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Una familia de Maine ha recurrido la desestimación de una demanda en la que se alegaba que una clínica instalada en un colegio administró a su hijo la vacuna COVID-19 en noviembre de 2021 sin el consentimiento de los padres.
A J.H., menor de edad, se le administró una dosis del medicamento Pfizer-BioNTech COVID-19 el 12 de noviembre de 2021, en la escuela Miller de Waldoboro, Maine.
La demanda -contra “Lincoln Medical Partners”, “MaineHealth” y el Dr. Andrew Russ, pediatra- pone en tela de juicio el escudo de responsabilidad que otorga a los médicos la Ley de Preparación para Emergencias (Ley PREP).
Los padres de J.H., Siara Harrington y Jeremiah Hogan, que afirmaron no haber consentido la vacunación de su hijo, demandaron a los acusados en mayo de 2023 ante el Tribunal Superior del condado de Lincoln.
Los demandados presentaron una moción de desestimación en agosto de 2023, argumentando que eran inmunes en virtud de la Ley PREP. En abril, el Tribunal Superior de Maine concedió la petición de los demandados.
La familia recurrió el sobreseimiento ante el Tribunal Judicial Supremo de Maine el 1 de agosto, alegando que la Ley PREP no protege a los médicos de la responsabilidad en casos de intervenciones médicas no consentidas y que la Ley PREP no es compatible con las leyes que rigen los fármacos administrados con autorización de uso de emergencia (EUA).
El recurso hace referencia a la Ley del Proyecto Bioshield de 2004que establece que, para los productos expedidos en virtud de la EUA, debe informarse a las personas de la “opción de aceptar o rechazar la administración del producto, de las consecuencias, en su caso, de rechazar la administración del producto, y de las alternativas al producto disponibles y de sus beneficios y riesgos”.
Sin embargo, según la Ley PREPla inmunidad se aplica a cualquier persona que tenga “una relación casual con la administración… de una contramedida cubierta”, incluido “el diseño, desarrollo, ensayo clínico o investigación, fabricación, etiquetado, distribución, formulación, envasado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación, prescripción, administración, autorización o uso de dicha contramedida”.
El consentimiento informado es “fundamental para nuestra libertad”.
Ron Jenkins, uno de los abogados que representan a la familia, dijo que en este caso está en juego el derecho humano al consentimiento informado. Él dijo a “The Defender”:
“Lo que está en juego aquí es la doctrina legal, arraigada en nuestro derecho consuetudinario y constitucional, y fundamental para nuestra libertad, de que los seres humanos deben dar su consentimiento informado a las intervenciones médicas. Si el Congreso hubiera pretendido abolir esta doctrina jurídica fundamental en la Ley PREP, seguramente lo habría hecho en un lenguaje muy claro y preciso.
“No obtener el consentimiento informado” no figura en la lista, probablemente porque los legisladores responsables de la Ley PREP sabían que su abolición efectiva mediante la eliminación de recursos civiles significativos en el sistema de responsabilidad civil no obtendría apoyo. Los estadounidenses medios y con sentido común nunca aceptarían intervenciones médicas que les impusiera efectivamente el Estado, e insistirían en que se reparara el daño causado, independientemente de que el resultado fuera la muerte o lesiones físicas graves.
“El consentimiento carece de sentido si no existe un recurso significativo para no obtenerlo. Los tribunales simplemente se equivocan al lograr judicialmente lo que el Congreso no pudo legislativamente”.
El abogado Ray Flores, asesor externo principal de“Children’s Health Defense” (CHD), dijo a “The Defender” que la Ley PREP ha sido difícil de impugnar.
“La Ley PREP prevalece sobre la legislación estatal relativa a la administración de una contramedida cubierta por una persona cualificada”, dijo Flores, señalando que esto crea “un obstáculo increíble, aunque no completamente insuperable”.
“En su mayor parte, la ley PREP estaba pensada para que las personas amparadas se salieran literalmente con la suya. El objetivo de la Ley PREP es proporcionar inmunidad general”, dijo Flores.
Niño vacunado en la escuela a pesar de carecer de consentimiento escrito o verbal
Según el recurso, los demandados “promocionaron la clínica de vacunas mediante cartas y mensajes de texto enviados a los padres” en octubre de 2021. Estas cartas decían que “la vacunación COVID-19 era opcional” e incluían un formulario de inscripción y un formulario de consentimiento que decía: “lo más importante esto debe firmarlo uno de los padres”.[sic]
La carta y los dos formularios que la acompañaban se enviaron de nuevo a los padres, esta vez por mensaje de texto, el 9 de noviembre de 2021, tres días antes de la fecha prevista para la clínica de vacunación escolar.
En el recurso se afirma que los padres de J.H. “tomaron una decisión consciente en contra de la vacunación, por lo que ni rellenaron, ni firmaron, ni entregaron el formulario de consentimiento o el formulario de inscripción, y ninguno de ellos dio nunca consentimiento de ningún tipo, verbal o por escrito, a la participación de J.H. en la clínica de vacunación o a que se le inyectara a J.H. ninguna vacuna COVID-19″.
Sin embargo, Russ, que “había sido pediatra de J.H. desde su nacimiento” según el recurso, “inyectó a J.H. una vacuna Pfizer COVID-19” en la clínica de vacunación de la escuela el 12 de noviembre de 2021.
Al acceder a la petición de sobreseimiento de los demandados en abril, el juez Daniel I. Billings dictaminó que Russ, “Lincoln Health” y “MaineHealth”, son “personas cubiertas” por la Ley PREP, que son “entidades autorizadas a prescribir, administrar o dispensar vacunas” y, por tanto, son “inmunes a la responsabilidad en cuanto a las reclamaciones por pérdidas de los demandantes”.
“El hecho de que los demandantes aleguen que no se obtuvo el consentimiento no vicia dicha inmunidad. Esta conclusión está respaldada por el lenguaje llano de la Ley PREP. La Notificación de Demanda no alega hechos suficientes para encontrar reparación en virtud de la única excepción a la inmunidad, por muerte o lesiones físicas graves”, afirma la sentencia.
La demanda de Maine es una de las varias que impugnan la Ley PREP
Flores dijo que este caso es uno de los varios que intentan impugnar las disposiciones de inmunidad de la Ley PREP.
“El escrito de los recurrentes se presentó un día después de que el Tribunal Supremo de Vermont confirmara la desestimación de un caso similar”dijo Flores. “Sin embargo este caso, y en particular el Tribunal Supremo de Carolina del Norte plantean cuestiones novedosas que podrían poner fin definitivamente a esta derogación de la patria potestad”.
En el caso de Vermont, a un niño de 6 años se le administró por error una vacuna COVID-19 después de que se confundieran las etiquetas con su nombre en la escuela del niño. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la Ley PREP otorga inmunidad legal general al estado y al distrito escolar.
En el caso de Carolina del Norte, los padres de un niño de 14 años demandaron a los profesionales y a su distrito escolar local después de que se le administrara una dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech sin su consentimiento ni el de sus padres.
Esa demanda, presentada en agosto de 2022, fue desestimada por un tribunal de primera instancia de Carolina del Norte en febrero de 2023 sobre la base de la inmunidad de la Ley PREP. La desestimación fue confirmada por el Tribunal de Apelación de Carolina del Norte, lo que llevó a la familia del chico a apelar ante el Tribunal Supremo de Carolina del Norte. CHD presentó un amicus curiae en apoyo del recurso el 30 de julio.
Hay otras demandas pendientes contra la Ley PREP. En junio, “Moms for America” y varios demandantes que resultaron dañados por una vacuna COVID-19, o cuyos seres queridos resultaron dañados o murieron tras una vacuna COVID-19, demandaron al gobierno federal, alegando que las disposiciones de inmunidad de la Ley PREP son inconstitucionales.
En octubre de 2023, React19una organización que aboga en nombre de personas lesionadas por vacunas y sus familias, y varios demandantes individuales, demandaron al gobierno federal, alegando las disposiciones de inmunidad de la Ley PREP y los requisitos del Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas son inconstitucionales.
Y en mayo de 2023, la familia de un hombre de 24 años que murió de miocarditis inducida por la vacuna COVID-19 demandó al Departamento de Defensa de EE.UU. y al Secretario de Defensa Lloyd Austin III alegando “mala conducta intencionada” en virtud de la Ley PREP, alegando que el ejército continuó administrando versiones EUA de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, incluso después de haber recibido una vacuna diferente, Comirnatyrecibiera plena aprobación.
Flores dijo que estos casos “explican claramente y con gran detalle la inconstitucionalidad de la Ley PREP”, pero “tampoco están exentos de obstáculos importantes”. Dijo que la demanda de mayo de 2023 es el primer caso que impugna la Ley PREP por mala conducta intencionada.
Refiriéndose a la demanda de Maine, Flores dijo: “Ningún tribunal, mediante apelación, ha declarado nunca responsable a un vacunador de un menor en un caso como éste. Por otra parte, si la gente ve que la publicidad falsa flagrante, el fraude contractual y la agresión a un menor están protegidos por la Ley PREP, esperemos que la gente esté harta y las cosas puedan empezar a cambiar.”
“Una victoria eliminaría por poco” las disposiciones de inmunidad de la Ley PREP “al declarar ilegal la agresión a un menor”, dijo Flores.