En una carta enviada esta semana al Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y a otros funcionarios del gobierno británico, firmada por más de 130 profesionales de la medicina del Reino Unido, se acusa al gobierno de haber gestionado mal su respuesta a la pandemia de COVID, lo que ha provocado un “daño enorme, permanente e innecesario” al país.

La carta, titulada “Nuestra grave preocupación por la gestión de la pandemia de COVID por parte de los gobiernos de las naciones del Reino Unido”, exponía 10 aspectos en los que los autores argumentaban que las medidas políticas tomadas por el gobierno británico no sólo no protegían a los ciudadanos, sino que en muchos casos causaban daños adicionales e innecesarios.

Los 10 autores principales de la carta escribieron:

“Escribimos como médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud a los que nos preocupa la situación y no tenemos ningún interés personal para hacer esto. Por el contrario, nos enfrentamos a un riesgo personal en relación con nuestro empleo por hacerlo y/o al riesgo de ser “desprestigiados” personalmente por aquellos a los que inevitablemente no les gustará que expresemos nuestra opinión.”

Los autores acusaron a los funcionarios del gobierno de no haber medido los daños de las medidas políticas de confinamiento, de exagerar la amenaza del virus y de realizar pruebas masivas inadecuadas a los niños.

Escribieron:

“La repetición de las pruebas a los niños para encontrar casos asintomáticos que probablemente no propaguen el virus, y tratar a los niños como si fueran algún tipo de peligro biológico es perjudicial, no sirve para la salud pública y debe terminar”.

La carta también denunció a los funcionarios por reprimir activamente el debate sobre el tratamiento temprano con protocolos que se están aplicando con éxito en otros lugares, y dijo que la vacunación de toda la población adulta nunca debería haber sido un requisito previo para poner fin a las restricciones.

Los autores concluyeron:

“El enfoque del Reino Unido sobre el COVID ha fracasado de forma palpable. En el aparente deseo de proteger a un grupo vulnerable -los ancianos- las medias políticas aplicadas han causado daños colaterales y desproporcionados a muchos otros grupos vulnerables, especialmente a los niños.”

Además de a Johnson, la carta iba dirigida a Nicola Sturgeon, Primera Ministra de Escocia; Mark Drakeford, Primer Ministro de Gales; Paul Givan, Primer Ministro de Irlanda del Norte; Sajid Javid, Secretario de Sanidad; Chris Whitty, Director Médico; y el Dr. Patrick Vallance, Director Científico.

Lea la carta completa:

22 de agosto de 2021

Estimados señores y señora,

Nuestras graves preocupaciones por la gestión de la pandemia de COVID por parte de los gobiernos de las naciones del Reino Unido.

Escribimos como médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud a los que nos preocupa la situación y no tenemos ningún interés personal para hacer esto. Por el contrario, nos enfrentamos a un riesgo personal en relación con nuestro empleo por hacerlo y/o al riesgo de ser “desprestigiados” personalmente por aquellos a los que inevitablemente no les gustará que expresemos nuestra opinión.

Damos el paso de escribir esta carta pública porque para nosotros se ha puesto de manifiesto que:

  • El Gobierno (con lo que nos referimos al gobierno del Reino Unido y a los tres gobiernos/administraciones descentralizados y a los asesores y agencias gubernamentales asociados, como las CMO, CSA, SAGE, MHRA, JCVI, servicios de Salud Pública, Ofcom, etc., en adelante “ustedes” o el “Gobierno”) ha basado el manejo de la pandemia de COVID sobre supuestos erróneos.
  • Estos errores les han sido señalados a ustedes por numerosas personas y organizaciones.
  • Ustedes no han han hecho ningún esfuerzo para establecer un diálogo y no dan señales de hacerlo. Han quitado a la gente derechos fundamentales y han alterado el tejido de la sociedad sin apenas debate en el Parlamento. Ningún ministro responsable de las medidas políticas ha aparecido nunca en un debate adecuado con alguien que tenga opiniones opuestas en ningún canal de los medios de comunicación principales.
  • A pesar de conocer los puntos de vista médicos y científicos alternativos, ustedes no han garantizado un debate abierto y completo sobre los pros y los contras de formas alternativas de gestionar la pandemia.
  • Las medidas políticas de respuesta a la pandemia aplicadas han causado un daño enorme, permanente e innecesario a nuestra nación, y no deben repetirse jamás.
  • Sólo revelando la total falta de aprobación generalizada entre los profesionales sanitarios de sus medidas políticas llegará la ciudadanía a exigir un debate más amplio.

En relación con lo anterior, queremos llamar la atención sobre los siguientes puntos. Se pueden proporcionar referencias de apoyo si se solicitan.

1. No se ha hecho ningún intento de medir los daños causados por las medidas políticas de confinamiento

La evidencia de los efectos desastrosos de los confinamientos en la salud física y mental de la población están a la vista de todos. Los daños son enormes, generalizados y duraderos. En particular, el impacto psicológico en una generación de niños que están en pleno desarrollo podría ser de por vida.

Esta es la razón por la que nunca se han tomado medidas de confinamiento en ningún plan de preparación para la pandemia

antes de 2020. De hecho, los documentos de la OMS expresamente no los recomiendan, ni siquiera en el caso de los patógenos virales respiratorios graves y, por lo tanto, tampoco el cierre de las fronteras, la cobertura de la cara y las pruebas a los individuos asintomáticos. Ha habido una ausencia tan inexplicable de consideración de los daños causados por las medidas políticas de confinamiento que es difícil evitar la sospecha de que se trata de una evasión intencionada.

La introducción de estas medidas políticas nunca fue acompañada de ningún tipo de análisis de riesgo/beneficio. Si esto es malo, es aún peor que después del evento, cuando se disponía de muchos datos para medir los daños, sólo se haya prestado una atención superficial a este aspecto de la planificación de la pandemia. Eminentes profesionales han pedido repetidamente en conferencias de prensa que se hable de estos impactos en la salud, pero han sido universalmente ignorados.

Lo extraño es que las medidas políticas que se llevaban a cabo antes de mediados de marzo de 2020 (autoaislamiento de los enfermos y protección de los vulnerables, mientras que por lo demás la sociedad seguía cerca de la normalidad) eran equilibradas, sensatas y reflejaban el enfoque establecido por consenso antes de 2020. Entonces no se dio ninguna razón convincente para el abrupto cambio de dirección a partir de mediados de marzo de 2020 y, sorprendentemente, no se ha presentado ninguna razón en ningún momento desde entonces.

2. Naturaleza institucional de la COVID

En realidad, los datos italianos dejaron claro desde el principio que la COVID (la enfermedad, a diferencia de la infección o la exposición al SARS-Cov-2) era en gran medida una enfermedad de las instituciones. Los residentes de los hogares de ancianos representaban alrededor de la mitad de las muertes, a pesar de constituir menos del 1% de la población. Las infecciones hospitalarias son el principal motor de las tasas de transmisión, como ocurrió con el SARS1 y el MERS.

La transmisión se asoció al contacto hospitalario hasta en un 40% de los casos en la primera ola de la primavera de 2020 y en un 64% en el invierno de 2020/2021.

Se produjeron casos de enfermedad grave entre personas sanas menores de 70 años (como ocurre con las pandemias de gripe), pero fueron extremadamente raros.

A pesar de ello, no se adoptaron medidas tempranas, agresivas y específicas para proteger a las residencias; al contrario, los pacientes fueron dados de alta sin hacerles pruebas y se les llevaba a residencias en los que el personal tenía inadecuados equipos de protección individual (EPI), así como formación e información inadecuados. Como consecuencia, se produjeron muchas muertes innecesarias.

No se ha dado prioridad a los preparativos para este próximo invierno, incluyendo la garantía de una capacidad suficiente y medidas preventivas como por ejemplo soluciones de ventilación.

3. La naturaleza exagerada de la amenaza

Las medidas políticas parecen haber estado dirigidas a la exageración sistemática del número de muertes que pueden atribuirse al COVID. Las pruebas se diseñaron para encontrar todos los “casos” posibles, en lugar de centrarse en las infecciones diagnosticadas clínicamente, y el número exagerado de casos resultante se trasladó a los datos de mortalidad, con un gran número de personas que murieron “con COVID” y no “de COVID”, en los casos en los que la enfermedad era la causa subyacente de la muerte.

La medida política de publicar una cifra diaria de muertes significaba que la cifra se basaba enteramente en el resultado de la prueba PCR, sin la aportación de los médicos que están tratando a los pacientes. Al incluir todas las muertes dentro de un período de tiempo después de una prueba positiva, no se excluyeron las muertes incidentales, con COVID pero no debido a COVID, exagerando así la naturaleza de la amenaza.

Además, en los titulares que informan del número de muertes, no se incluyó una categorización por edad. La edad media de un fallecimiento con la etiqueta COVID es de 81 años para los hombres y de 84 para las mujeres, lo cual es superior a la esperanza de vida media que había cuando estas personas nacieron.

Este es un dato muy relevante a la hora de evaluar el impacto social de la pandemia. La muerte en la vejez es un fenómeno natural. No se puede decir que una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores sea la misma que una que afecta a todas las edades, y sin embargo los mensajes del gobierno parecen diseñados para hacer creer al público que todo el mundo corre el mismo riesgo.

Se pidió a los médicos que rellenaran los certificados de defunción a sabiendas de que la muerte del fallecido ya había sido registrada como una muerte COVID por el Gobierno. Dado que es prácticamente imposible encontrar pruebas que descarten categóricamente la COVID como factor contribuyente a la muerte, una vez registrada como “muerte COVID” por el gobierno, era inevitable que se incluyera como causa en el certificado de defunción.

Diagnosticar la causa de la muerte siempre es difícil y la reducción de las autopsias habrá provocado inevitablemente un aumento de la imprecisión. El hecho de que las muertes debidas a causas que no estaban relacionadas con la COVID sufrieran una sustancial disminución (en comparación con la media) a medida que aumentaban las muertes etiquetadas como COVID (y esto se invirtió cuando las muertes etiquetadas como COVID disminuyeron) es una prueba sorprendente de la sobreatribución de muertes a la COVID.

La tasa de mortalidad global por todas las causas de 2015 a 2019 fue inusualmente baja y, sin embargo, estas cifras se han utilizado para comparar con las cifras de mortalidad de 2020 y 2021, lo que ha hecho que el aumento de la mortalidad parezca no tener precedentes. La comparación con los datos de años anteriores habría demostrado que la tasa de mortalidad de 2020 se superó en todos los años anteriores a 2003 y que, por tanto, no es excepcional.

Incluso ahora se siguen añadiendo casos y muertes por COVID al total existente sin el debido rigor, de modo que los totales globales crecen cada vez más y exageran la amenaza. No se ha hecho ningún esfuerzo para contabilizar los totales en cada temporada de invierno por separado, lo que es una práctica habitual para cualquier otra enfermedad.

Ustedes han seguido adoptando la publicidad de alta frecuencia a través de los medios de publicación y difusión para aumentar el impacto del “mensaje del miedo”. El coste de esto no se ha publicado ampliamente, pero los sitios web de contratación pública revelan que es inmenso: cientos de millones de libras.

La retórica de los medios de comunicación y de los gobiernos se traslada ahora a la idea de que el “Covid de larga duración” va a causar una morbilidad importante en todos los grupos de edad, incluidos los niños, sin que haya habido un debate sobre la normalidad de que la fatiga postviral dure más de 6 meses. Esto aumenta el miedo del público a la enfermedad, fomentando la vacunación entre aquellos que es muy poco probable que sufran efectos adversos por el COVID.

4. Represión activa del debate sobre el tratamiento precoz utilizando protocolos que se están aplicando con éxito en otros lugares

El daño causado por la COVID y nuestra respuesta a ella deberían haber supuesto la adopción de avances en la profilaxis y la terapéutica de la COVID. Sin embargo, las pruebas sobre los tratamientos exitosos han sido ignoradas o incluso suprimidas activamente.

Por ejemplo, un estudio realizado en Oxford y publicado en febrero de 2021 demostró que la budesonida inhalada podía reducir las hospitalizaciones en un 90% en los pacientes de bajo riesgo y una publicación de abril de 2021 demostró que la recuperación era más rápida también en los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, esta importante intervención no se ha promovido.

La Dra. Tess Lawrie, de la “Evidence Based Medical Consultancy” (Consultoría Médica Basada en la Evidencia) de Bath, presentó al gobierno en enero de 2021 un análisis exhaustivo de los beneficios profilácticos y terapéuticos de la ivermectina. Más de 24 ensayos aleatorios con 3.400 personas han demostrado una reducción del 79-91% de las infecciones y del 27-81% de las muertes con Ivermectina.

Muchos médicos se muestran comprensiblemente cautelosos ante la posible sobreinterpretación de los datos disponibles sobre los fármacos mencionados y otros tratamientos, aunque hay que señalar que no parece haberse aplicado tal cautela en relación con el tratamiento de los datos sobre las intervenciones del gobierno (por ejemplo, la eficacia de los confinamientos o las mascarillas) cuando se utilizan en apoyo de la agenda del gobierno.

Sea cual sea la opinión de cada uno sobre los méritos de estos fármacos reutilizados, es totalmente inaceptable que los médicos que han intentado simplemente abrir el debate sobre los beneficios potenciales de los tratamientos tempranos para la COVID hayan sido censurados de forma contundente e inexplicable. El hecho de saber que podrían existir tratamientos tempranos que reduzcan el riesgo de requerir hospitalización alteraría toda la visión que tienen muchos profesionales y legos sobre la amenaza que supone el COVID y, por tanto, la relación riesgo/beneficio de la vacunación, especialmente en los grupos más jóvenes.

5. Uso inapropiado y poco ético de la ciencia del comportamiento para generar un miedo injustificado

La propagación de una narrativa de miedo deliberada (confirmada por documentación gubernamental de acceso público) ha sido desproporcionada, dañina y contraproducente. Solicitamos que cese inmediatamente.

Por poner un ejemplo, las medidas políticas de cobertura facial tomadas por el gobierno parecen haber sido impulsadas por consejos de psicología del comportamiento en relación con la generación de un nivel de miedo que es necesario para promover el cumplimiento de otras medidas políticas.

Estas medidas políticas no parecen haber sido impulsadas por razones de control de la infección, ya que no existen pruebas sólidas que demuestren que el uso de un protector facial (especialmente de tela o de mascarillas quirúrgicas estándar) sea eficaz contra la transmisión de patógenos respiratorios por el aire, como el SARS-Cov-2.

Varias instituciones y personas de alto nivel son conscientes de ello y han abogado por no cubrirse la cara durante esta pandemia, para luego, inexplicablemente, dar marcha atrás en su consejo sin ninguna justificación científica que conozcamos. Por otro lado, hay muchas pruebas que sugieren que el uso de la mascarilla puede causar múltiples daños, tanto físicos como mentales.

Esto ha sido especialmente angustioso para los escolares del país, a los que la política gubernamental y sus escuelas han animado a llevar mascarillas durante largos periodos en la escuela.

Por último, el uso de tapabocas es muy simbólico y, por tanto, es contraproducente para conseguir que la gente se sienta segura. Su uso prolongado conlleva el riesgo de convertirse en un comportamiento de seguridad arraigado, que en realidad impide que las personas vuelvan a la normalidad porque atribuyen, erróneamente, su seguridad al acto de llevar la mascarilla y no al riesgo remoto, para la gran mayoría de personas sanas menores de 70 años, de contraer el virus y enfermar gravemente de COVID.

6. Malentendido de la naturaleza ubicua de las mutaciones de los nuevos virus emergentes

La mutación de cualquier virus nuevo en cepas más nuevas -especialmente cuando se encuentra bajo la presión de selección debido a las restricciones anormales sobre las distancias y a la vacunación- es normal, inevitable y no es algo que deba preocupar. Ya se han identificado cientos de miles de mutaciones de la cepa original de Wuhan.

Perseguir cada nueva variante emergente es contraproducente, perjudicial y totalmente innecesario, y no hay pruebas convincentes de que cualquier variante recién identificada sea más mortal que la cepa original.

Las cepas mutantes aparecen simultáneamente en diferentes países (por medio de la “evolución convergente”) y el cierre de las fronteras nacionales en un intento de evitar que las variantes viajen de un país a otro no tiene ningún propósito significativo de control de la infección y debería abandonarse.

7. Malentendido de la propagación asintomática y su uso para promover el cumplimiento de las restricciones por parte de la población

Está bien establecido que la propagación asintomática nunca ha sido un motor importante para la creación de una pandemia de enfermedades respiratorias y nos oponemos a sus constantes mensajes que implican esto, los cuales deberían cesar inmediatamente.

Nunca antes habíamos pervertido la práctica secular de aislar a los enfermos y cambiarla por aislar a los sanos. Los repetidos mandatos a personas sanas y asintomáticas para que se autoaislen, especialmente a los niños en edad escolar, no sirven para nada y sólo han contribuido a los daños generalizados causados por tales medidas políticas.

En la inmensa mayoría de los casos, las personas sanas están sanas y no pueden transmitir el virus, y sólo deben aislarse las personas enfermas que tienen síntomas.

Se ha demostrado que la afirmación del gobierno de que una de cada tres personas podría tener el virus es incompatible con los datos de la ONS sobre la prevalencia de la enfermedad en la sociedad, y el único efecto de este mensaje parece haber sido generar miedo y promover el cumplimiento de las restricciones del gobierno.

El mensaje del gobierno de “actuar como si se tuviera el virus” también ha inducido innecesariamente al miedo, dado que es muy poco probable que las personas sanas transmitan el virus a otras.

La prueba PCR, ampliamente utilizada para determinar la existencia de “casos”, es ahora indiscutiblemente reconocida como incapaz de detectar de forma fiable la infecciosidad. La prueba no puede discriminar entre aquellos en los que la presencia de fragmentos de material genético parcialmente coincidentes con el virus es incidental (quizás debido a una infección pasada), es representativa de una infección activa, o es indicativa de infecciosidad.

Sin embargo, se ha utilizado casi universalmente, sin calificación ni diagnóstico clínico, para justificar las medidas políticas de confinamiento y poner en cuarentena a millones de personas innecesariamente, con un enorme coste para la salud y el bienestar y para la economía del país.

Los países que han eliminado las restricciones comunitarias no han visto ninguna consecuencia negativa que pueda atribuirse a la flexibilización. Los datos empíricos de muchos países demuestran que el aumento y la disminución de las infecciones son estacionales y no se deben a las restricciones o a las mascarillas.

La razón de la reducción del impacto de cada ola sucesiva es que: (1) la mayoría de las personas tienen un cierto nivel de inmunidad, ya sea a través de la inmunidad previa o la inmunidad adquirida a través de la exposición; (2) como es habitual con los nuevos virus emergentes, parece que se ha producido una mutación del virus hacia cepas que causan una enfermedad más leve.

La vacunación también puede contribuir a ello, aunque su durabilidad y nivel de protección contra las variantes no están claros.

El gobierno parece hablar de “aprender a vivir con COVID” mientras aparentemente practica a escondidas una estrategia de “cero COVID” que es inútil y, en última instancia, netamente perjudicial.

8. Pruebas masivas a los niños sanos

La repetición de las pruebas a los niños para encontrar casos asintomáticos que probablemente no propaguen el virus, y tratarlos como si fueran algún tipo de peligro biológico es perjudicial, no sirve para la salud pública y debe terminar.

Durante el período de Pascua, se gastó semanalmente una cantidad equivalente al coste de construcción de un Hospital General de Distrito en la realización de pruebas a los escolares para encontrar unos cuantos miles de “casos” positivos, ninguno de los cuales era grave, que sepamos.

De hecho, los confinamientos contribuyen mucho más a los problemas de salud de los niños, ya que se observan niveles récord de enfermedades mentales y un aumento de los niveles de infecciones no relacionadas con el COVID, que algunos expertos consideran resultado del distanciamiento que provoca el desacondicionamiento del sistema inmunitario.

9. La vacunación de toda la población adulta nunca debería haber sido un requisito previo para acabar con las restricciones

Basándose simplemente en los primeros datos “prometedores” de la vacuna, está claro que el Gobierno decidió en el verano de 2020 llevar a cabo una política de supresión del virus en toda la población hasta que se dispusiera de la vacunación (que en un principio se dijo que sería sólo para los vulnerables, y luego se cambió -sin un debate adecuado ni un análisis riguroso- a toda la población adulta).

Esta decisión se adoptó a pesar de los enormes perjuicios derivados de los continuos confinamientos, los cuales o ya eran conocidos por ustedes o deberían haberse verificados para tenerlos en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Además, en relación con la campaña de vacunación se han infringido una serie de principios de buena práctica médica y normas éticas hasta ahora intachables, lo que significa que en la mayoría de los casos debe dudarse seriamente de si el consentimiento obtenido puede considerarse realmente “plenamente informado”:

  • El uso de la coacción apoyada por una campaña mediática sin precedentes para persuadir al público de que se vacune, incluyendo amenazas de discriminación, ya sea respaldadas por la ley o fomentada socialmente, por ejemplo en cooperación con plataformas de redes sociales y aplicaciones para dar las citas.
  • La omisión de información que permita a las personas tomar una decisión con pleno conocimiento de causa, especialmente en relación con el carácter experimental de los agentes de la vacuna, con el hecho de que el riesgo de COVID extremadamente bajo para la mayoría de las personas, y con la aparición conocida de efectos secundarios a corto plazo y los efectos desconocidos a largo plazo.

Por último, observamos que el Gobierno está considerando seriamente la posibilidad de que estas vacunas -que no tienen asociados datos de seguridad a largo plazo- puedan ser administradas a los niños sobre la base de que esto podría proporcionar algún grado de protección a los adultos. Consideramos que esa noción es una inversión atroz y poco ética del deber largamente aceptado por los adultos de proteger a los niños.

10. Exceso de confianza en la modelización mientras se ignoran los datos del mundo real

A lo largo de la pandemia, las decisiones parecen haberse tomado utilizando modelos no validados producidos por grupos que tienen lo que sólo puede describirse como un historial lamentable, por su actitud de sobreestimar tremendamente el impacto de varias pandemias anteriores.

Los equipos de toma de decisiones parecen tener muy poca aportación de datos de las clínicas y, por lo que se sabe, ninguna experiencia en inmunología clínica.

Además, los supuestos en los que se basan los modelos nunca se han ajustado para tener en cuenta las observaciones del mundo real en el Reino Unido y otros países.

Resulta sorprendente que, cuando se le preguntó a la SAGE si se habían tenido en cuenta los daños colaterales, la respuesta que se dio fue que no entraba dentro de sus competencias; simplemente se les pidió que minimizaran el impacto del COVID. Esto podría ser perdonable si algún otro grupo asesor estudiara constantemente el lado de los daños, pero parece que no ha sido así.

Conclusiones

El enfoque del Reino Unido sobre el COVID ha fracasado de forma palpable. En el aparente deseo de proteger a un grupo vulnerable -los ancianos-, las medidas políticas aplicadas han causado daños colaterales generalizados y desproporcionados a muchos otros grupos vulnerables, especialmente a los niños.

Además, sus medidas políticas no han conseguido evitar que el Reino Unido registre una de las tasas de mortalidad por COVID más altas del mundo.

Ahora, a pesar de las altísimas tasas de vacunación y de las bajísimas tasas de mortalidad y hospitalización por COVID, las medidas políticas siguen orientadas a mantener a una población discapacitada por el miedo extremo, con restricciones en la vida cotidiana que prolongan y profundizan los daños derivados de las medidas políticas.

Por poner un ejemplo, las listas de espera del NHS ascienden actualmente a 5,1 millones de personas de forma oficial, y -según el anterior Secretario de Sanidad- es probable que haya otros 7 millones que necesiten un tratamiento aún no presentado. Esto es inaceptable y debe ser abordado con urgencia.

En resumen, es necesario un cambio radical en el Gobierno, que ahora debe prestar la debida atención a los estimados expertos que, fuera de su círculo íntimo, hacen sonar estas alarmas.

Los que nos dedicamos a la sanidad estamos comprometidos con nuestro juramento de “primero no hacer daño”, y no podemos seguir observando en silencio unas medidas políticas que han impuesto una serie de supuestas “curas” que en realidad son mucho peores que la enfermedad que supuestamente tratan.

Los firmantes de esta carta le piden a ustedes, en el Gobierno, que sin más demora amplíen el debate sobre las medidas políticas, consulten abiertamente con grupos de científicos, médicos, psicólogos y otros que comparten puntos de vista alternativos cruciales, científicamente válidos y basados en la evidencia, y que hagan todo lo que esté en sus manos para devolver al país lo más rápidamente posible a la normalidad con el mínimo daño adicional para la sociedad.

Atentamente,

Dr. Jonathan Engler, MB ChB LLB (Hons) DipPharmMed

Profesor John A Fairclough, BM BS B Med Sci FRCS FFSEM, cirujano consultor, dirigió el programa de vacunación para un brote de poliomielitis, ex presidente de BOSTA, para cirujanos ortopédicos, miembro de la facultad FFSEM

Sr. Tony Hinton, MB ChB, FRCS, FRCS(Oto), Cirujano Consultor

Dr. Renee Hoenderkamp, BSc (Hons) MBBS MRCGP, médico generalista

Dr. Ros Jones, MBBS, MD, FRCPCH, pediatra consultor jubilado

Sr. Malcolm Loudon, MB ChB MD FRCSEd FRCS (Gen Surg) MIHM VR

Dr. Geoffrey Maidment, MBBS, MD, FRCP, médico consultor jubilado

Dr. Alan Mordue, MB ChB, FFPH (retirado), consultor jubilado en medicina de salud pública

Sr. Colin Natali, BSc(Hons), MBBS FRCS FRCS(Orth), Cirujano consultor de columna vertebral

Dra. Helen Westwood, MBChB MRCGP DCH DRCOG, médico generalista

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