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“Children’s Health Defense” (CHD) y miles de padres preocupados presentaron el 16 de marzo un informe ‘amicus’ en una demanda que pretende impedir que el Departamento de Salud de Louisana (LDH) añada las vacunas COVID-19 al calendario de vacunación escolar del estado.
En virtud de una norma promulgada por el LDH y aprobada por el gobernador, John Edwards, Luisiana se une a California en la exigencia de que se ponga a los niños las vacunas COVID para poder asistir a la escuela. El mandato se refiere expresamente a los jardines de infancia y afecta a los niños de 5 años en adelante.
Un informe ‘amicus’ es un documento presentado por un individuo u organización que no es parte en un caso legal, pero al que el tribunal permite ofrecer su experiencia o visión cuando tenga relación con las cuestiones del caso.
En su escrito, CHD argumenta que los datos no apoyan la obligatoriedad de las vacunas COVID y que es científicamente injustificable imponer el requisito a los niños.
En el escrito se afirma:
“Dicho sencillamente, las vacunas COVID no han demostrado ser ni eficaces ni seguras para los niños. Los beneficios para los niños son minúsculos, mientras que los riesgos -incluido el riesgo de daños cardíacos potencialmente mortales– son ‘conocidos’ y ‘graves’, como ha reconocido la propia [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA)].
“Además, es indiscutible que las vacunas contra el COVID existentes no previenen el COVID -en el mejor de los casos reducen la incidencia de resultados graves de la enfermedad- y, por lo tanto, el COVID no es una enfermedad ‘prevenible por vacunación’; por consiguiente, para las vacunas contra al COVID no puede crearse un mandato de vacunación para la asistencia a la escuela en virtud de la ley estatutaria expresa de Luisiana.
“Por último, con el aumento de Omicron, las vacunas se han vuelto totalmente ineficaces en la prevención de la infección, y por lo tanto la vacunación no evitará que los niños se contagien de COVID y propaguen la enfermedad a otros. De hecho, ya desde agosto de 2021, antes de la promulgación del mandato de Luisiana, la misma Directora de los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] admitió que ‘lo que [las vacunas] ya no pueden hacer es prevenir la transmisión'”.
CHD también presentó un estudio exhaustivo, publicado el 28 de febrero, que incluía a más de 365.000 niños de entre 5 y 11 años, en el que se demostraba que las vacunas COVID no tenían la eficacia del 90% que afirmaban sus fabricantes.
En lugar de eso, se demostró que la eficacia de las vacunas era de un “mero 12%”.
También se citaba en el escrito un artículo de “The New York Times” que mostraba que la vacunación no ofrecía “prácticamente ninguna protección contra la infección”, lo que significaba que los niños vacunados tenían las mismas probabilidades que los no vacunados de contagiar la COVID a otros.
Un regulador de vacunas ‘senior’ de la FDA, ya retirado, dijo a “The New York Times” que este hallazgo, en un conjunto de datos tan amplio, “ciertamente debilita el argumento para obligar a la vacunación contra la COVID a los niños.”
Alrededor de 4.700 padres de Louisana se unieron a CHD para presentar el escrito. Según el escrito, los padres están “profundamente preocupados por la falta de datos que establezcan la seguridad y la eficacia de las vacunas COVID para los niños y pretenden defender el derecho de todos los padres de este estado a elegir por sí mismos si quieren o no vacunar a sus hijos”.
En su argumento, CHD dijo que el derecho y la ética médica exigen que toda intervención médica propuesta satisfaga una prueba sencilla y bien establecida: “Sus beneficios deben ser mayores que sus riesgos”.
Según CHD, no se ha demostrado que las vacunas COVID sean seguras o eficaces para los niños, y ni un solo organismo sanitario gubernamental, empresa farmacéutica o estudio ha demostrado que las vacunas sean eficaces o seguras para los niños.
“Por el contrario, los beneficios médicos de la vacunación pediátrica con COVID son infinitesimales, mientras que los riesgos de una reacción adversa son extremadamente graves”, afirma el escrito.
Los riesgos de las vacunas COVID para los niños son totalmente desconocidos
CHD argumentó en su escrito que los riesgos médicos completos de las vacunas COVID para los niños son “totalmente desconocidos”, pero los riesgos conocidos son “extremadamente graves”.
“Debido a que las vacunas se autorizaron en un tiempo récord, no hay ningún tipo de datos a largo plazo sobre los efectos adversos para la salud pediátrica a largo plazo”, escribió CHD. “Pero, tal como la propia FDA ha reconocido, los datos existentes ya muestran riesgos graves conocidos de miocarditis -una afección cardíaca potencialmente mortal- causada por las vacunas COVID” que afecta predominantemente a los individuos más jóvenes.
Según un estudio de seguimiento de 10 años publicado en 2020, en el “Journal of the American Heart Association”, más de la mitad de los pacientes con miocarditis presentaban una afección denominada realce tardío del gadolinio (“late gadolinium enhancement”, LGE por sus siglas en inglés), y el 39% de esos pacientes murieron en un plazo de 10 años.
La tasa de mortalidad general a los 10 años entre los pacientes con miocarditis fue de aproximadamente del 20%, escribió CHD.
Según un estudio publicado en el “Journal of the American Medical Association”, la tasa de miocarditis notificada tras la vacunación con COVID es del 70,7 por millón entre los chicos de 12 a 15 años y del 105,9 por millón entre los chicos de 16 a 17 años.
CHD concluyó:
“Aunque todos deben tener la profunda esperanza de que el resultado sea diferente, si la tasa de mortalidad del 20% en 10 años se mantiene en estos chicos, entonces las vacunas COVID causarán en los próximos diez años la muerte de aproximadamente 14 por millón de chicos de 12 a 15 años y aproximadamente 21 por millón de chicos de 16 a 17 años.
“Esta conclusión es alarmante hasta un punto imposible de exagerar. Significa que mientras que las vacunas contra la COVID pueden, como mucho, salvar la vida de 2 niños de todas las edades por millón (porque sólo 2 niños por millón mueren de COVID), esas vacunas pueden al mismo tiempo causar en diez años la muerte de 14 por millón de chicos de 12 a 15 años y de 21 por millón de chicos de 16 a 17 años.”
El verdadero alcance de los riesgos de miocarditis de la vacuna COVID no se conocerá hasta que pasen muchos años, escribió CHD.
La COVID no es una enfermedad prevenible por vacunación y las vacunas no evitan el contagio
CHD dijo que, por ley, Luisiana restringe expresamente la inmunización obligatoria de los niños para las “enfermedades prevenibles por vacunación” como condición para la asistencia a la escuela.
Según el “DC Health”, las enfermedades prevenibles por vacunación (“vaccine-preventable diseases”, VPD por sus siglas en inglés) son “enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias que pueden prevenirse con vacunas”.
El sitio web de los CDC ofrece una lista de las VPD y de las “enfermedades graves que pueden prevenirse con vacunación”. La COVID no está en la lista porque las vacunas contra la COVID no previenen la infección, tal y como se desprende tanto del sitio web de los CDC como del creciente número de casos de fallos de la vacunación, escribió CHD.
Además, CHD afirmó que no existe “ninguna prueba” de que las vacunas contra la COVID prevengan la infección o la transmisión del virus.
“Por el contrario, la evidencia existente indica que la vacunación tiene una eficacia negativa contra el Omicron, es decir, que las personas vacunadas tienen más probabilidades de infectarse que las no vacunadas”, escribió CHD.
El gobernador de Luisiana intenta crear mandatos de vacunación contra la COVID a pesar de la oposición bipartidista
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry (republicano), y el representante estatal Raymond Crews (republicano) presentaron en diciembre de 2021 la demanda conjunta contra el gobernador John Bel Edwards (demócrata) después de que éste anunciara que las vacunas COVID serían obligatorias para todos los niños de 5 años o más en las escuelas públicas o privadas, informó The Hill.
Landry y Crews alegan que la decisión de Edwards de obligar a los niños a recibir las vacunas COVID para asistir a la escuela fue una extralimitación de poder y violó la constitución del estado.
“Lo único que se interpone en el camino de esta extralimitación es el mismo documento que protege a los habitantes de Luisiana del ejercicio ilimitado de la autoridad ejecutiva: la Constitución de Luisiana”, dice la demanda. “La Constitución de Luisiana otorga al Gobernador el poder sólo para hacer cumplir la ley, no para crearla”.
El Comité bipartidista de Salud y Bienestar de la Cámara de Representantes de Luisiana votó en diciembre de 2021 por 13 a 2 en contra de añadir las vacunas COVID al calendario de vacunación del estado.
Pero Edwards, en una carta, rechazó la decisión e informó al panel de que permitiría a la LDH añadir la vacuna COVID al calendario de inmunizaciones para los estudiantes que son elegibles para la inyección de acuerdo con las recomendaciones de la FDA.
Edwards dijo que habría disposiciones de exclusión voluntaria, de modo que “ningún niño se vea obligado a vacunarse si sus padres se oponen por escrito”.
El gobernador dijo que impone el requisito porque “salvará vidas y ayudará a Luisiana a salir de esta pandemia”. La incorporación de la vacuna COVID al calendario de inmunización representa que el departamento de salud del estado “está haciendo exactamente lo que indica y autoriza” la ley estatal “para proteger la salud y la seguridad del pueblo de Luisiana.”