NOTA DEL EDITOR: “Children’s Health Defense” emitió esta declaración el jueves, horas antes de que el presidente Biden anunciara oficialmente que su administración exigirá a todos los empleados federales que se vacunen contra el COVID, o que se enfrenten a continuas pruebas, uso de mascarilllas y restricciones de distanciamiento social.

“Children’s Health Defense” (CHD), en respuesta al anuncio anticipado de hoy de que todos los empleados y contratistas federales deben ponerse la vacuna COVID o someterse a pruebas rutinarias de COVID, dijo que la acción viola la Constitución de los Estados Unidos y el Código de Nuremberg, que establece claramente que el consentimiento informado es esencial en la experimentación médica.

Como las complicaciones a corto plazo de las vacunas COVID están aún ahora siendo notificadas y todavía no se conocen del todo, y los resultados a largo plazo no se conocerán hasta dentro de unos años, es imposible dar un consentimiento informado real.

CHD también señala que la tasa de supervivencia de la COVID en todos los grupos de edad es del 98,23%. En los niños, la tasa de supervivencia es aún mayor, un 99,985%, lo que pone en duda la necesidad de una vacunación generalizada contra el COVID.

“Este tipo de coacción sería impensable para los padres fundadores de esta nación, y debería ser impensable para todos los estadounidenses de hoy que valoran la libertad frente a los gobiernos tiránicos”, dijo el presidente de CHD, Robert F. Kennedy, Jr.

“Las intervenciones médicas forzadas han sido aborrecidas por los defensores de la libertad y la dignidad humana en todas las épocas”, dijo Kennedy. “El hecho de que las pruebas para estas vacunas hayan sido de mala calidad, que las vacunas sean experimentales, que no estén aprobadas y sean tan arriesgadas que sus fabricantes no puedan obtener la cobertura de un seguro ni se vaya a indemnizar a los usuarios contra lesiones graves o la muerte debería magnificar nuestra repugnancia ética.”

Cualquier persona que resulte dañada por las vacunas COVID, así como las familias de los fallecidos tras la vacunación, no recibirán indemnización alguna por parte de la industria farmacéutica. Tanto la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Infancia de 1986 como el Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (“Countermeasures Injury Compensation Program”, CICP por sus siglas en inglés) proporcionan inmunidad frente a su responsabilidad a los fabricantes de vacunas por las muertes y lesiones que se producen por el uso de sus productos.

Los pagos son excepcionalmente poco frecuentes en el caso del CICP, que es donde hay que reclamar una indemnización por las lesiones y muertes causadas por la vacuna COVID.

Hasta el 16 de julio, el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (“Vaccine Adverse Event Reporting System”, VAERS por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (“Department of Health and Human Services”, HHS por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos ha recibido informes de 491.218 efectos adversos totales, incluidos 11.405 fallecimientos, tras las vacunas COVID.

Los norteamericanos son cada vez más explícitos en cuanto a las razones por las que se niegan a vacunarse contra el COVID. Algunos ya se han recuperado de COVID, lo que supone una contraindicación para que se pongan la vacuna.

Algunas personas preocupadas por la vacuna citan el historial de “cebado patogénico“, un mecanismo que algunos investigadores describieron eufemísticamente como “refuerzo inmunitario”, en anteriores intentos de desarrollar una vacuna contra el coronavirus.

Este fenómeno puede producirse en quienes reciben una vacuna, desarrollan anticuerpos, y más tarde se infectan con el virus de forma natural, lo que puede desencadenar una cascada de trastornos de la salud y, en algunos casos, la muerte.

Cada vez hay más informes sobre “casos de fallos de la vacunación” en los que personas que han sido totalmente vacunadas contra el COVID se infectan con el virus, lo que inclina la balanza de riesgo/beneficio.

Algunos de los que todavía están indecisos sobre la vacuna pueden estar teniendo en cuenta la presunta ocultación por parte del gobierno de opciones de tratamiento viables y baratas para el COVID, mientras que el impulso de la vacunación universal se puso en marcha y a todas las versiones de la vacuna se les concedió la Autorización de Uso de Emergencia.

A pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos expresó la opinión a principios de esta semana de que la imposición de vacunas experimentales es legal, CHD está en total desacuerdo.

“El gobierno no tiene por qué dictar intervenciones médicas experimentales”, dijo Mary Holland, presidenta y consejera general de CHD. “Esta situación es aún más indescifrable al ver que las personas que se vacunan contra el COVID se siguen infectando, a veces mortalmente, con el mismo virus contra el que se han vacunado”.

Además, los documentos informativos de la FDA muestran que las vacunas COVID no redujeron el nivel de transmisión.

“Toda intervención médica, incluidas las vacunas, conlleva un riesgo”, dijo Holland. “Desafía la lógica que la gente acepte el tremendo riesgo de ponerse una vacuna que no tiene estudios de seguridad a largo plazo cuando se obtiene un beneficio muy limitado, si es que hay alguno.”

Holland añadió: “El gobierno de Biden debería centrar sus esfuerzos en los tratamientos terapéuticos y profilácticos que han demostrado un beneficio significativo con poco riesgo.”