Dos epidemiólogos californianos expusieron esta semana sus objeciones a una propuesta de ley que exigiría que todos los alumnos desdeeducación infantil a secundaria matriculados en todas las escuelas públicas y privadas de California se vacunaran contra el COVID-19 para poder asistir a las clases presenciales.

En un artículo de opinión publicado el martes en SFGate, Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D. y Vinay Prasad, M.D., M.P.H., escribieron:

“Como médicos epidemiólogos, hemos analizado los datos y hemos comprobado que este mandato no está respaldado por la evidencia científica, razón por la cual ningún país europeo ni otros estados de Estados Unidos han implementado el suyo.”

El proyecto de ley en cuestión, SB-871, fue propuesto el mes pasado por el senador Richard Pan (demócrata de Sacramento). Si se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2023.

La ley se aplicaría a “cualquier escuela primaria o secundaria, privada o pública, centro de atención infantil, guardería, centro infantil, hogar de atención familiar o centro de desarrollo”. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se reunirá el 15 de febrero para debatir la autorización de la vacuna de Pfizer para niños de 6 meses a 4 años.

La legislación de Pan obligaría a los estudiantes a recibir las vacunas incluso si todavía están disponibles sólo bajo la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) – a diferencia de la orden ejecutiva del gobernador de California Gavin Newsom el otoño pasado que obliga a la vacuna a todos los estudiantes de primaria y secundaria sólo una vez que las vacunas esten plenamente autorizadas por la FDA.

La vacuna de Pfizer-BioNTech es la única vacuna contra el COVID autorizada para niños de hasta 5 años, pero sólo en virtud de una autorización de uso de emergencia (EUA).

La FDA todavía no ha concedido la aprobación completa a ninguna vacuna COVID para personas menores de 16 años, pero la agencia sí ha concedido la licencia a la vacuna Comirnaty de Pfizer para personas de 16 años o más.

El proyecto de ley de Pan también difiere de la orden del gobernador en que no prevé exenciones por creencias personales o religiosas.

“Estamos en medio de una pandemia, y cada día que no se vacunan son más vulnerables”, dijo Pan durante una conferencia de prensa. Dijo que la ley evitaría la propagación del COVID en las escuelas.

Prasad y Høeg no están de acuerdo:

“Puede que alguna vez haya sido posible. Desgraciadamente, con la aparición de la variante omicron, la inmunización ya no evita que las personas se contagien y propaguen el virus a largo plazo… Las vacunas sólo detienen entre el 5% y el 30% de las infecciones omicron, según varios estudios que aún deben pasar por la revisión de los pares. Incluso este beneficio parece evaporarse unos meses después de la última inyección“.

Prasad y Høeg revisaron los datos procedentes de fuentes revisadas por expertos, funcionarios sanitarios europeos y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Llegaron a la conclusión de que todavía no existen pruebas que respalden la obligación de vacunar a los niños:

“Mientras que los beneficios protectores de la vacunación son extremadamente claros para los adultos, los datos para los niños son más turbios. En primer lugar, los niños tienen un riesgo extremadamente bajo de padecer COVID-19 grave. Incluso antes de la aparición de omicron, que es considerablemente más suave que las cepas anteriores, el virus era menos mortal para los niños que la gripe y la neumonía, las enfermedades cardíacas, los accidentes de tráfico o las armas de fuego. Losdatos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades también sugieren que los niños que ya se han contagiado y recuperado del COVID-19 pueden beneficiarse muy poco de la vacunación.”

Los autores también abordaron la cuestión de las posibles lesiones causadas por las vacunas, escribiendo que, aunque los efectos secundarios graves de la inmunización son “extremadamente poco frecuentes, cada vez hay más pruebas que sugieren que incluso éstos son más comunes que la COVID-19 grave entre algunos niños, incluidos los adolescentes”.

Escribieron:

“Debemos estudiar más a fondo un efecto secundario específico -y poco frecuente- llamado miocarditis que parece ocurrir en uno de cada 3.000 a uno de cada 7.000 chicos de entre 12 y 17 años después de una segunda dosis de la vacuna COVID-19. Debido a estas cuestiones, creemos que los padres deben tener derecho a hacer un cálculo individual de los riesgos y beneficios para sus hijos”.

En su canal de YouTube, Prasad se esforzó en señalar que está “a favor de las vacunas” y que apoya las vacunas obligatorias para el sarampión, las paperas, la poliomielitis y otras enfermedades infantiles, vacunas que están totalmente aprobadas y que, según Prasad, proporcionan una inmunidad duradera.

Sin embargo, las vacunas contra el COVID no están totalmente probadas y no se ha establecido su eficacia contra la infección o la transmisión, dijo Prasad, y añadió:

“Así que haciendo esta política obligatoria, no vas a evitar que los niños se contagien de COVID. Se contagiarán de todos modos. No vas a evitar que propaguen el COVID. Seguirán pudiendo propagarlo”.

Prasad calificó el mandato de “demasiado draconiano” y sugirió que el remedio en este caso era peor que la enfermedad. En relación con una analogía habitual entre las leyes sobre el cinturón de seguridad y los mandatos de vacunación para justificar estos últimos, Prasad dijo:

“La penalización por no abrocharse el cinturón es una multa de 100 a 200 dólares. La penalización por esto es que vas a coger a estos niños y los vas a dejar fuera de la escuela durante largos periodos de tiempo, y ya les hemos fallado a estos niños con 18 meses de confinamiento… La penalización es simplemente demasiado: Les está costando su futuro”.

Prasad y Høeg también señalaron que, dado que hay más estudiantes de color entre los no vacunados, el impacto de la legislación tendría consecuencias negativas para la equidad educativa:

“En diciembre, cuando el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles trató de aplicar el mandato de vacunación contra el COVID-19 en los niveles desde infantil a secundaria, descubrieron que 30.000 estudiantes de 12 años o más no habían cumplido los requisitos del mandato. Si extrapolamos esas cifras a todo el estado, y tenemos en cuenta las menores tasas de vacunación entre los niños de 5 a 11 años, más de un millón de niños californianos podrían verse obligados a aprender a distancia. También es importante reconocer que los niños negros y latinos tienen menos probabilidades de ser vacunados, lo que significa que probablemente serán excluidos en mayor proporción que sus compañeros blancos.”

Pan fue el principal patrocinador de la legislación aprobada en 2015 que eliminó la exención de creencias personales para los requisitos de vacunación desde infnatil a secundaria para las vacunas obligatorias contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la difteria, la hepatitis B, la gripe tipo B, la poliomielitis, la tos ferina, el tétanos y la varicela.

También patrocinó la legislación en 2019 que socavó la autoridad de los médicos de familia para recomendar exenciones médicas al hacer que dichas exenciones estén automáticamente sujetas a revisión estatal.

California es el único de los 50 estados que persigue este tipo de mandatos de vacunas COVID generales para los niños en la escuela. Otro proyecto de ley pendiente en la legislatura estatal permitiría a los niños de entre 13 y 18 años el derecho a recibir vacunas sin el consentimiento de sus padres.

Con todos estos mandatos en marcha y con los sentimientos contrarios al mandato en aumento en el estado y en todo el país, “Medscape” concluyó que “California está preparada para convertirse en la primera línea de la guerra de las vacunas en Estados Unidos”.