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El lunes, un tribunal de apelación del estado de Nueva York temporalmente bloqueó la derogación del mandato de vacunación para los trabajadores sanitarios contra el virus COVID-19 que había impuesto el estado.
El fallo se produjo después de que la administración de la gobernadora Kathy Hochul recurriera una sentencia dictada el 13 de enero por el juez Gerard Neri, del Tribunal Supremo del estado, que anulaba el mandato estatal, declarándolo “nulo, sin valor y sin efecto” y sosteniendo que el Departamento de Salud del estado de Nueva York carecía de autoridad para imponerlo.
La sentencia del juez Neri también determinó que el mandato era “arbitrario y caprichoso” sobre la base de que las vacunas COVID-19 no detienen la transmisión del virus, eliminando así cualquier base racional para tal normativa.
Tras casi un mes de deliberaciones, un tribunal de apelación estatal accedió a la petición de Hochul de suspender el procedimiento con la condición de que la apelación finalizara antes del 20 de marzo y de que los alegatos orales sobre el fondo del caso se celebraran el 15 de mayo.
“Es extremadamente desafortunado que el gobernador y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York se mantengan firmes en su irracional mandato de vacunar contra COVID-19 a los trabajadores sanitarios en medio de una grave escasez de personal sanitario, especialmente porque la vacuna no detiene la propagación de la enfermedad”, afirmó Mary Holland, presidenta y asesora general de “Children’s Health Defense” (CHD).
“La buena noticia es que la División de Apelación verá el caso de forma acelerada, ya en mayo, y resolverá la cuestión”.
CHD patrocina una demanda contra el mandato. Sujata Gibson, abogada principal del caso, también comentó la sentencia del lunes.
“Las cuestiones jurídicas están claras”, dijo Gibson. “Los demandantes mantienen la esperanza de que prevalezca la justicia cuando el tribunal examine este caso en cuanto al fondo”.
El mandato COVID-19 de Nueva York para los trabajadores sanitarios entró en vigor en septiembre de 2021, lo que provocó que 34.000 trabajadores médicos, o el 3% de la plantilla en ese momento, dimitieran o fueran despedidos en lugar de aceptar que se les administrasen las vacunas.
En octubre de 2022, Profesionales médicos a favor del consentimiento informado (“Medical Professionals for Informed Consent”) -un grupo de profesionales médicos afectados por el mandato- y otros demandantes, entre ellos dos médicos, una enfermera, un técnico radiólogo y un especialista en laboratorio médico, interpusieron una demanda para anular el mandato.
En la demanda se nombraba como demandados al departamento de salud del estado, a Hochul y a Mary T. Bassett, comisionada de salud del estado.
La demanda alegaba que los demandantes habían perdido -o corrían el riesgo inminente de perder- sus puestos de trabajo, y que varios de ellos tenían objeciones religiosas a que se les administrase la vacuna, pero el mandato no reconocía esas exenciones.