Una sentencia judicial histórica en un caso presentado por “Children’s Health Defense” (CHD) contra la Comisión Federal de Comunicaciones (“Federal Communications Commission”, FCC por sus siglas en inglés) debería preocupar a cualquiera que utilice tecnología inalámbrica (teléfonos móviles, iWatches y Wi-Fi), especialmente a los padres de los niños que utilizan estos dispositivos.

El 13 de agosto, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito D.C. dictaminó que la decisión de la FCC de 2019 de que sus directrices de 1996 protegen adecuadamente a la población de los daños no cancerígenos de 5G y de las tecnologías inalámbricas era caprichosa, arbitraria y no tiene evidencia que la respalde.

En 2019, después de una supuesta revisión de seis años de la investigación científica sobre los posibles daños de la tecnología 5G e inalámbrica, la FCC concluyó que la evidencia no mostraba ningún daño y, por lo tanto, sus directrices de 1996 eran suficientes para proteger a la población, así que no había justificación para ninguna revisión de las directrices.

En Estados Unidos, siempre que una tecnología basada en la tecnología inalámbrica cumpla con las directrices de la FCC, se considera segura y no se puede presentar ninguna demanda por lesiones.

Sin embargo, el caso de CHD reveló que mientras la FCC ha estado impulsando la tecnología 5G e imponiendo las tecnologías basadas en el Wi-Fi a nuestros niños, las garantías de seguridad hechas por la FCC y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés) no están respaldadas por la evidencia. Como indica la sentencia del tribunal, lo contrario es cierto.

El tribunal dictaminó que la FCC no participó en el nivel de toma de decisiones razonada que se exige a una agencia federal. Además, la comisión no proporcionó un análisis de las pruebas que permitiera mostrar cómo llegó a su decisión.

La determinación de la FCC de que sus directrices sanitarias relacionadas con los daños no relacionados con el cáncer eran adecuadas, se basó en una declaración de la FDA y un enlace a la página web de la FDA de 2017. El tribunal dictaminó que las conclusiones de la FDA tampoco estaban respaldadas por un análisis científico minucioso, como se exige a una agencia federal.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 16 de agosto, en la que se anunció la victoria de CHD, su presidente, Robert F. Kennedy, Jr., dijo: “Esas agencias ya no tienen ningún interés en proteger la salud pública. Se han convertido en títeres de la industria que se supone que regulan”.

 

Para reforzar la supuesta legitimidad de sus directrices, la FCC afirmó que éstas estaban respaldadas por otros organismos gubernamentales. Sin embargo, después de que los demandantes refutaran esta afirmación, la FCC explicó que el hecho de que otras agencias no plantearan ninguna objeción era una prueba de su consenso.

El tribunal no estuvo de acuerdo y dictaminó que “el silencio no es consentimiento”.

Tras un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno en el que se sugería que la FCC debía revisar sus directrices de 1996, en 2013, la FCC abrió un aviso de investigación en el que se solicitaban comentarios de la población sobre si la comisión debía iniciar una reglamentación para modificar las directrices.

En diciembre de 2019, la FCC publicó su decisión (llamada “orden”) de que las directrices protegían suficientemente la salud pública y no requerían revisión.

En consecuencia, en febrero de 2020, CHD presentó la demanda (denominada “Petición de Revisión”) impugnando la decisión. Un caso similar fue presentado por “Environmental Health Trust”. Los casos se consolidaron en el Circuito de D.C. y las organizaciones presentaron escritos conjuntos.

Científicos, organizaciones médicas, ayuntamientos y personas que han desarrollado enfermedades a causa de esta tecnología han presentado a la FCC más de 1.000 comentarios y numerosas pruebas de daños causados por radiación estando a niveles muy inferiores a los indicados por las directrices.

El tribunal explicó que, al llegar a una resolución, una agencia federal debe tener en cuenta las pruebas presentadas por el público, y abordar la evidencia importante, especialmente cuando contradice la premisa en la que se basa la resolución de la agencia (como ocurría en este caso). Los demandantes presentaron 11.000 páginas de evidencia que demuestran la gran cantidad de evidencia que la FCC había ignorado.

El tribunal dictaminó que la FCC no respondió de forma significativa a las pruebas presentadas a la agencia, y que este fallo también hace que la decisión de la FCC sea arbitraria, caprichosa y no tiene evidencia que la respalde.

Refiriéndose al escrito del demandante, el tribunal hizo referencia a la evidencia de numerosos daños de la tecnología inalámbrica, incluyendo la enfermedad por radiación (electrosensibilidad), los efectos neurológicos , el estrés oxidativo (un mecanismo causal de daño), los efectos sobre el esperma y los efectos de la exposición prenatal y el daño de la barrera hematoencefálica, todo lo cual la FCC había ignorado.

El tribunal destacó la falta de respuesta de la FCC a la evidencia de los efectos en los niños, especialmente en lo que respecta a los procedimientos para hacer pruebas a los teléfonos móviles. El tribunal declaró que se había presentado evidencia exhaustiva.

La evidencia incluye una carta de la Academia Americana de Pediatría, cartas de expertos sobre los efectos en los niños, el informe “BioIniciative” y muchos estudios, entre ellos un estudio que demuestra que un año de uso del teléfono móvil por parte de los adolescentes puede provocar daños permanentes en la memoria y otros efectos cerebrales.

Las directrices de la FCC se basan en pruebas hechas a los dispositivos portátiles inalámbricos durante una exposición de 30 minutos a un único dispositivo, y los únicos efectos que valoran es si se produce calentamiento del tejido. El tribunal determinó que la FCC no respondió adecuadamente a evidencia que mostraba efectos que no tienen nada que ver con el calor (denominados “daños no térmicos”), y tampoco tuvo en cuenta otros factores que pueden intervenir en causar lesiones, como la exposición a largo plazo y la pulsación y modulación de las señales de radiofrecuencia inalámbricas (dos métodos para impregnar de información las ondas de radio).

El tribunal declaró que la FCC tampoco abordó las pruebas relacionadas con los efectos de los desarrollos en la tecnología inalámbrica que se han producido desde 1996, incluyendo la ubicuidad de los dispositivos inalámbricos, Wi-Fi y la aparición de la tecnología “5G“.

El hecho de que la FCC no haya reconocido ni respondido a la evidencia relativa a los daños medioambientales fue otra de las razones de la sentencia del tribunal. El tribunal citó una carta de 2014 del Departamento del Interior de EE.UU. en la que se expresaba la preocupación de que la radiación de las torres de telefonía móvil afecta a las aves migratorias y que concluía que las directrices de la FCC están 30 años desfasadas.

El abogado principal de CHD en el caso, Scott McCollough, explicó que “como resultado de esta decisión, la FCC tendrá que reexaminar su resolución y, por primera vez, enfrentarse de forma significativa y responsable a la gran cantidad de evidencia científica y médica que demuestra que las directrices actuales no protegen adecuadamente la salud y el medio ambiente”.