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Los legisladores federales están sopesando múltiples propuestas que podrían impedir a las autoridades estatales y locales limitar el uso de pesticidas en sus comunidades, incluso cerca de los lugares donde los niños juegan y aprenden.
Esta noticia llega tras un nuevo análisis realizado por investigadores de la organización sin ánimo de lucro “Environmental Working Group” (EWG), según el cual más de 4.000 escuelas primarias de EE.UU. están situadas a menos de 60 metros de campos de cultivo, donde se rocían los cultivos con pesticidas.
El informe incluía un mapa de 4.028 escuelas cercanas a explotaciones agrícolas, pero señalaba que algunos pesticidas pueden desplazarse a kilómetros de distancia del objetivo de cultivo previsto “creando riesgos para los niños en las escuelas más allá de los miles que EWG identificó”.
Muchos pesticidas son peligrosos para la salud de los niños. Algunos son neurotoxinas que perjudican el desarrollo y otros están relacionadas con la resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica y otros trastornos metabólicos.
Según el informe del EWG, más de 30 estados han adoptado en los últimos años leyes estrictas sobre cuándo y cómo se pueden rociar pesticidas cerca de las escuelas.
Pero esas leyes podrían anularse si el Congreso aprueba uno de los tres proyectos de ley que se están estudiando, según el senador Cory Booker (demócrata de Nueva Jersey).
Booker -cuya oficina organizó recientemente una sesión informativa sobre el problema de los pesticidas en los alimentos que consumen los niños- dijo en una rueda de prensa para anunciar el informe del EWG:
“Los Estados saben que la fumigación con pesticidas es un riesgo para los alumnos … A pesar de todo ello… algunos miembros del Congreso proponen invalidar todas estas leyes, privando a los estados y localidades de poder hacer lo necesario para proteger a sus hijos”.
Los expertos en pesticidas que hablaron con “The Defender”, entre ellos Scott Faber, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de EWG, dijeron que los padres necesitan conocer estas medidas y el impacto que podrían tener en el uso de pesticidas cerca de las escuelas.
Faber declaró a “The Defender”: “Los padres de todas las comunidades del país deberían indignarse por este plan que permite a las empresas de pesticidas y a las grandes empresas agrícolas fumigar con productos químixos tóxicos cuando y donde les plazca.”
Las salvaguardias podrían desaparecer
EWG y más de 100 organizaciones nacionales escribieron una carta oponiéndose a los tres proyectos de ley que el Congreso podría aprobar y que limitarían la autoridad estatal y local existente para regular los pesticidas.
Uno de los proyectos de ley – la Ley para poner fin a la supresión del comercio agrícola (“Ending Agricultural Trade Suppression Act” or “EATS Act” por sus siglas en inglés), ha sido criticada recientemente por los eurodiputados. 30 profesores de derecho de importantes facultades de derecho, que en una carta del 13 de noviembre dirigida a los líderes de las Comisiones de Agricultura de la Cámara de Representantes y del Senado, advirtieron de que la ley “podría anular o socavar innumerables leyes en todo el país, amenazando la salud y la seguridad públicas y la capacidad de los Estados para gobernar”.
Los profesores señalaron un reciente análisis de la Facultad de Derecho de Harvard que concluía que el amplio lenguaje de la Ley EATS podría utilizarse para anular más de 1.000 leyes estatales, incluidas “ciertas normativas estatales y locales sobre pesticidas y fertilizantes”.
A algunos ciudadanos les preocupa que la Ley EATS se añada a la pendiente Ley Agraria (“Farm Bill”), un amplio texto legislativo en materia de agricultura que el Congreso aprueba cada cinco años.
La Ley Agraria expiró el 30 de septiembre y el Congreso está presionado para aprobar una nueva.
Los legisladores están estudiando esta semana una medida provisional que prorrogaría la Ley Agraria hasta el próximo mes de septiembre para evitar un cierre del Gobierno, informó Politico.
Mientras tanto, otro proyecto de ley que amenaza el control estatal y local del uso de pesticidas -la Ley de Uniformidad del Etiquetado Agrícola (“Agricultural Labeling Uniformity Act”)– también está ganando fuerza como posible enmienda a la Ley Agraria.
De convertirse en ley, este proyecto ilegalizaría que las autoridades estatales y locales publicaran su propia información en las etiquetas de los pesticidas. Sólo se permitiría la etiqueta de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (“Environmental Protection Agency”, EPA por sus siglas en inglés).
La etiqueta de un plaguicida proporciona información sobre salud y seguridad que, a su vez, dicta cómo, dónde y cuándo puede pulverizarse legalmente.
Los Estados no podrían advertir de los riesgos de cáncer del uso de glifosato
Jaydee Hanson, director de políticas del Centro para la Seguridad Alimentaria (“Center for Food Safety”, CFS por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que aboga por la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la justicia medioambiental, dijo que se oponía al proyecto de ley porque la EPA “no se ha mantenido al día con los últimos datos científicos”. Le dijo a “The Defender”:
“Los Estados y las comunidades tienen derecho a tener etiquetas más estrictas que la EPA. Este proyecto de ley socavaría la supervisión estatal de la seguridad de los pesticidas y rebajaría las normas de etiquetado a las de la EPA, por lo que no debería ser aprobado por el Congreso.
“El proyecto de ley impediría que las etiquetas informaran a los consumidores de que los pesticidas son toxinas conocidas que podrían causar cáncer”.
La organización sin ánimo de lucro “Beyond Pesticides” (Más allá de los pesticidas ) se mostró de acuerdo, afirmando en un blog que el proyecto de ley es un intento de impedir que los estados -especialmente los grandes estados productores como California, que emiten su propia información sobre salud y seguridad- emitan advertencias sobre el cáncer en los productos que contienen glifosato, como Roundup.
Los demandantes en miles de demandas pendientes afirman que el herbicida Roundup, a base de glifosato y vendido por Bayer -que compró Monsanto en 2018-, causa cáncer.
Entretanto, más de 360 organizaciones agrarias han respaldado la Ley de Uniformidad del Etiquetado Agrícola.
Los registros de los grupos de presión muestran que Bayer y “CropLife America”, financiada por la industria, han hecho de la aprobación de la Ley de Uniformidad del Etiquetado Agrícola una de sus principales prioridades, según el periodista de investigación Carey Gillam.
El representante Dusty Johnson (republicano por Dakota del Sur), que presentó el proyecto de ley este verano, se negó a decir a “The Defender” cuánto dinero ha recibido de las empresas agroquímicas, incluida Bayer, en los últimos cinco años. En su lugar, dijo:
“Los agricultores de Dakota del Sur y de todo el país han subrayado su preocupación por el hecho de que las restricciones de etiquetado y las tácticas de miedo de algunos estados, que contradicen décadas de orientación científica de la EPA, serían devastadoras para la agricultura moderna de Estados Unidos, nuestro suministro de alimentos, las facturas de comestibles de los estadounidenses y sus medios de vida”.
“Por el contrario, este proyecto de ley proporciona certeza a los agricultores de que al reafirmar la autoridad de la EPA sobre el etiquetado y envasado de pesticidas, las herramientas que necesitan para proporcionar alimentos asequibles y abundantes seguirán siendo seguras y disponibles.”
Del mismo modo, CropLife dijo en un comunicado que apoyaba el proyecto de ley porque los pesticidas son “primordiales para cultivar nuestros alimentos y mantener seguras a las comunidades.”
André Leu, autor de “Los mitos de los pesticidas seguros” (“The Myths of Safe Pesticides”) y “Envenenando a nuestros hijos” (“Poisoning Our Children”), no está de acuerdo.
“El cártel de la industria de los pesticidas, CropLife, miente”, declaró a “The Defender”. Calificó el proyecto de “ley draconiana que pone en peligro a los niños y al medio ambiente”, y añadió:
“El informe de 40 años del Instituto Rodale sobre su Ensayo de Sistemas Agrícolas acabó con el mito de la necesidad de pesticidas tóxicos y OMGs [genetically modified organisms] para conseguir altos rendimientos… el informe mostraba que los sistemas orgánicos regenerativos tenían mayores rendimientos de cultivo que los sistemas agrícolas que utilizaban pesticidas tóxicos.”
Por ejemplo, Leu dijo que la investigación del instituto demostró que en los años de sequía el rendimiento del maíz orgánico era un 31% mayor que el de los sistemas convencionales de agricultura industrial.
Un tercer proyecto de ley suprimiría el control estatal y local de los plaguicidas
Otro proyecto de ley, el H.R.7266, presentado en 2022 por el ex diputado Rodney Davis (republicano de Illinois), también amenaza la capacidad de los estados para imponer zonas de seguridad y otras restricciones a los pesticidas cerca de las escuelas.
El proyecto de ley modificaría la principal ley de pesticidas del gobierno federal, la FIFRA (siglas en inglés para “Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act”, Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas), para prohibir la regulación estatal y local de los pesticidas.
Booker y el personal político de EWG dijeron que los legisladores están planeando reintroducir el proyecto de ley como parte de la próxima Ley Agraria o como parte de un paquete de gastos por separado.
El año pasado, el proyecto de ley recibió un fuerte apoyo entre los grupos que representan a los sectores de la agricultura, el paisajismo y los pesticidas.
Faber dijo: “Tanto los estados llamados rojos como los azules por igual en todo el país tienen duras leyes de seguridad de plaguicidas en vigor para proteger a los niños – pero todas esas salvaguardias podrían desaparecer si un pequeño grupo en el Congreso se sale con la suya.”