Uruguay interrumpió las vacunas COVID-19 para los niños menores de 13 años después de que un juez emitiera el jueves una orden judicial que paralizaba las vacunaciones en ese grupo de edad hasta que las autoridades gubernamentales entreguen sus contratos con Pfizer.

Funcionarios del gobierno uruguayo y Pfizer recibieron el miércoles la orden de comparecer ante el tribunal después de que el juez Alejandro Recarey les diera 48 horas para presentar información detallada sobre la vacuna COVID-19 de Pfizer mientras el tribunal estudiaba una solicitud de medida cautelar para detener la vacunación con COVID-19 para niños de 5 años o más.

El gobierno dijo que una cláusula de confidencialidad en el contrato le impide presentar los documentos, informó “The Washington Post”.

Según “ABC News”, el juez recibió respuestas a 18 preguntas sobre la seguridad y la composición química de las vacunas COVID-19, firmadas por el ministro de Salud, Daniel Salinas, pero no le entregó los contratos.

Se desconoce si las respuestas proporcionadas por los funcionarios del gobierno respondieron adecuadamente a las preguntas planteadas por el juez, que finalmente ordenó un requerimiento judicial basado en lo que se le proporcionó.

Salinas, tras el fallo del tribunal, defendió firmemente el plan de vacunación del gobierno y criticó al juez por cuestionar la seguridad de las vacunas.

Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo que la paralización es una amenaza para la salud pública.

“Estamos convencidos de que es una locura interrumpir la vacunación voluntaria porque tiene un fuerte respaldo científico”, dijo Delgado en una conferencia de prensa.

Las vacunas para los mayores de 13 años continuarán, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

El gobierno planea apelar la decisión, según “ABC News”.

Tal como “The Defender” informó el miércoles que el juez Recarey del Tribunal Contencioso Administrativo utilizó sus poderes inquisitoriales para exigir al Ministerio de Salud Pública de Uruguay, a la Administración de Servicios de Salud del Estado y a la Presidencia de la República que presenten toda la información relativa a los contratos de compra de las vacunas COVID-19, incluida la información contractual relacionada con cualquier cláusula de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores en caso de efectos adversos.

El juez busca, entre otras cosas, saber si existen cláusulas en los contratos que prometían a las farmacéuticas como Pfizer indemnidad civil e impunidad penal por los efectos adversos causados por sus vacunas.

El juez Recarey planteó una serie de preguntas a los funcionarios del gobierno y a Pfizer sobre la composición química, la eficacia y la seguridad de las vacunas COVID-19, y exigió a Pfizer que declarara si había “admitido, en cualquier ámbito, interno o externo a ella y a sus socios, la verificación de los efectos adversos” de sus vacunas COVID-19 en los niños.