A finales de octubre y principios de noviembre, miembros de dos comités que asesoran a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés) y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”, CDC por sus siglas en inglés), con importantes intereses, aprobaron sin pensárselo dos veces las experimentales vacunas COVID para niños de hasta 5 años.

Ignorando la tasa de supervivencia del 99,995% de COVID para los menores de 17 años, los 31 “expertos”, serviles a la industria farmacéutica, parecían no estar preocupados por la gran cantidad de datos condenatorios relacionados con las vacunas contra el COVID, señalando las discapacidades y los incidentes fatales que ya se están produciendo en el grupo de edad de 12 a 17 años, tragedias innecesarias que se estaban admitiendo en ese mismo instante en una mesa redonda convocada por el senador estadounidense Ron Johnson (republicano de Wisconsin).

Como era de esperar, los datos sobre los efectos adversos y los testimonios urgentes de los profesionales sanitarios de primera línea empezaron a llegar casi inmediatamente después de que la FDA y los CDC dieran su visto bueno, con información de que los niños de 5 a 11 años experimentan el mismo tipo de “aterradoras” reacciones a la vacuna que los adolescentes, incluidos coágulos sanguíneos, derrames cerebrales y otros problemas cardiacos que antes eran casi inauditos entre los jóvenes.

En el período previo a la autorización de uso de emergencia de la FDA para las inyecciones experimentales de COVID para los niños más pequeños, los políticos estatales y los distritos escolares municipales también comenzaron a engrasar los patines para crear mandatos que obligaran a ponerse las inyecciones de COVID para poder asistir a la escuela en persona.

Hasta la fecha, el número de estados y sistemas escolares que anuncian o adoptan planes coercitivos, ya sea para los alumnos de preescolar a secundaria o para los alumnos de 12 o 16 años en adelante, es todavía pequeño. Sin embargo, el peso simbólico de los “primeros en adoptar” las medidas (“early adopters”) es significativo.

Entre ellos se encuentran estados como California y Luisiana (y pronto Nueva York); grandes ciudades como Washington, D.C. (y probablemente la ciudad de Nueva York); y grandes distritos escolares como los de Oakland, California, y Los Ángeles.

Además, los distritos escolares de Nueva York y Washington, D.C., y algunos o todos los distritos de California, Hawái y Maryland, exigen que los estudiantes que participan en deportes y otras actividades extracurriculares se pinchen.

En lo que parece una buena noticia, la Academia Nacional para políticas estatales de salud (“National Academy for State Health Policy”, NASHP por sus siglas en inglés) ha confirmado que 17 estados -Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Montana, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Utah- han promulgado leyes o emitido órdenes ejecutivas que prohíben la creación de mandatos que obliguen a vacunar contra COVID-19 a los estudiantes.

Sin embargo, la mayoría de las prohibiciones se limitan a determinadas circunstancias, algunas de ellas sólo se aplican a la enseñanza superior y otras sólo a las vacunas autorizadas en régimen de urgencia, lo que significa que la prohibición no se aplicaría a las vacunas COVID que en el futuro obtengan la plena aprobación de la FDA para los niños.

La más peligrosa de todas

Durante décadas, las vacunas han causado estragos en la salud de los niños. Por ejemplo, considere lo siguiente:

Así pues, cuando los observadores que conocen los datos de las inyecciones de COVID las declaran “las vacunas más peligrosas de la historia de la humanidad“, ya es mucho decir.

El Dr. Joseph Mercola advirtió que las inyecciones de COVID están preparando a los niños para “problemas de salud potencialmente de por vida”, incluyendo graves problemas cardíacos derivados de la miocarditis. Como escribió a principios de enero:

“[E]l reciente impulso para inyectar a los niños un experimento genético puede ser una de las peores ofensas a la salud pública perpetradas sobre una población que no puede hablar por sí misma, no tiene voz legal y depende de los adultos para protegerse”.

California “lidera”

California ha pasado la última media docena de años eliminando sistemáticamente las exenciones de vacunas por creencias personales y destruyendo las exenciones médicas.

No contento con esos asaltos a la libertad sanitaria, el gobernador Gavin Newsom anunció a principios de octubre – aparentemente leyendo con semanas de antelación las mentes de los miembros del comité de la FDA y los CDC que posteriormente aprobaron las vacunas COVID para los niños de 5 a 11 años – que su estado impondría un mandato desde preescolar hasta la escuela secundaria en las escuelas tanto públicas como privadas, convirtiendo a California en el primer estado en exigir las vacunas COVID-19 para la asistencia a la escuela en persona.

El mandato depende de que las vacunas “reciban la plena autorización de la FDA para los niños”, lo que el Estado espera que ocurra en julio de 2022.

Tratando de normalizar su mandato COVID, Newsom lo comparó con los requisitos escolares existentes para la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubeola (la triple vírica, MMR por sus siglas en inglés).

Sin embargo, a la luz de la fuerte y estadísticamente significativa relación entre las vacunas MMR y el autismo -y dada la condición de California como el estado con mayor prevalencia de autismo- la comparación de Newsom es escasamente tranquilizadora.

Luisiana ignora

A mediados de diciembre, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, añadió las vacunas COVID a la lista de vacunas escolares obligatorias, anulando un voto bipartidista en contra de dicho mandato por parte de la Comisión de Salud y Bienestar del estado.

El impulso para el mandato se originó en el Departamento de Salud de Luisiana. La Comisión de Sanidad de la Cámara de Representantes votó entonces por 13 a 2 para rechazar la recomendación del departamento, afirmando que la vacunación contra el COVID “debería ser decisión de los padres”, una opinión de sentido común compartida por legisladores y padres de todo el país.

Sin embargo, el gobernador vetó la votación de la comisión – y los deseos de los ciudadanos que abarrotaron la reunión de la comisión para protestar contra los mandatos – calificando sus objeciones de “retórica exagerada”.

El gobernador de Luisiana y los funcionarios de sanidad también ignoraron las observaciones realizadas en la audiencia del comité de sanidad por la experimentada enfermera de Luisiana Collette Martin, R.N. Martin aportó su testimonio sobre las reacciones adversas graves en los niños y la generalizada falta de notificación de los casos. Ella dijo a la comisión:

“No sólo estamos viendo reacciones agudas graves con esta vacuna, sino que no tenemos ni idea de las reacciones a largo plazo. Cánceres, [trastornos] autoinmes , infertilidad.[disorders] Simplemente no lo sabemos”.

El mandato de Luisiana, que entra en vigor en otoño de 2022, se aplica actualmente sólo a los estudiantes de 16 años en adelante, “pero podría ampliarse a medida que las vacunas obtengan el máximo nivel de aprobación” de la FDA.

Los distritos escolares (intentan) imponer

A principios de enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que las decisiones sobre los mandatos de vacunación en las escuelas “dependen de los distritos escolares locales“.

Sin embargo, el Departamento de Educación de EE.UU. ha estado trabajando con los distritos escolares, dijo Psaki, “para proporcionar recursos, poner en contacto a los funcionarios escolares con los proveedores de pruebas y establecer clínicas de vacunación….”

El pasado mes de septiembre, el secretario de sanidad de Maryland hizo comentarios similares, diciendo a la prensa que el estado prefiere “no ser intencionadamente autoritario” o “intervencionista” y que, en cambio, anima a los sistemas escolares “a tomar la iniciativa en sus jurisdicciones individuales.”

En California, los miembros de los consejos escolares de varios grandes distritos escolares se mostraron, ya en septiembre, dispuestos a “tomar la delantera” en la imposición de mandatos para la enseñanza presencial.

Sin embargo, los planes de los consejos escolares de Los Ángeles (el segundo distrito escolar más grande del país), Oakland y San Diego se han visto socavados por el gran número de alumnos no vacunados y otros escollos aparentemente imprevistos.

El distrito escolar de Los Ángeles, por ejemplo, retrasó su plazo inicial del 10 de enero hasta el otoño de 2022, porque decenas de miles de estudiantes sin inyectar habrían “abrumado el programa de estudio independiente del distrito.”

Los estudiantes de Los Ángeles a partir de los 12 años de edad deben subir su prueba de vacunación a un sistema de “pase diario” (“Daily Pass”). El distrito de Los Ángeles ya obliga a los alumnos a someterse a pruebas semanales (independientemente del estado de vacunación) y los somete a otras medidas como “controles sanitarios diarios”, uso de mascarillas, así como localización de contactos y aislamiento de los casos.

Tres de cada diez alumnos no se presentaron el primer día de clase tras las vacaciones de invierno, “por haber dado positivo en el coronavirus”.

El distrito escolar de Oakland no aplicará su mandato hasta el 31 de enero, un mes más tarde de lo previsto inicialmente. Cuando el consejo escolar votó (5-1-1) a favor de la obligatoriedad de las vacunas COVID para la enseñanza presencial de los alumnos a partir de los 12 años, aparentemente no contaba con que casi dos quintas partes de los alumnos de ese grupo de edad (38%) seguían sin vacunarse.

Al emitir el único voto en contra, el miembro del consejo escolar de Oakland Mike Hutchinson declaró: “No creo que debamos implementar medidas a medianoche en una reunión no muy publicitada, hablando de la vacunación obligatoria cuando no hay nada malo en tomarnos nuestro debido tiempo para deliberar y asegurarnos de que lo hacemos bien”.

En diciembre, sin embargo, Hutchinson indicó que se sentiría cómodo aplazando el mandato a nivel estatal.

A finales de diciembre, en San Diego, un juez anuló el mandato de la vacuna COVID del distrito escolar para los estudiantes mayores de 16 años, argumentando que la legislatura estatal no ha dado a los distritos escolares individuales la autoridad para crear mandatos de vacunación para asistir a la escuela.

Sin timidez

Una pediatra de Oakland que incitó al consejo escolar de su ciudad a votar a favor de los mandatos del COVID argumentó el pasado otoño: “No es momento para la timidez”.

Sin embargo, a medida que se acumulan las pruebas sobre los riesgos desmesurados de las inyecciones para los niños, parece cada vez más claro que una serie de supuestos funcionarios públicos no tienen ningún problema de timidez, ya que se han mostrado perfectamente dispuestos a dañar -y matar- a los niños.

Para el ex ejecutivo de Pfizer, el Dr. Mike Yeadon, que lleva meses argumentando que las inyecciones de COVID “son tóxicas desde su diseño” y “siempre iban a dañar a la gente”, parece evidente que “se están cometiendo actos criminales”.

Ahora es el momento de oponerse a la criminalidad y la coacción -incluyendo los mandatos de vacunación COVID y los “pasaportes de vacunas“- sea cual sea la forma en que podamos hacerlo. Tanto la vida de nuestros hijos como nuestras propias vidas dependen de ello.