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“Children’s Health Defense” (CHD) ha solicitado hoy una investigación bipartidista del Congreso sobre los “códigos de persona problemática” secretos que los funcionarios de la ciudad de Nueva York añadieron a los expedientes de los educadores que rechazaron legalmente las vacunas COVID-19.
La “falta de voluntad de la ciudad para ser transparente sobre cómo y cuándo se utilizan estos códigos y en qué circunstancias, exige una investigación exhaustiva y completa”, afirmó la presidenta de la CHD, Mary Holland, autora principal de una carta enviada a los líderes del Congreso y a la delegación de Nueva York.
Holland añadió:
“Debemos descubrir el propósito de la ciudad para estas designaciones y qué medidas punitivas contempló o llevó a cabo contra los empleados por sus decisiones personales en materia de salud.
“El Ayuntamiento negó recientemente que estos Códigos de Persona Problemática tengan alguna repercusión externa sobre los empleados o antiguos empleados, pero eso es incorrecto”.
Según Holland, el mismo código utilizado por los funcionarios municipales para señalar a los profesores no vacunados se utiliza para cualquier persona acusada de abusar, violar o lesionar a un niño.
“Estos códigos tienen un profundo impacto negativo en los educadores señalados y pueden impedirles seguir trabajando”.
La ciudad también envió al FBI las huellas dactilares de los profesores no vacunados.
Según una declaración jurada presentada ante un tribunal federal la semana pasada, los profesores de la ciudad de Nueva York no vacunados fueron “marcados” con “códigos de persona problemática” y sus huellas dactilares enviadas al FBI. https://t.co/FwuUC4TL96
– Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 15 de febrero de 2023
Según la carta de CHD, Betsy Combier, presidenta de Advocatz.com, está actualmente implicada en 11 casos ante la Oficina Pública de Relaciones Laborales (“Public Employment Relations Bureau”, PERB por sus siglas en inglés) en los que solicita que se eliminen los códigos de persona problemática de los expedientes de los profesores.
Una sentencia de la PERB de junio de 2022 declaró que debía notificarse un informe fundamentado de disciplina o mala conducta antes de poder incluir un código de persona problemática en el expediente personal de un educador, y que éste debía ser informado de la acción disciplinaria o de la mala conducta.
Sin embargo, Combier descubrió que muchos de los educadores sólo se enteraron de los códigos porque intentaron buscar empleo en otro lugar y se les negó la oportunidad de solicitarlo.
“Imponer un código de persona problemática a los educadores no vacunados en secreto, sin previo aviso, no cuadra con esta sentencia”, dijo Holland.
La ciudad de Nueva York implementó el mandato de la vacuna COVID-19 para los maestros y el personal en agosto de 2021. Los empleados podían solicitar una exención religiosa, pero la ciudad denegó inicialmente todas ellas y sólo concedió el 10% de las solicitudes en apelación.
En noviembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Nueva York dictaminó que la mayoría de los empleados del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (DOE) a los que se denegó una exención religiosa y se les concedió un permiso no retribuido deben poder volver a solicitar una exención con arreglo a un nuevo proceso.
La sentencia de noviembre amplió la decisión anterior del tribunal de que los 15 demandantes que interpusieron una demanda contra el ex alcalde de Nueva York Bill de Blasio (Kane contra de Blasio) y el Ayuntamiento de Nueva York (Keil contra el Ayuntamiento de Nueva York) deben poder volver a solicitar una exención religiosa a la vacunación.
El mes pasado, algunos de esos mismos profesores presentaron una nueva demanda contra la ciudad, esta vez alegando que se había violado la Constitución estatal en base a los derechos de libertad religiosa.
La demanda se presentó después de que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunciara el 6 de febrero que las vacunas dejarían de ser obligatorias para los empleados municipales a partir del 10 de febrero. Con arreglo a la nueva normativa, los empleados despedidos por negarse a que se les administrase la vacuna no son readmitidos automáticamente y no tienen derecho a percibir salarios atrasados.
El anuncio de Adams se produjo en vísperas de una audiencia programada para el 7 de febrero en el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos sobre las múltiples demandas -incluidas dos patrocinadas por CHD- que impugnan la negativa casi total de la ciudad a las solicitudes de exención religiosa al mandato.
Lea la carta aquí.