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Los investigadores federales ordenaron a Google que entregara información personal sobre los espectadores de determinados vídeos de YouTube, lo que suscitó dudas entre los expertos en privacidad sobre la constitucionalidad de tales peticiones.
Las órdenes, obtenidas por Forbes, exigen a Google que facilite los nombres, direcciones, números de teléfono y actividad de los usuarios titulares de cuentas -y las direcciones IP, identificadores numéricos de la ubicación en Internet, de los no titulares de cuentas- que vieron determinados vídeos.
Los críticos afirman que las exigencias amenazan con convertir a inocentes espectadores de YouTube en sospechosos de delitos, violando sus derechos a la libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda y sus derechos a la intimidad en virtud de la Cuarta Enmienda.
No está claro si Google cumplió las órdenes
En un caso de Kentucky analizado por Forbes, la policía encubierta trataba de identificar a la persona que se ocultaba tras el apodo en línea “elonmuskwhm”, sospechoso de comprar bitcoin a cambio de dinero en efectivo, en posible violación de las leyes sobre blanqueo de capitales y de las normas que regulan la transmisión de dinero sin licencia.
La policía envió enlaces a tutoriales de YouTube -que en conjunto acumularon más de 30.000 visitas- sobre cartografía con drones y software de realidad aumentada y, a continuación, solicitó a Google información sobre cualquier persona que hubiera accedido a los vídeos del 1 al 8 de enero de 2023.
El tribunal concedió la orden, pero los registros judiciales no revelan si Google la cumplió.
En otro caso ocurrido en New Hampshire, la policía de Portsmouth recibió una amenaza sobre un explosivo colocado en un cubo de basura público, informó Forbes. Tras registrar la zona, la policía descubrió que estaban siendo vigilados a través de un livestream de YouTube asociado a un negocio local.
Los investigadores federales creen que se han producido sucesos similares al de Portsmouth en todo el país y solicitaron a Google una lista de cuentas que “vieron y/o interactuaron con” ocho retransmisiones en directo de YouTube, incluida una publicada por Boston and Maine Live con 130.000 suscriptores.
Sigue sin estar claro si Google proporcionó los datos en este caso.
El portavoz de Google, Matt Bryant, declaró que la empresa cuenta con “un riguroso proceso diseñado para proteger la privacidad y los derechos constitucionales de nuestros usuarios, al tiempo que apoya la importante labor de las fuerzas del orden”, según Forbes.
Según Bryant, Google examina la validez jurídica de cada solicitud, se opone a solicitudes demasiado amplias o inapropiadas y, en ocasiones, se opone por completo a las solicitudes.
Google anunció recientemente una actualización que hará técnicamente imposible que la empresa proporcione información en respuesta a órdenes de geovalla (“geofence”), es decir, órdenes que solicitan datos de todos los usuarios que se encuentren a una determinada distancia de un delito.
Esta medida se produce después de que un tribunal de California dictaminara que una orden de geovalla que abarcaba varias zonas densamente pobladas de Los Ángeles era inconstitucional, lo que suscitó esperanzas de que los tribunales impidieran a la policía buscar este tipo de datos.
YouTube no debería identificar a los usuarios “sin una orden válida”
Según el abogado y experto en privacidad digital Greg Glaser, las plataformas de medios sociales como YouTube se consideran a menudo parte de la esfera pública, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley suelen hacer un buen trabajo con este tipo de pruebas.
Sin embargo, Glaser subrayó que la información personal no publicada de un usuario, como su nombre y dirección asociados a su cuenta de YouTube, debe seguir siendo privada.
“Sin una orden judicial válida, YouTube no debería revelar a las autoridades los datos inéditos de las cuentas personales de sus usuarios”, declaró Glaser a “The Defender”.
Glaser sugirió que cuando los vídeos muestren actividades delictivas, se dictarán fácilmente órdenes de detención contra los directamente implicados.
También señaló que para delitos específicos, como la explotación pornográfica de menores, la simple posesión o visionado de esos vídeos se considera legítimamente un acto delictivo.
“El derecho a la intimidad no crea un derecho a participar en actividades delictivas o conspirar con delincuentes”, dijo.
A pesar de ello, Glaser reconoció la necesidad de protegerse contra la vigilancia excesiva o “espionaje de arrastre”.
Algunos estados han puesto en marcha variaciones de la “Ley de Protección de la Cuarta Enmienda” para abordar esta preocupación, dijo Glaser. “Estas leyes respetan el buen trabajo policial y también la necesidad de una orden judicial incluso en la era de la vigilancia electrónica“, dijo.
“Inconstitucional” y “aterrador”
Los expertos en privacidad que hablaron con Forbes expresaron su profunda preocupación por la constitucionalidad de las órdenes judiciales, argumentando que amenazan con anular las protecciones constitucionales.
Albert Fox Cahn, director ejecutivo del “Surveillance Technology Oversight Project”, calificó las órdenes de “inconstitucionales” y “aterradoras”, comparándolas con los polémicos mandatos judiciales de geovalla.
“Nadie debería temer que la policía llame a su puerta simplemente por lo que le diga el algoritmo de YouTube”, declaró Fox Cahn a Forbes. “Me horroriza que los tribunales permitan esto”.
John Davisson, asesor principal del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (“Electronic Privacy Information Center“), se hizo eco de las preocupaciones de Fox Cahn, subrayando que los hábitos de visionado en línea pueden revelar “información profundamente sensible” sobre las personas, como sus creencias políticas, pasiones y opiniones religiosas.
“Es justo esperar que las fuerzas del orden no tengan acceso a esa información sin una causa probable”, dijo Davisson a Forbes. “Esta orden pone patas arriba ese supuesto”.
Numerosas publicaciones tecnológicas cubrieron el artículo de Forbes y se pronunciaron sobre la polémica.
Engadget señala que no es necesario que las personas realicen actividades ilegales para que las fuerzas de seguridad soliciten sus datos. Estas violaciones de la intimidad suelen quedar impunes a menos que la víctima inicie una larga batalla judicial, que a veces llega hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, escribe PCWorld.
‘Reclaim the Net’ calificó de “extremos” los esfuerzos de vigilancia del gobierno, señalando que desenmascarar a todos los que vieron un vídeo concreto “convierte a todos en sospechosos” sin causa probable.