Grupos de activistas, organizaciones médicas y médicos de todo el mundo están poniendo en marcha iniciativas para detener la administración de las vacunas COVID-19 o retirarlas del mercado.
Estos esfuerzos, que incluyen campañas educativas, recursos legales y peticiones, citan el elevado número de acontecimientos adversos y las revelaciones sobre la contaminación de las vacunas como factores que pueden llevar a su retirada.
Varias personas implicadas en estas iniciativas dijeron a “The Defender” que sus esfuerzos están empezando a marcar una diferencia notable, pero que es necesario seguir trabajando.
“La gente está despertando al hecho de que fueron engañados, y están empezando a exigir respuestas de sus funcionarios electos y de los organismos de seguridad y reglamentación a los que confiaron la salud de sus hijos, pero que les mintieron”, dijo. la Dra. Janci Lindsay,directora de toxicología y biología molecular de los Servicios de apoyo toxicológico y cofundadora de la campaña “We The People 50 – Recall The Shots” (Nosotros el Pueblo 50-retirar los pinchazos).
Bradford Geyer, abogado de la Fundación para la Libertad del Grupo de Antiguos Funcionarios (“FormerFedsGroup Freedom Foundation”), que lanzó la iniciativa “We The People 50”, dijo a “The Defender” que la respuesta a la iniciativa ha sido de apoyo.
“Nuestro movimiento está creciendo claramente, a medida que los estadounidenses y los ciudadanos de otras naciones se dan cuenta de lo que los gobiernos y las grandes farmacéuticas, “Big Pharma”, les han hecho”.
Las vacunas COVID “deben detenerse por el bien de la humanidad”
En Estados Unidos, la iniciativa “We The People 50” pide “la retirada de las “vacunas” genéticas COVID-19 debido al gran número de muertes, discapacidades y daños sin sentido que provocan”.
La iniciativa está formada por médicos, científicos, abogados, defensores, autores, investigadores, víctimas y ciudadanos preocupados, según Lindsay, quien afirmó que la misión del grupo es salvar vidas y proteger a los grupos más vulnerables de estas peligrosas vacunas genéticas.
“Estamos contaminando potencialmente toda la reserva genética humana con estas tecnologías imprudentes, con una supervisión casi nula en cuanto a sus consecuencias para los seres humanos, los animales y el medio ambiente”, afirmó Lindsay. “Hay que detenerlo por el bien de la humanidad”.
La campaña se inspiró en el Dr. John Witcher, un médico de Mississippi que abogó por la retirada de las vacunas COVID-19 en su estado. Witcher, ex candidato a gobernador en Mississippi, dijo a “The Defender” que sus esfuerzos comenzaron en septiembre de 2021, cuando lanzó Mississippi Contra los Mandatos (“Mississippi Against Mandates”).
Inicialmente, el movimiento organizó protestas y concentraciones y una campaña de concienciación pública, oponiéndose a los mandatos de vacunación. “Nuestro principal objetivo era poner fin a los mandatos y ser prudentes con los pinchazos”, dijo Witcher.
Según Witcher, el punto de inflexión se produjo a finales de octubre de 2021, cuando el Dr. Peter McCullough habló en una mesa redonda organizada por el grupo de Mississippi, durante la cual dijo que las vacunas COVID-19 no eran seguras para los seres humanos.
Después de eso, dijo Witcher, el grupo “se volvió no sólo contra los mandatos, sino contra los pinchazos”.
En febrero, lo que antes era un esfuerzo estatal se convirtió en una iniciativa nacional, tras una reunión en el Capitolio de Mississippi en la que intervinieron McCullough y otros médicos, así como varias personas dañadas por vacunas y sus familiares.
La campaña “We The People 50” surgió a raíz del acto de febrero, explicó Witcher.
Lindsay dijo que, basándose en los esfuerzos de Witcher, conectó con Carolyn Blakeman, directora de medios de comunicación y coordinadora del grupo de trabajo F”ormerFedsGroup”, para lanzar la campaña en todo el país, tratando de “repetir esta estrategia de llevar a testificar a un pequeño grupo de expertos en todas las disciplinas de la salud, así como a los dañados por vacunas, a los 50 estados.”
Investigaciones recientes revelaron que un porcentaje significativo de las vacunas COVID-19 de ARNm están contaminadas con ADN y contaminantes bacterianos que pueden alterar el genoma humano y desencadenar cáncer y otras afecciones graves. El mes pasado, “Health Canada” reconoció la presencia de dicha contaminación en las vacunas COVID-19.
Integridad del genoma, consentimiento informado y autonomía médica, entre los temas clave
“Nos hemos reunido con legisladores estatales y con abogados del Estado y hemos hablado en múltiples reuniones de comisionados del condado”, dijo Lindsay, “hemos[We] ayudado a redactar leyes en torno a la seguridad de las vacunas genéticas, el consentimiento informado, la autonomía médica, el derecho a mantener la integridad del genoma, el derecho a estar libre de transfecciones no consentidas (shedding) y el derecho a negarse a tratamientos médicos coaccionados o forzados”.
Según Lindsay, el grupo “planea aprovechar” los estatutos de protección de los productos de consumo en varios estados “para conseguir la retirada total de las vacunas o, como mínimo, obligar a los estados a proporcionar un verdadero consentimiento informado”.
La iniciativa también cuestiona la inmunidad legal de los fabricantes de vacunas en virtud de la Ley de Preparación para Emergencias y Preparación Pública (“Public Readiness and Emergency Preparedness”, PREP Act, por sus siglas en inglés), basándose en las leyes estatales de protección del consumidor y en las leyes de conducta dolosa.
Geyer dijo: “La base para tal acción es que estas vacunas están contaminadas y adulteradas y se ha demostrado que son peligrosas y mortales.”
Una demanda colectiva presentada en California en septiembre en nombre de dos víctimas del remdesivir y apoyada por el “FormerFedsGroup” se basa en argumentos similares, a saber, que Gilead, distribuidor del remdesivir, puede haber infringido las leyes de California contra el uso de prácticas engañosas, incluida la Ley de Recursos Legales del Consumidor.
“El objetivo final es conseguir que estas vacunas se retiren de la corriente de productos de consumo y que la plataforma de vacunas genéticas se prohíba en su totalidad, y que quienes desarrollaron, fabricaron y administraron estas vacunas con falsos pretextos rindan cuentas”, afirmó Lindsay.
Geyer añadió: “El objetivo último de la iniciativa sería presionar a los gobiernos locales y estatales para que tomen medidas negando el acceso de los ciudadanos, en particular de los niños, a estas terapias génicas.”
“Somos conscientes de que en gran parte se trata de una batalla política”, dijo Witcher. “Tenemos que conseguir que nuestros políticos se impliquen y cambien las tornas, y desde luego necesitamos que se impliquen los abogados. Así que sólo intentamos educar a la gente y defenderla y protegerla”.
La AAPS pide una moratoria para la vacuna COVID: “Numerosas señales de seguridad” ignoradas
La Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses (“Association of American Physicians and Surgeons”,AAPS por sus siglas en inglés), “una asociación profesional no partidista de médicos de todo tipo de consultas y especialidades de todo el país”, ha pedido una moratoria a los mandatos de las inyecciones de COVID-19 y de las inyecciones genéticas.
En marzo de 2023 una declaración de la AAPS dice: “El consentimiento informado es un principio básico de la ética médica, sin embargo, millones de personas han recibido inyecciones de COVID-19 bajo coacción”, a pesar de que “los efectos a largo plazo de la novedosa tecnología de ARNm o ADN y las nanopartículas lipídicas implicadas en su administración … no pueden conocerse”.
“Se han observado numerosas señales de seguridad, incluido un exceso de muertes súbitas, que en el pasado habrían provocado la retirada inmediata del mercado de vacunas o medicamentos”, según la AAPS.
En consecuencia, la AAPS afirma que “las inyecciones genéticas de COVID-19 deben retirarse del mercado” y “todos los mandatos, incluidos los requisitos de asistencia a la escuela o de trabajo, deben retirarse inmediatamente.”
La Dra. Jane Orient, directora ejecutiva de la AAPS, declaró a “The Defender” que el llamamiento de la organización en favor de una moratoria estaba motivado por el aumento de los mandatos de vacunación para enfermedades poco comunes, leves o tratables. Dijo que “la AAPS siempre ha estado en contra de los tratamientos masivos que no tienen en cuenta las necesidades individuales de los pacientes ni [su] consentimiento.”
En 2000, la AAPS emitió una resolución en la que se oponía a los mandatos de vacunación, alegando la importancia del consentimiento informado.
En noviembre de 2020, la AAPS dijo que había “muchas incógnitas” relacionadas con las vacunas COVID-19, que incluian “efectos adversos a largo plazo”, añadiendo que los tratamientos como la hidroxicloroquina han evitado muertes por COVID-19 “sin los efectos adversos que podrían ocurrir en la vacunación de un gran número de personas sanas.”
A la pregunta de por qué otras asociaciones médicas no se han unido a la AAPS para pedir una moratoria de las vacunas COVID-19, Orient citó los conflictos de intereses y el temor a represalias por parte de las partes interesadas gubernamentales o privadas.
Consejo Mundial de la Salud: los “daños colaterales” de las vacunas COVID no tienen precedentes
Otra organización que pide una moratoria sobre la administración de las vacunas COVID-19 es el Consejo Mundial de la Salud (CMS), que el mes pasado convocó un grupo de expertos que debatió la presencia de “contaminación por ADN promotor de cáncer” en las vacunas.
Según el CMS, el panel concluyó que “las vacunas Covid están contaminadas con ADN extraño y … SV40, una secuencia genética promotora de cáncer”, y “se califican como productos OGM (organismos modificados genéticamente), los cuales requieren una aprobación adicional a la exigida para las vacunas más antiguas y tradicionales”.
“El consentimiento informado para estos productos es imposible, ya que sus riesgos nunca han sido evaluados de manera formal y transparente por los organismos reguladores y no se conocen en su totalidad”, afirma la organización.
Por ello, el CMS pidió “una moratoria inmediata de estas novedosas “vacunas” genéticas” en una declaración que, según Nic Robinson, director de operaciones de la organización, se envió a los miembros del Parlamento del Reino Unido.
Christof Plothe, D.O., miembro del comité directivo del CMS declaró a “The Defender” que “ninguna intervención médica ha creado tantos “daños colaterales” en la salud de la población” como las vacunas COVID-19.
“Ahora sabemos que la probabilidad de contraer COVID-19 e incluso de morir de COVID-19 aumenta después de cada inyección”, afirmó, y añadió: “A la luz de la inaceptable contaminación por plásmidos de ADN y de las secuencias genéticas no declaradas en los viales de Pfizer, tenemos que temer la integración de secuencias genéticas extrañas, con consecuencias desconocidas.”
Como continuación del panel de expertos médicos del mes pasado, el CMS organizará un panel jurídico internacional de expertos el 27 de noviembre, según Robinson.
Añadió que el CMS ha organizado consejos nacionales, “una parte estratégica clave de nuestro plan para descentralizar e informar a individuos y comunidades y oponerse al poder centralizado y a las extralimitaciones, incluidos los mandatos de vacunación y los confinamientos por COVID”.
“Se ha cruzado la línea roja, y todo ser humano a cargo de su distribución, ya sea en la industria farmacéutica, la política, los organismos médicos reguladores o los medios de comunicación, tiene que decir ahora: paren las inyecciones”, afirmó Plothe.
El CMS ha emitido anteriormente llamamientos para que se retiren las vacunas COVID-19, incluso en junio de 2022, basándose en la publicación de un informe del CMS sobre las reacciones adversas relacionadas con la vacuna COVID-19, y en septiembre de 2022, tras la publicación de un documento revisado por expertos sobre dichos eventos adversos.
En junio de 2021, la Dra. Tess Lawrie, cofundadora del CMS, pidió a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido que inmediatamente detuviera la administración de las vacunas COVID-19, citando un elevado número de muertes y daños.
“Hay pocas acciones que sean más necesarias o nobles” que poner fin a las vacunas COVID de ARNm
Un grupo de médicos alemanes también ha puesto en marcha una iniciativa para acabar con la vacunación COVID-19, dirigiéndose a sus colegas de la profesión médica.
Una carta abierta escrito por las doctoras alemanas Uta Kristein Haberecht y Monika Grühn, y por el Doctor Harald Walachfundador del Instituto para cambiar la ciencia de la salud (“Change Health Science Institute”) en Alemania e investigador profesional en la Universidad Kazimieras Simonavicius de Lituania, intenta alertar a otros médicos sobre los riesgos de las vacunas COVID-19.
La carta dice:
“Al principio de la pandemia, era bastante comprensible que se hicieran llamamientos desde diversos sectores para encontrar una vacuna y distribuirla rápidamente. Se asumió que la enfermedad COVID-19 era peligrosa para la población general y que una vacuna podría eliminar ese peligro. Por lo tanto, los obstáculos normativos para estas sustancias se establecieron a la baja y se ignoraron las señales de peligro potencial.
“Hemos obtenido una gran cantidad de nuevos conocimientos. … Las vacunas ofrecen mucha menos protección de la que se preveía en un principio … al precio de muchos más efectos secundarios de los que se había supuesto y de los que se está dispuesto a aceptar con otras vacunas.”
La carta, que incluye un apéndice científico con más de 50 referencias académicas, aborda la preocupación por la toxicidad de la proteína de espiga o pico y su impacto en la fertilidad.
La carta pide que se compartan las distintas opiniones científicas y que los organismos públicos y los responsables políticos realicen encuestas, investigaciones y auditorías precisas mediante investigaciones independientes.
“Un diálogo a la altura de los ojos es crucial para preservar y mantener el ethos médico (Convenciones de Ginebra, Código de Nuremberg)”, añade la carta.
Grühn declaró a “The Defender”:
“Los pensadores críticos solemos ser reservados, pero muchos otros médicos y profesionales sanitarios saben muy poco sobre los peligros de la plataforma de vacunas genéticas, mientras se les informa de forma unilateral. A menudo, no tienen tiempo para hacer sus propias investigaciones.
“Por eso tiene sentido acercarse a ellos de forma amistosa y clara y proporcionarles información objetiva para que puedan formarse su propia opinión”.
Walach explicó a “The Defender”:
“Ahora se han publicado muchos estudios que demuestran que las vacunas no previenen las infecciones. No previenen enfermedades graves. No reducen la mortalidad en un margen apreciable. Pero producen muchos efectos secundarios”.
“Dado que los beneficios son muy pequeños o inexistentes y los problemas potenciales muchos, esto debe detenerse”, dijo, y agregó “La prensa dominante no ha recogido ninguno de estos hechos bien documentados, y por lo tanto esto es en gran parte desconocido para el público.”
En Nueva Zelanda, otro médico también está tomando medidas. El Dr. Emanuel García, psiquiatra trasladado desde Estados Unidos, ha elaborado una petición en la que pide al gobierno del país que prohíba todas las terapias basadas en ARNm.
Según la petición:
“Las terapias basadas en ARNm plantean peligros potencialmente catastróficos; un estudio reciente sobre los riesgos de la vacunación con ARNm muestra que puede modificar el genoma humano; se desconocen muchos otros aspectos de las terapias basadas en ARNm; el genoma humano es el propio proyecto genético de cada individuo, define nuestra salud y bienestar, y debería ser una entidad inviolable.”
“En el pasado, Nueva Zelanda adoptó una posición pionera en el uso de armas nucleares. Deberíamos hacer lo mismo ahora para las intervenciones basadas en el ARNm”, se afirma.
Escribiendo en su Substack, García dijo: “Se me ocurren pocas acciones más necesarias o nobles que pueda emprender un país en estos momentos”.
El Consejo Malayo de Salud, la Alianza Malaya para el Control Eficaz del Covid y Persatuan Pengguna Islam Malaysia emitieron una declaración conjunta el 7 de noviembre cuestionando la administración continuada de las vacunas COVID-19.
La declaración hace referencia a un aumento del exceso de muertes en Malasia y a la contaminación de las vacunas COVID-19, afirmando que dicha contaminación “tiene implicaciones legales”. La declaración sugiere que la inmunidad legal de los fabricantes de vacunas debería “anularse” sobre la base de que los contaminantes son “ingrediente[s] no declarado[s]”.
“A los consumidores malasios les gustaría saber si la Agencia Nacional de Regulación Farmacéutica… de nuestro Ministerio de Sanidad está al corriente de la contaminación de la vacuna COVID-19 con ARNm”, dice el comunicado. “Como se trata de un asunto muy grave y alarmante, la presunta prevaricación puede ser también un caso de complicidad”.
Causas judiciales en todo el mundo contra las vacunas COVID
En Australia, la abogada Katie Ashby-Koppens solicita una orden judicialcontra Pfizer y Moderna por considerar que distribuyen productos -sus vacunas COVID-19- que contienen OMG, sin licencia para ello.
En una entrevista reciente, Ashby-Koppens declaró: “Las alegaciones son que las vacunas de ARNm COVID-19 son organismos modificados genéticamente según la definición de la Ley de Tecnología Genética de Australia, ya que son capaces de transferir material genético.”
Las vacunas de ARNm Covid-19 son OMG según la definición de la Ley de Tecnología Genética de Australia
Tras la vista de urgencia del lunes sobre la contaminación por ADN, la Dra. Tess Lawrie habló con la abogada australiana Katie Ashby-Koppens.
Vea el panel de expertos de urgencia:
➡️https://t.co/P5xqCX1Bgl pic.twitter.com/SIp6G2nty0– Consejo Mundial de la Salud (CMS) (@FreeWCH) 12 de octubre de 2023
“El hecho de que puedan transferir material genético significa que esos productos deberían haber sido debidamente considerados por el organismo regulador de la tecnología genética en Australia. Y no fue así”, añadió.
En Costa Rica, un proceso judicial en curso se pronunciará sobre una petición de paralización de las vacunas COVID-19.
En un caso presentado por Interés de Justicia (“Interest of Justice”, IOJ por sus siglas en inglés) contra el gobierno de Costa Rica, el Tribunal Contencioso Administrativo de Apelaciones del país, IOJ argumenta que las autoridades “mintieron” acerca de que las vacunas COVID-19 eran “seguras y eficaces”, alegando que eran conscientes de que las vacunas “se sabía que eran perjudiciales” y que “la muerte es común”.
El 9 de noviembre se celebró una vista en la que se denegaron las medidas cautelares (similares a un requerimiento judicial temporal) solicitadas por IOJ. Sin embargo, según la IOJ, los jueces se mostraron comprensivos y “extremadamente preocupados”y concedieron a la IOJ la oportunidad de presentar una nueva demanda, que dará lugar a un juicio.
Expertos como el Dr. Mike Yeadon, ex jefe mundial de enfermedades respiratorias de Pfizer y actual científico jefe de la IOJ, y la internista Ana Mihalcea, M.D., Ph.D., testificaron a distancia.
En Sudáfrica, una demanda presentada en enero ante el Tribunal Superior de Pretoria por tres organizaciones sin ánimo de lucro solicita una moratoria en la administración de las vacunas COVID-19.
Shabnam Palesa Mohamed es directora ejecutiva de “Children’s Health Defense Africa” y fundadora de la organización de defensa de la salud “Transformative Health Justice”, uno de los grupos que presentaron la demanda. Ha declarado a “The Defender” que han pedido que se suspendan las inyecciones de COVID-19 hasta que se lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre su seguridad y eficacia.
La demanda incluye una carta firmada por más de 100 trabajadores sanitarios sudafricanos que dan fe de los efectos adversos que han observado en pacientes que recibieron las vacunas COVID-19. La carta se envió a la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios (“South African Health Products Regulatory Authority”) de Sudáfrica, que hasta la fecha no ha respondido. La demanda también hace referencia a la muerte de Yamkela Seplan, de 14 años, que desarrolló un fuerte bulto en el brazo tras la vacunación y falleció posteriormente.
La primera parte del caso se juzgó en septiembre y está pendiente de sentencia.
No debemos perder tiempo
Varios expertos expresaron su sensación de urgencia. Walach declaró a “The Defender”: “Se teme que la plataforma mod-ARN también se utilice subrepticiamente para vacunas estándar.”
“No debemos perder tiempo, ya que están en juego la salud y la vida de muchos de nuestros semejantes”, afirmó Grühn. “El objetivo es extender esta peligrosa tecnología de modRNA a muchas otras vacunas”.
En una entrevista reciente, el microbiólogo germano-tailandés, Dr. Sucharit Bhakdi, declaró a “The Defender” que el momento actual representa la mejor oportunidad que hemos tenido nunca de oponernos a la administración continuada de las vacunas de ARNm COVID-19.
“Tenemos que aprovechar esta oportunidad” porque “ahora se sabe que estas vacunas están condenando a la humanidad al olvido”, dijo, y añadió que “contienen sustancias que te alterarán genéticamente. No serás el mismo ser humano”.
“Se trata de medicamentos preventivos genoterapéuticos, y deberían llamarse por su verdadero nombre y no ‘vacunas’,” dijo Walach. “En cuanto esto se presente claramente, la gente se lo pensará dos veces”.
“El objetivo final es, por supuesto, el control total sobre nosotros, es decir, no sólo sobre nuestras finanzas, sino también sobre nuestros genes”, dijo Bhakdi.
Los expertos también pidieron consecuencias legales para los organismos y personas que autorizaron la administración de las vacunas COVID-19 al público.
“Hace falta más. [Nosotros] exigimos que las señales de seguridad se investiguen con prontitud y a fondo, como ha sido habitual y como exige la ley”, dijo Orient.
“Los políticos y reguladores responsables de esto, y los medios de comunicación que crearon la atmósfera de miedo que permitió que esto pasara desapercibido, deben responder por esto”, dijo Walach.
“La respuesta del COVID violó los derechos constitucionales y la ética médica”, afirmó Orient. “Los funcionarios deben rendir cuentas individualmente. Hay que limitar los poderes de emergencia. Necesitamos instituciones independientes del complejo médico-industrial-regulador-censurador”.
“Nuestros miembros y seres queridos fueron gravemente maltratados y traicionados por los organismos de salud pública del país y buscan que se rindan cuentas y justicia”, declaró Geyer. “Nuestro movimiento está creciendo, y a los políticos estadounidenses de todo signo les resultará cada vez más insostenible ignorarnos. Esperamos que llegue el día en que los culpables rindan cuentas”.