Con el anuncio de los planes del ejército estadounidense de imponer la vacuna COVID a todo el personal, posiblemente para el 1 de septiembre, muchos miembros del servicio que ya soportan restricciones coercitivas por no ponerse la vacuna “voluntaria”, están preocupados por sus carreras.
Hasta la fecha, entre el 23% y el 42% de los militares, dependiendo de la rama de servicio, no se han vacunado.
Los ensayos clínicos de las tres vacunas COVID que se están administrando en los EE.UU.- Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson- no están programados para ser completados hasta 2022 o 2023, cuando podrían ser, entonces, considerados para revisión y llegar a conseguir la licencia completa por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés).
Sin embargo, el presidente Biden podría emitir una orden ejecutiva para imponer un mandato militar y prescindir de la aprobación de la FDA en caso de emergencia sanitaria.
Precedente de la vacuna experimental contra el ántrax
El ejército estadounidense ha decidido ahora, en una medida sin precedentes, administrar un fármaco experimental a todas las fuerzas armadas. Ni siquiera durante el escándalo de la vacuna experimental contra el ántrax, nunca ha habido un mandato completo para todas ellas.
El Programa de Vacunación contra el Ántrax (“The Anthrax Vaccine Immunization Program”, AVIP por sus siglas en inglés) se vio interrumpido por numerosas impugnaciones legales en Doe vs. Rumsfeld (2003, 2004, 2006, 2007) por un mandato ilegal de un medicamento porque aún no tenía la plena aprobación y licencia de la FDA, y del cual nunca se demostró que fuera eficaz para proteger contra el ántrax por inhalación, como lo exigen las directrices de la Autorización de uso de emergencia (“Emergency Use Authorization”, EUA) de la FDA.
Durante esta batalla legal, que duró años, los miembros del ejército que se negaron a recibir la vacuna contra el ántrax fueron reducidos en su rango y sueldo, y sancionados bajo el Código Uniforme de Justicia Militar que presentó cargos criminales que resultaron en cárcel y bajas deshonrosas por rechazar una vacuna con graves efectos secundarios a largo plazo. Otros se vieron obligados a jubilarse anticipadamente y perdieron las prestaciones que reciben los veteranos.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos (“Department of Defense”, DOD por sus siglas en inglés) negó que hubiera un problema de preparación o de seguridad de las vacunas, pero la supervisión del Congreso reveló que el mandato de la vacuna experimental contra el ántrax en 2001 provocó una crisis de retención de pilotos.
Esto, y los efectos secundarios de la vacuna contra el ántrax experimentados por el personal militar, se resumió en un informe publicado por la Oficina de Contabilidad del Gobierno (“Government Accounting Office”, GAO por sus siglas en inglés).
Como informó anteriormente “The Defender”, además de los desafíos legales, el informe de la GAO encontró que el ejército tenía una grave crisis de retención debido a la vacuna contra el ántrax. Los pilotos más experimentados abandonaron o planearon abandonar el ejército para evitar la vacuna contra el ántrax; incluso estaban dispuestos a renunciar a sus prestaciones por jubilación.
Según el informe de la GAO:
“Según nuestra encuesta, entre septiembre de 1998 y septiembre de 2000, cuando el AVIP era obligatorio, alrededor del 16 por ciento de los pilotos y miembros de la tripulación de la guardia y la reserva se habían trasladado a otra unidad (principalmente a puestos que no eran de vuelo), habían pasado a la situación de inactividad o habían abandonado el ejército por completo. Además, el 18 por ciento de los que aún participaban en las unidades indicaron su intención de trasladarse, mudarse o irse en un futuro próximo. Aproximadamente una quinta parte de los que ya se habían marchado lo hicieron a sabiendas, antes de tener derecho a la jubilación militar”.
La pérdida inminente de pilotos era innegable. Según el informe, el 69% de los pilotos que cambiaron de situación consideraron la vacuna contra el ántrax como el principal factor, y el 72% de los pilotos que planeaban dejar el ejército consideraron la vacuna contra el ántrax como el principal factor.
Más de la mitad de las pérdidas y de las posibles pérdidas futuras de miembros de la tripulación aérea en la guardia y la reserva eran pilotos. Estas pérdidas de personal incluían los puestos más experimentados de evaluador de vuelo, instructor de vuelo y comandante de avión, en los que los militares habían invertido años de formación.
En retrospectiva, hubo muy pocos comandantes dispuestos a proteger a los miembros del servicio de los efectos secundarios de ceguera, vértigo, temblores y desmayos. El coronel Felix M. Grieder, comandante del Ala de Transporte Aéreo 436 de la Base Aérea de Dover, fue una excepción.
“En 1999, docenas de pilotos de C-5 de la base informaron de efectos secundarios después de ponerse la inyección. Un oficial superior dimitió y el 40 por ciento de los pilotos del ala de reserva se marcharon antes de que les pusieran la inyección.
“La preocupación de los pilotos hizo que el coronel Felix M. Grieder, comandante del Ala Aérea 436 de Dover, suspendiera el programa de inoculación, convirtiéndose en la primera base en hacerlo”.
No en vano, todos los fabricantes de vacunas siguen estando protegidos, siendo indemnizados por sus productos, dejando que el público asuma todo el riesgo de daños personales con poca o ninguna reparación significativa.
En 1999, estos efectos secundarios de la vacuna contra el ántrax se correlacionaron con el ingrediente de escualeno no aprobado por la FDA en ciertos lotes de vacunas y se relacionaron con el Síndrome de la Guerra del Golfo.
El Departamento de Defensa, el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (“Walter Reed Army Institute of Research”, WRAIR por sus siglas en inglés) y la FDA tardaron años en verificar que las pruebas de un laboratorio independiente de la Universidad de Tulane confirmaban la presencia de escualeno, y luego culparon a una contaminación puntual y no al uso intencionado del adyuvante de la vacuna que se había utilizado en la investigación con animales.
La encuesta piloto de la GAO en 2000 indicó que el 86% de los encuestados había experimentado una reacción local o sistémica a la vacuna contra el ántrax.
Tom Heemstra, un comandante de escuadrón obligado a retirarse por rechazar la vacuna contra el ántrax, declaró ante el Congreso que el Pentágono actuó con un abuso de poder similar al que se está denunciando actualmente con las vacunas contra el SARS-CoV2: “Coaccionaron, intimidaron, amenazaron y castigaron para imponer este programa”, dijo Heemstra.
Hubo un doble rasero con la política de castigos por el ántrax que decía que el personal de la Reserva y la Guardia Nacional no podía ser sometido a un consejo de guerra, aunque sí el personal en servicio activo.
Los miembros de las unidades de la Reserva y la Guardia que rechazaron la vacuna contra el ántrax solían ser oficiales y pilotos que volaban la mayoría de los aviones de reabastecimiento y carga en las Fuerzas Aéreas, y casi todos estos pilotos también volaban para aerolíneas comerciales en sus carreras civiles.
Hay muchas moralejas que sacar del programa del ántrax. La incapacidad del Departamento de Defensa para supervisar las reacciones a las vacunas empleando un sistema de vigilancia activa y revertir una política de mandatos que es poco sólida proporcionando una respuesta oportuna demostró una vulnerabilidad que aún no se ha corregido.
Probablemente, los compromisos financieros del DOD para la vacuna en la fase de planificación pesaron más que la posibilidad de un cambio de rumbo con vigilancia en la fase operativa.
El Departamento de Defensa implementó una política que perjudicó la salud y la retención, y el departamento incluso ha continuado con un programa limitado de ántrax años después de que se demostrara la abrumadora evidencia de daño y la falta de beneficios.
Juegos de guerra: Escenarios probables, escenarios peores y evaluación del ‘equipo rojo’
El uso de los juegos de guerra como herramienta para preparar numerosos escenarios es fundamental para el Departamento de Defensa. Los ejercicios tradicionales de planificación para pandemias deben ir más allá de estrictamente limitarse a sincronizar los esfuerzos de respuesta contra una pandemia para llegar a considerar la posibilidad de una pérdida catastrófica para las Fuerzas Armadas.
El Departamento de Defensa debe ampliar su reflexión sobre la preparación de las fuerzas armadas para incluir los riesgos de reacción farmacéutica, las pérdidas de personal cualificado clave y los posibles daños catastróficos a gran escala provocados por las contramedidas médicas experimentales.
Los responsables de las agencias, incluidos el Subsecretario de Asuntos Sanitarios, el Mando de Investigación Médica y Material del Ejército de Estados Unidos (“U.S. Army Medical Research and Materiel Command”, USAMRMC por sus siglas en inglés), la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (“Biomedical Advanced Research and Development Authority”, BARDA por sus siglas en inglés) y el Subsecretario de Defensa para Asuntos de Personal y Reservas, además de científicos e investigadores independientes externos, deben participar en este esfuerzo.
Los escenarios de juego de guerra para la aplicación de un posible mandato de la vacuna COVID deben incluir el escenario probable de que el medicamento no confiera inmunidad individual o inmunidad de grupo, según los criterios de valoración del ensayo clínico que indicaron que la reducción de los síntomas era el principal resultado que se había medido.
La evidencia del fracaso de la vacuna ya está demostrada por las altas cifras de casos de fallos de la vacunación que se han dado ya antes de que comience la temporada de gripe en octubre de 2021.
El desarrollo de este escenario debe incluir datos que tengan en cuenta que los jóvenes sanos del ejército tienen una tasa de supervivencia del 99,9%. También debería incluir datos sobre cómo no se cumpliría la definición de inmunidad de rebaño recientemente modificada.
Incorporar que el AR40-562 permite al personal militar mostrar pruebas de inmunidad en lugar de la vacunación, e incluir estimaciones de la inmunidad adquirida naturalmente. Un fármaco que no confiere inmunidad para una enfermedad con una alta tasa de supervivencia en la población militar no exige un mandato que podría dar lugar a una crisis de retención.
Este escenario debería incluir también la terapéutica como alternativa a la vacuna, como medida de protección contra el pensamiento grupal perjudicial que perpetúa exclusivamente una única estrategia para cumplir la misión de cuidar de la salud de una población diversa.
El DOD, al realizar su ejercicio de juego de guerra, también debe incluir el peor escenario que consistiría en reacciones adversas agudas y crónicas que perturbasen la salud de todas las fuerzas armadas al afectar a los miembros del servicio que hubieran sido vacunados para COVID.
La mejora dependiente de anticuerpos (“Antibody Dependent Enhancement”, ADE por sus siglas en inglés) está bien documentada en la literatura de investigación del ARNm que se ha publicado. La ADE podría convertirse en una epidemia en el invierno de 2021, debido al efecto de cebado patogénico establecido en los estudios previos de las vacunas de ARNm realizados en animales .
En la probabilidad establecida de una política de exención cero en virtud de un mandato de vacunación para el personal en servicio activo, una normativa que reforzase la preparación permitiría a los que rechazan la vacuna la opción de transferirse a una unidad de reserva, sin el castigo del UCMJ. Si todas las fuerzas vacunadas son ahora susceptibles de padecer ADE, entonces los miembros no vacunados de las reservas podrían cubrir misiones críticas de preparación.
Todo ejercicio de juego de guerra debe considerar siempre al enemigo o ‘equipo rojo’. El coronavirus no es el enemigo, a pesar de la campaña mediática que intenta promoverlo como tal. Los coronavirus son endémicos y se sabe que afectan a los humanos desde hace mucho tiempo.
Parte de la evaluación del equipo rojo debería incluir la historia de la crisis fabricada del ántrax (el desarrollador de la vacuna fue culpado de enviar cartas con ántrax y de crear la amenaza para asegurar un contrato de vacunas de 29 millones de dólares sin licitación con el DOD), y la subsiguiente reacción instintiva del DOD de ordenar un medicamento experimental para todas las fuerzas armadas.
Los responsables políticos deben evaluar si se trata de una operación de imitación. Tanto la supuesta amenaza de un virus con una tasa de supervivencia del 99,9%, como la supuesta curación aportada por una vacuna rápida que utiliza una nueva tecnología de ARNm, exigen una evaluación focalizada del equipo rojo.
Esto debería incluir un escenario en el que un país como China podría cooptar a un pequeño número de científicos influyentes, empresas farmacéuticas y medios de comunicación para asegurar que los asesores del Gobierno de Estados Unidos impidan y limiten la información crítica sobre las probables lesiones en el personal del Departamento de Defensa.
Simular la degradación de la dotación de pilotos disponibles en los mandos combatientes críticos en los que la fuerza aérea es una fuerza militar clave, reducir los números y evaluar los resultados. Esta evaluación del equipo rojo debe incluir la posibilidad de que un producto de guerra biológica o un virus alterado sintéticamente pueda diezmar la potencia aérea.
Los datos derivados del VAERS deberían utilizarse como indicador clave de posibles muertes y lesiones que dejarían en tierra a pilotos y tripulaciones.
La evaluación de los recursos humanos de defensa debe incluir una identificación detallada de las carencias y deficiencias que existen actualmente para prepararse y defenderse ante cualquiera de estos posibles escenarios.
Estrategia de respuesta jurídica para los miembros del ejército
Una impugnación legal por parte de individuos o una demanda colectiva debería incluir el precedente de Doe v. Rumsfeld.
La vacuna COVID no ha sido aprobada por la FDA, lo que significa que en este momento, un mandato es una violación directa del estatuto federal y los miembros de las fuerzas armadas tienen el derecho a rechazarla.
La vacuna no ha demostrado, ni en los ensayos clínicos ni en el mundo real, la capacidad de prevenir la infección o la transmisión, por lo que un mandato es una política de discriminación que da preferencia a los vacunados que pueden presentar la infección y rechazo a los no vacunados con infección. Un nuevo territorio en una impugnación legal incluiría argumentar la falta de pruebas de que exista una emergencia sanitaria, un requisito previo para que los militares puedan exigir un mandato de un medicamento con EUA.
“America’s Frontline Doctors” contra el Secretario de los HHS de EE.UU., presentado el 19 de julio, proporciona el lenguaje y la base legal para todos estos desafíos y más.
Cómo proteger sus derechos y involucrarse con las partes interesadas
En primer lugar, los miembros del servicio deben conocer sus derechos a la exención de vacunas en el AR40-562 (un reglamento conjunto que se aplica a todas las ramas del ejército).
Las exenciones incluyen la prueba de inmunidad, la contraindicación médica, las excepciones administrativas aportadas por el comandante y la aprobación de la adaptación religiosa.
En segundo lugar, si los pilotos pueden obtener una audiencia de supervisión del Congreso con datos sobre las reacciones adversas, la degradación del estado de preparación y las pérdidas de retención, pueden influir en la configuración de una respuesta más sensata a la vacuna de contramedidas médicas COVID-19 para todos los miembros del servicio.
En el caso de la vacuna contra el ántrax, el 16% de rechazo de los pilotos fue el detonante para limitar el mandato de vacunación a las unidades “de riesgo”.
En tercer lugar, los comandantes están facultados, en virtud del AR40-562, para detener el programa de vacunas en sus unidades si evalúan que hay un riesgo para la preparación de la misión. Esto requiere que los miembros del servicio eduquen a los comandantes que actualmente están en un clima de coacción, donde los miembros del servicio no vacunados ya están notificando una alarmante segregación laboral y restricciones de acceso público durante la fase voluntaria de un medicamento con EUA.
En cuarto lugar, la Oficina del Subsecretario de Defensa para Asuntos de Salud (“Assistant Secretary of Defense for Health Affairs”, ASDHA por sus siglas en inglés) comprende el principal asesor médico del Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Está asistida por un asistente adjunto principal y tres secretarios adjuntos. Es prudente que los ciudadanos exijan a estos civiles no elegidos de la oficina de la ASDHA pruebas de que han llevado a cabo juegos de guerra críticos y una evaluación del equipo rojo para todos los escenarios mencionados en relación con la vacuna COVID.
El público debería exigir esta información a través de la Ley de Libertad de Información (“Freedom of Information Act”, FOIA por sus siglas en inglés) y esperar que los congresistas estadounidenses agilicen estas acciones.
Por último, los miembros del ejército pueden ponerse en contacto con los miembros del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantesde los Estados Unidos y pedirles que apoyen la HR3860, un proyecto de ley para prohibir cualquier exigencia de que un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se vacune contra el COVID.
Lo que está en juego podría ser demasiado alto, los riesgos demasiado graves y, con la incapacidad de defender a nuestra nación en una época de crisis mundial multifacética, incalculables.