Nota del editor: “The Defender” ofrece actualizaciones diarias sobre el histórico juicio que enfrenta a la Red de Acción contra el Flúor (“Fluoride Action Network”) y la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. El juicio comenzó el 1 de febrero. Para leer la cobertura anterior, haga clic aquí. Está previsto que el juicio se celebre a lo largo de nueve días en el tribunal federal de San Francisco, con una transmisión de Zoom disponible para que hasta 1.000 espectadores puedan seguirlo en directo.

Tras casi seis días de testimonios, en ocasiones polémicos y muy técnicos, en los que se profundizó en la ciencia sobre los efectos neurotóxicos del flúor, el miércoles los demandantes dieron por concluido el juicio histórico sbre el fluor que podría poner fin a la fluoración del agua potable en Estados Unidos.

Los demandantes -“Food & Water Watch”, “Fluoride Action Network” (FAN),”Moms Against Fluoridation” y otros grupos de defensa y particulares- demandaron a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en 2017 después de que la agencia denegara su petición de poner fin a la fluoración del agua en virtud de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (“Toxic Substances Control Act”, TSCA por sus siglas en inglés).

A lo largo del juicio, las dos partes se enfrentaron sobre la conveniencia de poner fin a la fluoración del agua en EE.UU. basándose en las pruebas existentes.

Los demandantes argumentaron que, en virtud de la TSCA, la fluoración del agua a los niveles actuales recomendados por el gobierno federal supone un riesgo poco razonable para el cerebro en desarrollo de los niños y no debe permitirse.

La EPA sostuvo que las pruebas que relacionan el flúor con la disminución del cociente intelectual de los niños son demasiado inciertas en los niveles actuales como para justificar un cambio de política.

El juicio comenzó en 2020, pero fue suspendido por el juez federal Edward Chen a la espera de la publicación del informe del NTP (siglas en inglés de “National Toxicology Program”, Programa Nacional de Toxicología) que examina los efectos neurocognitivos del flúor en los niños. Se reanudó el 31 de enero.

Más de 200 millones de estadounidenses beben agua fluorada. Las agencias de salud pública promocionan la fluoración del agua como uno de los 10 grandes logros del siglo XX por su supuesto papel en la mejora de la salud dental.

Sin embargo, los expertos han planteado al gobierno federal su preocupación por la toxicidad del flúor al menos desde 2006, cuando el Consejo Nacional de Investigación publicó un estudio de varios años sobre los efectos tóxicos del flúor. Y los demandantes llevan casi diez años organizándose para conseguir que la EPA actúe.

La demanda es la primera petición ciudadana al amparo de la TSCA que llega a un tribunal federal. En virtud de la TSCA, los demandantes tienen derecho a una revisión “de novo”, en la que el tribunal examinará todas las pruebas científicas sin deferencia alguna hacia la decisión de la EPA.

Chen determinará si la fluoración del agua supone un “riesgo poco razonable” sopesando los datos científicos. Si Chen da la razón a los demandantes, la EPA se verá obligada a limitar la fluoración del agua.

“Bloomberg Law” predijo que el caso abriría la puerta a más peticiones de este tipo.

La demandante Brenda Staudenmaier dijo a “The Defender” que es optimista respecto a que el juez falle a su favor.

“Me preocupa que se haya tardado más de lo necesario y que mucha gente no esté protegida”, añadió.

El director ejecutivo de la FAN, Stuart Cooper, declaró a “The Defender”: “Tengo mucha confianza en que el juez fallará a nuestro favor, y cuando eso ocurra, la FAN necesitará el apoyo del público para garantizar la retirada de los productos químicos de fluoración de las comunidades lo antes posible.”

Los abogados de la EPA no respondieron a la solicitud de comentarios de “The Defender”.

Cinco puntos clave del juicio hasta ahora:

1. Los principales expertos en toxicidad química llevan mucho tiempo preocupados por el flúor

Cuatro expertos que testificaron por los demandantes – Dr. Howard Hu, Dr. Bruce Lanphear, Philippe Grandjean, Doctor en Medicina, Ph.D.y Dra. Kathleen Theissen – son científicos de alto nivel que han trabajado como asesores de la EPA en la comprensión y el establecimiento de niveles de peligro para otras toxinas ambientales importantes como el plomo, el mercurio y las PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas).

Han estudiado los efectos nocivos del flúor durante más de una década, en gran parte a través de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Las pruebas que relacionan el flúor con la neurotoxicidad en los niños han aumentado durante ese tiempo, con nuevos estudios publicados esta misma semana.

Grandjean, profesor adjunto de salud ambiental en Harvard y catedrático de medicina ambiental en la Universidad del Sur de Dinamarca, explicó al tribunal que la investigación sobre la toxicidad del flúor comenzó con los estudios ocupacionales de Kaj Roholm en la década de 1930.

Esos estudios, dijo, encontraron pruebas de fluorosis esquelética y neurotoxicidad. Harvard intentó silenciar su propia investigación sobre la exposición al flúor de los trabajadores de una fábrica de criolita en Copenhague en la década de 1930, según declaró a “The Defender”.

La investigación sobre la neurotoxicidad del flúor también ha incluido amplios estudios con animales. En esos estudios, según Theissen, la exposición al flúor causó daños en los tejidos cerebrales de los animales.

Los estudios ecológicos de Grandjean y sus colegas que relacionaban la exposición al flúor de origen natural con déficits cognitivos en niños de China, junto con una revisión sistemática de la bibliografía existente hace más de 10 años, hallaron una relación entre el flúor y la neurotoxicidad.

Thiessen fue uno de los investigadores del histórico estudio plurianual de 2006 del Consejo Nacional de Investigación que concluyó que el flúor puede afectar negativamente al cerebro, que las concentraciones elevadas de flúor en el agua potable pueden ser preocupantes por sus efectos neurotóxicos y que se justificaba realizar más investigaciones.

Pero el ex director científico del NTP, Brian Berridge, declaró a “The Defender” que muchas de las investigaciones que deberían haberse realizado no se llevaron a cabo por motivos políticos.

Sin embargo, ambas partes presentan como pruebas clave en este caso cuatro importantes estudios sobre el flúor que utilizan cohortes de nacimiento, en los que los investigadores recogen datos epidemiológicos durante el embarazo y luego de los niños a lo largo de su vida para estudiar diversos resultados sanitarios relacionados con la exposición ambiental.

Hu, Lanphear y Grandjean son los investigadores principales de tres de esos estudios: el mexicano ELEMENT, el canadiense MIREC y el danés de cohortes Odense. Los tres expertos declararon a favor de los demandantes que la exposición al flúor está asociada a un menor coeficiente intelectual en los niños y, por tanto, supone una amenaza para el cerebro en desarrollo.

El doctor Jesús Ibarluzea, investigador principal del cuarto estudio de cohortes -el español INMA, que no halló una asociación entre el flúor y un menor cociente intelectual-, declaró en nombre de la EPA. Ibarluzea se retiró posteriormente de seguir participando en el juicio. La EPA presentará como prueba el vídeo de su declaración y otros expertos están testificando sobre sus datos.

2. La cuestión central en el juicio es si el flúor supone un “riesgo poco razonable”

Para determinar si la fluoración del agua supone un riesgo poco razonable para la salud pública, los demandantes argumentaron que la EPA debería aplicar correctamente su marco de evaluación de riesgos para las sustancias químicas existentes.

Para ello, según los propios materiales de la EPA, la agencia debe determinar si una sustancia química representa un peligro y a qué nivel. A continuación, debe evaluar cómo están expuestas las personas a ese peligro. Por último, debe examinar el margen entre el nivel de peligro y el nivel de exposición.

Ese margen de incertidumbre -la diferencia entre el nivel al que una sustancia química puede dañar la salud humana y el nivel al que las personas pueden estar expuestas a ella- tiene que ser lo suficientemente amplio como para tener en cuenta cualquier incógnita científica y proteger a las poblaciones más vulnerables, que pueden ser más vulnerables que otras.

La EPA suele exigir un margen de 30 veces para determinar si una sustancia supone un riesgo. Sin embargo, los márgenes son mayores para algunas sustancias. Por ejemplo, el tetracloroetileno está prohibido a niveles 89 veces inferiores al nivel de peligro, y la exposición al cloruro de metileno no está permitida a niveles 27 veces inferiores.

Ninguna de las sustancias químicas reguladas por la TSCA, según el testimonio del científico de evaluación de riesgos de la EPA, Stanley Barone, Ph.D., tiene un margen inferior a 10.

Si el nivel de peligro se fijara en 1,5 miligramos por litro (mg/L), donde el informe del NTP estableció con una certeza moderada que el flúor afecta al cociente intelectual de los niños, un nivel de exposición de 0,7 mg/L significaría que el margen de incertidumbre es mucho menor que el de otras sustancias químicas reguladas por la TSCA.

Los demandantes también presentaron pruebas de que el nivel de riesgo de fluoruro es inferior a 1,5 mg/L, es decir, igual o inferior a los niveles actuales de fluoración del agua de 0,7 mg/L.

Barone, que fue convocado por los demandantes para explicar las estrategias de evaluación de riesgos de la EPA, afirmó que el proceso de evaluación de riesgos es más complejo y que no hay datos suficientes sobre la neurotoxicidad del flúor a niveles más bajos como para exigir una evaluación de peligros en virtud de la TSCA.

Barone dio varias horas de testimonio muy técnico a lo largo de dos días, explicando en detalle los métodos que puede utilizar la EPA para determinar el peligro, el riesgo, los puntos de referencia y los márgenes de incertidumbre. En general, argumentó que si el flúor se sometiera a un protocolo de evaluación de riesgos, no habría pruebas suficientes -o los cálculos serían demasiado opacos- para clasificarlo como un peligro.

Los demandantes contraatacaron con pruebas de que la EPA había utilizado menos datos para clasificar otras sustancias químicas como peligrosas. Barone admitió que el flúor no debe someterse a normas más estrictas que otros tóxicos.

El caso de la EPA se basa en el argumento de que para demostrar un “riesgo poco razonable”, los demandantes deben ofrecer una preponderancia de pruebas que demuestren que el flúor disminuye el cociente intelectual en el nivel de fluoración del agua de 0,7 mg/L.

Los demandantes sostienen que existe un riesgo poco razonable cuando no hay un margen suficiente entre el nivel de peligro y el nivel de exposición, y también que las pruebas demuestran que el flúor está asociado a una disminución del cociente intelectual también a niveles más bajos.

3. Las alegaciones de que la presión política llevó a silenciar el informe del NTP quedaron excluidas de un juicio, pero esa política sigue desempeñando un papel en la interpretación de las conclusiones

Michael Connett, abogado de los demandantes, pidió a los testigos que explicaran las conclusiones del proyecto de informe del NTPque relaciona el flúor con un menor coeficiente intelectual en los niños.

El informe concluía que la exposición prenatal e infantil a niveles más altos de flúor está asociada a una disminución del cociente intelectual en los niños.

También concluyó que, dado que los niños están expuestos al flúor a través de múltiples fuentes, no existía “ningún umbral obvio” a partir del cual la fluoración del agua fuera segura.

Dieciocho de los 19 estudios de alta calidad incluidos en el informe del NTP hallaron una relación entre los niveles más altos de flúor y la disminución del cociente intelectual en los niños.

Estas declaraciones resumidas se realizaron después de que el NTP diera marcha atrás en su evaluación original que clasificaba el flúor como un peligro, basándose en los comentarios de los revisores de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

El informe fue objeto de una cantidad sin precedentes de revisiones y comentarios interinstitucionales que incluyeron llamamientos de representantes de la Asociación Dental Americana para detener su publicación.

Los documentos entregados a los demandantes en respuesta a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información revelaron que altos cargos del NTP, como Berridge, un testigo experto llamado por los demandantes, estaban preocupados por la interferencia de la industria y también que altos cargos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. intervinieron para bloquear el informe.

Chen, que en un principio interrumpió el juicio a la espera del informe, dictaminó que el juicio podía seguir adelante con la versión preliminar del informe. Sin embargo, desautorizó cualquier otro debate sobre los intentos políticos de silenciar el informe para que el juicio se centrara en sopesar la ciencia.

En su contrainterrogatorio, los abogados de la EPA trataron de desacreditar el informe, destacando el hecho de que se ha sometido a múltiples revisiones y se han retirado algunas afirmaciones como prueba de los problemas del informe, y no como resultado de presiones políticas.

También intentaron desacreditar el informe en el contrainterrogatorio de Grandjean, pidiéndole que admitiera que, como no estaba de acuerdo con algunas de las conclusiones de la NTP, el informe debía tener algún error.

Grandjean declaró a “The Defender”: “El informe del NTP fue realizado por excelentes científicos y era exhaustivo y equilibrado, con la salvedad de que subestimaba ligeramente los riesgos del flúor en las conclusiones. No obstante, el informe ha sido criticado, creo que injustamente, por algunos grupos de interés que están a favor de la fluoración del agua.”

Theissen también testificó sobre la integridad del informe, señalando que el informe sí encontró una asociación con un coeficiente intelectual más bajo en dosis por debajo del nivel recomendado de fluoración del agua.

Incluso en lugares con niveles de fluoración del agua de aproximadamente 0,7 mg/L, según el NTP, existen pruebas de que los niveles de fluoruro urinario entre las madres embarazadas superan los niveles en los que se han observado daños.

“La neurotoxicidad es un peligro de la exposición al flúor, las pruebas son abundantes”, afirmó.

4. Hay debate sobre cómo interpretar los estudios de cohortes

En las declaraciones iniciales de la EPA y a lo largo del juicio, ha argumentado que las pruebas que relacionan el flúor y la disminución del cociente intelectual a niveles bajos, como los 0,7 mg/L a los que se fluoriza el agua, son inciertas.

El estudio ELEMENT de cohortes en México encontró un efecto estadísticamente significativo a niveles bajos. El estudio MIREC de cohortes de flúor en Canadá encontró un efecto estadísticamente significativo a niveles bajos sólo para los niños.

El estudio de cohortes de Odense, en Dinamarca, no halló un efecto estadísticamente significativo a niveles bajos -pero los investigadores sí lo utilizaron en una investigación conjunta para identificar un nivel de peligro para el flúor- y tampoco lo hizo el estudio INMA, en España.

Como resultado, el abogado de la EPA afirmó que no hay pruebas suficientes que demuestren una relación.

Los expertos de los demandantes, sin embargo, argumentaron que incluso en los casos en los que no hay significación estadística, las tendencias de las pruebas indican una relación y que la investigación epidemiológica está avanzando hacia una lectura más matizada de tales resultados.

Hu también señaló que en los estudios con niveles muy bajos en general, como la cohorte de Odense, donde el agua no estaba fluorada y los niveles de flúor eran muy bajos, es más difícil desentrañar el impacto de esa exposición. Por tanto, estudios como el danés de Odense pueden ser menos precisos, explicó al tribunal.

Los testigos de los demandantes también señalaron que las distintas poblaciones tienen distintos niveles de salud y que cabe esperar resultados variables.

El estudio realizado en la costa española por Ibarluzea y publicado en 2022 después de que el NTP finalizara su revisión sistemática -que no encontró ninguna relación estadísticamente significativa entre la exposición al flúor y la disminución del cociente intelectual en los niños- es una prueba clave para la EPA.

Aunque ese estudio no encontró pruebas de que el flúor sea neurotóxico a niveles bajos, sí descubrió que el flúor aumentaba el cociente intelectual de los niños en 15 puntos, un hallazgo que los testigos de los demandantes han calificado de “inverosímil”.

Argumentan que estas conclusiones inverosímiles y el hecho de que el estudio no controlara variables clave que pueden afectar a los resultados, como el consumo de pescado, ponen en entredicho los resultados del estudio, a pesar de su diseño y ejecución de alta calidad.

El testigo experto de la EPA, el doctor David Savitz, profesor de epidemiología de la Universidad de Brown y primer testigo de la EPA, declaró el viernes por la mañana, contraatacó diciendo que es “improbable obtener resultados diversos y seguir creyendo que apuntan en la misma dirección”.

Savitz estuvo de acuerdo en que la conclusión de que el flúor aumentaba el cociente intelectual era inverosímil y podía indicar un problema con el estudio, pero dijo que al examinarlo no pudo identificar el problema. Sin embargo, sigue sosteniendo que el estudio es creíble.

Savitz tampoco pudo explicar las diferencias de sexo en todos los estudios cuando le preguntó el juez, pero dijo que era sólo una “casualidad”.

5. Los miembros susceptibles de la población, como las mujeres embarazadas y los bebés alimentados con biberón, serán especialmente vulnerables a los efectos neurotóxicos del flúor.

Parte de la razón por la que debe haber un margen entre el peligro y los niveles de exposición para cualquier toxina regulada por la TSCA es que así se protegerá a las personas más vulnerables y, en este caso, las mujeres embarazadas, los bebés alimentados con biberón y los niños suelen entrar en ese grupo.

Antes del juicio, los abogados de ambas partes acuerdan varios “hechos indiscutibles”. Una de ellas es que el flúor ingerido por una madre embarazada atraviesa la placenta y es ingerido por su bebé. Grandjean explicó al tribunal que las poblaciones más vulnerables a la neurotoxicidad son las madres embarazadas y los bebés.

Hu testificó que en su trabajo sobre la cohorte ELEMENT, descubrieron que los niveles más altos de exposición al flúor entre las madres embarazadas estaban asociados con un coeficiente intelectual más bajo en sus hijos, y que los efectos eran particularmente fuertes para las capacidades no verbales del coeficiente intelectual, que son más difíciles de corregir a través de la terapia y la educación que las capacidades verbales.

Lanphear describió su trabajo en el que relacionaba la fluoración del agua con el hipotiroidismo en las madres embarazadas de niños con menor coeficiente intelectual, lo que, según él, podría ser uno de los muchos mecanismos posibles por los que el flúor influye en el desarrollo cerebral del feto.

Es indiscutible en la literatura científica que el hipotiroidismo en las madres causa pérdida de CI en los niños, dijo, y su investigación encontró que las mujeres embarazadas expuestas a mayores cantidades de fluoruro tenían un mayor riesgo de que esas mujeres desarrollaran hipotiroidismo.

Los datos del estudio MIREC también mostraron que las mujeres embarazadas en su tercer trimestre que viven en zonas fluoradas tienen niveles significativamente más altos de flúor en la orina que otras personas y mujeres en otros trimestres.

Las embarazadas del percentil 95 tenían niveles de 2,41 mg/L, más del doble que las embarazadas que vivían en zonas no fluoradas. Esto es significativo porque el percentil 95 marca a las mujeres “más vulnerables”.

Lanphear dijo que sólo la fluoración del agua podría explicar estos altos niveles.

En su testimonio, Lanphear esbozó los resultados de la cohorte MIREC que mostraban que los bebés alimentados con leche de fórmula elaborada con agua fluorada tenían un coeficiente intelectual más bajo que sus compañeros amamantados.

Thiessen testificó posteriormente este mismo hecho. Dijo al tribunal que 300.000 bebés consumen anualmente en EE.UU. leche de fórmula elaborada con agua fluorada.

Lanphear también dijo al tribunal que los estadounidenses que viven en comunidades pobres y de bajos ingresos podrían ser más susceptibles al flúor, señalando estudios realizados en Cincinnati y Rochester.

Thiessen también explicó al tribunal que gran parte de los niveles de fluoración de fondo también proceden del hecho de que muchos alimentos y bebidas procesados se elaboran con agua fluorada, por lo que las personas que consumen altos niveles de alimentos procesados también tienen una mayor exposición al flúor.