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“Children’s Health Defense” (CHD) y una coalición de grupos comunitarios y ecologistas que abogan por una tecnología segura demandaron el lunes al condado de Los Ángeles para que anule las enmiendas adoptadas por el condado en enero, que permiten la proliferación acelerada de infraestructuras inalámbricas sin el debido proceso y sin el derecho de apelación de los residentes.
La demanda, presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, alega que las enmiendas a los títulos 16 y 22 del Código del Condado de Los Ángeles infringen la Ley de Calidad Medioambiental de California (“California Environmental Quality Act”, CEQA por sus siglas en inglés) al eximir a los proyectos previstos en las ordenanzas de la revisión de la CEQA.
La demanda también sostiene que las ordenanzas plantean problemas constitucionales de garantías procesales en relación con los proyectos inalámbricos que afectan directamente a los residentes locales, que sufrirán importantes pérdidas de derechos de propiedad personal e inmobiliaria sin posibilidad de impugnación.
“La ordenanza está diseñada a propósito para crear un proceso de aprobación de permisos de torres a puerta cerrada que excluye a los ciudadanos e incluso a los residentes cercanos que se verán directamente afectados y perjudicados”, dijo W. Scott McCollough, abogado de los demandantes.
“La ordenanza ignora por completo -y las decisiones sobre permisos individuales lo harán- los efectos medioambientales y de otro tipo sobre las personas. Exacerbará, no resolverá, la brecha digital”.
Los demandantes solicitaron al tribunal una suspensión temporal, una orden de alejamiento y una medida cautelar, a la espera de la resolución de la demanda.
La demanda señala múltiples ejemplos de lo que, según los demandantes, viola la CEQA, la Constitución de California y la propia norma de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.
Según la denuncia:
“La Ordenanza crea el marco para permitir miles de instalaciones inalámbricas en todo … el Condado. La Junta de Supervisores se cegó deliberada e ilegalmente ante las consecuencias significativas y adversas para sus comunidades locales y el medio ambiente que se producirán como resultado directo de este Proyecto.
“Un proyecto inalámbrico puede a menudo enfermar tanto a los residentes locales que obliga en la práctica a desahuciar a familias enteras que ya no pueden tolerar la exposición continua a las radiaciones no ionizantes emitidas por las torres de células pequeñas y macrocélulas. Esta situación es especialmente trágica para las familias pobres y pertenecientes a minorías que se aferran desesperadamente a una vivienda asequible y carecen de medios económicos para escapar.
“La justicia básica exige que estas familias (…) reciban una notificación previa adecuada y una audiencia justa antes de que se acallen sus voces, se les arrebaten o devalúen sus propiedades o se pongan en peligro sus vidas”.
La denuncia alega que las instalaciones inalámbricas “pondrán en peligro el aire, el agua, la flora, la fauna y los objetos de importancia histórica o estética”, y que las instalaciones “no están diseñadas para resistir terremotos o inundaciones y crearán nuevos riesgos de incendio”.
La coalición que ha presentado la demanda incluye a “Fiber First LA”, “Mothers of East LA”, “Boyle Heights Community Partners”, “United Keetoowah Band of Cherokee Indians” y Union Binacional de Organizaciones de Trabajadores Mexicanos Ex Braceros 1942-1964.
“El derecho de los ciudadanos a tener voz en las decisiones importantes sobre su salud, su seguridad y su futuro es fundamental para la democracia estadounidense”, afirmó Brenda Martínez, miembro fundador de “Fiber First LA”.
“La Junta de Supervisores de Los Ángeles ha antepuesto claramente los intereses de los gigantes de las telecomunicaciones a los de la gente a la que se supone que representan. No hay otra razón para arrebatar a la gente de nuestra comunidad el derecho a ser escuchada”.