“America’s Frontline Doctors” (Médicos en primera línea de Estados Unidos, AFLDS por sus siglas en inglés) presentó una moción el 19 de julio, solicitando una medida cautelar inmediata en el Tribunal Federal de Distrito de Alabama para detener el uso de las vacunas COVID con autorización de uso de emergencia (“Emergency Use Authorization”, EUA) – Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson (J&J) – para tres grupos de estadounidenses.

Según un comunicado de prensa, AFLDS pide que se detenga inmediatamente la administración de las vacunas experimentales contra el COVID a cualquier persona de 18 años o menos, a todos los que se hayan recuperado del COVID y hayan adquirido la inmunidad natural, y a todos los demás estadounidenses que no hayan recibido el consentimiento informado según está definido por la ley federal.

La moción de 67 páginas solicita al juez que emita una orden judicial preliminar de conformidad con el artículo 360bbb-3(b)(1)(C) por las siguientes razones:

  • No hay ninguna emergencia, que es un requisito previo a la emisión de la EUA y las renovaciones de la EUA para las vacunas COVID.
  • No hay “ninguna enfermedad o condición grave o que ponga en peligro la vida”.
  • Las vacunas no diagnostican, tratan o previenen el SARS-CoV-2 o el COVID.
  • Los riesgos conocidos y potenciales de la vacuna superan sus beneficios conocidos y potenciales.
  • Existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles a las vacunas.
  • Los profesionales sanitarios y los candidatos a las vacunas no están adecuadamente informados.

Los autores de la moción adjuntaron una declaración de una denunciante que dió un paso al frente para alegar que las muertes ocurridas dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la vacuna COVID están significativamente subestimadas en el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (“Vaccine Adverse Events Reporting System“, VAERS por sus siglas en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”, CDC por sus siglas en inglés) que mantiene la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (“Food and Drug Administration”, FDA por sus siglas en inglés).

Hasta el 9 de julio, las muertes notificadas en el VAERS ascendían a 10.991. De ellas, 4.593 se produjeron dentro de las 72 horas siguientes a la vacunación.

La denunciante, una programadora informática que ha desarrollado más de 100 algoritmos distintos de fraude sanitario y que tiene experiencia en el análisis de datos sanitarios lo cual le permite acceder a los datos de Medicare y Medicaid obtenidos por los Centros de Sistemas de Medicare y Medicaid (CMS), presentó una declaración jurada bajo pena de perjurio en la que alegaba que el número real de muertes relacionadas con la vacuna COVID se aproxima a las 45.000.

La denunciante alegó que el VAERS, aunque es extremadamente útil, está infradeclarado por un factor conservador de al menos cinco.

En su declaración, dijo:

“El 9 de julio de 2021, había 9.048 muertes notificadas en el VAERS. He verificado estas cifras cotejando yo misma todos los datos del VAERS, sin depender de un tercero para informar. Al mismo tiempo, he consultado los datos de las reclamaciones médicas del CMS con respecto a las vacunas y las muertes de los pacientes, y he evaluado que las muertes que se producen dentro de los 3 días de la vacunación son más altas que las notificadas en VAERS por un factor de al menos 5. Esto indicaría que el verdadero número de muertes relacionadas con las vacunas fue de al menos 45.000. Para ponerlo en perspectiva, se retiró del mercado la vacuna contra la gripe porcina, cuando sólo provocó 53 muertes.”

AFLDS dijo que los resultados eran impactantes, y que el consentimiento informado es imposible cuando los datos de seguridad no son fiables.

En un comunicado de prensa, AFLDS dijo:

“Es ilegal e inconstitucional administrar agentes experimentales a personas que no pueden tomar una decisión informada sobre los verdaderos beneficios y riesgos de la vacuna de forma independiente. Deben tener una edad o la capacidad de tomar decisiones informadas y se debe proporcionar toda la información sobre los riesgos y beneficios necesaria para tomar una decisión informada.”

Una de las demandantes nombradas, Deborah Sobczak, madre de dos jóvenes de 15 y 17 años, dijo en el comunicado de prensa:

“Mi hijo no será objeto de un experimento. ¿Qué clase de monstruos estamos permitiendo que nos controlen? Niños perfectamente sanos han desarrollado inflamaciones del corazón, hemorragias cerebrales ¡e incluso han muerto! Ya he tenido suficiente. No voy a sacrificar a mi hija para que una empresa farmacéutica pueda experimentar con ella. Esta locura tiene que parar”.

Los demandantes alegan que no hay ninguna emergencia que justifique la aprobación de las vacunas COVID

Según la demanda, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (“Department of Health and Human Services”, HHS por sus siglas en inglés), nombrado como uno de los demandados en la demanda, declaró el 4 de febrero de 2020, de acuerdo con la sección 360bbb-3(b)(1)(C), que el SARS-CoV-2 creaba una “emergencia de salud pública”.

Esta declaración de emergencia inicial se ha renovado en repetidas ocasiones y sigue vigente en la actualidad, un requisito legal necesario para la emisión de los EUAs de las vacunas, afirma la denuncia. La EUA permitió el uso masivo de las vacunas por parte del público estadounidense antes de que se completara el régimen estándar de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.

Los demandantes alegan que la declaración de emergencia y sus múltiples renovaciones son ilegales porque no existe una emergencia subyacente. Utilizando los datos de mortalidad COVID del HHS, el CoV-2 del SARS tiene una tasa de supervivencia global del 99,8%, que aumenta al 99,97% para las personas menores de 70 años. Esto es coherente con la gripe estacional, según expone la denuncia.

Los demandantes argumentan que el HHS infló deliberadamente los datos de los casos de COVID

Los demandantes alegan que los datos del HHS están deliberadamente inflados. El 24 de marzo de 2020, el HHS modificó las normas aplicables a los médicos forenses y a otras personas encargadas de elaborar los certificados de defunción y de determinar la “causa de la muerte” exclusivamente para el COVID.

El cambio de norma establece: “El COVID-19 debe ser incluido en el certificado de defunción de todos los fallecidos en los que la enfermedad haya causado o se suponga que ha causado o contribuido a la muerte”.

Según la denuncia, las estadísticas del HHS mostraban que el 95% de las muertes clasificadas como “muertes COVID-19” presentaban una media de cuatro comorbilidades adicionales. Los demandantes afirman que los CDC sabían que las reglas de codificación y selección de la causa subyacente de la muerte darían lugar a que la causa subyacente fuera la COVID con más frecuencia.

Los demandantes afirman que el número real de casos de COVID es también muy inferior al comunicado debido al uso de emergencia de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que se utilizan como herramienta de diagnóstico del COVID. Las pruebas de PCR son en sí mismas productos experimentales, autorizados por la FDA bajo EUAs separadas. Los prospectos indican que las pruebas de PCR no deben utilizarse para diagnosticar la COVID.

La denuncia alega que la forma en que se administran las pruebas de PCR garantiza a sabiendas un número inaceptablemente alto de falsos positivos.

Según la demanda, los riesgos de la vacuna COVID no se divulgan ni se notifican suficientemente

Los investigadores médico-legales de AFLDS analizaron los datos acumulados sobre el riesgo de la vacuna COVID y encontraron la migración de la patógena proteína de espiga o de pico SARS-CoV-2 en el organismo. Sin embargo, según afirma la denuncia, las vacunas se autorizaron sin ningún estudio que demostrara por dónde viajaban las proteínas de espiga o de pico en el cuerpo tras la vacunación, cuánto tiempo permanecen activas y qué efecto tienen.

Los investigadores de AFLDS analizaron el VAERS y descubrieron un mayor riesgo de muerte por las vacunas COVID. La base de datos indicó que las muertes por vacunas en el primer trimestre de 2021 representaron un aumento del 12.000% al 25.000% en las muertes por vacunas, de un año a otro.

De 2009 a 2019, se notificaron 1529 muertes asociadas a todas las vacunas notificadas al VAERS, según la moción. En el primer trimestre de 2021, se notificaron más de 4.000 muertes, y el 99% de todas las muertes notificadas en 2021 se atribuyeron a la vacuna COVID. Sólo el 1% se atribuyó a otras vacunas del sistema.

Los demandantes también presentaron pruebas de daños reproductivos, enfermedades vasculares, enfermedades autoinmunes, daños neurológicos y, para apoyar su posición, destacaron un mayor riesgo de daños para los niños con las vacunas COVID.

¿Por qué el secretismo en torno a los datos de V-Safe?

La denuncia llamaba la atención sobre el secretismo del sistema V-Safe de los CDC, un sistema paralelo utilizado para el seguimiento de los efectos adversos notificados a través de una aplicación para teléfonos inteligentes controlada exclusivamente por los CDC.

Los demandantes plantearon su preocupación por el hecho de que la información de V-Safe supere a la del VAERS. Afirman que el VAERS es inexacto porque potencialmente incluye menos del 1% de todos los efectos adversos de las vacunas, y que el gobierno federal no proporciona datos de otras fuentes de control como V-Safe, CMS y el ejército.

Los demandantes afirmaron que no se puede dar un consentimiento informado sin comprender los riesgos. Dijeron que no pueden dejar de preguntarse por qué el HHS no revela al público información crítica relacionada con el riesgo de las vacunas que se obtiene mediante sus sistemas de información, “particularmente a la luz del hecho de que han tenido el tiempo y los recursos para estudiar y ampliar las autorizaciones de las vacunas, construir una enorme máquina de comercialización de vacunas y desplegar clínicas de vacunas en toda la nación”.

La demanda fue presentada por varios bufetes de abogados, entre ellos RENZ Law. La denuncia y la declaración del denunciante pueden leerse aquí.