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El juez del Tribunal Supremo de EE.UU. Samuel Alito el viernes prorrogó el bloqueo temporal de una orden de un tribunal de apelaciones que habría restringido a la administración Biden la comunicación con las empresas de medios sociales sobre el COVID-19 y otros contenidos que el gobierno considera “información errónea”.
La prórroga de Alito está relacionada con el requerimiento de un juez federal emitido el 4 de julio en el caso de censura Misuri y otros contra Biden y otros. La orden judicial fue confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de Estados Unidos, que concluyó que los funcionarios federales probablemente habían violado la Primera Enmienda al coaccionar a las plataformas de redes sociales para que censuraran determinadas publicaciones.
Sin embargo, el 14 de septiembre, Alito suspendió temporalmente la medida cautelar del 5º Circuito. La sentencia del viernes prorroga la pausa hasta la medianoche del miércoles.
“Estamos muy atentos a las medidas que adopte el Tribunal Supremo el miércoles”, declaró Kim Mack Rosenberg, consejera general de “Children’s Health Defense” (CHD).
Añadió:
“Las decisiones de este caso deberían ser importantes para todos los estadounidenses que valoran la libertad de expresión, un derecho fundamental tanto en la capacidad de transmitir información como en la de recibirla. La censura gubernamental no es un rasgo distintivo de la democracia. Este caso y el de Kennedy y CHD, y otros contra Biden, y otros, plantean cuestiones de importancia crítica sobre la coacción gubernamental que los estadounidenses harían mal en ignorar”.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., que solicitó la anulación de la sentencia del tribunal de apelaciones, el mandato judicial dificultaría a los funcionarios de la Casa Blanca, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el FBI responder a las publicaciones en línea que supongan un peligro para la salud o la seguridad públicas, informó Político.
Según Reuters, la prórroga de la suspensión da al tribunal más tiempo para estudiar la petición de la administración Biden de bloquear la medida cautelar.
La prórroga del viernes no es un indicio de cómo votará Alito respecto a la petición de la administración, informó “The Hill”. Alito emitió la orden porque está asignado a supervisar asuntos relacionados con el 5º Circuito.
Aún no está claro qué ocurrirá a continuación. El tribunal podría dictar una orden denegando la suspensión, lo que permitiría que entrara en vigor la orden judicial del tribunal de apelaciones. Por el contrario, el tribunal podría dictar una resolución que conceda una suspensión mucho más larga e indique que estudiará el fondo del asunto con informes y argumentos completos.
La orden judicial tiene su origen en la demanda Misuri contra Biden, presentada en mayo de 2022 por el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, en la que alegan que el presidente Biden y otros altos funcionarios de la Administración “presionaron y actuaron en connivencia”con compañías de medios sociales de las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, para censurar y acallar información, incluidas las publicaciones que contradecían la versión oficial del gobierno sobre los orígenes, las vacunas y los tratamientos del COVID-19.
Robert F. Kennedy Jr., fundador y presidente en excedencia de CHD, y CHD formularon acusaciones similares contra funcionarios clave de la administración Biden, en una demanda colectiva presentada en marzo.
En julio, un juez federal unificó las dos demandas.
CHD y Kennedy el 20 de septiembre presentaron un escrito amicus contra la pausa de Alito del 14 de septiembre, argumentando que no se debe impedir la orden judicial confirmada por el tribunal de apelaciones que pretendía detener la censura gubernamental del contenido de las redes sociales.
El escrito de CHD y Kennedy decía:
“Empresas como Facebook y Google deciden cada día por cientos de millones de estadounidenses lo que se les permite decir, ver y oír. Al tratarse de empresas privadas, la Constitución no se aplicaría normalmente a sus decisiones de “moderación de contenidos”.
“Pero como ahora sabemos, y como demuestra el expediente documental en este caso, el Gobierno Federal ha estado librando durante varios años una campaña sistemática, clandestina y muy eficaz para conseguir que estas empresas hagan lo que el propio Gobierno no puede: censurar la expresión protegida sobre la base de su contenido y punto de vista.”
Los informes amicus son presentados por personas que no son parte en un litigio y lo hacen con la intención de proporcionar información que tenga relación con las cuestiones y ayudar al tribunal a tomar la decisión correcta. Proviene del latín amici curiae, que significa “amigo del tribunal”.