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En una sentencia histórica dictada el martes, un juez federal prohibió temporalmente a varios funcionarios de la administración Biden y a agencias federales comunicarse con plataformas de medios sociales.
En su sentencia de 155 páginas, el juez Terry Doughty del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Luisiana, División de Monroe, dijo que hay “pruebas sustanciales” de que el gobierno violó la Primera Enmienda al participar en una campaña de censura a gran escala dirigida a los contenidos que cuestionaban o se oponían a las narrativas del establishment sobre COVID-19.
Doughty dijo que “las pruebas presentadas hasta ahora dibujan un escenario casi distópico”.
Agregó:
“Si las alegaciones de los demandantes son ciertas, el presente caso implica posiblemente el más enorme ataque contra la libertad de expresión en la historia de los Estados Unidos. En sus intentos por silenciar la supuesta desinformación, se alega que el Gobierno Federal, y en particular los Demandados aquí nombrados, han ignorado flagrantemente el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda. …
“Durante la pandemia de COVID-19, un periodo quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el Gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un orwelliano ‘Ministerio de la Verdad’.”
Doughty concedió la orden judicial como parte de una demanda presentada en mayo de 2022 por los fiscales generales de Misuri y Luisiana junto con varios expertos médicos y periodistas que alegaban que las plataformas de medios sociales censuraban sus opiniones, contrarias a la narrativa oficial del gobierno.
La demanda alegaba que el gobierno de Biden y las agencias federales colaboraron con las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, y las “animaron significativamente a silenciar ese tipo de discurso” presionándolas para que participaran en un “plan de censura por poderes“.
“Children’s Health Defense” (CHD) y su presidente en excedencia, Robert F. Kennedy Jr., son demandantes en un caso similar: una demanda colectiva presentada en marzo. La demanda, que alega una “campaña sistemática y concertada” de censura por parte de la administración Biden y el gobierno federal, está pendiente ante el mismo tribunal.
En la sentencia del martes (página 17), el juez Doughty se refirió a Kennedy mencionando los esfuerzos de la administración Biden por eliminar los tuits y otros contenidos de las redes sociales que Kennedy publicó durante la pandemia, y la inclusión de Kennedy en la llamada “Docena de la desinformación” (“Disinformation Dozen”) por el “Center for Countering Digital Hate” y el “Virality Project”.
Un juez federal ordena al Presidente Biden que deje de censurar a sus críticos, incluido yo. La decisión me menciona en la página 17. ¡Feliz Día de la Independencia a todos!https://t.co/nEE40XSjpC
– Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 4 de julio de 2023
Comentando la sentencia del martes, Kennedy dijo a “The Defender”:
“Este es uno de los casos más importantes de la Primera Enmienda en la historia de nuestra nación. Misuri contra Biden afecta a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, ideología política, creencias personales o religión.
“La libertad de expresión ha sido la piedra angular de nuestra democracia desde el nacimiento de nuestra nación. Un presidente estadounidense no tiene derecho a ejercer el poder de la Casa Blanca para silenciar a sus críticos. Estas acciones fueron anatema para nuestros valores estadounidenses fundamentales y una decepción para todos aquellos que en todo el mundo ven a Estados Unidos como la democracia ejemplar del mundo.”
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, calificó la sentencia de “histórica” y afirmó que impide al gobierno de Biden “censurar el discurso político básico de los estadounidenses de a pie” en las redes sociales.
En una declaración compartida con “The Defender”, Landry dijo:
“Las pruebas en nuestro caso son impactantes y ofensivas, con altos funcionarios federales decidiendo que podían dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre COVID-19, elecciones, críticas al gobierno y más.
“La histórica sentencia de hoy es un gran paso en la lucha continua para prohibir a nuestro gobierno la censura inconstitucional. Esperamos seguir litigando el caso y defenderemos enérgicamente la medida cautelar en apelación.”
El requerimiento judicial nombra a varios funcionarios de la administración Biden y organismos federales, prohibiéndoles mantener cualquier tipo de conversación con plataformas de medios sociales con el fin de “fomentar, presionar o inducir de cualquier modo la retirada, eliminación, silenciamiento o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida”.
La sentencia no prohíbe a la administración Biden y a los organismos federales comunicarse con las empresas de medios sociales en relación con actividades delictivas y posibles delitos cibernéticos, amenazas a la seguridad nacional, esfuerzos de silenciamiento de votantes, amenazas a la seguridad pública u otros contenidos no protegidos por la libertad de expresión.
Entre los organismos citados figuran el Departamento de Salud y Servicios Humanos (“Health and Human Services”, HHS por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Justicia (“Department of Justice”, DOJ por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (“Department of Homeland Security”, DHS por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras..
Entre los funcionarios de la Administración citados en la demanda figuran el Director General de Salud Pública, Vivek Murthy, el Director del HHS, Xavier Becerra, el Secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre y todos los empleados del DOJ y el FBI.
Doughty enumera específicamente Facebook/Meta, Twitter, YouTube/Google, WhatsApp, Instagram, WeChat y TikTok en su sentencia, que incluye una excepción que permite al Gobierno comunicarse con estas plataformas en relación con publicaciones que contengan actividades delictivas o amenazas para la seguridad nacional.
La sentencia es muy aplaudida
En un mensaje en Twitter tras la sentencia, el senador Eric Schmitt (republicano de Misuri), que era fiscal general de Misuri cuando se presentó la demanda en 2022, afirmó: “La victoria judicial de hoy es un gran triunfo para la Primera Enmienda y un golpe a la censura.”
El fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, tuiteó: “El Tribunal ha concedido nuestra moción para BLOQUEAR a altos funcionarios del gobierno federal de violar los derechos de la Primera Enmienda de millones de estadounidenses.”
Feliz cumpleaños América. Recupera tu Primera Enmienda!!!
– Attorney General Andrew Bailey (@AGAndrewBailey) 4 de julio de 2023
En declaraciones compartidas con “The Defender”, varios expertos en derecho, salud pública y medios de comunicación aplaudieron la sentencia de Doughty.
El Dr. Aaron Kheriaty, psiquiatra y director del Programa de Bioética y Democracia Estadounidense del Centro de Ética y Política Pública, que es uno de los demandantes en el caso, declaró a “The Defender”:
“La Constitución de los Estados Unidos es una especie de milagro. Pero a menos que la defendamos, no es más que papel mojado.
“Este caso es una parte importante de ese esfuerzo, y no es casualidad que el juez haya hecho pública la sentencia el 4 de julio. Es muy raro que las resoluciones judiciales se hagan públicas en días festivos federales. La orden judicial de ayer fue un paso importante en un largo camino hacia el Tribunal Supremo… La sentencia de ayer marca el principio del fin del leviatán de la censura”.
En respuesta a la afirmación de Doughty de que “la discriminación de puntos de vista es una forma especialmente atroz de discriminación de contenidos” que va “más allá de las líneas partidistas”, Kheriaty añadió:
“Contrariamente a lo que dicen algunos medios de comunicación, no se trata de una cuestión partidista. El juez accedió a nuestro requerimiento, porque lo que ha estado haciendo el gobierno viola claramente la ley suprema del país, es decir, la Constitución de Estados Unidos.
“No es una cuestión de izquierda/derecha. Es una cuestión legal/ilegal. El comportamiento del gobierno ha sido criminal. Y punto”.
Kim Mack Rosenberg, consejera general en funciones de CHD, describió la sentencia de Doughty como “un paso importante para restablecer el derecho fundamental de todo estadounidense no sólo a hablar libremente, sino a escuchar y analizar diversos puntos de vista”.
Añadió:
“Como estadounidense y en nombre de CHD, me siento increíblemente llena de humildad al ver que el juez Terry Doughty haya emitido su sentencia en apoyo de la libertad de expresión el Día de la Independencia. La libertad de expresión es una piedra angular de nuestra Carta de Derechos y el juez Doughty se ha pronunciado con firmeza y valentía a favor de impedir la vulneración de esos derechos en esta era de las redes sociales.
“Verdadera y tristemente, los estadounidenses se han visto privados no sólo de su derecho a expresarse sobre cuestiones polémicas, especialmente en los últimos tres años, sino también del derecho, de importancia crucial, a escuchar y valorar diversos puntos de vista sobre cuestiones esenciales para nuestras libertades.”
W. Scott McCollough, abogado especializado en Internet y telecomunicaciones con sede en Austin, dijo que la sentencia del martes era “una luz brillante”. McCollough dijo que la sentencia “reconoce la libertad” y que “el gobierno no puede hacer lo que estaba haciendo con estas empresas de medios sociales”, que, según él, “se han convertido efectivamente en agentes del gobierno”.
Mark Crispin Miller, Ph.D.catedrático de Medios de Comunicación de la Universidad de Nueva York, calificó la decisión de “buena noticia”, y añadió: “En virtud de la Primera Enmienda, el Gobierno no puede confabularse con las empresas, incluidas las de “medios sociales”, para limitar la libertad de expresión de los ciudadanos. Para decirlo más claramente, tal colusión es, literalmente, fascista”.
La Dra. Meryl Nass, miembro del comité científico asesor de CHD, dijo que aunque este caso aún no ha concluido, sus ramificaciones son “tremendamente importantes”.
Nass dijo que las revelaciones procedentes de este caso y de los “archivos de Twitter” ponen al descubierto “el extraordinario aparato de censura, que utiliza miles de millones al año, instalado en el DHS y subcontratado a centros académicos, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas con ánimo de lucro”.
Del mismo modo, el periodista independiente Paul D. Thacker, que publicó varias entregas de los “archivos de Twitter”, dijo a “The Defender” que la sentencia también tiene implicaciones para la connivencia de las instituciones académicas con el gobierno federal y las plataformas de medios sociales bajo el pretexto de combatir la “información errónea” y la “desinformación”.
“Creo que de lo que aún no nos hemos dado cuenta es de lo críticas que se han vuelto algunas partes del mundo académico para la industria de la censura”, dijo Thacker. “El mundo académico ha sido utilizado para ayudar a censurar a los estadounidenses. Creo que eso se está pasando por alto”.
El experto en tecnología Michael Rectenwald, Ph.D., autor de “Archipelago Google: El gulag digital y la simulación de la libertad” (“Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom”) y antiguo profesor de estudios liberales de la Universidad de Nueva York, declaró a “The Defender”:
“Estas empresas de medios sociales nunca han sido empresas estrictamente privadas y de libre mercado. Nadie puede decir de forma creíble, ‘pero son empresas privadas; pueden censurar lo que quieran y a quien quieran’… [cuando estas empresas] han sido manejados como muñecos de ventrílocuo por el régimen de Biden.
“Como señalé hace más de cuatro años en ‘Archipiélago Google’, estos goliats del “Big Digital” son aparatos estatales y lo han sido desde su creación. Están financiados por el Estado, su personal está formado por antiguos agentes del Estado y cumplen las órdenes del Estado…
“La connivencia entre el gobierno y estas corporaciones equivale al fascismo”.
En un artículo publicado en “The Gateway Pundit”, Jim Hoft, fundador y redactor jefe del sitio web, calificó la sentencia de “victoria del Día de la Independencia” y afirmó que, hasta ahora, el gobierno federal “se había centrado en ocultar y obstruir el acceso a pruebas, por un lado, y en emplear numerosas tácticas para librarse de la demanda”.
“Ahora que el gobierno ha perdido en su principal esfuerzo por aplastarnos, comienza la verdadera guerra”, escribió Hoft. “Habiendo perdido esta batalla crucial, el Gobierno se verá obligado a participar en un descubrimiento de pruebas completo y ‘general'”, un proceso en el que, según dijo, los demandantes “llevarán a cabo una amplia investigación sobre la conspiración fascista entre el Gobierno y las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”.”
Un “golpe” contra el “esfuerzo de la Casa Blanca para frenar la información errónea sobre sanidad en Internet”
En el momento de redactar este informe no se ha recibido ninguna respuesta oficial del gobierno de Biden ni de las plataformas de las grandes empresas tecnológicas citadas en la demanda.
Un funcionario anónimo de la Casa Blanca contó a “The Associated Press” bajo condición de anonimato que el DOJ “evaluará sus opciones en este caso”, añadiendo que “Esta administración ha promovido acciones responsables para proteger la salud pública, la seguridad y la protección cuando se ha enfrentado a desafíos como una pandemia mortal y ataques extranjeros en nuestras elecciones.”
“Nuestra opinión constante sigue siendo que las plataformas de medios sociales tienen la responsabilidad crítica de tener en cuenta los efectos que sus plataformas están teniendo en el pueblo estadounidense, para tomar decisiones independientes sobre la información que presentan”, declaró el funcionario.
En una línea similar, “KFF Health News” describió la sentencia como un “golpe” contra el “esfuerzo de la Casa Blanca por frenar la información errónea sobre sanidad en Internet”
En un tweet, Landry dijo que espera que el gobierno federal apele, pero que él y Bailey “defenderán agresivamente” el caso.
“Todavía no hemos terminado. No hemos hecho más que empezar”, escribió Landry, añadiendo que el caso podría llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Juez: Los demandantes “probablemente tendrán éxito en cuanto al fondo”.
La demanda se presentó el 5 de mayo de 2022. “New Civil Liberties Alliance”, un grupo sin ánimo de lucro que representa a los críticos de las vacunas COVID-19 y las restricciones, entre ellos los doctores Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff, Kheriaty y Jill Hines, se unió a la demanda en agosto de 2022, al igual que Hoft.
La denuncia alega que el gobierno de Biden actuó en connivencia con plataformas como Twitter, Meta, YouTube, Instagram y LinkedIn para “silenciar a oradores, puntos de vista y contenidos que no se aprobaban sobre temas como el COVID-19, la integridad electoral y el escándalo del portátil de Hunter Biden, conl a intención de evitar la difusión de “información errónea” y “desinformación”.
El Dr. Anthony Fauci y varios funcionarios de la administración Biden prestaron declaración bajo juramento como parte de la demanda en curso.
Según la CNN, “aunque Doughty aún no se ha pronunciado sobre el fondo de las demandas de los dos estados, su orden… representa su victoria más significativa hasta ahora en el pleito en curso.”
Sin embargo, en el memorándum que acompaña a su sentencia, Doughty escribió que los demandantes tienen “probabilidades de éxito en cuanto al fondo al establecer que el Gobierno ha utilizado su poder para silenciar a la oposición”, añadiendo:
“Oposición a las vacunas COVID-19; oposición al uso de mascarillas y los confinamientos por COVID-19; oposición a la teoría de la fuga del laboratorio de COVID-19; oposición a la validez de las elecciones de 2020; oposición a las políticas del presidente Biden; declaraciones de que la historia del portátil de Hunter Biden era cierta; y oposición a las políticas de los funcionarios del gobierno en el poder. Todas fueron silenciadas”.
Doughty rechazó los argumentos de los abogados de la administración Biden, quienes, según AP, argumentaron que la demanda pretende “silenciar el discurso de los funcionarios del gobierno federal bajo el pretexto de proteger los derechos de expresión de los demás”.
Los abogados del gobierno también alegaron que el requerimiento “obstaculizaría significativamente” la capacidad del gobierno para “proporcionar información precisa al público sobre asuntos de grave interés público, como la atención sanitaria y la integridad electoral.”
Doughty se había negado previamente a desestimar la demanda. En una sentencia dictada el 20 de marzo, consideró que las alegaciones de los demandantes eran plausibles y merecían seguir litigando, permitiendo a los demandantes recopilar pruebas, incluidos los correos electrónicos enviados entre la Casa Blanca y las empresas de medios sociales.
“Esta censura fue alentada, quizá incluso ordenada, por la Administración Biden y varios departamentos gubernamentales clave”, escribió Doughty en marzo.
Por el momento, no parece que se haya fijado una fecha para una resolución definitiva sobre el requerimiento judicial.
En noviembre de 2022, CHD y otras organizaciones e individuos solicitaron intervenir en la demanda en nombre del interés público y de sus respectivas organizaciones: CHD, Mercola.com, La verdad sobre las vacunas y La verdad sobre el cáncer.
Kennedy el Dr. Joseph Mercola y Charlene y Ty Bollinger se encontraban entre las 12 personas señaladas por el “Center for Countering Digital Hate” como pertenecientes a “La Docena de la Desinformación” debido al contenido que compartieron en línea en relación con las vacunas.
Buscan el acceso público abierto a declaraciones juradas y documentos críticos del caso Misuri contra Biden, ya producidos en nombre de los demandantes, para su uso en otros litigios, como la demanda de CHD de marzo de 2023 contra la administración Biden.
McCollough explicó a “The Defender” que la demanda es uno de los varios casos que se encuentran ante los tribunales con importantes implicaciones para el futuro de la libertad de expresión en Estados Unidos.
Estos casos incluyen dos casos pendientes ante el Tribunal Supremo de EE.UU. relacionados con la Sección 230, la cual otorga a los proveedores de Internet protección legal para alojar, moderar y eliminar la mayoría de los contenidos de los usuarios, dos casos relacionados con leyes estatales que restringen la censura en las redes sociales, y las demandas en curso Misuri contra Biden y CHD contra el gobierno federal.
McCollough dijo que la decisión del Tribunal Supremo del 30 de junio en el caso 303 Creative LLC contra Elenis, que determinó que la Primera Enmienda prohibía al Estado de Colorado obligar a la creadora de un sitio web a crear un sitio web con mensajes que violan sus valores, está “muy relacionada” con los otros casos en curso.
Como resultado de la decisión del caso 303 y de los casos de redes sociales que están pendientes, los tribunales “resolverán por fin” cuál es el papel de las plataformas de redes sociales a la hora de regular la expresión y trabajar en nombre del gobierno, dijo.
McCollough dijo que el resultado de estos casos “determinará hacia dónde va este país, si sucumbiremos realmente a este conjunto global de sociedades, todas bajo el pulgar de un grupo de élites globales que controlan la información, la economía y todos los aspectos de nuestras vidas“.