vacuna para los empleados de la industria de la aviación, comenzando el 13 de agosto de 2021, cuando los funcionarios del gobierno anunciaron su intención de exigir la vacunación COVID-19 para los empleados en los sectores de transporte aéreo, ferroviario y marítimo regulados por el gobierno federal, y para los viajeros.

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, y la Viceprimera Ministra, Chrystia Freeland, anunciaron el 6 de octubre de 2021 que, a partir del 30 de octubre de 2021, “el Gobierno de Canadá exigiría a los empleadores de los sectores del transporte aéreo, ferroviario y marítimo regulados a nivel federal que establezcan políticas de vacunación para sus empleados.”

Las normativas se aplicarían a “aerolíneas y aeropuertos, y otras organizaciones que tengan empleados que entren en zonas restringidas de los aeropuertos, como trabajadores de concesiones y hostelería”, y a los ferrocarriles y operadores marítimos regulados por el gobierno federal.

Cada organización de estos sectores estaría obligada a desarrollar “una disposición para que los empleados atestigüen/declaren su estado de vacunación”, una “descripción de las consecuencias para los empleados que no cumplan o falsifiquen la información” y “prever un procedimiento para conceder una exención… por contraindicación médica o por sus creencias religiosas sinceras”.

“Como resultado de estas obligaciones… las organizaciones que estaban reguladas federalmente por “Transport Canada “introdujeron normativas de vacunación obligatoria que añadieron un nuevo término y condición fundamental de empleo, hasta entonces inexistente, dentro de los acuerdos contractuales de empleo”, afirma la demanda.

En virtud de estas nuevas condiciones, los empleados que no estuvieran de acuerdo con las normativas o no se adhirieran a ellas eran suspendidos o despedidos, o ambas cosas, a pesar de que “todos ellos tenían contratos libremente negociados, válidos y vinculantes” en los que no se estipulaba la vacunación obligatoria contra la COVID-19 ni la revelación del estado de vacunación contra la COVID-19.

En la demanda se afirma que los demandantes fueron inducidos a revelar información médica privada, fueron puestos en situación de excedencia no retribuida y/o fueron despedidos por sus empleadores porque “o bien se negaron a compartir su estado de vacunación o bien no están vacunados y, por tanto, no se ajustaban a la Orden”.

Hill, que trabajaba para “Air Canada” desde 2006 y alcanzó el rango de capitán, “mantuvo un historial ejemplar e intachable hasta su suspensión en 2021”, según la demanda.

Otra de las tres demandantes iniciales de la querella, Tanya Lewis, residente en Alberta, trabajaba como auxiliar de vuelo para WestJet desde 2011 y “mantuvo un historial ejemplar e intachable hasta su suspensión en 2021 y su despido en 2022”, debido a la normativa de vacunación obligatoria de su propia compañía.

El demandante Brent Warren, residente en Columbia Británica, trabajaba para “Air Canada” como auxiliar de estación en el aeropuerto internacional de Vancouver. Trabajaba para la compañía desde 2005 “y mantuvo un historial ejemplar e intachable hasta su suspensión en 2021”, de nuevo en relación con la política de vacunación de “Air Canada”.

La demanda se refiere a las seis vacunas COVID-19 disponibles en Canadá: Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax), Janssen y Johnson & Johnson (Jcovden), AstraZeneca (Vaxsevria), Medicago (Covifenz) y Novavax (Nuvaxovid).

Para cada una de las seis vacunas, la demanda afirma que los prospectos del producto no incluyen “ninguna información relacionada con la transmisión de COVID-19”. En consecuencia, los demandantes sostienen que el gobierno canadiense no puede afirmar que estas vacunas previenen “la transmisión viral de COVID-19 a otras personas”.

La demanda también argumenta que la Carta de Derechos y Libertades proporciona a los demandantes:

“La libertad de conciencia para elegir ejercer esa libertad y no someterse a un procedimiento médico, como la vacunación, en ausencia de perjuicio para su prójimo”.

Los demandantes afirmaron que se violaron sus derechos al vulnerarse “su seguridad personal, libertad y libertad residual al imponer un procedimiento médico y, como consecuencia de su incumplimiento, penalizar a los demandantes y miembros del grupo con importantes perjuicios económicos y emocionales”.

Según “Free to Fly”, “2.800 profesionales de la aviación canadienses y 40.000 pasajeros” han firmado en apoyo de la organización, que está asociada con “US Freedom Flyers”, una organización de defensa que se opone a los mandatos de vacunación para los empleados de la aviación estadounidense y ha apoyado recursos legales contra tales normativas.