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04/29/2024 News

Exposiciones tóxicas

Los Estados se oponen al “Tratado de Pandemia” de la OMS y afirman sus derechos

Utah y Florida aprobaron leyes destinadas a impedir que la OMS anule la autoridad de los estados en cuestiones de política de salud pública, y Luisiana y Oklahoma tienen leyes que entrarán pronto en vigor, a la espera de las votaciones finales. Otros estados están estudiando proyectos de ley similares.

world health organization on laptop with thumbs down on top

Dos estados han aprobado leyes -y otros dos tienen proyectos de ley pendientes- destinadas a impedir que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anule la autoridad de los estados en cuestiones de política de salud pública.

Utah y Florida aprobaron leyes, y Luisiana y Oklahoma tienen legislación que entrará en vigor en breve, a la espera de las votaciones finales. Otros estados están estudiando proyectos de ley similares.

Los Estados miembros de la OMS se reunirán el mes que viene en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para votar dos propuestas -el llamado “acuerdo sobre pandemias” o “tratado sobre pandemias” y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI)- que darían a la OMS nuevos y amplios poderes en materia de pandemias.

El gobierno de Biden apoya las dos propuestas de la OMS, pero la oposición crece a nivel estatal.

Los defensores de las propuestas de la OMS afirman que son vitales para preparar a la humanidad contra la “próxima pandemia”, tal vez causada por una “Enfermedad X” aún desconocida.

Pero los proyectos de ley aprobados por las legislaturas estatales reflejan críticas frecuentemente expresadas de que las propuestas de la OMS ponen en peligro la soberanía nacional, la soberanía médica y corporal y las libertades personales, y pueden conducir a mandatos globales de vacunación.

Los críticos también sostienen que las propuestas de la OMS pueden abrir la puerta a “pasaportes sanitarios” digitales globales y a una censura mundial dirigida contra la supuesta “información errónea“.

Tales críticas están detrás de las iniciativas legislativas estatales para oponerse a la OMS, basándose en que los derechos de los estados están protegidos por la 10ª Enmienda de la Constitución de EEUU. Según la 10ª Enmienda, todos los poderes no delegados al gobierno federal están reservados a los estados. Tales competencias, según los críticos, incluyen la política de salud pública.

Mary Holland, presidenta de “Children’s Health Defense” (CHD), declaró a “The Defender”:

“Es alentador ver que estados como Luisiana, Oklahoma y Utah aprueban resoluciones para aclarar que la OMS no tiene poder para determinar la política sanitaria de sus estados. Históricamente, la sanidad ha sido competencia de los gobiernos estatales y locales, no del gobierno federal de EEUU.

“No existe una base constitucional legítima para que el gobierno federal externalice la toma de decisiones sanitarias sobre pandemias a un organismo internacional. A medida que las legislaturas estatales van conociendo la agenda de la OMS, están presionando para afirmar su autonomía, y esto es de agradecer.”

La internista Dra. Meryl Nass, fundadora de Puerta a la Libertad, (“Door to Freedom“), dijo a “The Defender” que, contrariamente a los argumentos de que los redactores de la Constitución no podían prever las futuras necesidades de salud pública, las vacunas, los médicos y la medicina existían en el momento en que se redactó la 10ª Enmienda. Fueron “excluidos deliberadamente”, dijo.

Esto tiene implicaciones para los esfuerzos del gobierno federal en apoyo de las propuestas de la OMS, según Nass. “El gobierno no tiene autoridad para otorgar a la OMS poderes para los que carece de autoridad”, dijo.

El representante estatal de Tennessee Bud Hulsey (republicano del condado de Sullivan) declaró a “The Epoch Times”: “En este país casi hemos llegado a un punto en el que el gobierno federal ha pisoteado la soberanía de los estados durante tanto tiempo que, en la mente de la gente, no tienen opciones.”

“Es como si lo que dijera el gobierno federal fuera la ley suprema del país, y no lo es. La Constitución es la ley suprema del país”, añadió.

Aprobadas las leyes de Utah y Florida

El 31 de enero, el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, firmó la Ley 57 del Senado, la “Ley de Soberanía Constitucional de Utah”. No menciona a la OMS, pero prohíbe “la aplicación de una directiva federal dentro del estado por funcionarios del gobierno si la Legislatura determina que la directiva federal viola los principios de soberanía del estado”.

En mayo de 2023, Florida aprobó el Proyecto de Ley del Senado 252 (SB 252), un proyecto de ley para la “Protección contra la discriminación basada en la elección de asistencia sanitaria”. Entre otras cláusulas, prohíbe a las empresas y entidades públicas exigir una prueba de vacunación o profilaxis a efectos de empleo, recepción de servicios o acceso a dichas entidades.

Según la Sección 3 del SB 252:

“Una entidad gubernamental tal como se define… o una institución educativa… no puede adoptar, aplicar o hacer cumplir las políticas o directrices de salud pública de una organización sanitaria internacional, a menos que esté autorizada a hacerlo en virtud de una ley estatal, norma u orden ejecutiva emitida por el Gobernador”.

Nass declaró a “The Defender” que la legislación de Florida ofrece una puerta trasera a través de la cual el estado puede aplicar las políticas de la OMS, ya que permite que una ley estatal, una norma o una orden ejecutiva del gobernador anulen el proyecto de ley. Según Nass, los esfuerzos por reforzar el proyecto de ley han sido infructuosos.

La SB 252 fue uno de los cuatro proyectos de ley que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó en mayo de 2023 en apoyo de la libertad médica. Los otros proyectos eran el proyecto de ley 1387 de la Cámara de Representantes, que prohíbe la investigación de ganancia de función, el proyecto de ley 1580 del Senado, que protege la libertad de expresión de los médicos, y el proyecto de ley 238 del Senado, que prohíbe la discriminación basada en las opciones médicas de las personas.

Luisiana y Oklahoma también se oponen a la OMS

El 26 de marzo, el Senado de Luisiana votó por unanimidad la Ley del Senado nº 133, que prohíbe a la OMS, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial ejercer influencia sobre el estado.

Según la legislación:

“Ninguna norma, reglamento, tasa, impuesto, política o mandato de ningún tipo de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial será aplicado o ejecutado por el estado de Luisiana o cualquier agencia, departamento, junta, comisión, subdivisión política, entidad gubernamental del estado, parroquia, municipio o cualquier otra entidad política.”

El proyecto de ley está ahora pendiente de la aprobación de la Cámara de Representantes de Luisiana y, si se aprueba, entrará en vigor el 1 de agosto.

El 24 de abril, la Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó la Ley del Senado 426 (SB 426), que establece: “La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial no tendrán jurisdicción en el Estado de Oklahoma“.

Según el proyecto de ley:

“Los mandatos, recomendaciones, instrucciones, comunicados u orientaciones emitidos por la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial no se utilizarán en este estado como base para actuar, ni para dirigir, ordenar o imponer de otro modo, en contra de la constitución y las leyes del estado de Oklahoma, requisito alguno, incluidos los relativos a mascarillas, vacunas o pruebas médicas, ni para recabar información pública o privada sobre los ciudadanos o residentes del estado, y no tendrán fuerza ni efecto en el estado de Oklahoma.”

Según Puerta a la Libertad, el proyecto de ley se presentó por primera vez el año pasado y fue aprobado por unanimidad en el Senado. Una versión modificada volverá al Senado para una nueva votación y, si se aprueba, la ley entrará en vigor el 1 de junio.

Continúa el impulso legislativo en los estados donde fracasaron los proyectos de ley contra la OMS

Las iniciativas legislativas contrarias a la OMS en otros estados no han tenido éxito hasta ahora.

En Tennessee, los legisladores propusieron tres proyectos de ley contra la OMS, pero “ninguno de ellos superó la línea de meta”, dijo Bernadette Pajer, de la Delegación de Tennessee de CHD.

“Muchos legisladores de Tennessee están preocupados por la OMS y tres de ellos presentaron resoluciones para proteger nuestra soberanía”, dijo Pajer. “Nuestra legislatura funciona por bienios, y éste era el segundo año, así que esos tres proyectos de ley han muerto. Pero espero que se presenten otros nuevos en la próxima sesión”.

Los proyectos de ley propuestos eran:

Amy Miller, miembro registrado de un grupo de presión de “Reform Pharma”, dijo a “The Defender” que “apoyaba estas resoluciones, especialmente la HJR 1359”. Dijo que el proyecto de ley “fue a un comité en el que el promotor no creía que saliera adelante, ya que se necesitaba un voto unánime y uno de los tres miembros era demócrata”.

La HJR 820 de Tennessee fue la que más cerca estuvo de ser promulgada. Según Nass, este proyecto de ley era “defectuoso”, ya que “no afirmaba la soberanía estatal ni la 10ª Enmienda”.

Otro proyecto de ley de Tennessee, el Proyecto de Ley 2795 de la Cámara de Representantes y el Proyecto de Ley 2775 del Senado, “establece procesos mediante los cuales la asamblea general [del Estado de Tennessee] puede anular un estatuto, reglamento, orden de agencia u orden ejecutiva federal inconstitucional”.

Según “The Epoch Times”, esto daría a los residentes de Tennessee “el derecho a exigir que los legisladores del estado voten sobre la aplicación o no de reglamentos o decretos ejecutivos que violen los derechos de los ciudadanos según las constituciones federal o estatal”. El proyecto de ley queda aplazado para “estudio de verano” en el Senado.

En mayo de 2023, Tennessee aprobó una ley que se opone a las propuestas de “cero neto” y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se han relacionado con las políticas “verdes” y la implantación de la identificación digital de los recién nacidos y para cuya aplicación la ONU ha fijado como fecha límite 2030.

Según “The Epoch Times”, “la representante del estado de Maine, Heidi Sampson, intentó que se aprobara una “orden conjunta” en apoyo de la autonomía personal y contra el cumplimiento de los acuerdos de la OMS, pero suscitó poco interés en la legislatura de supermayoría demócrata.”

En Alabama, el Senado aprobó la Resolución Conjunta 113 de la Cámara de Representantes, contraria a la OMS. El proyecto de ley salió de la comisión pero, según Nass, se estancó.

Otros estados en los que se propuso o está pendiente una legislación similar en la sesión de 2024 son Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Carolina del Sur y Wyoming.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo puede recortar los poderes del gobierno federal

Mientras que los que se oponen al “acuerdo sobre pandemias” propuesto por la OMS y a las enmiendas al RSI señalan la disposición sobre los derechos de los estados de la 10ª Enmienda, otros argumentan que una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1984 en el caso Chevron contra el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales permitió a los organismos federales hacer valer más autoridad para elaborar leyes.

Sin embargo, la marea puede estar cambiando. Según “The Epoch Times”, “el actual Tribunal Supremo ha dado algunos pasos para frenar el estado administrativo, incluida la histórica decisión en el caso Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Medioambiental, que dictaminó que las agencias federales no pueden asumir poderes que el Congreso no les haya otorgado explícitamente”.

Nass dijo que incluso en los estados en los que los legisladores aún no han propuesto proyectos de ley para oponerse a la OMS, los ciudadanos pueden actuar, poniéndose en contacto con la oficina del gobernador de su estado, que puede emitir una orden ejecutiva, o con su fiscal general, que puede emitir un dictamen jurídico.

Puerta a la Libertad también ha elaborado un modelo de resolución que los órganos legislativos estatales pueden utilizar como base para su propia legislación.

“Es importante que la gente se dé cuenta de que si el gobierno federal impone algo al pueblo, éste puede acudir a los poderes de su estado para anularlo”, dijo Nass.

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