A medida que crecía la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (“National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine”), un grupo asesor que ayudó a dar forma a la respuesta del gobierno federal a la crisis, aceptaron millones de dólares en donaciones de la familia Sackler, propietaria de ‘Purdue Pharma’, los productores de OxyContin.

Las donaciones se produjeron a pesar de las continuas batallas legales -y una serie de acuerdos- que implican a ‘Purdue Pharma’ en los últimos años, y mientras otras entidades de salud pública, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), rompían lazos con la farmacéutica, informó ‘The New York Times’.

Las nuevas revelaciones surgen al tiempo que se cuestiona la falta de transparencia sobre el uso que han hecho los gobiernos estatales del dinero procedente de varios acuerdos relacionados con los opioides, y la falta de supervisión del gobierno federal en relación con este asunto.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”, CDC por sus siglas en inglés), más de 564.000 estadounidenses murieron como consecuencia de sobredosis de opioides entre 1999 y 2020. La epidemia de opiáceos cuesta a la economía estadounidense unos 78.500 millones de dólares al año, según los CDC.

Fuertes lazos entre las Academias Nacionales y los Sackler

Varios miembros de la familia Sackler, entre ellos el Dr. Raymond Sackler y su esposa, Beverly Sackler, la fundación de la pareja, y Dame Jillian Sackler y su marido Arthur, aportaron unos 19 millones de dólares a las Academias Nacionales desde 2000, según “The Times”.

El informe del tesorero de las Academias Nacionales para 2021 afirmaba que estos fondos estaban invertidos y habían aumentado hasta superar los 31 millones de dólares.

Las donaciones, sin embargo, parecían permanecer bajo el radar de los miembros de las Academias Nacionales – y del público en general – hasta hace poco.

Según “The Times”, las donaciones de Sackler surgieron como “una cuestión interna del grupo asesor en 2019, cuando los miembros del consejo de gobierno fueron informados sobre el dinero” y, al parecer, estaban “indignados.”

Tras reuniones internas, las Academias Nacionales “retiraron discretamente el nombre Sackler” de las conferencias y premios que la familia había patrocinado.

También en 2019, un artículo de The BMJ afirmaba que las Academias Nacionales “no habían revelado que uno de sus presidentes, y los miembros de un panel que convocó para asesorar sobre la prescripción de opioides, tenían vínculos recientes con la industria farmacéutica.”

Los posibles conflictos de intereses entre ‘Purdue Pharma’ y las organizaciones de salud pública no se limitan a las Academias Nacionales. La OMS, por ejemplo, fue acusada de tal conflicto de intereses y, como consecuencia, en 2019 se retractó de dos informes sobre normativas en materia de opioides.

Sin embargo, “The Times” informó de que, a diferencia de la OMS, “las Academias Nacionales no han llevado a cabo una revisión pública para determinar si las donaciones Sackler influyeron en su formulación de normativas, a pesar de haber emitido dos importantes informes que influyeron en la política nacional sobre opioides”.

Uno de esos informes, publicado en 2011, sigue siendo utilizado por las agencias federales de salud pública como base para las decisiones políticas sobre opioides – a pesar de que, según “The Times”, el informe está “ahora en gran parte desacreditado.”

Según “The Times”, el informe “describía un dolor crónico que limitaba las funciones y costaba a la nación miles de millones de dólares en sueldos y salarios perdidos”. Estimaciones posteriores de los CDC, “definieron el dolor crónico por diferentes categorías de gravedad, diciendo que la condición afecta del 7% al 21% de los estadounidenses”.

“Las barreras normativas, jurídicas, educativas y culturales inhiben el uso médicamente apropiado de los analgésicos opiáceos”, argumentaba el informe.

El informe afirmaba que aproximadamente 100 millones de estadounidenses sufrían dolor crónico, “una estimación que resultó estar muy inflada”, afirmaba “The Times”.

Sin embargo, este informe ayudó a influir en las agresivas campañas de venta de opiáceos por parte de los fabricantes de medicamentos e influyó en la aprobación de “al menos un opiáceo muy potente” por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El informe de 2011 se publicó incluso cuando la Casa Blanca declaró que Estados Unidos se enfrentaba a una crisis de adicción a los opioides.

En los años anteriores a la publicación del informe, ‘Purdue Pharma’ presionó para que se aprobara en 2010 una ley que reconociera el dolor como un importante problema de salud pública. Purdue también pidió a las Academias Nacionales que emitieran un reconocimiento similar. A continuación se celebraron reuniones entre los grupos de presión de ‘Purdue Pharma’ y miembros de las academias.

En 2014 una investigación realizada por el “Milwaukee Journal Sentinel” y “MedPage Today” descubrió que, a los tres años de trabajar en el informe, nueve de las 19 personas del grupo que lo elaboró tenían conexiones financieras con fabricantes de analgésicos narcóticos.

Según “The Times”, el informe no revelaba ningún conflicto de intereses en el que estuviera implicado su autor, como tampoco lo hacía un artículo de 2014 publicado por las Academias Nacionales en la revista JAMA, en el que se explicaba cómo había llegado el comité a la cifra de “100 millones de estadounidenses”.

Varios miembros del comité que elaboró el informe de 2011 recibieron directa o indirectamente dinero de ‘Purdue Pharma’, entre ellos el doctor Richard Payne, entonces presidente de la Sociedad Americana del Dolor, que recibió más de 900.000 dólares, y Myra Christopher, cuya organización sin ánimo de lucro recibió 934.770 dólares.

Por separado, en 2016 -meses después de que las Academias Nacionales recibieran una donación de 10 millones de dólares de miembros de la familia Sackler y con las muertes relacionadas con opioides en aumento- la FDA, bajo presión del Congreso, pidió a las Academias que “formen un comité para emitir nuevas recomendaciones sobre los opiáceos”, según “The Times”.

El Dr. Robert Califf, comisionado adjunto de la FDA para Productos Médicos y Tabaco en 2016 (ahora comisionado de la FDA), recurrió a las Academias Nacionales en busca de orientación. Ese mismo año, Califf fue elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina.

Según “The Times”, Califf citó la cifra de “100 millones” en un artículo que él y otros responsables de la FDA publicaron en el “New England Journal of Medicine”, en el que se afirmaba que las Academias Nacionales aportan “una perspectiva imparcial y muy respetada sobre estas cuestiones que puede ayudarnos a revisar nuestro marco”.

Los miembros del comité formado posteriormente tenían múltiples conflictos de intereses, que fueron identificados por primera vez por el senador Ron Wyden (demócrata de Oregón) en una carta de 2016 al doctor Victor Dzau, presidente de la Academia Nacional de Medicina. El BMJ también examinó esos conflictos de intereses, en un artículo de 2018.

Un miembro del comité, por ejemplo, que había recibido financiación de Purdue, caracterizó la adicción a los opioides utilizando el término “pseudoadicción”.

Finalmente, cuatro miembros del comité fueron sustituidos, pero el documento final elaborado por el comité sigue siendo una piedra angular de la normativa sobre opiáceos que aplican actualmente la FDA y Califf.

La cifra de “100 millones” fue invocada anteriormente por la entonces comisionada de la FDA, la Dra. Margaret Hamburg, en 2014, tras la aprobación por parte de la agencia de un “polémico y potente lopioide llamado Zohydro“, según “The Times”. Posteriormente, Zohydro fue retirado del mercado.

Y en 2012, los abogados de Purdue utilizaron la cifra de “100 millones” como parte de una investigación del Senado, citándola como prueba de que el dolor estaba “sin tratar o infratratado”, informó “The Times”.

Según “The Times”, este no es el único caso en el que las Academias Nacionales “han sido criticadas por no revelar sus conflictos de intereses”, citando casos similares relacionados con informes sobre biotecnología, cultivos modificados genéticamente y precios de productos farmacéuticos.

Del mismo modo, las donaciones de los Sackler a otras instituciones fueron objeto de escrutinio y, en varios casos, de acciones por parte de esas entidades.

Por ejemplo, la Universidad de Tufts publicó una revisión de posibles conflictos de intereses relacionados con la investigación sobre el dolor financiada por ‘Purdue Pharma’, como parte de una relación más amplia con la institución que incluía a ejecutivos de Purdue dando conferencias a estudiantes de Tufts.

Según “The Times”, Tufts y otras instituciones académicas, como la Universidad de Brown, han reorientado las donaciones económicas recibidas de los Sackler, utilizándolas ahora “para abordar la prevención o el tratamiento de la adicción.”

Acuerdos multimillonarios con los fabricantes de opiáceos

Múltiples empresas farmacéuticas y cadenas de farmacias han llegado a acuerdos derivados de su producción y comercialización de opiáceos y analgésicos, y su consiguiente contribución a la crisis de adicción a los opiáceos.

Información facilitada por OpioidSettlementTracker.com revela que estos acuerdos implican a empresas como Johnson & Johnson (26.000 millones de dólares), las “tres grandes” cadenas de farmacias – CVS, Walgreens y Walmart (13.800 millones de dólares), Teva (4.250 millones de dólares), Allergan, ahora parte de AbbVie (2.370 millones de dólares), Mallinckrodt(1.700 millones de dólares) y Endo (450 millones de dólares).

Según “The Times”, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina “siguieron aceptando fondos de algunos miembros de la familia Sackler, incluidos los relacionados con ‘Purdue Pharma’,” incluso cuando la crisis de los opioides hacía estragos y sus repercusiones en la sociedad estadounidense se hacían cada vez más evidentes.

Las donaciones totalizaron aproximadamente 19 millones de dólares, pero las Academias Nacionales “han guardado silencio” sobre su decisión de aceptar estos fondos, informó “The Times”, añadiendo que han “evitado en gran medida tal escrutinio” y siguen asesorando al gobierno federal sobre opioides y analgésicos.

Y ello a pesar de que ‘Purdue Pharma’ se ha declarado culpable en dos ocasiones de cargos penales federales relacionados con la comercialización de OxyContin, en 2007 y 2020, y se ha enfrentado a una avalancha de demandas. Aunque ninguna de esas demandas ha llegado a juicio, muchos de esos casos se han resuelto extrajudicialmente.

‘Purdue Pharma’ siguió promocionando OxyContin entre los médicos hasta 2018. Para entonces, la familia Sackler había amasado unos 10.700 millones de dólares con las ventas del fármaco. Sin embargo, la familia ha negado repetidamente cualquier responsabilidad en la crisis de opioides del país.

La Academia Nacional de Medicina -antes conocida como Instituto de Medicina- es una institución no gubernamental creada por el Presidente Abraham Lincoln en 1863 para asesorar de forma independiente a la nación en temas relacionados con la ciencia y la medicina, según “TheTimes”. Cada año se eligen nuevos miembros.

A pesar del estatus no gubernamental de las Academias Nacionales, la Casa Blanca y el Congreso confían en su asesoramiento para ayudar a dar forma a la respuesta federal a la crisis de los opioides. Este asesoramiento se presta a través de recomendaciones políticas, la redacción de informes y la organización de grupos de expertos, informa “The Times”.

Además, según “The Times”, las Academias Nacionales “reciben el 70% de su presupuesto de fondos federales”. Sin embargo, parte del 30% restante procede de fabricantes de medicamentos con receta como ‘Purdue Pharma’.

En octubre de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció un acuerdo de 225 millones de dólares con ‘Purdue Pharma’ en relación con un programa a través del cual los representantes de Purdue “intensificaron su comercialización de OxyContin a prescriptores extremos y de gran volumen… haciendo que los profesionales sanitarios prescribieran opiáceos para usos que eran inseguros, ineficaces y médicamente innecesarios, y que a menudo conducían al abuso y al desvío”.

Sin embargo, otras demandas contra ‘Purdue Pharma’ en relación con OxyContin han seguido un camino tortuoso a través de los tribunales. El mismo comunicado del DOJ de octubre de 2020 también anunciaba un acuerdo con ‘Purdue Pharma’ de 8.300 millones de dólares por su papel en la perpetuación de la epidemia de opioides.

En aquel momento, “The Times” señaló que “es poco probable que la empresa acabe pagando algo cercano a los 8.000 millones de dólares negociados en el acuerdo de liquidación” porque “está en el tribunal de quiebras y el gobierno federal tendrá que ocupar su lugar en una larga fila de acreedores.”

Esta predicción parece haberse visto confirmada por la evolución posterior del caso.

Un acuerdo alcanzado el 1 de septiembre de 2021 habría obligado a los miembros de la familia Sackler a pagar 4.500 millones de dólares en nueve años para resolver demandas civiles relacionadas con la crisis de los opioides, pero no exigía a la familia admitir responsabilidad alguna por la crisis. También incluía un fondo de compensación que pagaría a las víctimas de la epidemia de opioides entre 3.500 y 48.000 dólares.

La inmunidad se extendería a los miembros de la familia y a cientos de fundaciones, fideicomisos, socios comerciales, abogados, grupos de presión, filiales de Purdue y otras entidades. Purdue se disolvería y se restablecería como una corporación de beneficio público, cuyos beneficios de las ventas de OxyContin y otros productos se utilizarían para financiar programas de tratamiento y prevención de adicciones.

Como parte de ese acuerdo, el Dr. Richard Sackler, presidente y miembro del consejo de administración de ‘Purdue Pharma’ durante muchos años, prestó declaración, en lo que puede ser el único caso en el que él u otros miembros de su familia han testificado bajo juramento en relación con la crisis de los opiáceos.

A lo largo de las ocho horas de declaración, Sackler negó cualquier irregularidad por parte de su empresa o su familia.

En diciembre de 2021, un tribunal federal anuló este acuerdo alegando que el tribunal de quiebras que llevaba el caso carecía de autoridad para conceder a los Sackler una futura inmunidad legal.

En marzo de 2022, el importe del acuerdo con Purdue aumentó a 6.000 millones de dólares después de que nueve fiscales generales estatales acordaran retirar su objeción a un acuerdo de inmunidad, y los fondos adicionales se destinaran a programas diseñados para hacer frente a la crisis de los opioides. Sin embargo, la inmunidad concedida a los Sackler seguiría vigente para los casos civiles.

El gobierno federal aún podría presentar cargos penales contra los miembros de la familia Sackler si así lo deseara, informó NPR.

Sin embargo, algunos demandantes impugnaron su acuerdo. Entre ellos había gobiernos locales canadienses y Primeras Naciones; dos madres de hijos fallecidos por sobredosis de opiáceos; y el U.S. ‘Trustee Program’, una rama del Departamento de Justicia responsable de supervisar la administración de los casos de quiebra y los fideicomisarios privados.

En abril de 2022, el Tribunal de Apelación del 2º Circuito de EE.UU. celebró una vista relacionada con estos recursos. Desde entonces se han producido pocos avances. El caso sigue pendiente y puede acabar ante el Tribunal Supremo.

El acuerdo de 225 millones de dólares alcanzado en 2020 con el DOJ sigue vigente. Por separado, la familia Sackler aportó 75 millones de dólares a Oklahoma en 2019 como parte de un acuerdo, y llegó a un acuerdo de 24 millones con Kentucky en 2015.

Dudas sobre el destino de los fondos del acuerdo sobre opiáceos

A pesar de que los acuerdos ascienden a miles de millones de dólares, sigue habiendo dudas sobre cómo se asignan realmente estos fondos y sobre la falta de supervisión del gobierno federal en esta materia.

Según la ‘Kaiser Family Foundation’ (KFF), el gobierno de Biden “prometió desempeñar un papel clave para garantizar que los fondos del acuerdo sobre opioides se destinaran a atajar la crisis de adicción del país”, incluido un plan para nombrar un “coordinador de rendición de cuentas de la crisis de opioides“.

Sin embargo, según la KFF, “mientras los miles de millones de dólares empiezan a fluir realmente y los líderes estatales y locales toman decisiones cruciales sobre cómo gastar los más de 50.000 millones de dólares inesperados para hacer frente a esta arraigada crisis de salud pública, el gobierno federal ha permanecido casi en silencio.”

Por ejemplo, no se ha contratado a ningún coordinador de rendición de cuentas sobre la crisis de los opiáceos. KFF también señala que “la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas no ha hecho declaraciones públicas sobre los acuerdos en más de un año” y “los fondos de los acuerdos sólo se mencionan dos veces en una estrategia nacional de 150 páginas para reducir el tráfico de drogas y las muertes por sobredosis”.

Aunque, según KFF, “el gobierno federal no está legalmente obligado a participar en el debate”, ya que los estados han presentado demandas contra los fabricantes de opioides, “existe la expectativa de que el gobierno federal, incluidas las principales agencias del país en materia de salud mental y adicción, desempeñe un papel”.

Se establecen paralelismos con anteriores acuerdos con las grandes tabacaleras. Según KFF, las tabacaleras acordaron en 1998 “pagar a los Estados miles de millones anuales mientras siguieran vendiendo cigarrillos.”

Sin embargo, no se impusieron restricciones sobre el uso de los fondos, “y gran parte se destinó a tapar agujeros en el presupuesto estatal, tapar baches e incluso subvencionar a los cultivadores de tabaco“. KFF señala: “Hoy, menos del 3% de los pagos anuales apoyan programas antitabaco”.

Las cuestiones de transparencia a nivel estatal también planteadas por el KFF, en las que se afirma que “los gobiernos sólo están obligados a informar sobre el 15% del dinero que puede utilizarse para cosas no relacionadas con la epidemia, como compensar déficits presupuestarios o arreglar carreteras viejas”, y se señala que a 28 de marzo, “sólo tres estados y condados habían presentado dichos informes“.

El mismo informe de KFF, citando OpioidSettlementTracker.com, señala que “sólo 12 estados se han comprometido a informar públicamente y con detalle de todos sus gastos”.

Aunque los acuerdos sobre opiáceos, a diferencia de los anteriores acuerdos con las tabacaleras, contienen una disposición según la cual al menos el 85% del dinero que recibirán los estados debe destinarse a “gastos relacionados con los opiáceos”, la definición de tales gastos ha resultado ser vaga y confusa.

Por ejemplo, el KFF afirma, citando ejemplos del mundo real, que “la definición de esos conceptos depende de las opiniones de las partes interesadas, y de la política estatal. Para algunos, puede significar abrir más centros de tratamiento. Para otros, comprar coches patrulla”.

Además, “la aplicación de la norma del 85% curiosamente se deja en manos de las empresas que pagaron el dinero”, declaró KFF, añadiendo que “es poco probable que estén vigilantes”, según los expertos jurídicos.

Tampoco está claro si el gobierno federal seguirá intentando reclamar el reembolso de los gastos de Medicaid que se han relacionado con la adicción a los opiáceos, según KFF. Se calcula que en 2019 estos gastos ascenderán a 23.000 millones.

Ese mismo año, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid intentaron recuperar parte de los 270 millones de dólares del acuerdo de Oklahoma con ‘Purdue Pharma’. Sin embargo, aún no está claro si el gobierno federal dará un impulso más amplio a este tipo de reembolsos.