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Pidiendo al tribunal que “imagine un escenario en el que altos funcionarios de la Casa Blanca se ponen en contacto con editores de libros” para poner en marcha “un programa de quema de libros”, el Procurador General de Misuri, D. John Sauer, inició el jueves los argumentos de los demandantes en un caso histórico sobre la censura en el que se alega que funcionarios del Gobierno de EE.UU. actuaron en connivencia con las redes sociales para censurar contenidos.
La vista del jueves ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. en Nueva Orleans, en Misuri y otros contra Biden y otros se refería a una suspensión temporal emitida por el 5º Circuito el 14 de julio – 10 días después de que el Juez Terry Doughty del Tribunal de Distrito de EE.UU. para la División de Monroe del Distrito Oeste de Luisiana emitiera una orden judicial que prohíbe a las agencias federales y a varios funcionarios de la administración Biden la mayoría de las comunicaciones con las plataformas de medios sociales.
La demanda, presentada originalmente en mayo de 2022 por los fiscales generales de Misuri y Luisiana y varios demandantes particulares, alega que las plataformas de redes sociales censuraron opiniones contrarias a la versión oficial del gobierno.
“Children’s Health Defense” (CHD) también solicitó una medida cautelar en un caso similar: Kennedy y otros contra Biden y otros – presentada contra funcionarios de la Casa Blanca.
El mes pasado el juez Doughty consolidó el caso de CHD, una demanda colectiva, “a todos los efectos”, incluido el descubrimiento de pruebas.
El panel de tres jueces – los jueces Edith Brown Clement, Jennifer Walker Elrod y Don R. Willett – presidió los procedimientos del jueves.
Kim Mack Rosenberg, abogada general en funciones de CHD, que asistió a la audiencia, la describió como “emocionante”.
“No sólo hacía calor fuera, con temperaturas de más de 100 grados (cerca de 38ºC), sino que el panel también estaba ‘caliente’, lanzando activamente preguntas a los abogados de ambas partes”, dijo Rosenberg a “The Defender”.
Los argumentos se centraron en la medida en que el gobierno federal coaccionó a las plataformas de medios sociales para que eliminaran contenidos que contradecían las narrativas oficiales de la normativa COVID-19 del gobierno, la medida en que la orden judicial del 4 de julio era “vaga” o “excesivamente amplia” y cuestiones relativas a la legitimación de los dos demandantes estatales, Misuri y Luisiana.
El caso de censura Misuri contra Biden ha llegado hoy a los tribunales. La administración Biden argumentó:
➡️La pandemia de covid le da derecho a violar la Primera Enmienda &
➡️Tiene derecho a censurar incluso el discurso verdadero si critica sus posiciones.
Autoritario con uñas y dientes. https://t.co/na6ZaN2dWJ– Jay Bhattacharya (@DrJBhattacharya) 11 de agosto de 2023
Los jueces no dictaron sentencia el jueves. “Aunque no anunciaron un plazo para tomar una decisión, la sensación general era que sería pronto”, dijo Rosenberg a “The Defender”.
El abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (“Department of Justice”, DOJ por sus siglas en inglés), Daniel Bentele Hahs Tenny, pidió al tribunal que, en caso de levantar la suspensión, aplazara la aplicación de la medida cautelar durante 10 días para que el fiscal general pudiera decidir si recurría ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo Rosenberg.
Tras los alegatos orales, el Fiscal General de Misuri, Andrew Bailey, emitió un comunicado en el que afirmaba que Tenny “insinuaba seriamente que el COVID provocó que cambiaran muchas cosas en el mundo y que, por tanto, la censura gubernamental es permisible”.
“El argumento oral de hoy en el caso Misuri contra Biden ha demostrado lo que hemos sabido todo el tiempo: la administración Biden ha coaccionado y se ha confabulado de forma descarada e implacable con las plataformas de medios sociales para censurar la libertad de expresión”, añadió.
Los republicanos del Subcomité Selecto sobre la Utilización como un Arma del Gobierno Federal del Poder Judicial de la Cámara de Representantes presentaron el lunes un amicus curiae en apoyo de los demandantes, informó “Fox News”. El escrito se refería al discurso coaccionado por el gobierno en relación con “COVID … tráfico de influencias de la Familia Biden” y “elecciones”.
La petición que hizo la Casa Blanca de “retirar a esta gente”, es comparada con la “quema de libros”
Según Rosenberg, Sauer proporcionó la mayor parte del argumento de los demandantes el jueves. Su alegato inicial pidiendo al tribunal que considere la metáfora de la quema de libros se recoge en el siguiente clip de audio de tres minutos:
Escucha este FANTÁSTICO extracto de la vista del Estado de Misuri contra Biden, el GRAN caso de censura (aparte del mío 😉 ). h/t @hamill_law – I added the captions. pic.twitter.com/zWuV9xql9Y
– Justin Hart (@justin_hart) 11 de agosto de 2023
El escenario hipotético planteado por Sauer contenía claras referencias a las alegaciones formuladas en la demanda Misuri y otros contra Biden y otros según las cuales funcionarios de la Casa Blanca dijeron a las plataformas de medios sociales que podrían enfrentarse a una legislación antimonopolio y a la derogación de disposiciones legales favorables si no eliminaban la “información errónea” sobre COVID-19.
Sauer también aludió a “La Docena de la Desinformación“, una lista recopilada por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (“Center for Countering Digital Hate”), que incluía al fundador de CHD y presidente en excedencia Robert F. Kennedy Jr. y a otros que cuestionaban las narrativas COVID-19 del establishment.
La lista fue utilizada por la Casa Blanca para presionar a Twitter (ahora X), antes de la compra de Twitter por Elon Musk, para que censurara a esas personas.
Describiendo este hipotético escenario, Sauer dijo al tribunal: “Por ejemplo, una vez dijeron: ‘Aquí hay 12 autores que queremos que saques de las estanterías y quemes. Estos son los realmente malos. Ustedes tienen que quemar estos libros’. Y los libreros probablemente dijeron: ‘no queremos hacerlo'”.
Continuó Sauer:
“Dos días después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca estaba en el podio y dijo: ‘Estos libreros necesitan quemar más libros, y el presidente apoya un sólido programa antimonopolio para ir tras ellos’. … Y más tarde empezaron a enviar correos electrónicos con amenazas implícitas.
“Y de repente, a mediados de julio de 2021, hay un puñetazo público 1-2-3 en el que el secretario de prensa de la Casa Blanca y el Director General de Salud Pública se subieron al podio y dijeron: ‘Estos libros son veneno y vamos a pedirles cuentas a ustedes’. …
“Y unos días después, la secretaria de comunicación de la Casa Blanca también sale a la luz pública y dice: ‘Estamos estudiando responsabilidades legales contra ustedes porque no han quemado suficientes libros, y estamos estudiando derogar una ley que le da a Uds. una enorme subvención de miles de millones de dólares, si no queman más libros'”.
“Supongamos que todos los libreros deciden que el esfuerzo no merece la pena y empiezan a obedecerles”, dice Sauer. “Eso es exactamente lo que se ve aquí en el registro en julio de 2021”.
“De repente, después de esas amenazas públicas combinadas con la campaña de presión privada. … Las plataformas se rinden y, a partir de ese momento, se muestran básicamente de acuerdo con lo que la Casa Blanca y el Director General de Salud Pública exigen sobre esas cuestiones concretas”, añadió.
Sauer se refirió a los ejemplos del ex periodista de “The New York Times”, Alex Berenson, la ex personalidad de “Fox News”, Tucker Carlson y Kennedy “que fue expulsado de Instagram”, para apoyar su argumento.
“La Casa Blanca está diciendo en privado: ‘retirad a esa gente’,” argumentó Sauer, afirmando que las plataformas de medios sociales estaban “bajo lo que el tribunal de distrito describió acertadamente como una presión implacable de la oficina más poderosa del mundo”.
Sauer describió esta situación como “una persecución de oradores concretos, contenidos concretos y puntos de vista concretos que ha sido tan generalizada y tan eficaz” y que ha “transformado fundamentalmente el discurso en línea sobre cuestiones de una trascendencia social y política absolutamente abrumadora”.
¿La coacción fue explícita o implícita?
En un momento dado, el jueves, el juez Willett pidió a Tenny que respondiera a si el Gobierno estaba “intimidando” a las plataformas de medios sociales con “amenazas veladas” como “es una plataforma de medios sociales muy bonita la que tienes ahí. Sería una pena que le pasara algo”.
Y el juez Elrod comparó los “correos electrónicos iracundos” enviados por la Casa Blanca a las plataformas de medios sociales con una “relación de trabajo muy estrecha” entre ambos, similar a la de “un supervisor que se queja de un trabajador.”
“Es como ‘salta’ y ‘¿a qué altura?’,” dijo.
Hubo “amenazas explícitas” de la Casa Blanca que “fueron recibidas como amenazas por las plataformas” y ante las cuales “las plataformas actuaron en consecuencia”, dijo Sauer, reafirmando la caracterización de Willett.
Sauer también señaló el momento en que ocurrían las comunicaciones del Gobierno con los medios sociales.
“Lo que el tribunal de distrito citó en este caso es el momento”, dijo Sauer, refiriéndose a la sentencia del juez Doughty. “Cuando los federales les presionan para que retiren estas cosas, es cuando se retiran esas publicaciones”.
Tenny argumentó que las empresas de medios sociales eran las que “tomaban las decisiones sobre qué incluir en sus plataformas y qué algoritmos utilizar para que algunas publicaciones fueran más destacadas y otras menos”, alegando que “básicamente no hay pruebas en el expediente de que esta decisión fuera coaccionada por nadie.”
En cambio, Tenny afirmó que las plataformas de medios sociales “decidieron que querían, en algunas circunstancias, que esas decisiones estuvieran basadas en las opiniones de expertos gubernamentales sobre lo que era verdad o mentira o lo que era perjudicial o no”, pero eso “no significa que estuvieran entregando las riendas al gobierno”.
Tenny admitió, sin embargo, que “quizá a veces el Gobierno se equivoca”.
En declaraciones compartidas con CHD.TV tras la vista del jueves, la abogada de Luisiana, Shelly Maturin, que trabaja con CHD en casos legales, dijo: “Fue muy interesante la forma en que los jueces se centraron en la coacción y en lo que significaba coacción, y si era o no implícita o explícita”.
Maturin dijo que tal coacción, aunque sea implícita, tiene más peso cuando proviene del gobierno, en comparación con un actor privado.
“Nosotros, [los ciudadanos], no tenemos la misma fuerza y efecto que el gobierno federal”, dijo. “Literalmente tienen armas y te meten en la cárcel y otras cosas que ciertamente serían intimidatorias para el ciudadano normal, si no obedeces a sus requerimientos”.
Palabras como “presionar, inducir, animar o instar” tienen significados “muy sencillos”.
Según Rosenberg, “[Tenny] intentó argumentar que el mandato judicial era vago y excesivamente amplio, alegando que la coacción o actividad similar estaba definida de forma muy estricta y que las excepciones al mandato judicial esculpidas por el juez Doughty eran confusas.”
Sauer, en respuesta, dijo que términos como “presionar, inducir, alentar o instar” tienen significados “muy sencillos” y se encuentran en sentencias “fundacionales” del Tribunal Supremo sobre la acción del Estado.
Aunque Tenny argumentó que las plataformas de medios sociales son las únicas que deciden qué contenido eliminar, Sauer dijo que decisiones anteriores del Tribunal Supremo han determinado que “incluso si la amenaza resulta ser vacía o ellos [los responsables privados] lo hubieran hecho de todos modos … eso sigue siendo una violación de la Primera Enmienda”.
Durante la vista también se plantearon cuestiones de legitimación, en concreto, argumentos sobre si Misuri y Luisiana tienen legitimación como demandantes en el pleito.
Tenny argumentó que los dos estados no han manifestado ninguna intención de hacer estas o cualesquiera otras publicaciones similares [en las redes sociales] en el futuro. Tendrían que demostrar, para tener legitimación, que tienen un perjuicio futuro, un perjuicio continuo atribuible a la conducta del gobierno”.
En respuesta, Sauer dijo: “Hace dos semanas, di una charla sobre este caso en concreto para la NCLA [siglas en inglés de la Alianza de Nuevas Libertades Civiles, “New Civil Liberties Alliance“] criticando la censura del gobierno federal. YouTube la retiró al día siguiente. Me censuraron como abogado. … No me digan que Luisiana no se enfrenta a continuos daños por la censura”.
Rosenberg declaró a “The Defender” que “Sauer explicó ingeniosamente -con cuatro argumentos distintos- cómo los demandantes estatales tenían legitimación y señaló que incluso él había sido censurado en las redes sociales sólo unas semanas antes”.
Los argumentos incluían: censura directa del contenido que los funcionarios del estado han publicado en las redes sociales, censura de los mensajes de los electores sobre “grandes temas de nuestro tiempo” que el estado tiene un “interés soberano en conocer”, “interferencia en nuestra capacidad de tener un proceso justo e imparcial para que nuestro pueblo se organice y presente peticiones al gobierno por agravios” y un “interés cuasi soberano contra el gobierno federal”.
Josh Divine, procurador general de Misuri, añadió que “las acciones del gobierno federal han perjudicado la capacidad de los estados para operar como soberanos”, citando ejemplos en los que las plataformas de medios sociales censuran reuniones locales y de condados debido a las declaraciones que los ciudadanos hacen en dichas reuniones.
Maturin señaló que las pocas preguntas formuladas por los jueces en relación con la legitimación probablemente indican “su estado de ánimo, en el que no creo que piensen que la legitimación vaya a ser un problema”.
Rosenberg dijo a “The Defender” que los estados “tienen un interés soberano en poder escuchar lo que dicen sus electores y luego tener… la posibilidad de hacer reparaciones”.
Los seguidores en las redes sociales de RFK Jr. y Tucker Carlson sufrieron daños por la Primera Enmienda
“No hemos cuestionado lo que las plataformas son capaces de hacer de forma independiente”, añadió Sauer. “Nuestro argumento es, cuando las plataformas toman decisiones, tienen que estar libres de la bota de la presión federal y la coacción federal que vemos se remonta a 2017 en este caso.”
“El Tribunal Supremo reconoce desde hace tiempo lo que James Madison dijo en el Federalista nº 56… el gobierno no puede funcionar a menos que los individuos puedan hablar libremente en la plaza pública”, argumentó Divine. “No importa si es en Twitter, en TikTok o en cualquier otro sitio. Todo esto forma parte de la plaza pública”.
Divine también se refirió a una decisión del Tribunal Supremo, ‘Virginia State Pharmacy Board’ contra ‘Virginia Citizens Consumer Council’ (1976), que “reconoce expresamente … este derecho de la Primera Enmienda a escuchar, a recibir información”, y añadió que “el público objetivo es cualquiera que en las redes sociales quiera seguir esto”.
Entre los ejemplos citados por Sauer sobre cómo se vieron afectados los usuarios ordinarios de las plataformas de medios sociales figuran la censura de Carlson y Kennedy.
“Los tres millones de personas que siguen a [Carlson] sufrieron una lesión de la Primera Enmienda porque el derecho a escuchar es tan fundamental como el derecho a hablar”, dijo Sauer. “Cuando Robert F. Kennedy Jr. es expulsado de Instagram por la exigencia de [la anterior secretaria de prensa de la Casa Blanca] Jennifer Psaki … están igual de perjudicados por la Primera Enmienda”.
Ambas partes también se refirieron a la Declaración de Great Barrington, con el abogado del DOJ argumentando que la Casa Blanca pidió que “se desmontaran sus premisas”, pero no que se retirase la declaración en sí, y Sauer replicó que había “pruebas explícitas” que mostraban que el gobierno trató de “silenciar y ahogar” tal discurso.
Escuche la audiencia aquí:
En ocasiones, “The Defender” publica contenidos relacionados con la misión sin ánimo de lucro de “Children’s Health Defense” que incluyen las opiniones del Sr. Kennedy sobre los temas que CHD y “The Defender” cubren regularmente. De acuerdo con las normas de la Comisión Electoral Federal, este contenido no representa un respaldo al Sr. Kennedy que está de baja en CHD y aspira a la candidatura demócrata a la presidencia de los EE.UU.