Como ya se había anticipado, el Presidente Biden anunció el jueves que todos los empleados federales civiles y los contratistas tendrán que mostrar una prueba de vacunación contra el COVID, o de lo contrario someterse a pruebas periódicas de COVID, llevar mascarillas y mantener la distancia social.

Biden también hizo un llamamiento a los gobiernos estatales y locales para que utilicen los fondos de ayuda de COVID para dar 100 dólares a las personas que se vacunen.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, la administración dijo que las nuevas normas se emitieron debido a la variante Delta, y porque las personas no vacunadas representan un problema para ellos mismos, sus familias y sus compañeros de trabajo.

“Se pedirá a todos los empleados del gobierno federal que den fe de su estado de vacunación”, dijo Biden. “Cualquiera que no lo atestigüe o no esté vacunado deberá llevar la mascarilla sin importar dónde trabaje; se someterá a pruebas una o dos veces por semana para ver si… ha adquirido el COVID, deberá mantener la distancia social y, en general, no se le permitirá viajar por trabajo”, dijo.

Biden ordenó a su administración que aplicara normas similares a todos los contratistas federales. “Si quiere hacer negocios con el gobierno federal, vacune a sus trabajadores”, dijo.

Biden instó a otros gobiernos estatales y locales y a los empleadores privados a aplicar un requisito de vacunación similar en su lugar de trabajo. Dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (“Department of Justice”, DOJ por sus siglas en inglés) ha “dejado claro” que es legal hacerlo.

Biden se refería a una Declaración del DOJ publicada en línea a principios de esta semana, en la que se concluye que la ley federal no prohíbe que los organismos públicos y las empresas privadas exijan vacunas COVID – aunque las vacunas hasta ahora sólo han recibido Autorización de uso de emergencia (“Emergency Use Authorization”, EUA por sus sigls en inglés) -aún no tienen aprobación completa- de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Según “The New York Times”el gobierno federal emplea a más de 4 millones de estadounidenses, todos los cuales tendrán que certificar que están totalmente vacunados para evitar el uso de una mascarilla en el trabajo, independientemente del lugar del país en el que trabajen, y cumplir con las pruebas de detección una o dos veces por semana.

El número total de empleados se acerca a los 10 millones si se incluyen los trabajadores contratados y los becarios.

Biden también ordenó al Departamento de Defensa de EE.UU. que estudiara cómo y cuándo añadir la vacuna COVID a la lista de vacunas obligatorias para todos los miembros del ejército.

“Como gran empleador, el mayor de este país, que se preocupa por las personas que mantienen el funcionamiento del gobierno, tenemos la obligación de ser buenos administradores de la fuerza de trabajo y garantizar su salud y su seguridad”, dijo a los periodistas Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca.

El Departamento de Asuntos de los Veteranos se convirtió en la primera agencia federal en emitir un mandato, anunciando el lunes que exigirá que 115.000 de sus trabajadores sanitarios de primera línea se vacunen contra el COVID en los próximos dos meses.

“Sé que es agotador pensar que todavía estamos en esta lucha y sé que esperábamos que esto fuera una línea simple y directa sin problemas ni nuevos desafíos”, dijo Biden. “Pero eso no es la vida real”.

El camino que le espera a los mandatos federales no está garantizado que sea fácil

“The Associated Press” (AP) dijo hoy que el plan de Biden “probablemente forzará preguntas incómodas” y añadió: “En este momento, hay una falta de respuestas claras”.

Según la AP:

“Hay muchas razones por las que trasladar la orden de Biden al lugar de trabajo puede no ir bien. Los organismos gubernamentales suelen tener sus propias culturas, y sus misiones son muy variadas. Los médicos de los Institutos Nacionales de Salud probablemente ya están vacunados, pero algunos agentes de la ley pueden ser cautelosos a la hora de recibir una vacuna que aún no está totalmente aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos.”

Hacerse continuamente pruebas plantea cuestiones sobre quién pagará, y si las pruebas continuarán si alguien se niega a ser vacunado y no puede acogerse a exenciones médicas o religiosas, dijo la AP.

El informe de AP también planteó preguntas sobre el “siempre delicado tema” del uso de la mascarilla. ¿Cómo van a aplicar los organismos una normativa de uso de la mascarilla si no se exige a todo el mundo que se vacune? ¿Los supervisores patrullarán los cubículos con listas de los no vacunados?

En una de las primeras señales de que la política podría no ir tan bien como se había planeado, el Sindicato de Trabajadores Postales de Estados Unidos (“American Postal Workers Union”, APWU, por sus siglas en inglés) dijo que se opone al mandato de vacunas de la administración Biden como condición para el empleo, argumentando que no es el papel del gobierno federal el imponer vacunas u otras medidas de prueba.

“Mantener la salud y la seguridad de nuestros miembros es de suma importancia”, dijo el APWU en un comunicado emitido el miércoles. “Aunque la dirección del APWU sigue animando a los trabajadores de correos a vacunarse voluntariamente, no es función del gobierno federal imponer las vacunas a los empleados que representamos”.

El comunicado también decía:

“Las cuestiones relacionadas con las vacunas y las pruebas de COVID-19 en el lugar de trabajo deben negociarse con el APWU. En este momento, el APWU se opone a la imposición de las vacunas contra el COVID-19 en relación con los trabajadores de correos de Estados Unidos.”

El Servicio Postal de Estados Unidos emplea a 570.000 personas, según datos federales, aunque no está claro si la administración Biden aplicará el mandato a todos los trabajadores del servicio postal.

“Children’s Health Defense” se opone a los mandatos y refuta el dictamen del DOJ

Antes del anuncio oficial de Biden, “Children’s Health Defense” emitió el jueves un comunicado en el que discrepaba del dictamen del DOJ y de la política de mandato federal de Biden.

La declaración citaba al presidente de CHD, Robert F. Kennedy, Jr:

“Las intervenciones médicas forzadas han sido aborrecidas por los defensores de la libertad y la dignidad humana en todas las épocas. El hecho de que estas vacunas estén mal probadas, sean experimentales, no estén aprobadas y sean tan arriesgadas que sus fabricantes no puedan obtener cobertura de seguro ni indemnizar a los usuarios contra lesiones graves o la muerte es algo que debería magnificar nuestra repugnancia ética.”

Como informó “The Defender” el 28 de julio, CHD está analizando el memorando del DOJ, pero mientras tanto, Ray Flores, un abogado de California que trabaja con CHD en el análisis, hizo algunas observaciones iniciales.

“Aunque el memorándum del DOJ es una introducción completa a la ley de la EUA, llega a una conclusión equivocada e ignora descaradamente la ley del Código de Nuremberg sobre la experimentación humana”, dijo Flores a “The Defender”.

Flores también señaló que el memorándum del DOJ caracteriza erróneamente el caso Doe v. Rumsfeld, 341 F. Supp. 2d 1, 19 (2004), el caso que sentó un precedente en el que el tribunal rechazó castigos como el confinamiento solitario o la baja deshonrosa como consecuencias legales del rechazo de la vacuna contra el ántrax que tenía autorización de uso de emergencia, a pesar de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había impuesto sanciones así de duras.

“El tribunal dictaminó en ese caso que una coacción que destripa el consentimiento informado viola la ley federal”, dijo Flores.