El gigante farmacéutico Pfizer concedió en 2021 numerosas subvenciones a asociaciones médicas, grupos de consumidores y organizaciones de defensa de los derechos civiles con el fin de crear la apariencia de un apoyo generalizado a la obligatoriedad de la vacuna COVID-19, según informó Lee Fang, periodista de investigación.

A medida que los mandatos de vacunación se extendían en 2021, Pfizer se mantuvo en silencio sobre la cuestión de los mandatos, pero los grupos de salud pública, los grupos de defensa de los pacientes, las asociaciones de médicos, los grupos comunitarios y otros, junto con la administración Biden, abogaron activamente por los mandatos de vacunación como una medida clave para proteger la salud pública.

Nuevas revelaciones de Pfizer, publicadas por Fang en su Substack, muestran que muchos de estos mismos grupos recibían dinero de Pfizer mientras promovían la idea de que las vacunas de ARNm contra la COVID-19 eran “seguras y eficaces“, a pesar de la falta de datos científicos que respaldaran esas afirmaciones.

Grupos destacados en la extensa lista de los que recibieron financiación de Pfizer mientras promovían los mandatos figuran la Liga Urbana de Chicago, la Academia Americana de Pediatría (AAP), la Liga Nacional de Consumidores, The Immunization Partnership, la Asociación Americana de Farmacéuticos, el Colegio Americano de Medicina Preventiva, la Academia de Farmacia de Atención Gestionada, la Sociedad Americana de Patología Clínica y el Colegio Americano de Médicos de Urgencias.

Muchos grupos no revelaron sus vínculos con Pfizer.

“[Estos grupos] determinan la naturaleza del debate”, dijo Fang al cómico y comentarista político Russell Brand en un reciente episodio de “Stay Free”. “Aparecen en los medios de comunicación, crean eventos y crean un discurso que parece auténtico, que parece orgánico, pero que beneficia a la cuenta de resultados de sus benefactores, de empresas como Pfizer”.

Fang dijo que muchas de estas organizaciones, en particular las organizaciones de derechos civiles como la Liga Urbana de Chicago o la Liga Nacional de Consumidores – que de hecho tiene un lobista de Pfizer en su junta – tienen una poderosa influencia precisamente debido a su estatus independiente.

Cuando estos grupos se manifiestan, dice Fang:

“Afecta al modo en que los reguladores ven estas cuestiones y al modo en que el público las ve. Cuando ven a estos grupos de terceros que tienen cierta credibilidad, se trata de organizaciones famosas que son conocidas por defender el interés público.

“Cuando dicen ‘oye, estos mandatos son una buena idea para el público estadounidense’, parece genuino.

“Pero no están revelando el dinero de Pfizer, que es un factor relevante cuando se habla de una medida política que obliga a los estadounidenses a tomar este producto”.

Después de que las vacunas COVID-19 estuvieran ampliamente disponibles a principios de 2021, los mandatos de vacunación siguieron de diferentes formas en todo el país.

A nivel federal, el Departamento de Defensa de EE.UU. impuso mandatos de vacunación para el personal militar, y la administración Biden impuso mandatos de vacunación a los contratistas federales y a todos los empleadores con 100 empleados o más; esta última medida fue revocada en un tribunal federal.

Las universidades impusieron mandatos de vacunación a los estudiantes y al personal, y muchas empresas públicas y privadas de todo el país impusieron mandatos de vacunación a sus empleados.

Varios distritos escolares de todo el país tenían previsto imponer mandatos de vacunación para los niños para poder asistir a la escuela, pero la mayoría de esos planes se han anulado desde entonces.

Quienes instituyeron los mandatos los justificaron afirmando que la vacunación masiva -y sólo la vacunación masiva- “detendría la propagación” del COVID-19.

Pero desde entonces se ha revelado que en marzo de 2021, cuando la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, declaró en MSNBC pública e inequívocamente que las personas vacunadas no enfermarían, no había pruebas que respaldaran su afirmación.

De hecho, los CDC tuvieron que retractarse unos días después.

Biden también afirmó falsamente que los vacunados no se infectarían, en julio de 2021, justo antes de que entraran en vigor los mandatos de la vacuna COVID-19.

Desde entonces, los fabricantes de vacunas han reconocido que nunca hicieron pruebas para ver si las vacunas detendrían la transmisión, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) informó de que las personas vacunadas en los ensayos clínicos tanto de Pfizer como de Moderna contrajeron el virus.

El gran alcance de las grandes farmacéuticas, “Big Pharma”

Pfizer no es el único representante de las grandes farmacéuticas que financia discretamente a terceros para que hagan su trabajo.

Fang declaró a “The Defender” que “muchas empresas farmacéuticas moldean encubiertamente la opinión pública y la normativa mediante el uso de grupos de fachada y relaciones financieras con organizaciones comunitarias.”

Por ejemplo, “Purdue Pharma” financió de forma encubierta a grupos de defensa de terceros para fomentar criterios menos estrictos a la hora de recetar sus analgésicos opiáceos altamente adictivos, informó.

En cuanto a Pfizer, según Fang, la financiación por terceros es sólo una de las muchas estrategias que la empresa farmacéutica desplegó para impulsar la formulación de medidas políticas sobre COVID-19.

“Pfizer hizo una muestra de la fuerza de sus grupos de presión en torno a muchas medidas políticas de COVID-19, incluidos los esfuerzos para frenar las iniciativas de fijación de precios de los medicamentos y un intento de impedir la creación de medicamentos genéricos de COVID”, dijo, y agregó: “El debate sobre el mandato de la vacuna es un ejemplo más del alcance de Pfizer en la política pública.”

Las grandes farmacéuticas -junto con la administración Biden y sus intermediarios- también presionaron para silenciar a quienes cuestionaban el programa de vacunas.

Pfizer BioNTech y Moderna presionaron a Twitter y a otras plataformas de medios sociales para que establecieran normas de moderación que señalaran la supuesta “información errónea” relacionada con COVID-19, como parte del esfuerzo por impulsar la conversación nacional sobre las vacunas COVID-19, informó Fang como parte de los “archivos de Twitter“.

“La industria farmacéutica es única por la cantidad de dinero que gasta en controlar todo el sector público en materia de regulación, política y todo lo que afecta a la medicina tal y como se practica en Estados Unidos”, afirmó Fang.

El grupo de presión farmacéutico y de productos sanitarios es uno de los mayores grupos de presión de la industria. Según OpenSecrets.org, solo el año pasado la industria gastó 372 millones de dólares en presionar al Congreso y a las agencias federales, superando en gasto a cualquier otra industria, y cada año aumenta su gasto.

Albert Bourla, Consejero Delegado de Pfizer, forma parte de la junta directiva de “Pharmaceutical Research and Manufacturers of America” (PhRMA), el grupo de presión que más gastó el año pasado, 29,2 millones de dólares. La propia Pfizer gastó más que cualquier otra empresa farmacéutica.

La industria también gasta enormes cantidades de dinero en publicidad. Sólo Pfizer gastó casi 2.800 millones de dólares en publicidad para todos sus productos en 2022.

Las vacunas COVID-19 supusieron 37.800 millones de dólares para Pfizer en 2022, frente a los 36.700 millones de 2021. Los beneficios globales de la empresa alcanzaron la cifra récord de 100.000 millones de dólares.

“Big Pharma” y los CDC hicieron un trabajo similar para promover los mandatos y la vacunación

Existe una “puerta giratoria” entre los grupos de presión de la industria farmacéutica y el gobierno: casi el 65% de los miembros de grupos de presión trabajaron anteriormente para el gobierno.

Y las estrategias utilizadas para conseguir apoyo para los productos de las grandes farmacéuticas son algunas de las mismas estrategias utilizadas por las agencias del gobierno federal como los CDC.

Desde 2021 -el mismo año en que Pfizer empezó a financiar grupos comunitarios- los CDC han repartido cientos de millones de dólares en subvenciones para la creación de materiales pro-vacunas “culturalmente adaptados” y para la formación de “mensajeros influyentes” que promuevan COVID-19 y las vacunas contra la gripe a comunidades de color en todos los estados en todo el país.

Para esas subvenciones, los CDC buscaron organizaciones comunitarias que comunicaran el mensaje de los CDC sin la marca registrada de éstos, de modo que los mensajes parecieran proceder orgánicamente de las comunidades locales y no del gobierno, especialmente entre las comunidades de color.

En otro caso, los CDC contrataron a una empresa de relaciones públicas para redactar lo que parecían artículos periodísticos, pero que en realidad eran anuncios publicitarios creados para persuadir a los padres de niños pequeños y a los ancianos -con especial atención a los hispanohablantes- para que se vacunaran.

Tanto Pfizer como los CDC utilizaron sus fondos para dirigirse a las comunidades negras y latinas que tenían tasas de vacunación más bajas. En un caso, ambos financiaron a la misma organización: la Asociación Médica Hispana (“National Hispanic Medical Association”, NHMA por sus siglas en inglés).

Según Fang, la organización trabajó con una empresa de relaciones públicas llamada “Culture ONE World” para distribuir “comunicados de prensa y anuncios en los medios” que “pedían a los empleadores de trabajadores esenciales que crearan mandatos para las vacunas COVID-19”.

Fang también escribió que la NHMA también firmó declaraciones conjuntas presionando a favor del mandato de vacunas de Biden y que “recibió 30.000 dólares de BIO [Biotechnology Innovation Organization], un grupo de presión de la industria de vacunas que representa a Pfizer y Moderna, según muestran los archivos del IRS“.

“The Defender” descubrió que la NHMA recibió hasta ahora 2.070.000 dólares en dos subvenciones anuales para su programa “¡Vacunas, Sí Se Puede! Campaña de Vacunación para Hispanos”, que más tarde se convirtió en “We Can Do This” (Podemos hacerlo), para crear contenidos culturalmente adaptados y difundirlos en las comunidades latinas.

La Academia Americana de Pediatría recibió múltiples subvenciones de Pfizer en 2021

La AAP también aparecía en la lista de Fang de organizaciones notables que recibían financiación directa de Pfizer.

Según Fang:

“La Academia Americana de Pediatría fue una de las organizaciones más visibles que trabajaron para conseguir el apoyo público a los mandatos de vacunación. La organización recibió múltiples subvenciones especializadas de Pfizer en 2021.

“Pfizer también concedió subvenciones a secciones estatales individuales de la AAP destinadas a ejercer presión sobre las medidas políticas de vacunación. La sección de Ohio de la AAP, por ejemplo, presionó a la legislatura de Ohio contra los proyectos de ley para frenar las normativas coercitivas de la vacuna COVID-19, al tiempo que recibía una subvención de Pfizer para la defensa de la “legislación sobre inmunización”.”

Más allá de su labor en el mandato de la vacuna COVID-19, la organización también fue defensora pública de las vacunas COVID-19 para niños. Su entonces presidenta, la profesora de la UCLA, Moira Szilagyi, M.D., Ph.D., defendió públicamente, en medios como la CNN, la vacunación de los niños.

La organización, “dedicada a la salud de todos los niños“, había publicado anteriormente unas directrices políticas para sus miembros en las que se afirmaba que es una “opción aceptable para los clínicos de atención pediátrica rechazar a las familias que se nieguen a aceptar las vacunas”.

Y en junio de 2022, la AAP emitió un comunicado de prensa aplaudiendo la recomendación de los CDC de “vacunas COVID-19 seguras y eficaces” para bebés de tan sólo 6 meses, a pesar de las preocupaciones planteadas -por la comisión asesora sobre vacunas de la FDA, entre muchos otros- en relación con la falta de datos clínicos sobre las vacunas en niños.

Además de la financiación de Pfizer, la AAP recibe gran parte de su financiación directamente de los CDC, lo que plantea dudas sobre la capacidad de la organización para actuar de forma independiente, en particular con respecto a las recomendaciones sobre vacunas, escribió Peter Doshi, editor de BMJ en 2017.