Funcionarios de alto rango de la administración Biden -incluido el Dr. Anthony Fauci- y cinco gigantes de las redes sociales tienen 30 días para responder a las citaciones y a las solicitudes de presentación de pruebas en una demanda en la que se alega que el gobierno se confabuló con las empresas de redes sociales para restringir la libertad de expresión “bajo el pretexto de combatir la desinformación”.

El miércoles el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, entregaron citaciones a terceros a Twitter, Meta (la empresa matriz de Facebook), Youtube, Instagram y LinkedIn.

El martes, Schmitt y Landry presentaron solicitudes de presentación de pruebas para obtener documentos e información del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (“National Institute of Allergies and Infectious Diseases”, NIAID por sus siglas en inglés) y de Fauci, su director; de la secretaria de prensa de la Casa Blanca , Karine Jean-Pierre; del Director General de Sanidad, el Dr. Vivek Murthy, y de la antigua directora ejecutiva de la Junta de Gobernanza de la Desinformación (“Disinformation Governance Board”), Nina Jankowicz.

También se enviaron solicitudes de descubrimiento a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”,CDC por sus siglas en inglés); a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (“Cybersecurity and Infrastructure Security Agency”) y a su directora, Jen Easterly; al Departamento de Seguridad Nacional (“Department of Homeland Security”, DHS por sus siglas en inglés) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (“Department of Health and Human Services”, HHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“En mayo, Missouri y Luisiana presentaron una demanda histórica contra funcionarios de alto rango de la Administración Biden por su presunta connivencia con los gigantes de las redes sociales para restringir la libertad de expresión en temas como el COVID-19 y la seguridad electoral”, dijo Schmitt en el comunicado de prensa del martes.

Schmitt añadió:

“A principios de este mes, un tribunal federal concedió nuestra moción para acelerar la presentación de pruebas, permitiéndonos recoger importantes documentos de los funcionarios de la Administración Biden. Ayer, entregamos las solicitudes de presentación de pruebas y hoy entregamos las citaciones de terceros para hacer exactamente eso.

“Lucharemos para llegar al fondo de esta presunta colusión y exponer la supresión de la libertad de expresión por parte de los gigantes de las redes sociales a instancias de altos funcionarios del gobierno”.

Schmitt anunció en un comunicado del 12 de julio que Terry Doughty, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana, falló a favor de una moción del 17 de junio para acelerar la presentación de pruebas relacionadas con el requerimiento judicial preliminar y estableció un calendario con plazos específicos para las declaraciones.

Según Schmitt, los funcionarios del gobierno ” presionaron y se confabularon con los gigantes de las redes sociales Meta, Twitter y Youtube para censurar la libertad de expresión en nombre de la lucha contra la llamada “desinformación” y la “información errónea”, lo que llevó a la supresión y censura de información veraz sobre varios temas, incluido el COVID-19″.

“La decisión del Tribunal ha despejado el camino para que Missouri y Luisiana recojan pruebas y documentos de los funcionarios de la Administración Biden y de las empresas de medios sociales”, dijo Schmitt en un comunicado de prensa el martes.

“La orden dice: ‘La Primera Enmienda obviamente se aplica a los ciudadanos de Missouri y Louisiana, por lo que Missouri y Louisiana tienen la autoridad para hacer valer esos derechos'”, dijo.

En una declaración en Twitter en la que anunciaba la decisión del tribunal de acceder a la petición de los fiscales generales, Schmitt dijo: “Nadie ha tenido la oportunidad de mirar bajo el capó antes – ahora lo hacemos”.

La presidenta de “Children’s Health Defense” (CHD), Mary Holland, que también es consejera general de CHD, elogió la sentencia:

“CHD se congratula de esta innovadora sentencia del juez Doughty del Distrito Oeste de Luisiana para descubrir si la administración Biden ha violado la Primera Enmienda mediante la censura.

“Durante dos años, CHD y muchos otros medios de comunicación no han podido comprender los mecanismos mediante los que nuestras principales plataformas mediáticas han censurado, restringido y distorsionado despiadadamente nuestra información.

“Ahora, a través del proceso de descubrimiento que el juez ha permitido, descubriremos cómo Meta, Instagram, Twitter y YouTube han estado confabulados con el gobierno federal para frenar la llamada ‘información errónea’ y ‘desinformación’. Este es un nuevo día”.

Fauci, los CDC, el secretario de prensa de la Casa Blanca y otros deben entregar documentos

Según el comunicado de prensa, a Fauci, principal asesor médico del presidente Biden y director del NIAID, se le pide que entregue todas las comunicaciones con las plataformas de medios sociales relacionadas con la modulación de contenidos y/o la desinformación, y que revele todas las reuniones con cualquier plataforma de medios sociales relacionadas con el tema y que proporcione todas las comunicaciones con Mark Zuckerberg desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad.

Fauci también debe entregar todas las comunicaciones con cualquier plataforma de medios sociales relacionadas con la Declaración de Great Barrington; los autores y firmantes originales de la Declaración de Great Barrington; el Dr. Jay Bhattacharya; el Dr. Martin Kulldorff; el Dr. Aaron Kheriaty, la Dra. Sunetra Gupta; el Dr. Scott Atlas; Alex Berenson; Peter Daszak, Ph.D.; Shi Zhengli, Ph.D.; el Instituto de Virología de Wuhan; “EcoHealth Alliance”; y/o cualquier miembro de la llamada “Docena de desinformación”, que incluye al presidente y principal asesor jurídico de CHD, Robert F. Kennedy Jr.

A la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se le exige que identifique a cada funcionario, oficial, empleado, miembro del personal, contratista o cualquier otra persona relacionada con el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca que se haya comunicado o se esté comunicando con cualquier plataforma de medios sociales relacionada con la modulación de contenidos y/o la desinformación, y que entregue esas comunicaciones.

Jean-Pierre también debe identificar a todas las personas que “se comprometen regularmente con todas las plataformas de medios sociales sobre las medidas que pueden tomarse” para hacer frente a la desinformación en los medios sociales, compromiso que “ha continuado, y … continuará”, como se declaró durante una sesión informativa de la Casa Blanca el 25 de abril – y entregar todas las comunicaciones con cualquier plataforma de medios sociales que participan en dicho compromiso.

La acusada Nina Jankowicz, encargada de dirigir la “Junta de Gobernanza de la Desinformación” de la administración Biden, debe proporcionar todos los documentos relacionados con las comunicaciones con las plataformas de medios sociales y la modulación de contenidos y/o la desinformación.

Jankowicz debe identificar la naturaleza, el propósito, los participantes, los temas a tratar y los temas realmente tratados en la reunión entre el personal del DHS y los ejecutivos de Twitter, Nick Pickles y Yoel Roth, programada para el 28 de abril o alrededor de esa fecha.

Los CDC están obligados a proporcionar los nombres de cada funcionario, oficial, empleado, miembro del personal, contratista o agente de los CDC o cualquier otro funcionario o agencia federal que se comunicó o se está comunicando con cualquier plataforma de medios sociales en relación con la modulación de contenidos y/o la desinformación.

Los CDC deben revelar las comunicaciones con cualquier plataforma de medios sociales relacionadas con la modulación de contenidos o la desinformación, cualquier reunión que haya tenido lugar con plataformas de medios sociales relacionadas con la modulación de contenidos y/o la desinformación, y debe identificar a todos los “miembros de nuestro personal superior” y/o “miembros de nuestro equipo COVID-19” que estén “en contacto regular con … plataformas de medios sociales”, como “Jennifer Psaki [anterior secretaria de prensa de la Casa Blanca] declaró en una rueda de prensa de la Casa Blanca el 15 de julio de 2021 o alrededor de esa fecha”.

La agencia también debe revelar todos los “expertos gubernamentales” que sean funcionarios, oficiales, agentes, empleados o contratistas federales, que se hayan “asociado con” Facebook o cualquier otra plataforma de medios sociales para abordar la desinformación y/o la modulación de contenidos, incluyendo todas las comunicaciones relacionadas con dichas asociaciones.

Al igual que Fauci, los CDC deben entregar la información y las comunicaciones sobre la “llamada docena de desinformación”, la Declaración de Great Barrington, los medios de comunicación alternativos y los principales expertos y científicos que se han pronunciado en contra del enfoque del gobierno para el tratamiento del COVID-19 o la imposición de mascarillas y confinamientos.

Meta (Facebook) recibió la “orden” de presentar todas las comunicaciones con cualquier funcionario federal en relación con la desinformación y/o la modulación de contenidos, a presentar todos los documentos y acciones relacionadas con las comunicaciones que se hayan tomado basándose total o parcialmente en la información recibida, directa o indirectamente, de cualquier funcionario federal y a presentar todas las comunicaciones y documentos relacionados con una lista de términos de búsqueda que incluyan el nombre de Kennedy y/o los nombres de destacados médicos y doctores que fueron censurados por sus opiniones sobre el COVID-19.

Facebook también debe revelar reuniones, comunicaciones y documentos relacionados con las declaraciones de Psaki, quien dijo que la Casa Blanca está “en contacto regular con estas plataformas de medios sociales, y esos compromisos suelen producirse a través de miembros de nuestro personal superior, pero también de miembros de nuestro equipo COVID-19”, y en relación con los esfuerzos de la Casa Blanca para señalar “publicaciones problemáticas para Facebook que difunden desinformación”.

Se hicieron peticiones similares a otros funcionarios del gobierno y a plataformas de medios sociales, como Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn.

La demanda alega confabulación para silenciar a los oradores y puntos de vista indeseados

En mayo, los fiscales generales de Luisiana y Missouri presentaron una demanda en la que alegaban que los acusados del gobierno “se confabularon con las empresas de medios sociales y/o las coaccionaron para restringir a los oradores, puntos de vista y contenidos desfavorables en las plataformas de medios sociales, etiquetando el contenido como ‘información errónea’, ‘información maliciosa’ y ‘desinformación'”.

La demanda alega que las empresas de redes sociales etiquetan falsamente los contenidos veraces como “información errónea” y “desinformación” y sostiene que la supresión constituye una acción gubernamental, que viola la libertad de expresión protegida por la Constitución de Estados Unidos.

La demanda también alega que la Junta de Gobernanza de la Desinformación del DHS fue creada “para inducir, etiquetar y presionar la censura de contenidos, puntos de vista y oradores desfavorables en las plataformas de medios sociales”, y que el HHS y el DHS violaron la Ley de Procedimiento Administrativo para “declarar ilegales y anular las acciones finales de la agencia” que se consideran un abuso de poder y arbitrarias y caprichosas.

La demanda ofrece varios ejemplos de información veraz que fue censurada por las empresas de redes sociales, las cuales posteriormente admitieron que el contenido era veraz o fiable.

Según “The Epoch Times”, la demanda podría ayudar a sacar a la luz los “esfuerzos entre bastidores” de la administración Biden para desalentar la difusión de información relacionada con la teoría de la fuga del laboratorio sobre el origen del COVID-19 y la eficacia de las mascarillas y los confinamientos.