En una entrevista en directo esta noche en el programa “Tucker Carlson Tonight” de Fox News, Robert F. Kennedy Jr. presidente y abogado jefe de litigios de “Children’s Health Defense” (CHD), anunció que él y varios otros demandantes presentaron una innovadora y novedosa demandaque plantea reclamaciones antimonopolio y constitucionales contra los medios de comunicación tradicionales.

La demanda se dirige contra “Trusted News Initiative” (TNI por sus siglas en inglés, Iniciativa de Noticias de Confianza), una autodenominada “asociación de la industria” constituida en marzo de 2020 por varias de las mayores organizaciones de noticias del mundo, entre ellas la BBC, “The Associated Press” (AP), Reuters y “The Washington Post”, todas las cuales figuran como acusados en la demanda.

Presentada hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas-División de Amarillo, la demanda alega que estos medios de comunicación se asociaron con varias grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, para “censurar colectivamente las noticias en línea”, incluidas las historias sobre COVID-19, y sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 cuando no coincidían con las narrativas oficiales sobre esos temas.

Entre los demandantes figuran CHD, Kennedy “Creative Destruction Media”, “Trial Site News”, Ty y Charlene Bollinger (fundadores de “The Truth About Cancer” y “The Truth About Vaccines”), el periodista independiente Ben Swann, Erin Elizabeth Finn (editora de “Health Nut News”), Jim Hoft (fundador de “The Gateway Pundit”), el Dr. Joseph Mercola y Ben Tapper, quiropráctico.

Todos los demandantes alegan que fueron censurados, vetados, eliminados de la plataforma, sufrieron bloqueos fantasmas o penalizados de otro modo por las grandes empresas tecnológicas asociadas con el TNI, porque las opiniones y contenidos que publicaban se consideraron “desinformación” o “información errónea”. Esto supuso una importante pérdida de visibilidad y de ingresos para los demandantes.

La demanda alega además que las grandes empresas tecnológicas, al haberse asociado con la TNI, basaron sus decisiones en determinaciones tomadas conjuntamente por la TNI, que promocionaba su “sistema de alerta temprana” por el que cada organización asociada es “advertida” sobre un individuo o medio de comunicación que está difundiendo supuesta “información errónea”.

Los medios de comunicación tradicionales de la TNI y las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, actuaban entonces de forma concertada -descrita en términos jurídicos como un “boicot colectivo”- para eliminar de sus plataformas tales voces y perspectivas. Esto constituye la base de las demandas antimonopolio y de la Primera Enmienda.

Comentando la demanda, Kennedy dijo a “The Defender”:

“Mi tío, el presidente Kennedy y mi padre, el fiscal general, trataron de perseguir con vigor las leyes antimonopolio que todavía están en los libros de la nación.

“Como defensores privados de esas leyes, confiamos en que el tribunal federal de Texas vindicará nuestra libertad fundamental de competir con los medios tradicionales en el mercado de las ideas”.

Mary Holland, presidenta y consejera general de la CHD, declaró a “The Defender”:

“Me alegro de que CHD lleve este caso. Esperamos que se nos conceda una audiencia justa, y me alegra que estemos junto a otras organizaciones que también se han visto perjudicadas por estas medidas políticas de censura empresarial y gubernamental.

“Para tener una sociedad libre, hay que tener libertad de expresión, hay que tener diversidad de opiniones. No tenemos, ni de lejos, los mismos puntos de vista que los demás demandantes… pero queremos proteger el mercado de las ideas.

“Si es un hecho que el gobierno y las corporaciones con las que colabora pueden dedicarse a la censura y la propaganda sin interrpción, y no hay voces alternativas, la democracia ha muerto”.

Charlene Bollinger también destacó la importancia de preservar la libertad de expresión. Ella dijo:

“Esta demanda trata de preservar nuestros derechos de libertad de expresión como estadounidenses y de exigir responsabilidades a quienes violan las leyes antimonopolio, como la TNI.

“Mi marido y yo seguimos firmes en nuestro compromiso de poner de relieve los riesgos bien documentados de las vacunas COVID-19 y la miríada de peligros para quienes no son informados por sus profesionales sanitarios de los efectos secundarios de los duros tratamientos farmacéuticos para enfermedades potencialmente mortales.”

Mercola, por su parte, se centró en la connivencia entre las agencias gubernamentales y los medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”. Explicó:

“Estos son los males gemelos de nuestros días. Las plataformas se asocian con la sopa de letras de las agencias federales para censurar la expresión. Esas mismas plataformas y medios de comunicación conspiran para boicotear las historias que no se ajustan a la narrativa oficial sobre COVID y muchos otros temas.

“Los padres fundadores de nuestra nación estarían escandalizados y resueltos a defender que se mantenga a la ciudadanía informada”.

Alegando ‘per se’ y violaciones de “la regla del sentido comúnde la Ley antimonopolio Sherman sobre la base de pruebas directas y circunstanciales de acuerdo horizontal y la colusión económica entre los demandados y las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, los demandantes solicitan un juicio con jurado y triple indemnización.

También solicitan que se declare ilegal la conducta de los demandados y se les prohíba seguir actuando de la misma manera.

La TNI consideraba “una amenaza existencial” a las organizaciones que expresaban opiniones contrarias al ‘establishment’

En la demanda se afirma que “existen dos categorías principales de miembros de la TNI, que desempeñan papeles diferentes, aunque a menudo complementarios, en el mercado de las noticias en línea: (A) grandes organizaciones de noticias tradicionales (en adelante, los “Miembros de Noticias Tradicionales” de la TNI) y (B) Grandes empresas de plataformas tecnológicas, “Big Tech” (en adelante, los “Miembros de Grandes Tecnologías” del TNI)”.

Las organizaciones de noticias tradicionales publican contenidos informativos originales e incluyen a los demandados citados en la demanda.

“Por el contrario”, afirma la demanda, “los miembros “Big Tech” de la TNI -Facebook, Google, Twitter y Microsoft- son ante todo empresas de Internet, cada una de las cuales es, posee o controla una o más plataformas gigantescas de Internet, incluidas plataformas de medios sociales y motores de búsqueda.”

Entre los “socios principales” de la TNI figuran AP, Agence France Press, BBC, CBC/Radio-Canada, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Financial Times, First Draft, Google/YouTube, The Hindu, The Nation Media Group, Meta, Microsoft, Reuters, el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, Twitter y The Washington Post.

El resumen ejecutivo afirma:

La TNI existe para, en sus propias palabras, “ahogar” y “erradicar” la información en línea que la TNI o cualquiera de sus miembros considere perentoriamente “información errónea”.

“Los miembros de la TNI han atacado y reprimido informes en línea completamente precisos de editores de noticias no convencionales relativos tanto a COVID-19 (sobre asuntos que incluyen tratamientos, inmunidad, filtraciones de laboratorios, lesiones por vacunas y confinamientos / mandatos) como a las elecciones estadounidenses (por ejemplo la historia del portátil de Hunter Biden).”

La demanda también alega:

“Por su propia admisión, los miembros de la [TNI] han acordado trabajar juntos, y de hecho lo han hecho, para excluir de las plataformas de Internet dominantes en el mundo a editores de noticias rivales que realizan reportajes que desafían y compiten con los reportajes de los miembros de la TNI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la COVID-19 y la política estadounidense.

“Aunque la ‘Trusted News Initiative’ pretende públicamente ser una autoproclamada ‘policía de la verdad’ que extirpa la ‘información errónea’ online, en realidad ha eliminado reportajes totalmente precisos y legítimos en beneficio de los intereses económicos de sus miembros.”

Según la demanda, “se trata de una acción antimonopolio” y, en concreto, “la ley federal antimonopolio tiene su propio nombre para este tipo de ‘asociación industrial’: se llama ‘boicot de grupo’ y es una violaciónper se de la Ley Sherman”.

La jurisprudencia sostiene que un “boicot de grupo” es “un intento concertado de un grupo de competidores” de “perjudicar a [otros] competidores” a base de “impedir el acceso” a una “instalación o mercado necesario para que la(s) empresa(s) boicoteada(s) pueda(n) competir”. 

Como prueba de esta acusación, la demanda hace referencia a múltiples declaraciones públicas de socios de la TNI, incluida una declaración de marzo de 2022 de Jamie Angus, entonces controlador principal de noticias de “BBC News”, que explicaba la “estrategia para vencer a la desinformación“:

“Por supuesto, los miembros de la ‘Trusted News Initiative’ son … rivales … Pero en una situación de crisis como esta, absolutamente, las organizaciones tienen que centrarse en las cosas que tienen en común, en lugar de … sus rivalidades … comerciales. … [E]s importante que los proveedores de noticias de confianza se unan.

Porque en realidad la verdadera rivalidad ahora no es entre, por ejemplo, la BBC y la CNN a nivel mundial, sino entre todos los proveedores de noticias de confianza y un maremoto de [información] sin control que se está difundiendo principalmente a través de las plataformas digitales…”.  … Esa es la verdadera competencia ahora en el mundo de los medios digitales.

“Por supuesto, las organizaciones siempre competirán entre sí por la audiencia. Pero creo que la amenaza existencial es la quiebra general de la confianza, de modo que las organizaciones de noticias de confianza pierden a largo plazo si las audiencias abandonan la idea de una relación de confianza con las organizaciones de noticias. Así que en realidad hay mucho más que nos lleva a mantenernos unidos que a trabajar compitiendo entre nosotros”.

La demanda alega que la cita anterior, en la que se admite la “amenaza existencial” que los miembros de la TNI creían que las organizaciones de noticias más pequeñas suponían para su primacía informativa y noticiosa, es una prueba de colusión anticompetitiva y de la motivación económica de los miembros de la TNI para ahogar esta “amenaza”: “una violación antimonopolio paradigmática… para apartar del mercado a rivales advenedizos que amenazaban su modelo de negocio”.

Desde entonces, Angus ha dejado la BBC para ocupar un puesto en la televisión estatal de Arabia Saudí según la demanda.

“Los demandantes son algunas de las muchas víctimas del acuerdo de la TNI y de su boicot colectivo”, afirma la demanda. “Los demandantes son editores de noticias en línea que, como resultado del boicot grupal de la TNI, han sido censurados, desmonetizados, degradados, estrangulados, han sufrido bloqueos fantasma y/o han sido excluidos por completo de plataformas como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.”

Como resultado de este “boicot colectivo”, afirma la demanda:

“La TNI no sólo impidió que los usuarios de Internet hicieran estas afirmaciones, sino que cerró los editores de noticias en línea que simplemente informaban de que tales afirmaciones las hacían fuentes potencialmente creíbles, como científicos y médicos.

“De este modo, los miembros de la TNI no sólo eliminaron la competencia en el mercado de noticias en línea, sino que privaron al público de información importante sobre asuntos de máximo interés público”.

Los demandantes se remitieron a precedentes del Tribunal Supremo -en concreto, a una sentencia de 1945 que afectaba a la AP- para respaldar sus reclamaciones contra la TNI basadas en la Primera Enmienda, señalando que, contrariamente a la creencia popular, las violaciones de la Primera Enmienda no se refieren exclusivamente a la censura de la expresión por parte del Gobierno.

La demanda afirma que en el caso de 1945 “Associated Press” contra Estados Unidos una asociación de la industria periodística (la AP) “impidió a los no miembros publicar ciertas historias”.

Estos no miembros demandaron en virtud de la Ley Sherman, pero la AP alegó que sus acciones estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se puso de parte de los demandantes. En la opinión mayoritaria, el juez Felix Frankfurter escribió que la Primera Enmienda:

“… se basa en el supuesto de que la difusión más amplia posible de información procedente de fuentes diversas y antagónicas es esencial para el bienestar del público, que una prensa libre es condición de una sociedad libre.

“Sin duda, la orden de que el propio gobierno no impida la libre circulación de ideas no ofrece a las combinaciones no gubernamentales un refugio si imponen restricciones a esa libertad constitucionalmente garantizada.

“La libertad de publicar significa libertad para todos, y no para algunos. La libertad de publicar está garantizada por la Constitución, pero la libertad de combinarse para impedir que otros publiquen no lo está. La libertad de prensa de la interferencia gubernamental bajo la Primera Enmienda no sanciona la represión de esa libertad por intereses privados.”

Holland comentó la importancia del precedente del Tribunal Supremo en declaraciones a “The Defender”:

“La demanda se basa en un precedente muy sólido del Tribunal Supremo que básicamente dice que tanto si se trata de censura gubernamental como de supresión ilegal colusoria y anticompetitiva por parte del sector privado, es ilegal. No se puede hacer eso.

“La AP, en su día, fue en gran medida una especie de precursor de la TNI, y fue una decisión muy fuerte, se expresa con un lenguaje muy fuerte contra la Associated Press que estaba haciendo esencialmente lo mismo en su día.”

Señalando la enorme cuota de mercado que poseen las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Google, Microsoft y Twitter, la demanda afirma: “Los miembros de las grandes empresas tecnológicas de la TNI son ‘guardianes de la plataforma’ en el mercado de las noticias en línea, con el poder de paralizar o destruir a los editores excluyéndolos de sus plataformas”.

Los demandantes alegan que los socios de noticias de la TNI se aprovecharon de su cooperación entre sí y con las grandes tecnológicas para “estrangular” a las narrativas inconvenientes.

La demanda señala, por ejemplo, que “los miembros del TNI acordaron a principios de 2020 que su ‘colaboración innovadora’ se centraría en las noticias en línea relacionadas con COVID-19 y que los miembros del TNI ‘trabajarían juntos para … garantizar [que] mitos dañinos de desinformación se frenen en seco”” y “conjuntamente [combatir contra] el fraude y la información errónea sobre el virus.”

En julio de 2020, afirma la demanda, “la TNI ‘amplió’ su colaboración para abarcar la llamada ‘desinformación’ sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, afirmando que estaba “comprometido con un sistema compartido de alerta rápida para combatir la propagación de desinformación durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos.”

Y en 2020 y 2021, según la demanda, Jessica Cecil de la BBC, entonces jefa de la TNI, hizo una serie de declaraciones, incluyendo una afirmación de que la TNI era “el único lugar en el mundo donde la desinformación se analiza en tiempo real” y que sus socios buscaban encontrar “formas prácticas de ahogar” historias y temas que la TNI consideraba “información errónea”.”

Las alianzas de la TNI con las grandes tecnológicas, “Big Tech”, fueron fundamentales en estos esfuerzos, según la demanda, que ha incluido como prueba varias citas públicas de Cecil. En 2021, por ejemplo, Cecil declaró:

“La BBC convocó a socios de todo el mundo en un desafío urgente: en momentos de máximo peligro, cuando están en juego elecciones o vidas, nos preguntamos, ¿hay alguna manera de que las mayores plataformas tecnológicas del mundo, desde Google, YouTube, Facebook e Instagram hasta Twitter y Microsoft y las principales organizaciones de noticias y otras… puedan alertarse mutuamente de las historias falsas más peligrosas, e impedir que se propaguen rápidamente por internet, evitando que hagan daño en el mundo real?”.

La demanda también señalaba que Cecil admitió que los miembros de la TNI, en reuniones “a puerta cerrada” y en comunicaciones entre empresas, “suscribieron un conjunto claro de expectativas sobre cómo actuar” en relación con dicha “información errónea” y “desinformación”.

Según Holland, sólo las organizaciones de noticias tradicionales están específicamente señaladas como acusadas en este pleito, explicando que las grandes empresas tecnológicas, “Big Tech”, suelen tener “disposiciones de arbitraje muy serias y muy vinculantes” que exigen que las impugnaciones legales contra ellas se presenten en los tribunales del norte de California.

“El norte de California es Silicon Valley. Es su territorio”, afirma Holland. “Y así, decidimos, para poder presentar la demanda en una jurisdicción que creemos que será más neutral en estas cuestiones … elegimos presentar la demanda en Texas sólo contra los medios de comunicación heredados”.

Pero las grandes tecnológicas, “Big Tech”, todavía podrían ser consideradas responsables, dijo Holland, “porque la conspiración entre los medios de comunicación heredados y las grandes tecnológica incorporará a todos ellos, si [se encuentra] una conspiración, todos ellos son responsables, no sólo los que han sido nombrados como acusados.” 

La TNI, en concierto con las grandes tecnológicas, censuró la COVID y las narrativas de las elecciones de 2020

Según la demanda, los miembros de noticias tradicionales de la TNI actuaron de común acuerdo con sus socios de “Big Tech” para censurar una amplia gama de narrativas no relacionadas con el ‘establishment’ en relación con COVID-19 y las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, declarando:

“Los miembros de la TNI han considerado lo siguiente como ‘información errónea’ que no podía publicarse en las plataformas de Internet dominantes en el mundo: (A) informar de que COVID puede haberse originado en un laboratorio de Wuhan, China; (B) informar de que las vacunas COVID no previenen la infección; (C) informar de que las personas vacunadas pueden transmitir el COVID a otras; y (D) informar de que se encontraron correos electrónicos y vídeos comprometedores en un portátil perteneciente a Hunter Biden”.

“Todo lo anterior era y es cierto o, como mínimo, entra dentro del ámbito de la información legítima”, según la demanda.

“La TNI no sólo impidió que los usuarios de Internet hicieran estas afirmaciones, sino que clausuró a los editores de noticias en línea que simplemente informaban de que tales afirmaciones las hacían fuentes potencialmente creíbles, como científicos y médicos.”

“De este modo”, afirma la demanda, “los miembros de la TNI no sólo eliminaron la competencia en el mercado de noticias en línea, sino que privaron al público de información importante sobre asuntos de máximo interés público”.

La demanda también alega que los miembros de la TNI a menudo retiraban o bloqueaban a sabiendas contenidos que sabían que no eran falsos.

En una presentación de la TNI, “El papel de las grandes tecnológicas en la lucha” (“Big Tech’s Part in the Fight”), un alto cargo de moderación de la información de Facebook dijo que “era un error pensar que la ‘información errónea’ consiste únicamente en ‘afirmaciones falsas’, porque gran parte de ella ‘no es demostrablemente falsa'”.

No obstante, “subrayó además la importancia no sólo de centrarse en elementos específicos de información errónea, sino de ‘prohibir’ las fuentes de la misma”, y afirmó que “Facebook trabaja junto con sus ‘socios de la industria’ para combatir la ‘desinformación'”.

En correos electrónicos revelados el 6 de enero como parte de una demanda en curso contra el Presidente Biden y miembros de su administración alegando censura, un memorándum de Meta (empresa matriz de Facebook) reveló los esfuerzos para reducir la visibilidad del contenido de CHD, mientras que un correo electrónico de la Casa Blanca pidió que uno de los tweets de Kennedy relacionados con COVID-19 fuera “eliminado lo antes posible”.

La demanda contenía una lista exhaustiva de “afirmaciones consideradas ‘información errónea’ por uno o más miembros de la TNI”, entre las que se incluían:

  • Afirmaciones de que COVID-19 fue fabricado por el hombre.
  • Afirmaciones de que COVID-19 fue fabricado o creado por bioingeniería.
  • Afirmaciones de que COVID-19 fue creado por un gobierno o país.
  • Afirmaciones que “contradicen” las orientaciones de la OMS o de las autoridades sanitarias estadounidenses sobre el tratamiento, la prevención o la transmisión del COVID-19.
  • Afirmaciones sobre las vacunas COVID que contradicen el “consenso de expertos” de las autoridades sanitarias estadounidenses o de la OMS.
  • Afirmaciones de que la Hidroxicloroquina (“HCQ”) es un tratamiento eficaz para la COVID.
  • Afirmaciones de que la ivermectina (“MIV”) es un tratamiento eficaz contra el COVID.
  • Afirmaciones de que la HCQ o la MIV son seguras como tratamiento del COVID.
  • Recomendaciones del uso de HCQ o IVM contra COVID.
  • Afirmaciones de que la COVID no es más peligrosa para algunas poblaciones que la gripe estacional.
  • Afirmaciones de que la tasa de mortalidad de la COVID es para algunas poblaciones igual o inferior a la de la gripe estacional.
  • Afirmaciones que sugieren que el número de muertes causadas por COVID es inferior al que afirman las cifras oficiales.
  • Afirmaciones de que las mascarillas o los mandatos de mascarilla no evitan la propagación del COVID.
  • Afirmaciones de que llevar una mascarilla facial puede enfermar a quien la lleva.
  • Afirmaciones de que las vacunas COVID no han sido aprobadas.
  • Afirmaciones de que el distanciamiento social no ayuda a prevenir la propagación del COVID.
  • Afirmaciones de que las vacunas COVID-19 pueden matar o dañar gravemente a las personas.
  • Afirmaciones de que la inmunidad que se obtiene al contagiarse de COVID es más eficaz que la vacunación.
  • Afirmaciones de que las vacunas COVID no son eficaces para prevenir la infección.
  • Afirmaciones de que las personas vacunadas contra el COVID pueden contagiar la enfermedad a otras.
  • Afirmaciones de que las vacunas COVID son tóxicas o nocivas o contienen ingredientes tóxicos o nocivos.
  • Afirmaciones de que se utilizaron células fetales en la fabricación o producción de cualquiera de las vacunas COVID.
  • Afirmaciones de que un ordenador portátil perteneciente a Hunter Biden fue encontrado en una tienda de reparación de ordenadores en octubre de 2020 o en torno a esa fecha, o que el contenido supuestamente encontrado en ese ordenador portátil, incluidos correos electrónicos, vídeos y fotografías potencialmente comprometedores, era auténtico.

“Además”, afirma la demanda, los miembros de la TNI “declararon públicamente – categóricamente, como si fuera un hecho establecido – que la hipótesis de la fuga de laboratorio de los orígenes de COVID era ‘falsa'”.

La demanda también alega que “los miembros de la TNI se reúnen y coordinan a la hora de tomar sus decisiones de censura”, señalando que “el tratamiento paralelo de las declaraciones prohibidas por parte de los miembros de la TNI evidencia aún más la acción concertada” al “participar en una censura basada en puntos de vista sorprendentemente similares de noticias plausibles y legítimas relacionadas con COVID-19”.

Además, según la demanda, “la proximidad temporal” de estas sanciones, incluidos los bloqueos fantasma y las eliminaciones y prohibiciones absolutas, “sugiere plausiblemente una comunicación y una acción concertada entre empresas.”

La demanda señala que los “archivos de Twitter” recientemente publicados proporcionan más indicios de dicha comunicación y coordinación entre empresas, incluyendo “reuniones periódicas” y “llamadas semanales permanentes” para “analizar las medidas políticas y decisiones de censura”.

Según la demanda, YouTube eliminó la plataforma de Mercola el 29 de septiembre de 2021. Mercola se enteró de esta acción a través de un artículo de “The Washington Post”publicado esa misma mañana, aunque YouTube no le informó de la decisión hasta después de la publicación del artículo.

En la demanda, todos los demandantes alegan esfuerzos coordinados similares para censurar sus contenidos y sus cuentas en las redes sociales y los consiguientes perjuicios económicos debidos a la eliminación de sus plataformas y a la reducción significativa de su audiencia.

Por ejemplo, aportando pruebas de una coordinación que va más allá de los miembros y socios de la TNI, la demanda alega que plataformas y procesadores de pagos en línea como PayPal y Stripe prohibieron utilizar sus servicios a varios demandantes, entre ellos CHD y “Creative Destruction Media”, dentro de la misma “proximidad temporal” de sus prohibiciones en las redes sociales.

Como resume Holland, la TNI actúa como “un monopolio mediático mundial”:

“Exponen lo que están haciendo, su conspiración para reprimir los medios de comunicación independientes, es decir, las voces disidentes sobre la información electoral y la información COVID, como una ‘necesidad de preservar la confianza del pueblo’ y ‘mejorar la confianza’.

“Al censurar las voces independientes, lo que están haciendo es una represión económica. Las leyes antimonopolio van contra los ‘trusts’, contra los monopolios, y lo que ha hecho la TNI es esencialmente crear un monopolio mundial de medios de comunicación en lengua inglesa.”