Un abogado de “Children’s Health Defense” (CHD) y de un grupo de estudiantes que demandaron a la Universidad de Rutgers por el mandato de la vacuna COVID-19 dijo que apelará la decisión de desestimar la demanda tomada la semana pasada por un juez federal de Nueva Jersey.

El juez de distrito Zahid N. Quraishi dijo que aceptaba la moción de Rutgers de desestimar la demanda, al considerar que la institución estaba en su derecho legal de poner en práctica la normativa con la intención de proteger al alumnado y a la comunidad en general.

La demanda fue presentada el 16 de agosto de 2021 contra la universidad, su presidente, el consejo de administración y otros por CHD y 18 estudiantes de Rutgers. Seis de los estudiantes permanecieron en el anonimato en la denuncia.

El 30 de agosto de 2021, los demandantes presentaron una petición de orden de restricción temporal contra la universidad, que fue rechazada.

La normativa de la universidad hizo que se bloquearan las cuentas de los estudiantes no vacunados, impidiéndoles matricularse en las clases. Al parecer, este bloqueo se puso en práctica incluso para los estudiantes que estaban matriculados exclusivamente en clases a distancia, a pesar de los términos expresos de la normativa de Rutgers, que exime del mandato a los estudiantes “totalmente a distancia “.

Al comentar la decisión del juez de distrito, Julio C. Gómez, abogado que representa a los demandantes, destacó el derecho al consentimiento informado y a rechazar el tratamiento médico, declarando:

“Todos tenemos el derecho fundamental al consentimiento informado y a rechazar un tratamiento médico no deseado, en particular las inyecciones con vacunas experimentales que no son eficaces para prevenir la infección o la transmisión del COVID-19 y que nunca han demostrado ser seguras.

“Los demandantes están decepcionados de que el tribunal haya ignorado ese derecho, haya ignorado las alegaciones de la demanda de que las vacunas COVID no funcionan y no son seguras, y haya ignorado la experiencia del mundo real que ahora poseemos de que las vacunas no hicieron nada para detener la propagación de COVID-19 y han dañado a miles de personas.”

Gómez dijo que las instituciones de educación superior no tienen autoridad para emitir mandatos de vacunación. También comentó el conflicto de intereses de Rutgers, alegado en la demanda:

“Las facultades y universidades no tienen ni deberían tener la autoridad legal para imponer mandatos de vacunas experimentales, especialmente aquellas facultades y universidades como Rutgers que tienen piel financiera en juego y están trabajando con los fabricantes de vacunas para desarrollar y probar estos productos que son experimentales, que no tienen que asumir responsabilidad ni rendir cuentas.”

La demanda alegaba que la normativa de la universidad era ilegal e inconstitucional, violaba el derecho de los estudiantes al consentimiento informado y a rechazar tratamientos médicos no deseados y también constituía un incumplimiento de contrato porque Rutgers en enero de 2021 había asegurado a su alumnado que no se exigirían las vacunas COVID-19 para poder matricularse.

La demanda también acusaba a Rutgers de tener un conflicto de intereses porque la universidad estaba trabajando con Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson para estudiar y desarrollar las vacunas en ensayos clínicos.

Rutgers se beneficiaría económicamente si se exigiera a un mayor número de personas la administración de las vacunas, alegaron los demandantes.

En ese momento, Mary Holland, presidenta y consejera general de la CHD, argumentó que el “mandato socava nuestra Constitución y nuestra Carta de Derechos al negar a los estudiantes la libertad de tomar sus propias decisiones médicas”.

Peter Cordi, uno de los estudiantes de Rutgers que fue parte en la demanda, dijo después de la presentación de la demanda que era “increíblemente desconcertante” que la universidad priorizara “el dinero y los lazos con las grandes farmacéuticas, “Big Pharma” … sobre nuestra seguridad y libre albedrío.”

Los requisitos de las vacunas están “bien establecidos en la ley”, dice el tribunal

En su dictamen, el juez Quraishi rechazó el argumento de los demandantes de que no existe ninguna ley estatal de Nueva Jersey que permita a Rutgers imponer un requisito de vacunación.

En su lugar, Quraishi se refirió a los estatutos y reglamentos estatales que, según él, otorgan a Rutgers el derecho legal a solicitar pruebas de vacunación a los estudiantes y a imponer las vacunas recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, un comité de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Quraishi afirmó además que los requisitos de vacunación están “bien establecidos en la ley, con la aprobación de los tribunales supremos de Estados Unidos y Nueva Jersey”.

Escribió:

“Por lo tanto, al exigir la vacunación contra el COVID-19 como condición para la inscripción -menos las exenciones-, Rutgers no sólo busca el interés superior de su población estudiantil, sino que también está obligada a hacerlo por la ley estatal.

“Rutgers, sin duda, tiene un interés legítimo en proteger a los miembros de su amplia comunidad de una enfermedad potencialmente mortal y en tratar de evitar más de las interrupciones masivas que COVID-19 causó durante tres semestres antes del otoño de 2021.”

Según Quraishi, las exenciones médicas y religiosas existentes puestas a disposición de los estudiantes en virtud de la normativa de Rutgers eran motivo suficiente para rechazar el argumento de los demandantes de que el mandato de vacunación era coercitivo, ya que la normativa “simplemente requiere que los estudiantes acepten la vacuna COVID-19 o satisfagan una de las exenciones de la normativa”.

Como resultado, dijo Quraishi, “los estudiantes pueden así vacunarse, demostrar que están exentos o solicitarlo en otro lugar”, añadiendo que en el caso de los estudiantes demandantes, todos menos uno recibieron finalmente una exención religiosa, lo que hace que sus reclamaciones sean discutibles, ya que “no han sufrido ningún daño real o inminente y, en cambio, basan sus reclamaciones en su temor a un futuro daño potencial.”

Se acumulan las pruebas contra las vacunas COVID para estudiantes jóvenes y sanos

En las últimas semanas, un conjunto creciente de pruebas ha puesto de manifiesto la ineficacia -y los peligros potenciales- de las vacunas contra el COVID-19 para los adultos jóvenes en particular, mientras que la narrativa a favor de los mandatos de las vacunas contra el COVID-19 se ha disipado ante las pruebas que demuestran que no previenen la infección o la transmisión.

Por ejemplo, un estudio preimpreso de 50 páginas publicado a finales de agosto en “The Social Science Research Network” analizó los datos del CDC y de la industria sobre efectos adversos después de la vacunación con COVID-19, concluyendo que la obligatoriedad de las vacunas de refuerzo en los estudiantes universitarios puede causar entre 18 y 98 eventos adversos graves reales por cada hospitalización relacionada con la infección por COVID-19 teóricamente evitada.

En una reciente entrevista en la CNN, el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del comité asesor sobre vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, dijo: “Es poco probable que un joven sano se beneficie de una dosis de refuerzo… Si no hay pruebas claras del beneficio, no es justo pedir a la gente que corra un riesgo”.

Como ya informó “The Defender”, la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales publicó en julio un informe que muestra que las tasas de mortalidad por 100.000 son sistemáticamente más bajas entre los no vacunados, en todos los grupos de edad.

Según los resultados de este estudio, en el grupo de edad de 18 a 39 años -que presumiblemente engloba a la mayoría de los estudiantes universitarios- los no vacunados tuvieron una tasa de mortalidad de 14,1 por 100.000 durante el mes de mayo, mientras que los que habían recibido al menos una dosis tuvieron una tasa de mortalidad de 42,6 por 100.000.

Y como fue recientemente revelado por “The Defender” en el mes de marzo, el eminente cardiólogo del Reino Unido, Dr. Aseem Malhotra, que anteriormente había promovido las vacunas COVID-19 en la televisión británica, publicó un artículo revisado por expertos en el “Journal of Insulin Resistance” en el que pedía el fin inmediato del despliegue de la vacuna COVID-19 y de la “pandemia de desinformación sobre las vacunas de ARNm COVID-19”.

El mes pasado, los CDC se retractaron de sus orientaciones sobre las vacunas y el COVID-19, mientras que un número cada vez mayor de empleadores ha comenzado a retirar o reducir sus propios mandatos.

Menos facultades y universidades obligan a los estudiantes a vacunarse contra el COVID

A la luz de los últimos datos científicos sobre la ineficacia y los riesgos potenciales de las vacunas COVID-19, ¿cómo pueden las facultades y las universidades mantener la obligación de vacunarse, especialmente para los estudiantes sanos?

En un momento dado, casi 4.000 instituciones de este tipo tenían mandatos de vacunación COVID-19. Sin embargo, los datos de principios de septiembre de 2022 revelan que esta cifra ha disminuido considerablemente.

Según una base de datos mantenida por bestcolleges.com, aproximadamente 577 facultades y sistemas universitarios -y más de 800 campus distintos- siguen exigiendo la serie primaria de dos dosis de la vacuna COVID-19 para los estudiantes.

Esta lista incluye muchas universidades destacadas, entre ellas todas las instituciones de la Ivy League, y escuelas como Emory, Georgetown, la Universidad de Nueva York, Tulane, la Universidad de Chicago, la Universidad del Sur de California y los principales sistemas universitarios públicos estatales, como la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.

SUNY, por ejemplo, exigió a los estudiantes que estuvieran completamente vacunados con la serie primaria de vacunas COVID-19 para el semestre de otoño de 2022, mientras que “se recomienda encarecidamente que se hagan administrar las dosis de refuerzo”.

Existen normativas similares en el sistema de la City University of New York y en el sistema de la University of Maine.

Sin embargo, algunas facultades y universidades han tomado la medida adicional de exigir a sus estudiantes que reciban dosis de refuerzo, aunque la definición de “refuerzo” parece variar.

Según bestcolleges.com, cerca de 300 facultades y sistemas universitarios exigen a los estudiantes que se les inyecte una dosis de refuerzo para el semestre de otoño de 2022.

Las normativas sobre las dosis de refuerzo varían según las instituciones. Por ejemplo, en la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, a los estudiantes se les debe administrar el nuevo refuerzo bivalente cuando esté disponible, incluso si ya han recibido una vacuna de refuerzo anterior.

En el St. Olaf College de Minnesota, sin embargo, la dosis de refuerzo original o la actualizado cumplen con las normativas de esa institución, mientras que en el Stonehill College de Massachusetts, los estudiantes pueden firmar una “renuncia a la dosis de refuerzo COVID-19”, posponiendo el requisito de la dosis de refuerzo hasta que el refuerzo bivalente esté disponible.

No obstante, las cifras indican que la mayoría de las facultades y universidades que habían implementado inicialmente mandatos de vacunación contra el COVID-19 los han anulado.

Esta tendencia quedó ilustrada en las recientes declaraciones realizadas a bestcollege.com por Claudia Trevor-Wright, directora de proyectos de la Iniciativa de Vacunación y Mitigación de COVID-19 en el Campus de la “American College Health Association”.

Trevor-Wright describió los mandatos de vacunación como una “decisión institucional muy individualizada” que debe tomarse en el contexto de una serie de factores, que van desde las orientaciones federales hasta las normativas locales y el sentimiento del público.

“No está claro… si vamos a ver nuevos requisitos en vigor”, dijo, y añadió: “Hay un montón de enfoques individualizados para esto”.

En 11 estados -Alabama, Alaska, Idaho, Iowa, Kansas, Mississippi, Montana, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming- no hay universidades que impongan la vacuna COVID-19. La normativa estatal ha sido un factor importante en este sentido.

Por ejemplo, el Grinnell College de Iowa implementó un mandato de vacunación COVID-19 en 2021, y tenía la intención de continuar para el semestre de otoño de 2022. Pero la universidad se vio obligada a abandonar esta normativa, después de que los legisladores de Iowa en julio de 2022 votaran la prohibición de las vacunas COVID-19 en todo el estado.

En Illinois, sin embargo, cerca de 60 facultades y universidades siguen manteniendo sus propios requisitos de vacunación, a pesar de que el gobernador J.B. Pritzker anunció en julio de 2022 que se restringiría el mandato de vacunación estatal para los estudiantes y el personal de las facultades.