Unos meses antes de que las primeras vacunas COVID-19 recibieran la Autorización de Uso de Emergencia (“Emergency Use Authorization”, EUA por sus siglas en inglés) a finales de 2020, un experto en seguridad de vacunas a nivel mundial advirtió que las circunstancias apresuradas hacían que fuera esencial “acertar” con [los controles de seguiridad] mediante un escrutinio “intensivo” y “robusto” de los eventos adversos tras el despliegue experimental. [safety monitoring]

Como afirmó este experto , “desplegar cualquier nueva vacuna basada en datos de ensayos clínicos acelerados en una población sin un sistema de control de la seguridad que funcione es imprudente e irresponsable, dadas las herramientas disponibles.”

Además, añadió, cualquier inversión necesaria para reforzar la vigilancia de la seguridad sería “poco costosa en comparación” con la enorme financiación asignada al desarrollo y la ampliación de la vacuna COVID-19.

En teoría, Estados Unidos cuenta con un sistema nacional de control de la seguridad de las vacunas desde 1990 -el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (“Vaccine Adverse Event Reporting System”, VAERS por sus siglas en inglés)- que pretende funcionar como un “sistema de alerta temprana“.

El VAERS y su homólogo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés), el FAERS (siglas en inglés de “FDA Adverse Event Reporting System”, Sistema de Notificación de Efectos Adversos de la FDA), constituyen las principales fuentes de datos en las que se basan los organismos reguladores a la hora de retirar medicamentos o vacunas del mercado por motivos de seguridad.

El VAERS no sólo no ha estado nunca a la altura de lo que prometía, sino que no cabe duda de que sus flagrantes fallos se deben en gran medida, y de forma maligna, a su diseño.

Por ejemplo, cuando un estudio encargado por el gobierno puso de manifiesto las deficiencias del VAERS en 2010, estimando que más del 99% de las reacciones adversas a las vacunas no se notificaban y que una de cada 39 dosis de vacuna administrada estaba relacionada con eventos adversos refrendado por los prospectos de las vacunas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”, CDC) simplemente cancelaron el proyecto.

Ahora, en menos de un año, más de medio millón de informes de lesiones han inundado el VAERS tras las inyecciones experimentales de COVID, incluyendo miles de muertes. Sin embargo, este volumen récord de reacciones adversas, que representa casi un tercio de todas las notificaciones acumuladas por el VAERS a lo largo de sus tres décadas de vida, ha sido acogido por un silencio normativo ensordecedor.

¿Cómo es posible la ausencia de señales de alarma del “sistema de alerta temprana”? En un comentario reciente, “Defining Away Vaccine Safety Signals” (Definiendo los avisos sobre la seguridad de las vacunas para que desaparezcan), un experimentado experto en estadística sugirió que no sólo no se ha prestado atención a las advertencias de los expertos en seguridad que recomendaron que se hiciera un seguimiento “correcto” de la seguridad de las vacunas, sino que los CDC y otros organismos de salud pública han tomado medidas para ocultar intencionadamente los avisos sobre laseguridad de las vacunas.

Todo está en el algoritmo

Los diversos artículos del experto en estadística, Mathew Crawford, tienen un humilde objetivo: “aportar herramientas para desarrollar una forma de pensar en problemas difíciles” sobre los que sospecha que “mucha gente está muy confundida”.

En lo que respecta a los avisos sobre la seguridad de la vacuna COVID, Crawford presta un valioso servicio al examinar de forma competente los “Procedimientos operativos estándar para la COVID-19” del VAERS, que, según señala, los CDC publicaron “sin mucha fanfarria” el 29 de enero.

En concreto, Crawford disecciona una herramienta clave de extracción de datos esbozada por los CDC en el documento del 29 de enero. La herramienta, denominada “ratio de notificación proporcional” (“proportional reporting ratio”, PRR por sus siglas en inglés), evalúa una vacuna frente a otra, comparando “la proporción de un efecto adverso [adverse event] específico tras una vacuna específica frente a la proporción del mismo efecto adverso tras recibir otra vacuna”.

Hasta aquí todo bien, excepto que en lugar de hacer el trabajo que se profesa, el PRR parece ser sorprendentemente impermeable a los avisos sobre seguridad.

Incluso para quienes no tienen formación estadística, la conclusión final de Crawford no puede ser más clara:

“[U]na vacuna que mata y lisia 20 o 50 o 1.000 veces más que una vacuna muy segura mostrará la misma PRR … y ningún aviso sobre la seguridad de la vacuna será identificado por los CDC. Por diseño… incluso, si tomo una casilla … y pongo un número enorme, como 1500, aún así no aparece ningún aviso sobre la seguridad según las definiciones de los CDC”. [Emphasis in original]

Como señala Crawford, estos patrones matemáticos innegables no pueden dejar de suscitar sospechas de que la función PRR está diseñada para “establecer una ilusión de seguridad” y proporcionar “una razón para ignorar las verdaderas señales de peligro”.

Al principio, Crawford estaba dispuesto a considerar la posibilidad de que la incompetencia, y no la malevolencia, pudiera explicar sus hallazgos, pero rápidamente rechazó esta explicación, en gran parte porque el defecto matemático es tan descaradamente obvio que incluso un “programador de nivel medio sin una formación matemática fundamental” lo notaría.

En palabras de Crawford: “Los frikis se enorgullecen de identificar sutiles fallos matemáticos o lógicos en un sistema, y esto no es nada sutil”.

Según Crawford, esto nos lleva a algunas crudas implicaciones:

“En algún momento, cuando el potencial de conflictos de intereses es alto y el punto de fallo es fundamental para la tarea de los que hacen el trabajo, la incompetencia ya no debería diferenciarse de la intención criminal”.

La implosión de la narrativa de seguridad

Los trucos estadísticos (y los conflictos de intereses) no son nuevos para las industrias de vacunas o farmacéuticas, que los han utilizado durante décadas para enmascarar con éxito el “abismo entre la retórica de las vacunas y la realidad.”

Incluso cuando los sistemas de alerta de medicamentos parecen “funcionar”, el tiempo que transcurre entre las notificaciones de daños y las medidas reglamentarias es, por término medio, de 20 años.

En ese sentido, con la FDA acelerando hacia la plena aprobación de la inyección de Pfizer, Moderna obteniendo designación de vía rápida para probar otras vacunas de ARNm en niños y adultos y los CDC benignamente manteniendo que los resultados del control de la seguridad de las vacunas COVID son “tranquilizadores”, no es difícil desanimarse sobre la capacidad continua de las agencias para salirse con la suya mediante el mal uso y el abuso de los datos de seguridad del VAERS y de otras fuentes.

Sin embargo, la narrativa de la seguridad comenzó a implosionar a lo grande a finales de 2019, cuando los principales expertos en vacunas del mundo se reunieron en la Organización Mundial de la Salud y admitieron, casi en persona, que las vacunas son a veces mortales y que los controles de seguridad no están logrando captar los peligros.

Puede que COVID haya proporcionado a estos preocupados expertos un indulto temporal y conveniente, pero cada vez más personas reconocen que la premisa de que los efectos adversos de las vacunas son “uno entre un millón” es completamente ficción.

Dado que las lesiones causadas por las vacunas COVID se producen a una escala sin precedentes -y que médicos y científicos creíbles emiten advertencias urgentes sobre los daños a corto y largo plazo -, puede resultar cada vez más difícil para la clase dirigente de las vacunas esconder sus problemas bajo la alfombra estadística.

En 1976, las autoridades de salud pública se vieron obligadas a detener el despliegue de una vacuna contra la gripe porcina, que se había movilizado rápidamente, gracias a una avalancha de publicidad negativa y a que unos 4.000 acontecimientos adversos graves -incluyendo el síndrome de Guillain-Barré y la muerte- se hicieran imposibles de ignorar. Esta “debacle médica“, ahora ampliamente reconocida como tal, se convirtió en el centro de atención de un episodio de 1979 del programa de noticias “60 Minutes”.

Con más de medio millón de lesiones causadas por la vacuna COVID que ya se han notificado sólo al VAERS, y muchas más notificadas en todo el mundo, los acontecimientos actuales empequeñecen la “debacle” de 1976.

Desgraciadamente, al haber abdicado “60 Minutos” y otros medios de comunicación de su índole de ejercer su función investigadora, ahora es más difícil generar el tipo de atención generalizada a los daños, que es lo que suele movilizar a la opinión pública.

El pasado mes de septiembre, la experta mundial en vacunas citada anteriormente, la doctora Helen Petousis-Harris, escribió que no evaluar la seguridad de las vacunas COVID “en toda su capacidad” sería fundamentalmente “un error“.

Por ello, sin el apoyo de los medios de comunicación corporativos, muchas personas y organizaciones son los que están poniendo en evidencia a los funcionarios gubernamentales poco éticos y a los ejecutivos corporativos especuladores.

Reconocen, como señaló recientemente la organización sin ánimo de lucro “Stand for Health Freedom”, que el asunto de los datos no es intrascendente: “La pandemia de COVID se basa en los datos“, y los datos están impulsando medidas políticas que están “cambiando la estructura de nuestra sociedad”.