En una audiencia del Comité de Salud del Senado el martes, el senador Richard Burr (republicano de Carolina del Norte), el republicano de mayor rango, criticó a la administración de Biden por no coordinar la política de pruebas, refuerzos y recomendaciones de cuarentena, incluso cuando los expertos médicos y legales cuestionaron la legitimidad de los mandatos de la vacuna COVID de Biden.

“Esta administración ha desperdiciado una y otra vez sus oportunidades y ha empeorado las cosas en las decisiones que ha tomado sobre las pruebas y los tratamientos y, lo que es más importante, en la comunicación con el pueblo estadounidense”, dijo Burr.

“Espero que entienda que mi crítica viene de un lugar de preocupación”, añadió, “porque sus esfuerzos de comunicación son un desastre y sólo han empeorado las cosas”.

Burr calificó de “desastre” la puesta en marcha de las dosis de refuerzo y dijo que la reciente actualización de la información sobre los periodos de cuarentena dejó a la gente “confundida”.

Burr también se quejó de la falta de claridad de los mensajes sobre las cuarentenas del Dr. Anthony Fauci y la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”, CDC por sus siglas en inglés).

A finales de diciembre, los CDC redujeron el tiempo de autocuarentena de 14 a 10 días. Fauci sugirió que podría ser necesaria una prueba COVID negativa para poner fin a esta cuarentena más corta, pero Walensky no estuvo de acuerdo, afirmando únicamente que la gente debería hacerse la prueba y/o seguir en cuarentena sólo si todavía se sentía enferma.

Mientras tanto, el gobierno de Biden anunció el martes nuevas normas que comenzarán el 15 de febrero y que exigen que todos los empleados sanitarios federales no vacunados se sometan a pruebas semanales.

Esta decisión se produce a pesar de la creciente evidencia de que la vacunación en sí misma tiene poco o ningún efecto sobre la transmisión de la variante Omicron.

Como escribió el Dr. Luc Montagnier, premio Nobel en 2008, por descubrir el virus de la inmunodeficiencia humana, en “The Wall Street Journal” del lunes:

“A partir del 1 de enero, Omicron representaba más del 95% de los casos de COVID en Estados Unidos, según las estimaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Debido a que se sabe que algunas de las 50 mutaciones de Omicron evaden la protección de los anticuerpos, porque más de 30 de esas mutaciones corresponden a la proteína de espiga o pico utilizada como inmunógeno por las vacunas existentes, y debido a que ha habido brotes masivos de Omicron en poblaciones muy vacunadas, los científicos tienen muchas dudas de que las vacunas existentes puedan detener su propagación”.

Según Montagnier y su coautor, Jed Rubenfeld, experto en derecho constitucional, la base científica de las medidas políticas de mandato de vacunación de la administración ha quedado obsoleta, puesto que la norma legal ya no puede cumplirse.

Esa norma, enunciada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Jacobson contra Massachusetts (1905), establece que el derecho a rechazar un tratamiento médico sólo puede superarse si la sociedad necesita frenar la propagación de una epidemia contagiosa.

En el caso de Omicron, dijeron los autores, “todavía no hay ninguna prueba” de que las vacunas frenen el contagio.

Ahora que incluso el entrevistador de la CNN, Jake Tapper, cuestiona los datos de la administración sobre la pandemia y que el índice de aprobación del presidente por su gestión de la pandemia está cayendo, algunos observadores se preguntan cuándo se dará cuenta la administración de que su libro de jugadas sobre la pandemia está obsoleto.