El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ha iniciado hoy una investigación para determinar si Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson cometieron fraude en relación con las vacunas COVID-19.

Paxton investigará si las empresas tergiversaron la eficacia y seguridad de las vacunas y manipularon los datos de los ensayos de vacunas, infringiendo la Ley estatal de Prácticas Comerciales Engañosas.

También investigará si los gigantes farmacéuticos participaron en investigaciones de ganancia de función y engañaron al público al respecto, informó “The New York Post”.

“Si alguna empresa se aprovechó ilegalmente de los consumidores durante este periodo o puso en peligro la seguridad de las personas para aumentar sus beneficios, será considerada responsable”, dijo Paxton. “Si la política de salud pública se desarrolló sobre la base de una investigación defectuosa o engañosa, el público debe saberlo”.

Paxton afirmó que las grandes farmacéuticas, “Big Pharma” tenían un “interés creado” en el éxito de sus vacunas COVID-19 porque generaban beneficios récord.

“Este interés creado… combinado con los informes sobre los alarmantes efectos secundarios de las vacunas, exige una investigación agresiva”, afirmó.

Sólo en 2022, Pfizer cosechó unos beneficios de 31.400 millones de dólares con unas ventas récord de 100.300 millones. Las ventas de su vacuna COVID-19 y de Paxlovid, utilizada para tratar la COVID-19, ascendieron a 56.000 millones de dólares, más de la mitad de los ingresos anuales del fabricante de vacunas.

Spikevax, de Moderna, generó unos ingresos aproximados de 18 400 millones de dólares el año pasado, frente a los 17 700 millones de 2021.

Las ventas de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson en el primer trimestre de 2022 fueron de solo 457 millones de dólares, pero en 2021 sus ventas de vacunas alcanzaron los 2.400 millones de dólares.

Paxton también dijo que, dado que los mandatos se dictaron a nivel federal, “esta investigación sobre la base científica y ética en la que se tomaron las decisiones de salud pública es de gran importancia.”

Como parte de la investigación, Paxton exigirá a las tres empresas que aporten documentación relacionada con la toma de decisiones sobre intervenciones en pandemias, “especialmente cuando un afán de lucro o la presión política puedan haber comprometido la salud y la seguridad de los estadounidenses.”

La investigación podría tener implicaciones para la inmunidad de la que gozan los fabricantes de vacunas en virtud de la Ley de Preparación para Emergencias y Preparación Pública ( PREP Act, por sus siglas en inglés), por producir vacunas bajo la Autorización de Uso de Emergencia, declaró a “The Defender” Kim Mack Rosenberg, asesora general en funciones de “Children’s Health Defense”.

Ella dijo:

“Aplaudo que el fiscal general de Texas investigue el fraude relacionado con las inyecciones de COVID-19.

“Dado que estas inyecciones están cubiertas por la Ley PREP y el Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (“Countermeasures Injury Compensation Program”, CICP por sus siglas en inglés), con una protección de responsabilidad casi general para los fabricantes y restricciones y limitaciones significativas en la recuperación de las lesiones, la evidencia de fraude o mala conducta intencional puede ser una vía para que se haga justicia a los muchos que han sido dañados por estos productos.”

La declaración de la Ley PREP de contramedidas médicas contra la COVID-19 exime a los fabricantes de contramedidas contra la pandemia de COVID-19, como vacunas o tratamientos, de la responsabilidad por daños derivados de dichas contramedidas.

Canaliza las reclamaciones por daños causados por vacunas hacia el programa CICP, cuyo objetivo es compensar a las personas con daños relacionados con vacunas u otras contramedidas cubiertas por los gastos asociados a su lesión.

Hasta la fecha, el CICP sólo ha indemnizado a tres de las más de 10.000 demandas presentadas por daños causados por la contramedida COVID-19.

Pero la Ley PREP no exime de responsabilidad a los fabricantes en caso de “conducta dolosa“.

Esto significa que si el fiscal general de Texas demuestra que las empresas cometieron una falta intencionada, las personas dañadas por la vacuna pueden disponer de otros métodos, además del CICP, para solicitar una indemnización por su dolor y sufrimiento.

“Los catastróficos efectos de la pandemia y las posteriores intervenciones impuestas a nuestro país y a nuestros ciudadanos merecen un intenso escrutinio, y estamos persiguiendo al máximo cualquier indicio de delito”, declaró Paxton.

Un gran jurado de Florida investiga “delitos e irregularidades” relacionados con la vacuna COVID

En diciembre de 2022, el gobernador Ron DeSantis de Florida solicitó una investigación por parte de un gran jurado sobre “los crímenes y delitos cometidos contra los floridanos relacionados con la vacuna COVID-19.”

“Es contrario a la ley engañar y tergiversar, sobre todo cuando se habla de la eficacia de un medicamento”, dijo DeSantis, cuya petición busca más información de las empresas farmacéuticas sobre las vacunas y los posibles efectos secundarios.

DeSantis argumentó que las empresas farmacéuticas tenían un interés económico en crear un clima en el que la gente creyera que vacunarse contra el coronavirus garantizaría que no podrían contagiar el virus a otras personas.

“El gobierno de Biden y las empresas farmacéuticas siguen imponiendo la distribución generalizada de vacunas de ARNm al público, incluidos niños de tan solo 6 meses, mediante una propaganda implacable, al tiempo que ignoran los efectos adversos de la vida real”, afirmó la oficina de DeSantis en un comunicado en diciembre.

El Tribunal Supremo de Florida accedió a su petición el 22 de diciembre de 2022, comprometiéndose a convocar un gran jurado para investigar cualquier irregularidad con respecto a las vacunas COVID-19. El gran jurado se reunirá durante un año.

Mientras tanto, DeSantis también convocó un Comité de Integridad de la Salud Pública compuesto por algunos de los principales expertos en contramedidas COVID-19, entre ellos Jay Bhattacharya, M.D., Ph.D, Martin Kulldorff, Ph.D. y Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D..

El comité se reunirá en mayo para examinar los “efectos adversos de las vacunas de ARNm”, según informó “The New York Post”, y también proporcionará orientaciones al Departamento de Salud de Florida.

Junto con DeSantis, el Director General de Salud Pública de Florida, Joseph Ladapo, M.D., Ph.D., ha expresado su preocupación por los efectos adversos asociados a las vacunas. Emitió una alerta sanitaria en Florida, advirtiendo a los residentes sobre un “aumento sustancial” de los informes de efectos adversos.

También solicitó a los directores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que investigaran los millones de efectos adversos notificados al VAERS.

Les pidió que “promovieran la transparencia” con respecto al riesgo excesivo de acontecimientos adversos asociados a las vacunas COVID-19 de ARNm y les pidió que “promovieran la transparencia” entre los profesionales sanitarios “para comunicar con precisión los riesgos que plantean estas vacunas”, informó “The Defender”.