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“Children’s Health Defense” (CHD) y otras tres organizaciones solicitan el acceso público a las declaraciones juradas y los documentos críticos ya producidos en nombre de los demandantes en una demanda que alega que el gobierno federal se confabuló con varias grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, para censurar el contenido relacionado con la COVID-19 en los medios sociales.
Robert F. Kennedy Jr., el Dr. Joseph Mercola y Ty y Charlene Bollinger el 17 de noviembre una presentaron una solicitud de intervención en el caso de la Primera Enmienda, Missouri v. Biden en nombre del interés público, de ellos mismos y de sus respectivas organizaciones: CHD, Mercola.com, La verdad sobre las vacunas y La verdad sobre el cáncer.
La intervención les permitirá a ellos -y al público en general- acceder a pruebas y declaraciones específicas -incluido el testimonio del Dr. Anthony Fauci del 23 de noviembre- para utilizarlas en los litigios pendientes contra las plataformas de medios sociales.
Comentando la moción de intervención, Kennedy dijo:
“No es beneficioso para la democracia ni para la salud pública que las grabaciones audiovisuales de las declaraciones clave que describen las comunicaciones secretas entre los principales agentes del gobierno y los ejecutivos de las redes sociales permanezcan ocultas al pueblo estadounidense.
“Las plataformas de medios sociales siguen amordazando a los disidentes por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda para criticar las políticas del gobierno, mientras las pruebas de esta colaboración ilegal con los funcionarios del gobierno permanecen selladas.”
Kennedy Mercola y Charlene y Ty Bollinger se encuentran entre las 12 personas señaladas por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (“Center for Countering Digital Hate”) como pertenecientes a la “Docena de la información errónea” debido a los contenidos que compartieron en las redes sociales y sitios web en relación con las vacunas.
La moción para intervenir explica que estos defensores de la libertad de expresión y sus organizaciones han sido censurados y han sido eliminados de las plataformas por las principales plataformas de medios sociales que trabajan con el gobierno federal -y reciben órdenes de él.
Según la moción:
“Estos Demandados se han confabulado con agentes privados (1) para frenar las críticas de los Demandantes a la respuesta del gobierno a la pandemia de Covid-19, y (2) para silenciar los hechos y opiniones desfavorables de los Demandantes en relación con una variedad de temas, incluyendo el posible origen de la fuga de laboratorio de Covid-19, los beneficios comparativos del tratamiento temprano y la inmunidad natural, y los riesgos o la ineficacia de las vacunas Covid-19 autorizadas para uso de emergencia.”
Se espera que los materiales buscados por los grupos capturen las comunicaciones de alto nivel entre la rama federal y los ejecutivos de tecnología de medios sociales para censurar y silenciar una amplia franja de noticias en línea sobre COVID-19, las críticas a los mandatos de vacunas del gobierno y los confinamientos y los debates de la teoría de la fuga de laboratorio para los orígenes de COVID-19.
“Si la Administración Biden dio instrucciones a las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, para que censuraran a Bobby Kennedy “Children’s Health Defense”, Mercola y los Bollinger, tenemos que ver lo que han dicho, y esto debe terminar”, dijo la presidenta y consejera general de CHD, Mary Holland. “La Primera Enmienda prohíbe al gobierno censurar a sus críticos, y punto. Esto es lo que exige nuestra democracia como fundamento de todas las demás libertades”.
Missouri y Luisiana el 5 de mayo demandaron a la administración Biden en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Luisiana, alegando que el gobierno se confabuló con las grandes empresas de tecnología Twitter, Meta (empresa matriz de Facebook), Youtube, Instagram y LinkedIn para censurar determinados puntos de vista con el pretexto de evitar la circulación de “información errónea” o “desinformación”.
El juez de distrito Terry Doughty aceleró el caso para llegar a tener una audiencia con el fin detenerlo en seco y prohibir la versión de un “Ministerio de la Verdad” de los gigantes de las redes sociales dirigidos por el gobierno.
“Fuimos censurados, se nos hicieron bloqueos fantasmas, se nos eliminó de las plataformas por compartir estadísticas, hechos y datos científicos sobre el COVID-19, tomados de los propios sitios web del gobierno – los mismos datos que el actual director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Fauci y otros están diciendo ahora que son verdaderos después de más de dos años de negar estos datos”, dijo Charlene Bollinger, fundadora y directora ejecutiva de La verdad sobre el cáncer y las vacunas (“The Truth About Cancer & Vaccines”).
Bollinger añadió:
“Teníamos razón todo el tiempo. Nunca deberían habernos censurado. El mundo necesita escuchar nuestras voces para tomar decisiones informadas sobre su salud. Lo que le ha sucedido a RFK Jr, al Dr. Mercola, a nosotros y a muchos otros no debería haber ocurrido nunca.
“Nuestro gobierno se ha confabulado para ocultar la verdad sobre COVID, y necesitamos la verdad para garantizar que esto no vuelva a suceder. Hay vidas en juego. El consentimiento informado y la ciencia real salvarán innumerables vidas. Nuestra misión es llegar a todos con la verdad para apoyar la vida”.
El juez Doughty permitió a los fiscales generales de los estados de Missouri y Luisiana tomar declaraciones de funcionarios clave de la administración Bidenincluyendo a Fauci, a la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki,al director de estrategia digital de la Casa Blanca, Rob Flaherty, el Director General de Salud Pública de Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, Jen Easterly, y el agente especial supervisor del FBI, Elvis Chan.
Según G. Shelly Maturin II, abogado de los intervinientes, el caso de la censura es “posiblemente el caso de la primera enmienda más importante de nuestra vida, cuyo resultado determinará si continuamos en el mundo distópico de Orwellian/Huxley” o si “recuperamos los derechos que nos ha dado Dios y que están consagrados en nuestra Constitución”.
Los demandantes y los demandados deben responder a la moción de intervención antes del 1 de diciembre, y Kennedy Mercola y los Bollinger deben responder antes del 8 de diciembre. Se espera que el juez Doughty se pronuncie rápidamente después.