El Dr. Anthony Fauci se ha enfrentado hoy a las preguntas de los fiscales generales Eric Schmitt (Missouri) y Jeff Landry (Luisiana) en su demanda contra el gobierno federal por la supuesta connivencia con las plataformas de las grandes empresas tecnológicas para censurar los contenidos que criticaban las vacunas COVID-19 y las contramedidas.
Fauci se presentó a declarar un día después de que el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE.UU. temporalmente cancelara las declaraciones de otros tres funcionarios de la administración Biden.
En un comunicado publicado el martes previo a la declaración de Fauci, Schmitt dijo:
“Mañana, junto con mi colega de Luisiana, mi Oficina y yo depondremos al Dr. Anthony Fauci en nuestra demanda contra la Administración Biden por la supuesta connivencia con las empresas de medios sociales para censurar la libertad de expresión.
“Desde que presentamos nuestra histórica demanda, hemos sacado a la luz documentos e intercambiado información legal y evidencias que muestran una clara coordinación entre la Administración Biden y las empresas de medios sociales para censurar el discurso, pero aún no hemos terminado. Tenemos previsto obtener respuestas en nombre del pueblo estadounidense. Estén atentos”.
El comunicado también citaba a Jeff Landry:
“Todos merecemos saber hasta qué punto el Dr. Fauci estuvo implicado en la censura del pueblo estadounidense durante la pandemia de COVID; mañana espero averiguarlo.
“Y seguiré luchando por la verdad en lo que se refiere a la colusión del Gran Gobierno, “Big Government”, con las Grandes Tecnologías, “Big Tech”, para reprimir la libertad de expresión”.
Schmitt y Landry demandaron al presidente Biden, a Fauci y a otros el 5 de mayo. La “New Civil Liberties Alliance”, un grupo sin ánimo de lucro que representa a los críticos abiertos de las vacunas COVID-19 y las contramedidas, incluidos los Dres. Jayanta Bhattacharya, Martin Kulldorff, Aaron Kheriaty y también Jill Hines, se unieron a la demanda en agosto, al igual que Jim Hoft, fundador y editor jefe de “The Gateway Pundit”.
Según la denuncia, los funcionarios del gobierno se confabularon y coaccionaron a las grandes empresas de tecnología, “Big Tech”, y a las plataformas de las redes sociales para “censurar a los oradores, puntos de vista y contenidos desfavorables” relacionados con la COVID-19.
Varios funcionarios citados en la demanda, incluida la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, argumentaron que no deberían ser obligados a declarar, pero el lunes un juez federal denegó una solicitud para anular la citación de Psaki.
El mismo juez, Terry Doughty, el 21 de octubre que ordenó que Fauci y otros funcionarios del gobierno prestaran declaración bajo juramento.
Además de Fauci y Psaki, otros funcionarios del gobierno que se ha programado que declaren son:
- Agente Especial Supervisor del FBI Elvis Chan
- Carol Crawford, jefa de la Subdivisión de Medios Digitales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
- Directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, Jen Easterly
- El Director de Estrategia Digital de la Casa Blanca, Rob Flaherty
- Daniel Kimmage, funcionario del Global Engagement Center del Departamento de Estado
- El Dr. Vivek Murthy, Director General de Salud Pública de los Estados Unidos
Dos funcionarios de menor nivel figuraban como suplentes: Lauren Protentis, de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, en lugar de Easterly, y Andrew Slavitt, antiguo asesor de la Casa Blanca en materia de COVID-19, en lugar de Flaherty.
Una sentencia anterior había obligado a las personas mencionadas a prestar testimonio por escrito.
El juez rechaza los “desmentidos generales que sirven a sus propios intereses”.
En su sentencia del 21 de octubre, el juez Doughty coincidió con los demandantes en que los “desmentidos generales que sirven a sus propios intereses” de Fauci sobre su papel en la censura de ciertos tipos de contenidos y puntos de vista en las redes sociales no podían tomarse al pie de la letra, por lo que era necesaria una declaración.
Fauci impugnó la orden de comparecencia, alegando que las comunicaciones en cuestión están protegidas por el secreto profesional. Pero el juez Doughty ordenó a Fauci que entregara los documentos en un plazo de 21 días y que respondiera a las preguntas de los demandantes en su totalidad.
Landry y Schmitt presentaron una solicitud de declaración el 10 de octubre. En una declaración hecha pública en su momento por Schmitt, dijo:
“Tras encontrar documentación sobre una relación colusoria entre el gobierno de Biden y las empresas de medios sociales para censurar la libertad de expresión, presentamos inmediatamente una moción para llevar a estos funcionarios a declarar bajo juramento.
“Ya es hora de que pongamos bajo el foco a esta empresa de censura y obliguemos a estos funcionarios a sincerarse ante el pueblo estadounidense, y esta sentencia nos permitirá hacerlo. Seguiremos presionando por la verdad”.
Las declaraciones de tres funcionarios de la administración Biden quedan en espera
En una orden emitida el lunes, el 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, detuvo temporalmente las declaraciones programadas de Easterly, Flaherty y Murthy.
Según Politico, el panel de tres jueces consideró por unanimidad que el juez Doughty se había equivocado al aprobar las declaraciones sin examinar primero si había “otros medios” para obtener la información que los demandantes buscan.
El tribunal devolvió el caso a Doughty para que lo revisara. Según la orden:
“Por lo tanto, antes de que cualquiera de las declaraciones pueda seguir adelante, el tribunal de distrito debe analizar si la información que se busca puede obtenerse a través de medios alternativos menos intrusivos, tales como más aportación de información por escrito o declaraciones de funcionarios de menor rango.
“Es necesario introducir conclusiones escritas sobre la disponibilidad y la suficiencia de las alternativas”.
En una declaración proporcionada a “The Defender” por la oficina de Landry, éste dijo: “Estos acontecimientos no cambian mi búsqueda de la verdad. Respetamos la decisión del tribunal y continuaremos en la fase de descubrimiento de este caso.”
La orden judicial del jueves se produjo después de que los abogados del gobierno argumentaran que los demandantes no deberían tener la capacidad de hacer declarar a los tres funcionarios en cuestión, sobre la base de que son funcionarios gubernamentales de alto rango, y que las declaraciones “inevitablemente los distraerían” de “sus deberes que son importantes y urgentes en el tiempo”, lo cual “causaría un daño irreparable”.
Sin embargo, la moción del gobierno federal para aplazar parcialmente la orden de deposición del juez Doughty fue denegada. El auto del 21 de noviembre decía: “No nos pronunciamos sobre la petición… en este momento”.
Estaba previsto que Easterly, Flaherty y Murthy declararan a principios de diciembre.
El miércoles, el juez Doughty, en una resolución separada, ordenó a Psaki que se sometiera a una declaración y rechazó un intento de proteger a la agente Chan del FBI para que no respondiera a las preguntas bajo juramento.
Los demandantes en el caso argumentaron que ninguno de los funcionarios era de “alto rango”, y el juez Doughty estuvo de acuerdo, encontrando que las “cargas” a las que se enfrentarían los funcionarios como resultado de sentarse a declarar eran superadas por la necesidad de recopilar más información sobre las alegaciones en cuestión antes de fallar sobre una moción de requerimiento preliminar.
Según la orden del 5º Circuito:
“No es suficiente, como consideró el tribunal de distrito, que estos funcionarios puedan tener “conocimiento personal” de ciertas comunicaciones.
“Ese conocimiento puede ser ampliamente compartido o tener sólo una importancia marginal en comparación con la “carga potencial” impuesta al declarante”.
Según el tribunal, el gobierno ya ha presentado “un amplio descubrimiento por escrito“. El gobierno afirma que estos documentos no revelan ninguna violación de la Primera Enmienda, mientras que los demandantes afirman lo contrario.
Politico también informó que el 5º Circuito pidió al juez Doughty que considerara la viabilidad general de la demanda antes de permitir que las declaraciones sigan adelante.
El 5º Circuito dijo que el juez Doughty no debería haber emitido un fallo con respecto a las declaraciones hasta que los tribunales decidieran sobre la moción de desestimación del gobierno – a pesar de que esa moción fue retirada después de que los demandantes presentaron una demanda enmendada y el gobierno no ha presentado una nueva moción de desestimación.
Según Politico, la orden del 5º Circuito no es definitiva: El juez Doughty todavía puede decidir, basándose en un análisis recién aclarado, que las declaraciones de Easterly, Flaherty y Murthy son necesarias.
Politico también informó de que la orden del 5º Circuito puede reforzar los esfuerzos de Psaki y del Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. para detener su declaración.
En una reciente audiencia, los abogados de Psaki afirmaron que no hay pruebas de que se haya reunido o haya estado en contacto con ningún ejecutivo de las redes sociales en relación con la supuesta “información errónea”, aunque sí expresó comentarios críticos sobre las plataformas de las redes sociales durante las sesiones informativas de la Casa Blanca.
En su orden del 21 de noviembre, el juez Doughty rechazó esa afirmación, escribiendo:
“A pesar de que Psaki es una ex funcionaria de alto rango, la carga potencial sobre Psaki fue superada por la necesidad de determinar si la libertad de expresión había sido silenciada”.
Anteriormente, un juez federal de Virginia rechazó los argumentos presentados por Psaki y el Departamento de Justicia, entre ellos que presentarse a una declaración supondría una “carga excesiva” para ella, alejándola de su familia y de su nuevo trabajo en la MSNBC durante varios días.
El juez de primera instancia Ivan Davis, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, trasladó la cuestión al juez Doughty. Davis desestimó las reclamaciones de Psaki, argumentando que Psaki y el Departamento de Justicia estaban intentando dar un “rodeo” a la orden de declaración.
El juez Doughty consideró previamente “que los demandantes han probado que Jennifer Psaki tiene conocimiento personal sobre la cuestión relativa a la censura a través de los medios de comunicación social en relación con el COVID-19 y las cuestiones auxiliares del mismo”.
“Psaki ha hecho una serie de declaraciones que son relevantes en relación a la participación del Gobierno en una serie de esfuerzos de las plataformas de medios sociales para censurar a sus usuarios en general por compartir información relacionada con COVID-19”, añadió el juez Doughty. “Cualquier carga para Psaki se ve superada por la necesidad de determinar si se ha reprimido la libertad de expresión”.