El 26 de febrero, ‘Children’s Health Defense’(CHD) presentó una nueva demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (‘Federal Communications Commission’, FCC por sus siglas en inglés) para impugnar la adopción de una norma que permitiría a las personas instalar antenas de transmisión inalámbrica en sus hogares sin notificar a las propiedades vecinas. La demanda se presentó ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos en el Circuito de DC.

Se trata de una modificación de la norma sobre dispositivos de recepción en el aire (“Over-the-Air Reception Devices”, “OTARD” por sus siglas en inglés) que privaría a los ciudadanos de la posibilidad de oponerse a la instalación de antenas de transmisión inalámbrica en las viviendas vecinas.

La norma, que entrará en vigor el 29 de marzo, facilitará el rápido despliegue del 5G y de 1.000.000 de antenas de satélite de SpaceX y creará superredes Wi-Fi en zonas urbanas y rurales.

La demanda de CHD, presentada en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, afirma que la norma OTARD modificada de la FCC vulnera los derechos constitucionales y pone en entredicho derechos personales y de propiedad de larga data. La demanda alega que la norma enmendada da lugar a violaciones de las garantías procesales, es arbitraria, representa un abuso de discrecionalidad y se aprobó sin autoridad ni jurisdicción legal.

OTARD permite a los propietarios privados colocar antenas fijas punto a punto que soportan el servicio inalámbrico en su propiedad y, por primera vez, proporcionar servicios inalámbricos de datos/voz, incluido el 5G, a los usuarios de las propiedades vecinas mediante la conexión de un “hub” o “relé” diseñado para transmitir la señal a las propiedades vecinas.

La única limitación impuesta a los propietarios es el tamaño de la antena: Según la norma modificada, el diámetro de la antena no debe superar 1 metro (aproximadamente 3 pies).

La norma enmendada no permitirá directamente la colocación de antenas de “servicio inalámbrico personal” (por ejemplo, servicio móvil tradicional), aunque puede lograr efectivamente el mismo resultado.

Scott McCollough, abogado que representa a la CHD en el caso, dijo que, aunque esta distinción es importante, “no significa que el cambio de norma vaya a tener efectos insignificantes. Por el contrario, el inalámbrico fijo puede utilizarse para apoyar el servicio móvil privado (3G, 4G, 5G) y permitirá una importante expansión de los servicios inalámbricos.”

La OTARD elimina toda autoridad de zonificación estatal y local sobre estas antenas. No se requiere ningún permiso. No es necesario notificar a los propietarios de las propiedades vecinas. Y las restricciones de las asociaciones de propietarios y de las escrituras, así como cualquier otra ley estatal, quedan excluidas.

En consecuencia, los afectados no tendrán derecho a oponerse o impedir la instalación de las antenas, aunque se verán expuestos involuntariamente a radiaciones de radiofrecuencia nocivas.

A medida que aumenta la concienciación pública sobre los perjuicios de la tecnología inalámbrica, las comunidades están trabajando con sus ayuntamientos para adoptar ordenanzas que mantengan las antenas alejadas de sus hogares, barrios residenciales y escuelas. La OTARD socavará gravemente la eficacia de estos esfuerzos.

Dafna Tachover, directora del Proyecto 5G y Daños Inalámbricos de la CHD, dijo:

“Esta norma creará un ‘salvaje oeste’ inalámbrico. Debido a las amplias exenciones y a lo fácil que la OTARD hace la instalación de antenas para propagar las señales, la norma probablemente conducirá a la proliferación más significativa y rápida de la 5G utilizando los hogares y las propiedades privadas para el despliegue.”

La nueva norma también anula las leyes federales y estatales de derechos civiles que protegen a los discapacitados. Las enfermedades provocadas por la tecnología inalámbrica están muy extendidas. Las personas que ya han sido perjudicadas por los dispositivos e infraestructuras inalámbricas, como el Wi-Fi y las torres de telefonía móvil, no tendrán derecho a alojamiento, lo que podría obligar a algunas familias a abandonar sus hogares para protegerse. Con la OTARD, incluso las zonas rurales dejarán de ser seguras

A la petición de la CHD se unieron cuatro peticionarios individuales, entre ellos un médico y los padres de cinco niños que han sufrido daños por la radiación inalámbrica.

“Esta norma es un ataque intolerable y sin precedentes a nuestros derechos y protecciones constitucionales”, dijo Tachover. “Desde el momento en que tuvimos conocimiento de que la FCC tenía la intención de adoptar esta norma, tuvimos claro que permitir que entrara en vigor sin una impugnación no era una opción”.

CHD comenzó su campaña contra la OTARD y sentó las bases para una demanda en abril de 2020, cuando la organización presentó una carta de 22 páginas ante la FCC. A la carta se unió un número récord de 15.090 personas. De ellos, 6.231 personas declararon que ellos y/o sus hijos habían resultado dañados por la radiación inalámbrica.

Más de 2.500 personas añadieron comentarios personales, muchos de ellos sustanciales, con testimonios desgarradores de enfermedades y muertes causadas por la radiación inalámbrica. Los padres escribieron sobre la enfermedad de sus hijos con cáncer, la enfermedad por radiación y los efectos agravantes que la tecnología inalámbrica tiene sobre los síntomas de autismo de sus hijos y sobre las convulsiones. Dijeron que temen los efectos devastadores que la adopción de la OTARD tendrá en sus vidas.

Aun así, a pesar de estas objeciones generalizadas de los municipios, las asociaciones de propietarios y la conferencia de alcaldes, la FCC adoptó la norma.

“Esta nueva norma es draconiana”, dijo Robert F. Kennedy, Jr. presidente de la CHD y asesor jurídico principal. “Es un ataque sin precedentes a nuestros derechos constitucionales más básicos y, sin autoridad ni garantías procesales, se opone a las leyes sobre discapacidad que son la piedra angular de una sociedad moral.

“Nuestros niños ya están sufriendo terribles enfermedades a causa de esta radiación. Esta norma tiene el potencial de devastar las vidas de las familias que no tendrán ningún lugar donde ir para escapar de esta radiación. El desprecio de la FCC por el interés público alcanza nuevas cotas cada día. ‘Children’s Health Defense’ se compromete a liderar los esfuerzos para que la FCC y nuestro gobierno rindan cuentas y defiendan el interés público, la salud y a nuestros hijos.”

Este es el segundo caso que CHD presenta contra la FCC. El primer caso, presentado en febrero de 2020, cuestiona las obsoletas directrices de salud y seguridad de la FCC en relación con el 5G y la radiación inalámbrica. El caso está ahora a la espera de la decisión del tribunal.