Los fabricantes de la vacuna COVID-19, entre ellos Pfizer, BioNTech y Moderna, presionaron a Twitter y otras plataformas de medios sociales para que establecieran normas de moderación que marcasen lo que supuestamente era “información errónea” relacionada con la COVID-19, según la última entrega de los “archivos de Twitter“.
Publicados el 16 de enero en Twitter y en “The Intercept” por el periodista de investigación Lee Fang, los documentos revelan los esfuerzos de grupos de presión, organizaciones sin ánimo de lucro y el gobierno alemán para influir en las normativas de moderación de contenidos de Twitter con el fin de limitar más agresivamente la supuesta “información errónea” sobre COVID-19.
Los esfuerzos de presión también se centraron en limitar las publicaciones en las redes sociales que instaban a las empresas farmacéuticas a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y terapias COVID-19 para facilitar el desarrollo de equivalentes genéricos de bajo coste, lo que potencialmente habría costado a estas empresas miles de millones de dólares en beneficios.
Al hacer pública esta entrega de los “archivos de Twitter”, Fang señaló que “se le dio cierto acceso a los correos electrónicos de Twitter” y que las búsquedas de estos documentos “las llevó a cabo un abogado de Twitter”, lo que potencialmente limita la información que se puso a su disposición.
Las grandes farmacéuticas “presionaron a las redes sociales para influir en el contenido relacionado con la política de vacunas”.
Según Fang, “la industria farmacéutica presionó a las redes sociales para que dieran forma a los contenidos en torno a la política de vacunas”.
Un ejemplo llegó a través de BIO (Biotechnology Innovation Organization), descrita por Fang como “el grupo de presión de Pfizer y Moderna“. Fang escribió que BIO “financió íntegramente una campaña especial de moderación de contenidos diseñada por un contratista llamado “Public Good Projects” [PGP], que trabajó [con] Twitter para establecer normas de moderación de contenidos en torno a la ‘información errónea’ sobre COVID”.
BIO, con sede en Washington D.C., gestiona sitios web como “COVID Vaccine Facts” y afirma que promueve la “investigación y el desarrollo de productos innovadores de biotecnología sanitaria, agrícola, industrial y medioambiental”.
PGP se describe a sí misma como “una organización sin ánimo de lucro de salud pública especializada en programas de seguimiento de medios de comunicación a gran escala, intervenciones sociales y de cambio de comportamiento e iniciativas intersectoriales” que “está dirigida por expertos en salud pública, marketing, periodismo, medios de comunicación y empresa” que “crean proyectos audaces para la salud”.
El Dr. Joe Smyser, Director General de PGP, realizó anteriormente un estudio posdoctoral en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y unas prácticas en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Otros miembros de la junta de PGP han ocupado anteriormente cargos directivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, “Discovery Channel”, Levi Strauss & Co., Merck, Morgan Stanley, Pepsi-Cola, “Sesame Workshop” (productores de Barrio Sésamo), “The Advertising Council”, TikTok, Tumblr, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, el Ejército de EE.UU. y la Organización Mundial de la Salud.
Entre los “socios recientes” de PGP figuran Google, la Fundación Rockefeller, UNICEF y el Instituto de Salud Mundial de Yale. Como ya informó “The Defender”, la Fundación Rockefeller se asoció con organizaciones sin ánimo de lucro para financiar investigaciones de psicología conductual destinadas a “empujar” (“nudge”) a más personas a vacunarse contra la COVID-19.
Según los formularios fiscales publicados por Fang, BIO financió la campaña de dar un ’empujoncito’ (“nudge”), titulada ‘Más fuerte’ (“Stronger”), con 1,275 millones de dólares. La campaña “Más fuerte” “ayudó a Twitter a crear bots de moderación de contenidos, a seleccionar qué cuentas de salud pública obtenían verificación [y] ayudó a retirar contenidos mediante externalización”, escribió Fang en Twitter.
Fang escribió que PGP “se comunicaba regularmente con Twitter para regular el contenido relacionado con la pandemia” y ayudó a “desarrollar bots para censurar la información errónea sobre la vacuna”. En ocasiones, PGP también “enviaba solicitudes directas a Twitter con listas de cuentas que censurar y verificar”.
La financiación de BIO también ayudó a la campaña ‘Más fuerte’ (“Stronger”) a desarrollar “herramientas para que el público marcase contenidos en Twitter, Instagram y Facebook para su moderación”, según Fang.
Parte de la “correspondencia regular” entre PGP y Twitter “a lo largo de 2021 y 2022” se canalizó hacia Todd O’Boyle, antiguo director ejecutivo de políticas públicas de Twitter. O’Boyle “actuó como punto de contacto con la administración Biden”, informó Fang.
Aunque Fang afirmó que algunos de los tuits en los que se centró la campaña “Más fuerte” eran, en sus palabras, “información errónea verdaderamente desquiciada, como las afirmaciones de que las vacunas incluyen microchips”, muchos otros “estaban más bien una zona gris, como los pasaportes de vacunación [y] mandatos de vacunación” y “normativas que fuerzan a la vacunación“.
En un artículo publicado en “The Intercept”, Fang afirma que uno de los tuits marcados decía:
“Si una persona vacunada y otra no vacunada tienen aproximadamente la misma capacidad de portar, excretar y transmitir el virus, sobre todo en su forma Delta, ¿qué diferencia supone realmente la aplicación de un pasaporte de vacunación para la propagación del virus?”.
Según Fang, esta campaña envió “correos electrónicos regulares directos” a Twitter, “con listas de tuits que desmantelar [sic] y otros para verificar”. Añadió que muchas de estas peticiones “se centraban en @zerohedge, que fue cancelado”.
Una captura de pantalla de un correo electrónico del 24 de febrero de 2022 de PGP a O’Boyle y presumiblemente a otros en Twitter contenía “el informe de información errónea de esta semana” y “nuestra solicitud de verificación de lotes”.
Smyser, en declaraciones facilitadas a Fang, describió la campaña “Más fuerte” (“Stronger”) como un esfuerzo de buena fe para combatir la desinformación, y describió su trabajo como “¿cómo sabe la gente dónde ir a vacunarse? ¿Y cómo animarles a vacunarse?”.
Fang señaló que la campaña “Más fuerte” no se aplicaba a las empresas farmacéuticas, como cuando “exageraron salvajemente los riesgos de crear vacunas genéricas COVID de bajo coste”, otro de los temas de la entrega de “archivos de Twitter” de Fang.
“Las normas sólo se aplicaban a los críticos de la industria”, escribió Fang.
Fang señaló que los esfuerzos de presión por parte de los fabricantes de la vacuna COVID-19 contra la producción de equivalentes genéricos de bajo coste proporcionaron a esas empresas ingentes ingresos, ya que “vieron en la crisis una oportunidad de beneficios sin precedentes“.
Según Fang:
“El asalto, en gran medida exitoso, contra la creación de vacunas genéricas dio lugar a una explosión sin precedentes de beneficios para unos pocos intereses farmacéuticos biofarmacéuticos selectos. Pfizer y BioNTech en 2021 generaron la asombrosa cifra de 37.000 millones de dólares en ingresos solo con su vacuna compartida de ARNm, lo que la convierte en uno de los productos farmacéuticos más lucrativos de todos los tiempos.
“Moderna, que ingresó 17.700 millones de dólares por la venta de vacunas en 2021, anunció recientemente su plan de subir el precio de su vacuna COVID en cerca de un 400%.”
Como parte de estos esfuerzos de presión, BIO se puso en contacto con la recién elegida administración Biden para abogar a favor de sanciones estadounidenses contra “cualquier país que intente violar los derechos de patente y crear medicamentos o vacunas COVID genéricos de bajo coste“.
BioNTech, una empresa farmacéutica alemana que desarrolló conjuntamente una vacuna COVID-19 con Pfizer, “se puso en contacto con Twitter para pedirle que censurara directamente a los usuarios que les tuitearan pidiendo vacunas genéricas de bajo coste”, escribió Fang, quien añadió que esta petición “también fue respaldada por el gobierno alemán“.
Fang compartió una captura de pantalla de un correo electrónico del 13 de diciembre de 2020 de Nina Morschhaeuser, jefa de Política Pública, Gobierno y Filantropía de Twitter Alemania, en el que afirmaba que BioNTech se había puesto en contacto con ella para advertirle de una próxima “campaña dirigida a las empresas farmacéuticas que desarrollan la vacuna COVID-19.”
BioNTech pidió a Twitter que “ocultara” esos tuits durante un periodo de dos días, escribió Fang, y que vigilara esas cuentas, incluidas supuestas “cuentas falsas” que Fang reveló que pertenecían a “personas reales”, entre ellas un “albañil jubilado de 74 años del Reino Unido”.
Un sitio web afiliado a la CDU/CSU, alianza de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Alemania, promocionó las conferencias de Morschhaeuser. La ex canciller alemana Angela Merkel, miembro de la CDU, impuso algunas de las restricciones más estrictas de Europa relacionadas con COVID-19.
Sigue pendiente la publicación de los “archivos Fauci”, mientras la Cámara de Representantes inicia una investigación sobre la injerencia federal
Aunque, en un tuit del 2 de enero, el propietario y consejero delegado de Twitter, Elon Musk, dijo que la publicación de los “archivos Fauci”, como parte de la divulgación en curso de los “archivos de Twitter”, llegaría “a finales de esta semana”, en el momento de redactar este artículo aún no se habían hecho públicos.
En respuesta a Musk en una aparición el 8 de enero en “The Takeout” de la CBS, el Dr. Anthony Fauci dijo: “No tengo ni idea de sobre qué está hablando [Musk]. Hay mucha información errónea, teorías de la conspiración y desinformación. No tengo nada que decirle. No entiendo lo que está haciendo. Es lamentable”.
Otros “archivos de Twitter” publicados la semana pasada fueron más peticiones de censura del representante Adam Schiff (demócrata de California), incluida una petición de retirada de un vídeo parodia de Joe Biden retuiteado por el entonces presidente Donald Trump, y “Mentiras del Rusiagate“, revelando presiones en Twitter de destacados cargos del Partido Demócrata para relacionar tuits bajo el hashtag “#ReleaseTheMemo”, con “bots rusos”.”
El 10 de enero, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó por 221 votos a favor y 211 en contra la creación de un nuevo “Comité Selecto sobre cómo el Gobierno Federal se ha convertido en un arma”, en respuesta, en parte, a otras publicaciones anteriores de “archivos de Twitter” que revelaban presiones sobre Twitter por parte de agencias federales para censurar o desclasificar a usuarios concretos de la plataforma.
El representante Jim Jordan (republicano de Ohio), que dirigirá el comité, declaró el 8 de enero a “Fox News Sunday“:
Tenemos el deber de entrar en estas agencias y ver cómo han sido convertidas en armas para ir en contra de las mismas personas a las que se supone que representan, ver cómo han infringido las libertades de la Primera Enmienda del pueblo estadounidense”. Y vamos a hacerlo.
“Vamos a hacerlo de forma coherente con la Constitución. Pero vamos a hacerlo enérgicamente. Vamos a hacerlo agresivamente. Porque ése es nuestro trabajo”.
Aparte de los “archivos de Twitter”, “Revolver News” reveló, el 6 de enero, detalles sobre una “mini-red” de falsos “médicos” creada a principios de la pandemia para “avivar el miedo sobre COVID-19” alegando que habían perdido a seres queridos debido a COVID-19.