Sesenta y ocho organizaciones que representan a más de un millón de personas firmaron un “amicus curiae” en apoyo de la demanda de “Children’s Health Defense” (CHD) que impugna la enmienda a la normativa de los “dispositivos de recepción en el aire” (“Over-the-Air Reception Devices”, OTARD por sus siglas en inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones (“Federal Communication Commission”, FCC por sus siglas en inglés). El “amicus” se presentó el 30 de junio ante el Tribunal de Apelación de Estados Unidos, Circuito del Distrito de Columbia. CHD presentó su escrito principal el 23 de junio.

Los informes “amicus” son presentados por personas que no son parte en un litigio con la intención de proporcionar información que tenga relación con las cuestiones y ayudar al tribunal a tomar la decisión correcta. Viene de las palabras latinas “amici curiae”, que significa “amigos del tribunal”.

La enmienda OTARD, que entró en vigor el 29 de marzo, permite la instalación de antenas de estaciones base, incluidas antenas 5G, en propiedades privadas y en viviendas, al tiempo que anula todas las leyes estatales y de zonificación, las asociaciones de propietarios y las restricciones especificadas en escrituras. También prevalece sobre las leyes de derechos civiles y de discapacidad que protegen a los discapacitados.

Según el informe “amicus”, “la Comisión se negó a reconocer importantes problemas políticos, jurídicos y prácticos”.

El escrito refuerza el argumento de CHD de que el hecho de que la FCC no haya abordado los cientos de comentarios presentados por individuos y grupos viola la Ley de Procedimiento Administrativo (“Administrative Procedure Act“, APA). De acuerdo con la APA, una agencia debe responder razonablemente a los comentarios que se le han presentado, de lo contrario sus acciones pueden ser consideradas caprichosas o arbitrarias.

Petra Brokken, abogada penalista y cofundadora de “Safe Technology Minnesota”, encabezó la iniciativa de presentar el escrito. Brokken trabajó en colaboración con Odette Wilkins, fundadora de “Wired Broadband Inc.” (WBI). Además de educar sobre el impacto de la radiación de la tecnología inalámbrica en la salud humana, la WBI se centra en promover el despliegue residencial de redes de fibra óptica, que proporcionan soluciones más seguras y rápidas para el despliegue de Internet de banda ancha.

En un seminario web celebrado por CHD con motivo de la presentación de su escrito principal y del “amicus curiae”, Brokken explicó que las organizaciones firmantes del escrito estaban deseosas de firmar y creían que el tribunal debía escuchar sus voces y las de los millones de personas que estas organizaciones representan.

Dijo Brokken:

“Estas organizaciones querían que el tribunal supiera que hay millones de personas en todo el país que están absolutamente en pie de guerra por este tema y no quieren que esta norma OTARD siga adelante”.

El informe “amicus” contiene algunos ejemplos del sufrimiento humano que la radiación inalámbrica ha causado a los miembros de las organizaciones “amicus”, incluida Lora Mitchell, una residente de 83 años de la ciudad de Nueva York.

Desde que hace dos años se instalaron varios transmisores inalámbricos en la azotea del edificio donde vive, directamente encima de su apartamento, Mitchell ha sufrido graves síntomas de enfermedad por radiación, como: acúfenos graves, pérdida bilateral de la audición, privación del sueño, fuertes dolores de cabeza, náuseas y vómitos persistentes, entre otros síntomas. Mitchell no encuentra refugio en ningún lugar de su estudio, en el que vive desde hace 44 años. En sus propias palabras: “Es brutal”.

El informe “amicus” también incluía la historia de George Sinopidis, teniente de policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York/Nueva Jersey, que gozaba de buena salud antes de que la exposición a la radiación de transmisores inalámbricos le provocara arritmias cardíacas y privación del sueño. Sinopidis se vio obligado a dejar su propia casa para vivir en otro lugar con un entorno más seguro, mientras seguía asumiendo la carga financiera de una importante hipoteca sobre su casa original.

Las 68 organizaciones que firmaron el informe “amicus” incluyen organizaciones estadounidenses que abogan por una tecnología segura y por la defensa de la salud y el medio ambiente a nivel estatal y nacional. Entre ellas se encuentran “Americans for Responsible Technology”, una destacada coalición nacional de organizaciones de base cuya misión es detener la proliferación ilimitada de 5G y antenas inalámbricas, “Moms Across America” y “Alliance for Natural Health”, que cuenta con más de un millón de miembros.

Numerosas organizaciones estatales de tecnología segura se unieron, entre ellas la Asociación de Tumores Cerebrales de California y grupos de Connecticut, Nueva York, Massachusetts, Maine, Arizona, Colorado, Rhode Island, Oregón y Virginia.

El Instituto de Biología de la Construcción, (Building Biologist Institute) que forma a profesionales (arquitectos, constructores, ingenieros y médicos) para que se conviertan en expertos en la mitigación de la radiación inalámbrica en los hogares, también se adhirió. Los profesionales de esta organización ven en su trabajo las enfermedades causadas por las radiaciones inalámbricas y son testigos de cómo la retirada de los dispositivos inalámbricos de los hogares y la protección frente a fuentes externas transforman vidas.

También firmaron el escrito algunos grupos ecologistas, como “Californians For Renewable Energy” (Care) y el “Green Party Of Alameda County”, California. Hay pruebas abrumadoras de que la tecnología inalámbrica tiene un impacto negativo en el medio ambiente, incluidos los animales, las plantas, el consumo de energía y el ecosistema.

La principal organización canadiense de tecnología segura, “Canadians for Safe Technology “(C4ST), presidida por Frank Clegg, ex presidente de Microsoft Canadá, también se sumó al informe.

Los grupos están representados por el abogado Stephen Díaz Gavin, socio del bufete Rimon P.C. Durante casi 40 años, Diaz Gavin ha representado a empresas y particulares en diversos temas ante la FCC. Ha litigado con éxito en el caso “United Keetoowah Band of Cherokee Indians” frente a la F.C.C., en el que se impugna la exclusión de la FCC de la revisión ambiental e histórica de las antenas de “células pequeñas” 5G, en violación de la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Ley Nacional de Política Ambiental. El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council) también fue un demandante en este caso.

Antes de presentar un “amicus” ante el tribunal, los “amici” deben pedir permiso a las partes del caso. Tanto CHD como la FCC dieron su permiso. Los “amici” también debe pedir la autorización del tribunal en el que solicita presentar el escrito. El tribunal no tiene ninguna obligación de aceptar el escrito y puede rechazarlo.

ACTUALIZADO: Este artículo fue actualizado para reflejar que el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales fue un demandante en el caso United Keetoowah Band of Cherokee Indians v. F.C.C., y no un firmante del informe “amicus” en apoyo de la demanda de CHD.