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Un juez de distrito estadounidense de Luisiana que ya presidía tres casos clave de libertad de expresión presidirá ahora también una demanda interpuesta por “Children’s Health Defense” (CHD) contra varias de las mayores organizaciones de noticias del mundo.
La demanda, presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Luisiana, División de Monroe, alega que los miembros de la “Iniciativa de Noticias de Confianza” (“Trusted News Initiative”, TNI por sus siglas en inglés) violaron las leyes antimonopolio y la Constitución de EE.UU. cuando se confabularon colectivamente con los gigantes tecnológicos para censurar las noticias en línea.
TNI es una autodenominada “asociación de la industria” lanzada en marzo de 2020 por varias de las mayores organizaciones de noticias del mundo, entre ellas la BBC, “The Associated Press” (AP), Reuters y “The Washington Post”, todas las cuales figuran como acusadas en la demanda.
El caso está ahora ante el juez de distrito estadounidense Terry Doughty.
Jed Rubenfeld, abogado principal de los demandantes, declaró a “The Defender”:
“Cuando las empresas de medios sociales se confabulan con el gobierno para censurar a quienes critican las decisiones políticas gubernamentales, eso viola la Primera Enmienda.
Cuando actúan en connivencia con las principales organizaciones de noticias para censurar a los editores de noticias en línea rivales, violan la legislación antimonopolio”.
“Como dijo el Tribunal Supremo en un caso antimonopolio hace casi 80 años, ‘la difusión más amplia posible de información procedente de fuentes diversas y antagónicas es esencial para el bienestar del público. … La libertad de publicar está garantizada por la Constitución, pero la libertad de combinarse para impedir que otros publiquen no lo está'”.
Varios casos de censura y libertad de expresión pendientes en Luisiana
Además de la demanda de CHD presentada el miércoles, el juez Doughty está supervisando otros tres casos relacionados con la censura, incluida otra demanda de CHD: una demanda colectiva presentada el 24 de marzo contra el Presidente Biden, el Dr. Anthony Fauci y otros altos funcionarios de la administración y organismos federales. La demanda alega que los demandados “emprendieron una campaña sistemática y concertada” para obligar a las tres mayores empresas de redes sociales del país a censurar discurso protegido por la Constitución.
Los otros dos casos son Missouri contra Biden y Hines y otros contra Stamos.
Missouri contra Biden fue presentada a principios de este año por el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeffrey Landry, alegando que la administración Biden actuó en connivencia con Twitter, Meta (empresa matriz de Facebook), Youtube, Instagram y LinkedIn para censurar determinados puntos de vista con el pretexto de evitar la circulación de “información errónea” o “desinformación”.
El caso, modificado el mes pasado, también es ahora una demanda colectiva.
Hines et al contra Stamos fue presentado el mes pasado por Jill Hines, codirectora de “Health Freedom Louisiana”, y Jim Hoft, fundador de “The Gateway Pundit”, contra las organizaciones y personas que están detrás de “Election Integrity Partnership” y el “Virality project”, alegando que actuaron en connivencia con agentes gubernamentales para vigilar y censurar la expresión en las redes sociales en violación de los derechos de la Primera Enmienda de millones de estadounidenses.
Los tres primeros casos ante el tribunal alegan que los agentes gubernamentales participaron en las decisiones de censura de los medios sociales y, por tanto, su censura viola la Primera Enmienda.
El caso presentado el miércoles por CHD también plantea cuestiones clave en torno a la libertad de expresión, pero además sostiene que la BBC, “Washington Post”, Reuters y “Associated Press” actuaron en connivencia entre sí y con plataformas de medios sociales para atacar a editores de noticias rivales, en violación de la Ley Antimonopolio Sherman.
La demanda contra CHD se presentó inicialmente en Texas
Robert F. Kennedy Jr., presidente de CHD en excedencia, y varios otros demandantes inicialmente demandaron a los miembros del TNI en enero, ante el Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Norte de Texas, División de Amarillo.
Los acusados solicitaron un cambio de sede y el 12 de mayo el juez Matthew J. Kacsmaryk trasladó el caso por error, según declaró Rubenfeld a “The Defender”.
Dado que la orden de calendario del juez Kacsmaryk había dado a los demandantes hasta el 18 de junio para presentar su escrito de oposición al traslado, el traslado del 12 de mayo fue prematuro, dijo Rebenfeld, y privó a los demandantes de la oportunidad de articular sus sólidos argumentos contra el traslado.
Como resultado, los demandantes retiraron voluntariamente el caso.
Entre los demandantes de la demanda presentada el miércoles en Luisiana figuran CHD, “Creative Destruction Media”, “Trial Site News”, Ty y Charlene Bollinger (fundadores de “The Truth About Cancer” y “The Truth About Vaccines”), el periodista independiente Ben Swann, Erin Elizabeth Finn (editora de “Health Nut News”), Jim Hoft (fundador de “The Gateway Pundit”), el Dr. Joseph Mercola, Jeff Crouere (presentador de “Ringside Politics”, programa de radio y televisión con sede en Luisiana) y Ben Tapper, quiropráctico.
“Dado que el juez Doughty ya estaba estudiando tres casos que planteaban cuestiones similares y sabe más sobre este tema que cualquier otro juez del país, era apropiado llevar el caso ante él”, dijo Rubenfeld.
Kennedy demandante en la demanda presentada en enero contra TNI, no es demandante en la demanda presentada el miércoles, pero actúa como asesor jurídico voluntario de CHD.
El TNI censura la información legítima y veraz “para proteger sus propios intereses financieros”.
Todos los demandantes en el caso de CHD contra el TNI alegan que fueron censurados, vetados, eliminados de la plataforma, sufrieron bloqueos fantasmas o fueron penalizados de otro modo por las grandes empresas tecnológicas asociadas con el TNI, porque las opiniones y contenidos que publicaron se consideraron “desinformación” o “información errónea”.
Según alegan, esto supuso una importante pérdida de visibilidad y de ingresos para los demandantes.
Según la denuncia, las grandes empresas tecnológicas, al asociarse con el TNI, basaban sus decisiones en determinaciones tomadas conjuntamente por el TNI, que promocionaba su “sistema de alerta temprana” por el que cada organización asociada es “advertida” sobre un individuo o medio de comunicación que está difundiendo supuesta “información errónea”.
Los medios de comunicación tradicionales de la TNI y las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, actuaban entonces de forma concertada -descrita en términos jurídicos como un “boicot colectivo”- para eliminar de sus plataformas tales voces y perspectivas. Esto constituye la base de las alegaciones antimonopolio de la demanda.
Alegando violaciones per se y de la “regla de la razón” de la Ley Sherman de Defensa de la Competencia sobre la base de pruebas directas y circunstanciales de acuerdos horizontales y colusión económica entre los demandados y las grandes empresas tecnológicas, los demandantes solicitan un juicio con jurado y el triple de daños y perjuicios.
También solicitan que se declare ilegal la conducta de los demandados y se les prohíba seguir actuando de la misma manera.
Comentando la importancia del caso, Kim Mack Rosenberg, consejera general en funciones de CHD, dijo a “The Defender”:
Este caso es de vital importancia para poner de relieve las actividades de los gigantes de los medios de comunicación que se unieron en la “Iniciativa de Noticias de Confianza” (‘Trusted News Initiative’) para censurar a los competidores que publican información contraria a la de los miembros del TNI sobre cuestiones de importancia crítica, como el COVID-19 y la política estadounidense.
“En lugar de ser la ‘policía de la verdad’ que pretenden ser, los miembros del TNI censuran de hecho información legítima y precisa con la intención de proteger sus propios intereses económicos. Además, los miembros del TNI privan al público de información de importancia crítica…
“La gente está perdiendo la fe en los medios de comunicación heredados y los medios heredados -en lugar de reflexionar sobre sus deficiencias y hacer cambios- en su lugar, a través del TNI, se replegaron para proteger sus propios intereses económicos”.
El TNI se enfocó en la “desinformación” sobre el COVID y las elecciones de 2020
Entre los principales socios del TNI en la “coalición de voluntarios” figuran AP, “Agence France Press”, BBC, CBC/Radio-Canada, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), “Financial Times”, “First Draft”, Google/YouTube, The Hindu, “The Nation Media Group”, Meta, Microsoft, Reuters, el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, Twitter y “The Washington Post”.
Estos socios colaboran, según el sitio web de la TNI, “para hacer frente a la desinformación perjudicial en tiempo real”.
Según la demanda:
“Según admiten ellos mismos, los miembros de la ‘Trusted News Initiative’ (‘TNI’) han acordado trabajar juntos, y de hecho lo han cumplido, para excluir de las plataformas de Internet dominantes en el mundo a los editores de noticias rivales que realizan reportajes que desafían y compiten con los reportajes de los miembros de la TNI sobre ciertas cuestiones relacionadas con COVID-19 y la política estadounidense”.
Dicha coordinación, alega la demanda, es “una acción antimonopolio”, conocida como “boicot de grupo”, un intento intencionado de un grupo de competidores de perjudicar a otros competidores cortando el acceso a una “instalación o mercado necesario para que la empresa boicoteada pueda competir”.
La demanda aporta numerosas pruebas de esta acción, descritas en detalle en un artículo anterior de “The Defender”, incluidas declaraciones públicas de socios del TNI.
Por ejemplo, la denuncia incluye una declaración de marzo de 2022 de Jamie Angus, entonces controlador principal de noticias de “BBC News”, que explicaba la “estrategia para vencer a la desinformación” del TNI, en la que afirmaba que la rivalidad a la que se enfrentan las organizaciones de medios de comunicación heredadas es menor entre ellas y más:
“..entre todos los proveedores de noticias de confianza y un maremoto de [información] sin control que se difunde principalmente a través de las plataformas digitales…”. … Esa es la verdadera competencia ahora en el mundo de los medios digitales.
“Por supuesto, las organizaciones siempre competirán entre sí por la audiencia. Pero creo que la amenaza existencial es la quiebra general de la confianza, de modo que las organizaciones de noticias de confianza pierden a largo plazo si las audiencias abandonan la idea de una relación de confianza con las organizaciones de noticias. Así que en realidad hay mucho más que nos lleva a mantenernos unidos que a trabajar compitiendo entre nosotros”.
La demanda alega que esta cita demuestra la colusión anticompetitiva y la motivación económica de los miembros del TNI para sofocar esta “amenaza”: “una violación antimonopolio paradigmática… para apartar del mercado a rivales advenedizos que amenazaban su modelo de negocio”.
La demanda también señala, por ejemplo, que “los miembros del TNI acordaron a principios de 2020 que su ‘colaboración innovadora’ se centraría en las noticias en línea relacionadas con COVID-19 y que los miembros del TNI ‘trabajarían juntos para … garantizar [que] se frenasen en seco los mitos de desinformación perjudiciales ” y “conjuntamente [combatir] el fraude y la información errónea sobre el virus”.
En julio de 2020, afirma la demanda, “el TNI ‘amplió’ su colaboración para cubrir la llamada ‘desinformación’ sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, afirmando que estaba “comprometido con un sistema compartido de alerta rápida para combatir la difusión de desinformación durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.
Las medidas adoptadas por el TNI para boicotear a estas organizaciones de medios de comunicación alternativos supusieron que estos grupos fueran “censurados, desmonetizados, degradados, estrangulados, vetados en la sombra y/o excluidos por completo de plataformas como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram”.
Según la demanda, acallaron de hecho la competencia en el mercado de noticias en línea y también privaron al público de información clave sobre asuntos importantes.