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El miércoles, un juez federal concedió a Robert F. Kennedy Jr. y a “Children’s Health Defense” (CHD) una victoria parcial en su histórico caso de censura, en el que alegaban que el gobierno de Biden actuó en connivencia con las plataformas de medios sociales para censurar ilegalmente contenidos en línea.
El juez Terry A. Doughty, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Luisiana, emitió un mandato judicial preliminar que prohíbe a los principales funcionarios y organismos de la administración Biden coaccionar o alentar significativamente a las plataformas de medios sociales a silenciar o censurar contenidos en línea.
Sin embargo, el juez Doughty emitió simultáneamente una interrupción de la medida cautelar hasta 10 días después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. se pronuncie sobre un caso similar, Murthy contra Misuri.
Ese caso, presentado en mayo de 2022 por los fiscales generales de Misuri y Luisiana y varios demandantes individuales, se presentó originalmente como Misuri contra Biden.
El Tribunal Supremo tiene previsto escuchar los argumentos el 18 de marzo sobre un requerimiento preliminar en el caso Murthy contra Misuri.
Mary Holland, presidenta de CHD, declaró a “The Defender” que la sentencia del día de San Valentín era “una señal bienvenida para los demandantes en el caso Kennedy” y “una importante victoria para la Constitución de EE.UU.”.
Explicó:
“En una decisión minuciosa, el juez Doughty razonó que los demandantes sí tienen ‘legitimación’ o derecho a demandar y ser oídos; que los demandados han incurrido en coacción o estímulo significativo a la censura y acción conjunta con plataformas de medios sociales; y que el tribunal está obligado a dictar el requerimiento preliminar.
“Además, dado que está bien establecido que las violaciones de los derechos de libertad de expresión constituyen un perjuicio irreparable, el Tribunal actuó incluso antes de una decisión definitiva del Tribunal Supremo en Murthy contra Misuri. El juez Doughty escribió: ‘Este Tribunal… considera que el equilibrio de las equidades y el interés público favorecen firmemente la emisión de una orden judicial preliminar’.
“Sin duda, el Tribunal Supremo tendrá en cuenta esta sentencia cuando escuche los argumentos orales en el caso Murthy contra Misuri el 18 de marzo”.
La sentencia del miércoles tiene su origen en una demanda colectiva presentada en marzo de 2023 por Kennedy, ahora presidente de CHD en excedencia, CHD y la ciudadana Connie Sampognaro contra el presidente Joe Biden, el Dr. Anthony Fauci y otros altos funcionarios de la administración y agencias federales.
La demanda se presentó en nombre de más del 80% de los estadounidenses que acceden a las noticias a través de las redes sociales.
El juez Doughty consolidó las demandas Kennedy contra Biden y Murthy contra Biden en julio de 2023. Ambos casos se tramitaban ante su tribunal y tenían los mismos demandados y muchas cuestiones de hecho y de derecho en común.
Aunque los casos se consolidaron, Doughty dictaminó que el Tribunal de Distrito sigue teniendo jurisdicción sobre la petición separada de Kennedy y CHD de una orden judicial preliminar, subrayando el hecho de que un fallo tardío retrasaría a Kennedy la reivindicación de sus demandas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios de “The Defender”.
“El derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional fundamental”
En su sentencia de 24 páginas, el juez Doughty consideró que varios de los demandados en el pleito Kennedy y otros contra Biden estaban violando los derechos de libertad de expresión de los demandantes en virtud de la Primera Enmienda, causándoles un daño irreparable. Les ordenó que pusieran fin a estas infracciones.
El tribunal reconoció que el “derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional fundamental que es vital para la libertad de nuestra nación, y los demandantes del caso Kennedy han aportado pruebas de un enorme esfuerzo por parte de los demandados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para silenciar formas de expresión basándose en el contenido”.
Los demandantes alegaron que funcionarios de la administración Biden “emprendieron una campaña sistemática y concertada” para obligar a las tres mayores empresas de medios sociales del país a censurar formas de expresión protegidas por la Constitución.
Según la demanda, el gobierno presionó a las plataformas de medios sociales para que silenciaran o censuraran directamente a Kennedy y CHD de las principales plataformas y para que hicieran lo mismo con los contenidos que contenían opiniones sobre COVID-19 y otras cuestiones que contradecían la narrativa del gobierno.
Kennedy y CHD argumentaron que el tribunal debería pronunciarse ahora sobre el requerimiento preliminar, porque el caso es diferente de Murthy contra Misuri, pide un requerimiento más específico y porque los demandados seleccionaron a Kennedy, que es candidato a la presidencia de EE.UU., para la censura.
Para determinar el fondo de la moción de los demandantes, Doughty tuvo que pronunciarse primero sobre si los demandantes estaban legitimados. A este respecto, “el tribunal ha proporcionado sólidos ejemplos concretos de coacción o incitación gubernamental a la censura, en particular con respecto al Sr. Kennedy y a CHD”, declaró Kim Mack Rosenberg, consejera general de CHD.
Doughty citó pruebas de que los acusados etiquetaron a Kennedy como parte de la “Docena de la desinformación” que finalmente fueron censurados de las redes sociales y que algunas de las publicaciones de CHD en las redes sociales también fueron censuradas.
También señaló que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) trabajaron con el “Virality Project” para reducir o eliminar las publicaciones en las redes sociales de personas y organizaciones que ellos creían que estaban difundiendo “información errónea” sobre COVID-19.
El “Virality Project” incluyó explícitamente a Kennedy y CHD en el quinto y segundo lugar como los incidentes semanales de mayor participación en los medios sociales, escribió.
“Estas pruebas también fueron clave en la decisión del Tribunal de que los demandantes cumplían todos los requisitos para respaldar la emisión de la orden judicial y que el equilibrio de fuerzas favorecía a los demandantes en este caso”, añadió Mack Rosenberg.
Doughty también consideró probable que los demandantes tuvieran éxito en cuanto al fondo de su demanda, escribiendo:
“Al igual que en Misuri contra Biden, los demandados de la Casa Blanca y el Director General de Salud Pública coaccionaron y alentaron significativamente a las plataformas de medios sociales a silenciar la libertad de expresión protegida.
“Este Tribunal considera además que los Demandados CDC, los Demandados CISA [Cybersecurity and Infrastructure Security Agency] y los Demandados FBI alentaron significativamente a las plataformas de medios sociales a reprimir la libertad de expresión protegida.”
Es “probable” que los demandados utilicen su poder para reprimir opiniones alternativas en el futuro
Los demandados han alegado que las acciones en cuestión se produjeron en el pasado y no pueden remediarse mediante la emisión de una orden judicial que prohíba acciones futuras y que no existe un “daño inminente” para los demandados porque la pandemia COVID-19 y las elecciones en las que se produjeron las supuestas conductas pertenecen al pasado.
Sin embargo, Doughty dictaminó que las supuestas acciones pasadas también indican que existe un riesgo sustancial de que se produzcan daños en el futuro.
“Al parecer, los demandados siguen manteniendo reuniones con empresas de medios sociales y otros contactos”, escribió, añadiendo:
Aunque la pandemia de COVID-19 ya no es una emergencia, es probable que en el caso de cualquier otro evento de emergencia real o percibida, los Demandados probablemente utilizarían una vez más su poder sobre las empresas de medios sociales para reprimir puntos de vista alternativos”.
“Y es ciertamente probable que los Demandados puedan utilizar su poder sobre millones de personas para reprimir opiniones alternativas o moderar contenidos con los que no están de acuerdo en las próximas elecciones nacionales de 2024.”
Aunque Doughty accedió a una parte sustancial de la petición de Kennedy y otros de un requerimiento judicial preliminar contra la Casa Blanca, el Director General de Salud Pública, los CDC, el FBI y la CISA, también denegó la petición de un requerimiento judicial contra varias otras agencias.
La orden judicial excluía al Departamento de Estado de EE.UU., el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., el Departamento del Tesoro de EE.UU., la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. y el Departamento de Comercio de EE.UU., que también estaban incluidos en la petición de los demandantes.
En ocasiones, “The Defender” publica contenidos relacionados con la misión sin ánimo de lucro de “Children’s Health Defense” que incluyen las opiniones del Sr. Kennedy sobre los temas que CHD y “The Defender” cubren regularmente. De acuerdo con las normas de la Comisión Federal de Elecciones, este contenido no representa un respaldo al Sr. Kennedy, que está en excedencia de CHD y se presenta a la presidencia de EE.UU. como candidato independiente.