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10-03-2023 News

COVID

Archivos de Twitter: Los contribuyentes estadounidenses “financian sin saberlo el crecimiento y el poder de un complejo industrial de censura´”

Los últimos “archivos de Twitter”, publicados el jueves por el periodista de investigación Matt Taibbi, revelan cómo el Gobierno federal utilizó como arma a empresas privadas, organizaciones no gubernamentales financiadas con cargo a los contribuyentes y medios de comunicación comerciales para atacar cuentas de redes sociales que difundían contenidos contrarios a las narrativas oficiales.

Los últimos “archivos de Twitter” (“Twitter files“), publicados el jueves por el periodista de investigación Matt Taibbi, revelan cómo el gobierno federal utilizó como arma a empresas privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas con cargo a los contribuyentes -e incluso medios de comunicación comerciales- para atacar a cuentas de redes sociales que difundían contenido contrario a las narrativas oficiales.

Los archivos -denominados “Complejo Industrial de la Censura” (“Censorship-Industrial Complex”) – confirman que el gobierno estadounidense intentó, indirectamente y a través de intermediarios privados, que se eliminara la “desinformación”, la “información errónea” y la “mala información” de Twitter y otras plataformas de medios sociales.

Las revelaciones revelaron cómo las ONG, en colaboración con el gobierno federal, intentaron censurar el contenido de los medios sociales sobre los daños causados por la vacuna COVID-19 que era veraz, alegando que fomentaba la “indecisión ante la vacuna”.

Estas revelaciones se produjeron el mismo día en que el Subcomité Selecto sobre la Utilización como un Arma del Gobierno Federal (Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchó testimonios sobre las revelaciones contenidas en los “archivos de Twitter” (“Twitter files”).

Taibbi testificó en la audiencia del jueves, al igual que el autor Michael Shellenberger, que ha contribuido a anteriores publicaciones de “archivos de Twitter“.

Los agentes privados, incluidos los medios de comunicación, intentaron eliminar los contenidos “verdaderos”.

Según Taibbi, la mayor parte de las solicitudes de censura no procedían directamente del gobierno, sino de una amplia gama de entidades no gubernamentales que se “asociaron” con Twitter.

Este “complejo industrial de la censura“, según Taibbi, incluía ONG y “un socio inesperadamente agresivo, los medios de comunicación comerciales”, que colaboraban con “agencias estatales como el DHS [siglas en inglés de “Department of Homeland Security”, Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos], el FBI o el Centro de Compromiso Global (“Global Engagement Center”, GEC)”, una rama del Departamento de Estado estadounidense.

Según Taibbi, entre las ONG se encontraban la “National Endowment for Democracy”, el Laboratorio de Investigación Forense Digital (“Digital Forensic Research Lab”, DFRLab por sus siglas en inglés) de “The Atlantic Council” y la creadora de Hamilton 68, la Alianza para asegurar la democracia (“Alliance for Securing Democracy”).

“Lo ideal es que las ONG sirvan para controlar a las empresas y al gobierno”, escribió Taibbi. “No hace mucho, la mayoría de estas instituciones se veían a sí mismas de ese modo”, pero ahora actúan “en la práctica como un solo equipo” con los funcionarios de inteligencia.

Taibbi señaló que los esfuerzos de destacadas ONG y medios de comunicación privados se extendieron más allá de los intentos de censurar las narrativas en torno al COVID-19, incluidas las vacunas y los dañados por ellas, hasta las peticiones de eliminar -o “deplatform”- las cuentas que difundían esos contenidos.

En una ocasión, Hannah Murphy , una corresponsal de tecnología de “The Financial Times”, se puso en contacto con Twitter, dando a la plataforma “hasta el final del día” para proporcionar una “orientación” con respecto a si las cuentas de Robert F. Kennedy Jr. presidente y abogado jefe de litigios de “Children’s Health Defense”,y otros miembros de la llamada “Docena de la desinformación”, se eliminarían.

NewsGuard es una organización de “verificación de datos” que colabora con las principales plataformas de redes sociales y la Organización Mundial de la Salud, y que ha recibido importantes fondos de las grandes farmacéuticas, “Big Pharma”.

NewsGuard también colabora con el Centro contra el Odio Digital (“Center for Countering Digital Hate”), autor de “La docena de la desinformación” (“The Disinformation Dozen“).

“Los contribuyentes estadounidenses financian su propio alejamiento de la realidad”

Taibbi describió la “Asociación para la Integridad de las Elecciones” (“Election Integrity Partnership”, EIP, por sus siglas en inglés) del Observatorio de Internet de Stanford -rebautizado “Virality Project” (Proyecto Viralidad) tras las elecciones estadounidenses de 2020- como “tal vez el ejemplo definitivo de la fusión absoluta de organizaciones estatales, corporativas y de la sociedad civil” y como “uno de los ‘encargados de marcar’ (‘flaggers’) más voluminosos de los #TwitterFiles”.

Tras su relanzamiento, el Proyecto Viralidad, fue “incorporado” a un sistema interno de tickets de Twitter, dijo Taibbi, “absorbiendo este proxy gubernamental en la infraestructura de Twitter”.

El Proyecto Viralidad (“Virality Project”) recomendó que “múltiples plataformas tomasen medidas incluso contra ‘historias de efectos secundarios reales de las vacunas’ y ‘posts reales que podrían alimentar la indecisión’.”

Como informó anteriormente “The Defender”, el Proyecto Viralidad desarrolló el “Control de Rumores” de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., que afirma luchar contra la “desinformación” y la “información errónea” en línea sobre las vacunas COVID-19.

La directora de investigación de EIP, Renee DiResta, que anteriormente trabajó para la CIA, describió cómo su entidad está llenando “huecos vacíos” para hacer cumplir lo que el gobierno federal legalmente no puede, junto con “socios tecnológicos” como Google, TikTok, Facebook y Twitter, en virtud de normativas de “eliminar, reducir o notificar”.

EIP afirmó que había conseguido etiquetar 22 millones de tuits antes de las elecciones estadounidenses de 2020.

“New Knowledge”, una organización fundada por DiResta, “ayudó a diseñar el proyecto Hamilton 68”, cuyo objetivo eran “estadounidenses como ‘Ultra Maga Dog Mom’, ‘Right2Liberty’, un jugador de rugby británico llamado Rob Bishop” y “personas que utilizaban el término ‘Estado profundo‘.”

Otra iniciativa de DiResta, el Proyecto Birmingham, parece haber creado falsos “bots rusos”, que luego siguieron a candidatos políticos, como Roy Moore de Alabama en 2017. Moore fue acusado entonces de contar con apoyo ruso para su candidatura al Senado de Estados Unidos.

“Se trata del complejo industrial de la censura en su esencia: una burocracia dispuesta a sacrificar la verdad de los hechos en aras de objetivos más amplios dela narrativa”, afirmó Taibbi. “Es lo contrario de lo que hace una prensa libre”.

“Empaquetado como un baluarte contra la mentira y la falsedad, es en sí mismo a menudo una importante fuente de información errónea, mediante el que los contribuyentes estadounidense están financiando su propio alejamiento de la realidad”, añadió Taibbi.

“¿Queremos que el Gobierno desempeñe este papel?”

La publicación de los “archivos de Twitter” (“Twitter files”) del jueves también hizo hincapié en el apoyo económico procedente de los contribuyentes que se proporciona a las ONG que están eliminando contenidos a instancias del gobierno estadounidense.

“Aunque se supone que el Estado debe mantenerse al margen [de la] propaganda nacional, el Aspen Institute, Graphika, el DFRLab, New America y otros laboratorios ‘antidesinformación’ están recibiendo enormes premios públicos”, escribió Taibbi.

Según Taibbi, el Instituto Aspen está financiado por los contribuyentes y recibe “millones al año tanto del Departamento de Estado como de USAID”, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

“¿Queremos que el Gobierno desempeñe este papel?”. preguntó Taibbi.

Un ejemplo, descrito por Taibbi como el “Woodstock del complejo industrial de la censura“, fue la presentación del informe “Trastorno de la información” del Instituto Aspen en agosto de 2021, en una “confabulación repleta de estrellas” en la que participaron personalidades de los medios de comunicación, ejecutivos de las redes sociales, representantes de agencias federales e incluso miembros de la realeza.

Las “conclusiones respaldadas por los contribuyentes” del informe recomendaban que “el Estado debe tener acceso total a los datos para facilitar la búsqueda de discursos”, la colocación de los “infractores del discurso” en una “zona de contención” y la restricción gubernamental de la “desinformación”, “aunque ello suponga perder libertad”.

El informe Aspen recomendaba “otorgar a la FTC (siglas en inglés de la “Federal Trade Commission”, Comisión Federal de Comercio) la facultad de imponer la divulgación de datos”. Taibbi señaló que la FTC “acaba de ser sorprendida” por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes “en un claro abuso de poder, exigiendo información a Twitter sobre las comunicaciones con (y las identidades de) los reporteros de #TwitterFiles.”

En otro ejemplo, Taibbi dijo:

“Algunas ONG, como el “Global Disinformation Index”, financiado por el GEC, o el NewsGuard, financiado por el Departamento de Defensa, no sólo buscan la moderación de contenidos, sino que aplican puntuaciones subjetivas de “riesgo” o “fiabilidad” a los medios de comunicación, lo que puede dar lugar a una reducción de ingresos.”

Aparte de sus “asociaciones” con ONGs, Taibbi describió cómo Twitter actuó directamente como “socio del gobierno“, celebrando regularmente “reuniones del sector” con el FBI y el DHS y desarrollando “un sistema formal para recibir miles de informes de contenido de todos los rincones del gobierno”.

Taibbi dijo que el HHS, el Tesoro de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional y los departamentos de policía locales enviaron informes de contenido a Twitter.

Taibbi tuiteó:

Algunos de estos tuits contenían “información errónea obvia, como cuentas que instaban a la gente a votar el día después de unas elecciones”. Pero otros informes “tenían un razonamiento más inestable“, dijo Taibbi.

La subcomisión aborda la censura relacionada con COVID

La última publicación de los “archivos de Twitter” -y el tema de varias de las publicaciones anteriores- ocupó un lugar central el jueves en la audiencia del Subcomité Selecto sobre la Armatización del Gobierno Federal.

La audiencia del jueves, la segunda celebrada por la subcomisión, contó con el testimonio de Taibbi y Shellenberger.

El testimonio del jueves también abordó las revelaciones relativas al Proyecto Viralidad y sus esfuerzos por eliminar tuits verídicos sobre las vacunas COVID-19.

Según Taibbi, el Proyecto Viralidad “utilizó la palabra ‘verdad’ tres veces” en su documento, en referencia a “personas que cuentan sus propias historias de efectos secundarios verdaderos de las vacunas.”

“Así que se trata de personas que están contando sus propias experiencias, cosas que les ocurrieron y que son ciertas, y que están siendo eliminadas”, dijo Taibbi.

Shellenberger dijo: “Esto es muy preocupante, porque lo que están haciendo al poner estas etiquetas … es tratar de desacreditarte. Es una forma de censura, pero también una campaña de desinformación”.

“The Defender” informó anteriormente de las historias de varias víctimas de lesiones por vacunas cuyas publicaciones con información sobre sus lesiones por vacunas fueron censuradas por plataformas de medios sociales.

La audiencia también abordó revelaciones anteriores de que el gobierno de Biden intentó censurar el tuit de Kennedy del 22 de enero de 2021 sobre la reciente muerte de Hank Aaron, miembro del Salón de la Fama del béisbol, 18 días después de que recibiera públicamente la vacuna Moderna.

El presidente del subcomité, el representante Jim Jordan (republicano de Ohio), hizo constar en acta el tuit de Kennedy, “junto con la declaración de la Casa Blanca, la Casa Blanca de Biden, a los dos días de gobierno, cuando están atacando directamente las libertades de la Primera Enmienda de la gente”.

El representante Thomas Massey (republicano de Kentucky) se refirió a los esfuerzos anteriores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para censurar los tweets sobre la inmunidad natural a COVID-19, justo días antes de que se introdujeran los mandatos federales y militares de vacunación.

Y en su testimonio, Shellenberger se refirió a la inclusión por Twitter del Dr. Jay Bhattacharya, profesor de medicina de la Universidad de Stanford y coautor de la “Declaración de Great Barrington” (“Great Barrington Declaration”), en una lista negra porque tuiteó que los niños se verían perjudicados por los confinamientos.

Al incluir a Bhattacharya en la lista negra -sin que él lo supiera-, Twitter impidió que sus tuits fueran tendencia.

Durante la audiencia del jueves, Shellenberger dijo que él también había sido censurado por Facebook, y describió la inclusión de Bhattacharya en la lista negra como “un comportamiento propio de la Alemania del Este, del tipo de la Stasi” y un ejemplo de “ventana de Overton“, en la que el discurso se limita a “lo que es la corriente dominante en ese momento”.

Los “archivos de Twitter” revelan el “macartismo digital”

Tanto Taibbi como Shellenberger advirtieron de los peligros de la vigilancia gubernamental de la libertad de expresión y de la connivencia gubernamental con representantes privados con este fin.

Shellenberger dijo:

“Hoy, los contribuyentes estadounidenses están financiando sin saberlo el crecimiento y el poder de un complejo industrial de censura dirigido por la élite científica y tecnológica de Estados Unidos, que pone en peligro nuestras libertades y nuestra democracia.

“Estoy agradecido por esta oportunidad de ofrecer este testimonio y hacer sonar la alarma sobre la chocante e inquietante aparición de la censura patrocinada por el Estado en los Estados Unidos de América”.

Taibbi dijo:

“La promesa original de Internet era que podría democratizar el intercambio de información a escala mundial. Una Internet libre arrollaría todos los intentos de controlar el flujo de información. Su mera existencia [es] una amenaza para las formas antidemocráticas de gobierno en todas partes.

“Lo que encontramos en los [‘archivos de Twitter’] fue un amplio esfuerzo por invertir esa promesa y utilizar el aprendizaje automático y otras herramientas para convertir Internet en un instrumento de censura y control social. Por desgracia, nuestro propio gobierno parece estar desempeñando un papel protagonista.”

Shellenberger dijo que los “archivos de Twitter” (“Twitter files”) y también las demandas contra el gobierno federal “han revelado una amplia y creciente red de agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales que censuran activamente a los ciudadanos estadounidenses, a menudo sin su conocimiento, en una serie de cuestiones.”

“Es axiomático que el gobierno no puede hacer indirectamente lo que tiene prohibido hacer directamente”, dijo Shellenberger en referencia al uso por parte del gobierno federal de organizaciones privadas como apoderados para la retirada de contenidos de las plataformas de medios sociales.

Taibbi comparó los esfuerzos para combatir la supuesta “desinformación, información errónea o mala información” con “una forma de macartismo digital”, que se ha extendido más allá de las plataformas de medios sociales hasta la eliminación de las cuentas de individuos en plataformas como PayPal y GoFundMe simplemente como resultado del contenido que compartieron en los medios sociales.

“Es importante comprender cómo funcionan estos grupos”, afirma Shellenberger. “No están interactuando públicamente con sus oponentes en un intercambio abierto de ideas. No están pidiendo un debate nacional sobre los límites de la Primera Enmienda”.

“En vez de eso”, dijo, “están creando listas negras de personas no deseadas y luego presionando, engatusando y exigiendo que las plataformas de medios sociales censuren, desamplifiquen e incluso prohíban a las personas que figuran en estas listas negras.”

Afirmando que el gobierno está utilizando métodos de manipulación psicológica y herramientas informáticas muy sofisticadas, como la inteligencia artificial, para estos fines, Shellenberger dijo que las opiniones “populistas, alternativas y marginales” están en el punto de mira, simplemente basándose en “la afirmación de que la opinión que has expresado … es errónea”.

Según Taibbi, se ha atacado a voces de todo el espectro político:

“Entre los afectados hay partidarios de Trump, pero también sitios de izquierda como Consortium y Truthout, el canal sudamericano de izquierda teleSUR [y] el Movimiento de los Chalecos Amarillos (“Yellow Vest Movement”).”

Shellenberger señaló que, en 2020, el Instituto Aspen instó a los periodistas a “romper el principio de los Papeles del Pentágono “, antes considerado un dechado de periodismo de investigación, “y no cubrir la información gubernamental filtrada, para evitar la propagación de la ‘información errónea’.”

Shellenberger compartió algunas propuestas con el subcomité, entre ellas:

“El Congreso debe cortar inmediatamente la financiación a los censores e investigar sus actividades. Debería obligar a informar al instante de todas las conversaciones entre ejecutivos de medios sociales, empleados de la Administración y contratistas de la Administración relativas a la moderación de contenidos.

“Y, por último, el Congreso debe limitar el amplio permiso concedido a las plataformas de medios sociales para censurar, eliminar de la plataforma (“deplatform”) y difundir propaganda”.

Taibbi se declaró “horrorizado” por la connivencia de los medios de comunicación con los esfuerzos de censura del gobierno, afirmando que se han convertido en “un brazo de un sistema de control del pensamiento patrocinado por el Estado”.

Agregó:

“La Primera Enmienda y la población estadounidense acostumbrada al derecho a hablar es la mejor defensa que queda contra el Complejo Censurador-Industrial. Si consigue derribar la primera y más importante garantía constitucional, no le quedará ningún adversario serio en ninguna parte.

“Si algo demuestran los Archivos de Twitter (“Twitter Files”) es que estamos en peligro de perder este derecho tan preciado, sin el cual todos los derechos democráticos son imposibles”.

Testigos atacados como “supuestos periodistas”

La audiencia del jueves fue polémica en algunos momentos, con miembros demócratas del subcomité pidiendo a los dos testigos que revelaran sus fuentes, acusándoles de seleccionar documentos internos de Twitter “fuera de contexto” y de centrarse sólo en la administración Biden.

Un miembro del subcomité se refirió a los dos testigos como “supuestos periodistas” y “escribas públicos de Elon Musk”, mientras que a Taibbi lo calificó de “periodista elegido a dedo por Elon Musk” que ha “ganado un dinero que antes no tenía”.

Musk, propietario y consejero delegado de Twitter, fue acusado de trabajar con países como “Qatar, Arabia Saudí y posiblemente incluso Rusia y China.”

Jordan, sin embargo, describió a los testigos como “individuos valientes por estar dispuestos a venir”, y añadió: “Creo que están aquí para decirnos la verdad”.

El jueves, coincidiendo con la audiencia y la publicación de los últimos “archivos de Twitter” (“Twitter files”), la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen un proyecto de ley, la Ley de Protección de la Expresión frente a la Interferencia Gubernamental (“Protecting Speech from Government Interference Act”), que prohibirá a los funcionarios federales presionar a las plataformas tecnológicas para que censuren contenidos.

Según “The Hill”, el proyecto de ley “prohibiría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley compartir información con empresas de medios sociales a menos que se refiera a discursos no protegidos por la Primera Enmienda, como obscenidad, fraude o incitación a una acción ilegal inminente”.

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