La soberanía nacional -en el sentido de “el poder de un país para controlar su propio gobierno” y “la libertad del control externo“- es un concepto que ha resonado fuertemente con “We the People” en Estados Unidos desde la época de la Revolución Americana.

Sin embargo, como advirtió el profesor de la facultad de Derecho Jeremy Rabkin en 2009, “es posible perder la soberanía con bastante rapidez”.

Rabkin destacó como ejemplo la Unión Europea, donde las normas elaboradas por los burócratas con sede en Bruselas “sustituyen tanto a los estatutos parlamentarios como a las constituciones nacionales”, pero tachó de “fantástica” la idea de que la “tendencia a alejarse de la soberanía de las constituciones nacionales” pueda conducir a una “tiranía mundial”.

En 2020, esa idea ya no pudo considerarse descabellada.

De hecho, la pérdida de soberanía y su sustitución por una “tiranía mundial” han surgido como retos acuciantes, ya que los ciudadanos de un país tras otro han visto cómo los líderes repiten como loros idénticos argumentos orwellianos y abusan de los poderes de emergencia ampliados sin cesar para imponer programas políticos draconianos.

Las medidas políticas de mano dura -incluyendo el uso de la mascarilla, los confinamientos, las pruebas de no aptitud, el distanciamiento social y el rastreo de contactos- se demostró que eran inútiles mucho antes y luego de nuevo durante la pandemia.

Y, sin embargo, como descubrieron para su consternación los científicos y ciudadanos perplejos, “ninguna cantidad de pruebas… tuvo ningún efecto para poner fin a estas medidas socialmente destructivas.”

Las peligrosas inyecciones experimentales de COVID-19 -que según se dice, se han administrado a dos tercios del planeta- resultaron igualmente impermeables a la crítica racional.

Para muchos, estos acontecimientos han llevado a una conclusión desagradable pero ineludible, a saber, que las entidades que operan en gran medida al margen de la ley han perpetrado un “crimen contra la humanidad” que es “supranacional” en su alcance – utilizando la falsa pandemia y los poderes de emergencia inconstitucionales como ariete contra la soberanía nacional y personal, incluso contra los sagrados principios de autonomía corporal e integridad personal consagrados en la legislación sobre derechos humanos..

Y ahora, con las discusiones en curso para elaborar un tratado global contra la pandemia legalmente vinculante, nominalmente dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) -y los llamamientos para implementar pasaportes globales de vacunas “estandarizados por la OMS”- el plan supranacional parece acelerarse.

Como escribió recientemente David Bell, del Instituto Brownstone, aunque la OMS puede operar “en el centro de la atención”, es probablemente un “actor secundario” en una red mucho más amplia de actores que no rinden cuentas, y están entre bastidores – que incluyen bancos centrales, organizaciones internacionales, las grandes farmacéuticas, “Big Pharma”,las grandes empresas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que sirven como grupos de fachada y dirigentes políticos comprados.

Estos actores y sus conflictos de intereses, señaló Bell, tienden a eludir la transparencia.

Operar por encima -o al margen- de la ley

La base de la soberanía es el Estado de Derecho, caracterizado por la obligación de rendir cuentas, la transparencia del gobierno, la aplicación uniforme y justa de las leyes, y una justicia “accesible e imparcial“.

En un informe sobre la soberanía publicado en 2022 por Catherine Austin Fitts y el Informe Solari, el experto en finanzas y derecho John Titus analizó con sobriedad el debilitamiento tanto de la soberanía como del Estado de Derecho en Estados Unidos en su ensayo “Sovereignty – A Primer on How to Lose Your Country” (“Soberanía – Un manual sobre cómo perder el país”).

Fitts, ex banquera de inversiones y antigua miembro del gobierno de Estados Unidos, es presidente de Solari, Inc. Aparece semanalmente en el programa “Financial Rebellion” (Rebelión Financiera) de CHD.TV con la presentadora Polly Tommey y la consejera general de Solari, Carolyn Betts.

En su ensayo sobre la soberanía, y en una entrevista con el presidente de “Children’s Health Defense” y consejero jurídico jefe, Robert F. Kennedy Jr., y en otros lugares, Titus se centra en un problema central: “toda entidad que pueda cometer delitos con impunidad”, una lista creciente que incluye lo Grandes Bancos, “Big Banks”, las Grandes Farmacéuticas, “Big Pharma”, las Grandes empresas químicas, “Big Chemical” y otros- se ha situado, por definición, “por encima de la ley soberana de una nación”.

También están por encima de la ley -o, de hecho, operan “totalmente al margen de la ley“- entidades como el Banco de Pagos Internacionales (“Bank for International Settlements”, BPI por sus siglas en inglés), con sede en Suiza, el “banco central de los bancos centrales”, que ha gozado de “completo secreto e impunidad frente a las leyes de las naciones soberanas” durante casi toda su existencia.

Algunas de las inmunidades del BPI también se extienden a un “sindicato” más amplio de bancos, instituciones financieras y sistemas de pago de “importancia sistémica”, con “billones de dólares de los contribuyentes y dinero impreso [moviéndose] a través de estas organizaciones y bancos sin transparencia ni responsabilidad”.

Como se describe en “Laundering with Immunity” (“Blanqueo con inmunidad”), un exhaustivo artículo de Corey Lynn sobre esta oscura red de control, muchas organizaciones se benefician también de “inmunidades, privilegios y exenciones fiscales” conferidas a través de vehículos como órdenes ejecutivas y tratados internacionales “furtivos“.

La militarización de los tratados internacionales y su uso para eludir el proceso político y la ley nacionales, según la jurista Amy Benjamin, constituye una guerra jurídica globalista que disminuye la capacidad de las naciones para opinar sobre la elaboración de leyes internacionales, al tiempo que protege la soberanía.

Como dijo otro escritor, “el Derecho Internacional es por definición una autoridad superior al Estado”.

A nivel nacional, el abuso de los poderes de emergencia durante la pandemia no pasó desapercibido.

Una investigación jurídica escocesa concluyó que la “gama de nuevas leyes introducidas… no han sido sometidas a un control parlamentario adecuado, ya que las orientaciones del gobierno y las declaraciones ministeriales a menudo no exponen la ley con claridad, la exponen de forma errónea o reivindican requisitos legales que no existen”.

El presidente de la comisión que emite el informe escocés advirtió:

“Cuando el escrutinio se limita a través de la vía rápida de la legislación, o el uso extensivo de la legislación secundaria [es decir, la legislación creada por los ministros o partidos distintos del parlamento], se pierden los controles esenciales del poder ejecutivo, y la calidad de la ley se resiente”.

El declive, en todas partes, del Estado de Derecho

Siguiendo el barrido de la evolución de las finanzas y la gobernanza en las últimas décadas, Fitts y Titus coinciden en que los billones que se “perdieron” del gobierno estadounidense a partir de finales de la década de 1990, “seguido de los rescates financieros de 2008, y ahora el fraude pandémico, representan el derribo de “Nosotros el Pueblo” y la reinstalación del gobierno de una autodenominada “élite” -dirigida por los bancos centrales- que no puede responder ante la ley y es reconocidamente criminal.”

El World Justice Project (“Proyecto de justicia mundial”) confirma que el Estado de Derecho está en declive tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

La organización publica un “Índice del Estado de Derecho” (“Rule of Law Index”) anual en 140 países, que, en un país tras otro, ha documentado el constante deterioro del comportamiento del gobierno legal en los últimos cinco años.

Sin embargo, Estados Unidos sale a la luz de forma especialmente poco favorecedora.

El índice muestra que, a partir de 2022, Estados Unidos ocupa el puesto 26 (por debajo de países como Letonia, Corea y Uruguay), habiendo caído siete puestos desde el puesto 19 que ocupaba de 2015 a 2018.

Para dimensiones específicas del índice como “limitaciones de los poderes públicos” (“la medida en que los gobernantes están sujetos a la ley”), “justicia civil” (“si la gente común puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil”) y “derechos fundamentales” (el “menú de derechos… firmemente establecido en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”), la clasificación de 2022 para Estados Unidos fue incluso inferior a su clasificación general: puestos 28, 36 y 37, respectivamente.

En el año pandémico de 2021, el índice reveló que el estado de derecho en Estados Unidos “se redujo más que en ningún país de la región europea y norteamericana”, y el declive afectó a todos los factores medidos menos a uno.

¿Fue una coincidencia que durante el mismo periodo de tiempo de la pandemia, cada vez más sin ley, la ya considerable brecha entre la esperanza de vida en Estados Unidos y la esperanza de vida en los países comparables se amplió aún más, ya que la tasa de mortalidad prematura aumentó en Estados Unidos “en mayor medida que en la mayoría de países comparables…”

Invertir en amigos, no en enemigos

Al observar el desmoronamiento de la soberanía y el Estado de derecho -y también los alarmantes signos de un programa de despoblación-, los ciudadanos de Estados Unidos y de otros países han reflexionado sobre las tácticas necesarias para reconstruir la soberanía.

Algunos individuos han intentado restablecer la soberanía por diversos medios atípicos, como la protesta fiscal. Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos es el instrumento que históricamente ha proporcionado a los ciudadanos estadounidenses la mayor protección, por lo que tratar de renunciar a ella deja a una persona expuesta, especialmente en un momento en el que el gobierno está haciendo un arma del término “terrorismo doméstico” para perseguir a cualquiera que cuestione las políticas del gobierno.

Otro reto es que, en un mundo complejo e interdependiente, es esencialmente imposible que los individuos solos hagan mella en áreas como la fiscalidad.

Sin embargo, hay un ámbito en el que las acciones individuales sí marcan una gran diferencia: como señaló Fitts en octubre de 2022 en la conferencia de “Children’s Health Defense” en Knoxville (Tennessee), “conseguimos el mundo que construimos y el mundo en el que invertimos”.

Como dijo a los asistentes, cada uno de nosotros debe “dejar de financiar al enemigo y empezar a financiar a nuestros amigos. No se puede llegar de aquí a allí si se financia al enemigo”, dijo.

A nivel individual, esto significa retirar el apoyo financiero a las entidades que están construyendo el “gulag digital” global, utilizar el dinero en efectivo tanto como sea posible y hacer negocios sólo con -y ser empleado sólo por- individuos e instituciones de alta integridad.

Por ejemplo, podemos optar por realizar operaciones bancarias con bancos locales o cooperativas de crédito bien gestionados en lugar de con bancos miembros de la Fed de Nueva York. Podemos invertir en activos reales -jóvenes, tierras, agricultores ecológicos- en lugar de construir carteras de inversión pobladas por empresas de aprovechados pandilleros que acaban de pasar los dos últimos años destruyendo la economía de las pequeñas empresas.

Podemos evitar a las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, que vigilan y espían a nuestras familias. Y podemos rechazar y boicotear a las personas y empresas que están envenenando a nuestros hijos.

“Financial Rebellion” ofrece cada semana muchos otros ejemplos de acciones positivas.

A un nivel más amplio, podemos trabajar para restaurar la soberanía del gobierno a nivel local y estatal, al tiempo que apoyamos la Constitución de Estados Unidos y los derechos constitucionales que sustentan la libertad sanitaria y la libertad financiera.

Fitts sí aborda el tema de los impuestos en otro informe de Solari, “Taxation: With or Without Representation” (“La fiscalidad: Con o sin representación”), en el que expresa la pregunta central que ronda por la mente de tantos ciudadanos frustrados: “¿Podemos actuar para impedir que nuestros impuestos se utilicen de forma ilícita, ilegal o delictiva?”

El ensayo principal del informe destaca 16 ejemplos de “usos ilegales de los fondos de los contribuyentes por parte del gobierno de los Estados Unidos llevados a cabo con la ayuda de bancos, contratistas y una variedad de partes privadas” y a continuación enumera una extensa serie de acciones colectivas que la gente puede tomar para devolver los impuestos a un uso legal.

Sin embargo, el ensayo termina con estas palabras de advertencia:

“Tengan en cuenta que a los globalistas que están centralizando el poder les encantaría utilizar nuestros esfuerzos para promover los suyos. … Tratarán de canalizar nuestro descontento en la dirección de debilitar a los gobiernos soberanos para que puedan ejercer un mayor control sobre los procesos de votación y elección y la política fiscal. … Así que, hagas lo que hagas, es bueno tener en cuenta nuestro objetivo final: la libertad humana respaldada por el Estado de Derecho”.

En última instancia, Fitts dijo a la audiencia en Knoxville: “Estamos en una encrucijada: o dejamos de lado la Constitución, o damos lo mejor de nosotros mismos y luchamos por preservarla. … Tenemos que elegir entre la libertad y algo que es absolutamente inaceptable para todos en esta sala: yo lo llamo esclavitud. El momento es ahora”.