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Los abogados de “Children’s Health Defense” (CHD) pidieron al Tribunal Supremo de EE.UU. que atendiera el caso de CHD contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) por conceder la autorización de uso de emergencia de las vacunas COVID-19 para niños y bebés.
La demanda de CHD, presentada el 24 de enero de 2022, alega que la FDA abusó del poder de emergencia para imponer productos biológicos peligrosos a menores.
Robert Barnes, abogado de CHD en el caso, presentó la petición de auto de certiorari solicitando al Tribunal Supremo que revise las decisiones de los tribunales de distrito y de apelación que han impedido que la demanda siga adelante.
La directora general de CHD, Mary Holland, declaró a “The Defender”:
“La petición de CHD al Tribunal Supremo de EEUU plantea una cuestión crítica: ¿Quién puede demandar a la FDA por prevaricación? Hasta ahora, en este caso, los tribunales de distrito y de apelación han dicho que los padres de niños vulnerables no pueden demandar a la FDA por su información errónea patente.”
En otras palabras, Barnes dijo: “Cuando la FDA miente a los niños, ¿quién puede exigirle responsabilidades y detener las mentiras?”.
En esta situación, la FDA “cayó tan bajo como para utilizar Barrio Sésamo y Elmo para mentir a los niños sobre la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas COVID-19 “, declaró Barnes a “The Defender”.
Alguien -o alguna organización- debe ser capaz de responsabilizar a la FDA, dijo Barnes. “La FDA no está por encima de la ley. Por eso CHD pide al Tribunal Supremo que responda a la pregunta”.
Los tribunales se dividen sobre quién puede demandar a la FDA
En enero, el Tribunal de Apelación de EE.UU. del 5º Circuito de Nueva Orleans confirmó la desestimación de la demanda de CHD por un tribunal inferior basándose en que CHD y los cinco padres del caso carecían de “legitimación” para demandar a la FDA, lo que significa que los tribunales dictaminaron que los demandantes no tenían derecho legal a presentar la demanda.
La Consejera General de CHD, Kim Mack Rosenberg, que calificó la petición de CHD de “críticamente importante”, dijo: “La legitimación es una cuestión de umbral que los tribunales deben determinar para seguir adelante”.
La cuestión de la legitimación ha sido uno de los “problemas más difíciles” durante la pandemia COVID-19, dijo Holland. “Los circuitos federales se han dividido sobre qué nivel de perjuicio debe estar presente para que los individuos y las organizaciones puedan demandar”.
“Nuestro caso”, dijo Mack Rosenberg, “presenta una excelente oportunidad para que el Tribunal Supremo aborde muchas de las cuestiones no resueltas o conflictivas entre los distintos tribunales federales de circuito en relación con la legitimación, sobre todo teniendo en cuenta que “Children’s Health Defense” -una organización- es demandante junto con otros particulares.”
Barnes estuvo de acuerdo. Dijo a “The Defender” que CHD es la “parte más lógica” para buscar reparación en representación de los niños más vulnerables del país.
La demanda pretende responsabilizar a la FDA
Como informó anteriormente “The Defender”, CHD y cinco padres demandaron a la FDA el 24 de enero de 2022, alegando que la agencia violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) cuando autorizó las inyecciones de COVID-19 para niños.
La demanda pretende “responsabilizar a la FDA por su autorización arbitraria y caprichosa de un medicamento nocivo que ha dañado y sigue dañando a los niños”. Los demandantes presentaron una demanda modificada el 1 de julio de 2022.
Los padres alegaron riesgos para sus hijos derivados de las vacunas COVID-19, incluidas reacciones adversas graves y “la amenaza implacable e inminente de ser expulsados de la sociedad” por “la cultura de la vacunación masiva y los mandatos médicos”.
CHD y los padres alegaron que la FDA “abusó de sus poderes de emergencia, eliminó el proceso de notificación y comentario, ignoró las peticiones de los ciudadanos, abandonó los mecanismos tradicionales de seguridad para evaluar los medicamentos inyectados en el comercio interestatal y en los brazos de los niños estadounidenses, ignoró los límites legislativos expresos de sus acciones”.
Según la denuncia, la FDA abusó de su “poder de emergencia para imponer productos biológicos peligrosos a menores, etiquetarlos y marcarlos erróneamente cara al público, con el conocimiento expreso de que su etiquetado incorrecto llevaría a imponerlos a niños y bebés de tan sólo 6 meses”.
El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas desestimó la demanda el 18 de noviembre de 2022, “basándose en que la Demanda Enmendada no alegaba suficientemente que alguno de los Demandantes tuviera legitimación para demandar a la FDA”.
Debe haber “igualdad de justicia ante la ley”.
El Tribunal Supremo recibe aproximadamente entre 7.000 y 8.000 peticiones de auto de avocación y sólo concede unas 80 al año, por lo que las probabilidades de que el tribunal vea el caso de CHD son escasas, dijo Holland.
“Pero ésta merece ser revisada, no sólo porque es una cuestión constitucional crítica, sino porque los tribunales de circuito se han dividido sobre la cuestión”.
Esta división significa que los tribunales no aplican la ley de manera uniforme, lo cual es un problema, según Holland.
En la fachada del edificio del Tribunal Supremo figura la frase “Igualdad de Justicia ante la Ley”, dijo. “No puede haber igualdad de justicia si los tribunales aplican la ley de formas radicalmente distintas. Espero que el Tribunal Supremo oiga este caso”.